MARIA CONCEPCION ESCALANTE CHAN y Otros.

Expediente 480/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
480/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
06/06/2018

Partes del expediente

  • MARIA CONCEPCION ESCALANTE CHAN y Otros.
  • Margarito de Jesus Escalante Chan
  • Maria Concepcion Escalante Chan

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, seis de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio el acuerdo dictado el veintiuno de mayo del año en curso, por medio del cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente asunto, transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el referido proveído HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, previas las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción. Lo anterior, toda vez de que encuadra en la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto. Por último, agréguese a este expediente para que obre como corresponda, el oficio de cuenta signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con el que en cumplimiento al requerimiento que se le hizo mediante proveído de veintinueve de mayo último, remite como anexo, copia certificada del memorial de dieciocho de abril del año en curso, suscrito por Alejandra Natalí Hevia Suárez, apoderada de la parte quejosa, en el que solicitó a la junta responsable le expidiera a su costa copias certificadas de la carta poder de veintitrés de octubre de dos mil catorce que exhibió, por así convenir a sus intereses; así como del acuerdo que dictó el dieciocho de mayo último, por el que proveyó de conformidad a su solicitud y la constancia de notificación que hizo a las partes de dicho auto. En tales condiciones, como se constata del anexo que remitió la autoridad oficiante, la promovente sí hizo la solicitud de que le fueran expedidas copias certificadas de la aludida carta poder con la que pretendía acreditar su personalidad en este juicio, y que la falta de expedición y exhibición de las mismas no fue por causas atribuibles a ella, pues como se desprende de estos autos, la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de abril de dos mil dieciocho, esto es, en fecha anterior al dieciocho de mayo del propio año, en que la responsable acordó su petición. Por tanto, no es el caso dar vista al Ministerio Público de la Federación, como se hizo del conocimiento de la promovente por auto admisorio de veinticinco de abril de dos mil dieciocho, en caso de que se comprobara que era atribuible a ella la circunstancia que aludió en su escrito inicial de demanda y que se constituyó en el acuerdo en cita como un hecho notorio repetitivo en diversos juicios de amparo del índice de este juzgado. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado de este expediente y la razón de cuenta que antecede, en el sentido de que a la presente fecha ha transcurrido el término concedido por auto de veintiuno de los corrientes, al Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, sin que diera cumplimiento al requerimiento que se le hizo en dicho acuerdo. En consecuencia, requiérase POR ÚLTIMA OCASIÓN al presidente de la junta responsable, para que dentro del término de tres días hábiles siguientes al de la notificación de este acuerdo, informe si el escrito que Alejandra Natali Hevia Suárez refiere haber presentado el dieciocho de abril último, en el que solicitó a la junta que le expidiera copias certificadas de una carta poder de veintitrés de octubre de dos mil catorce, que obra en el juicio laboral de origen 797/2014, ya fue acordada; y en su caso, remita las constancias conducentes para acreditarlo. Apercibido que de no hacerlo dentro del plazo otorgado, este órgano jurisdiccional le impondrá la multa de cincuenta veces la Unidad de Medida y Actualización, que refiere el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional, tal y como lo establece la fracción I, del artículo 237, en relación con el diverso 259, ambos de la ley de la materia. Notifíquese y cúmplase.

  3. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERO INTERESADO EL PROVEÍDO DE veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, EL CUAL ES DEL TENOR LITERAL SIGUIENTE: Mérida, Yucatán, veintiuno de mayo de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: agréguense el informe justificado y anexos de cuenta rendidos por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, de los que se advierte que el quince de marzo de dos mil diecisiete, elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral 797/2014. Documental pública que alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Por lo que hace a la copia certificada de la audiencia de veinticuatro de abril de dos mil quince, que la oficiante remitió en cumplimiento al requerimiento que se le hizo por auto de veinticinco de abril del año que transcurre, con apoyo en el artículo 11 de la Ley de Amparo, téngase por reconocido el carácter de Alejandra Natali Hevia Suárez como apoderada de la parte quejosa, toda vez que se advierte que tiene reconocida dicha personalidad ante la autoridad responsable. Ahora bien, respecto de las diversas constancias que remitió la autoridad oficiante que hoy se agregan a los autos, se advierte que se actualiza la causal de improcedencia del juicio en que se actúa, prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado por los motivos que a continuación se exponen. En efecto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, desde el auto de admisión se estableció que la parte quejosa reclamó de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 797/2014. Sin embargo, de las constancias que anexó a su informe el Presidente de la Junta responsable, se advierte que el quince de marzo de dos mil diecisiete, se elevó a categoría de laudo el proyecto de resolución de fecha veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, dictado en el juicio laboral de origen. Sin que pase inadvertido, que si bien es cierto que el laudo fue dictado y elevado a tal categoría antes de la presentación de la demanda que dio origen a este asunto, también lo es, el hecho que dicha resolución fue notificada personalmente a un diverso apoderado de los aquí quejosos el once de mayo de dos mil dieciocho, es decir, con posterioridad a la fecha de presentación; según se advierte de las constancias que en copia certificada remitió la responsable. De lo anterior se aprecia que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues si éste se hizo consistir, precisamente, en que la junta responsable había omitido dictar el laudo correspondiente en el juicio laboral 797/2014; ello indudablemente actualiza la causal de improcedencia en comento. Se sostiene lo expuesto, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto, que era para que la autoridad señalada como responsable dictara el laudo respectivo y lo hiciera de su conocimiento, lo cual ya aconteció. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa algún agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio de amparo se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del siete de junio de dos mil dieciocho, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Por último, se advierte que la autoridad responsable no dio cumplimiento con el diverso requerimiento que se le hizo por auto de veinticinco de abril del año en curso, por el que además se le solicitó que comunicara a este juzgado si la solicitud presentada el dieciocho de abril último por Alejandra Natali Hevia Suárez, respecto de unas copias de una carta poder, ya había sido acordada, y que remitiera las constancias respectivas del acuerdo y de su notificación, sin que lo hiciera. En tal virtud, se hace del conocimiento del Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, que deberá estarse a lo acordado en el aludido auto de veinticinco de abril de dos mil dieciocho y dentro del término de tres días hábiles siguientes a la notificación de este acuerdo, dar cumplimiento con lo ordenado, subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    MÉRIDA, YUCATÁN, ONCE DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto lo de cuenta, se acuerda: agréguese a estos autos el alegato ministerial 315/2018, signado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, mismo que será tomado en consideración al celebrarse la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, expídase la copia que se solicita, debiéndose recabar la constancia correspondiente a su entrega. Notifíquese y cúmplase.

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