María Concepción Díaz Velez
Expediente 54/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 18 actuaciones registradas, la última del 7 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 54/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 07/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Poder Judicial del Estado de Tamaulipas En Reynosa (Quinto Distrito Judicial)
- María Concepción Díaz Velez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, siete de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo 54/2022-4, promovido por María Concepción Díaz Vélez, se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista de cumplimiento ordenada en proveído de quince de agosto del año en curso; por tanto, procede analizar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida con base a las constancias allegadas por la autoridad responsable. En este asunto, por resolución de cuatro de julio de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la justicia Federal a María Concepción Díaz Vélez, para el efecto de que la responsable dejara sin efectos el emplazamiento reclamado en el expediente 675/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, y todo lo actuado con posterioridad, y se repusiera su procedimiento (fojas 96 a 104); en tal virtud, por auto de tres de agosto del año en curso, se requirió el cumplimiento correspondiente a las autoridades responsables (foja 115). En atención a ello, a través del oficio 1262 la Jueza Primera de Primera Instancia del Ramo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, remitió la resolución de once de agosto del año en curso, de la que se advierte que ordenó la reposición del procedimiento con la finalidad de que María Concepción Díaz Vélez sea llamada al juicio 675/2012 (fojas 124 a 129); y dado que para esos efectos se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, se declara que ha quedado cumplida la sentencia protectora del presente juicio de amparo. En consecuencia, con apoyo en los numerales 196, párrafo cuarto y 214 de la Ley de Amparo, interpretado en sentido contrario, archívese este asunto como totalmente concluido, previas las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de de Seguimiento de Expedientes. Por otro lado, toda vez que este asunto se ubica en la hipótesis a que se refiere el artículo decimoctavo, párrafo primero, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; además, se considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el artículo decimoquinto, del mencionado Acuerdo General, por tanto, este expediente es susceptible de depuración, y una vez que transcurran más de tres años posteriores a la notificación de este proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este Juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula de este asunto. Se destaca que en el presente juicio se formaron cuadernos de suspensión en donde se concedió la suspensión definitiva y no se tramitó incidente de violación a la medida cautelar; agréguese a este expediente principal el cuadernillo original relativo a dicha incidencia, y respecto del duplicado una vez que transcurran más de seis meses de su archivo, destrúyase, lo que tiene apoyo en el punto vigésimo, párrafo primero, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Finalmente, se hace constar que en el presente asunto no existen documentos originales importantes o de valor. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
...Vistos los autos de este juicio de amparo y tomando en consideración la razón de cuenta, asentada por el Secretario de este Juzgado, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia dictada en este juicio, por tanto, con fundamento en el artículo 2° de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a María Concepción Díaz Vélez, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, con apoyo en el artículo 192, párrafos primero y segundo, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días contado a partir de aquél en que quede legalmente notificada de este proveído, informe a este Juzgado de Distrito sobre el cumplimiento dado al fallo protector, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá multa por el equivalente a cien días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha en que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio, con apoyo en el numeral 258 de la Ley de la Materia, asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.
- Principal
En el local del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con sede en Reynosa, siendo las nueve horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós, estando en audiencia pública Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asistido de Juan de Dios de León Sánchez, Secretario que autoriza y da fe, procede a celebrar la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 54/2022-4, promovido por María Concepción Diaz Velez. El Juez declara abierta la audiencia, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, haciendo constar el Secretario que ninguna de las partes ha comparecido a participar en este acto, no obstante su legal notificación según constancias que obran en autos. A continuación, el Secretario da lectura al escrito de demanda (fojas 2 a 10), así como a las demás constancias de autos, entre las que se encuentra el informe justificado de la autoridad responsable (foja 25), haciendo constar que el Actuario adscrito al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial, con residencia en esta ciudad fue omiso en rendir informe justificado. A lo que se provee: ténganse por relacionadas las constancias de autos y tómense en consideración al momento de resolver este juicio de amparo. Enseguida, el Juez declara abierto el período probatorio, en el que el Secretario da cuenta con la documental presentada por la parte quejosa al momento de presentar la demanda (fojas 11 a 15) así como la documental de la autoridad responsable, exhibida a través de interconexión al rendir informe con justificación. A lo que se acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las probanzas de referencia, en atención a su propia y especial naturaleza. Sin más pruebas por relacionar, se declara cerrada dicha fase. En la etapa de alegatos, se da cuenta con la intervención ministerial 102/2022, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita (fojas 35 y 36). A lo que el Juez acuerda: téngase por reproducidos tales alegatos que serán tomados en consideración oportunamente; dando por concluida esta fase. Sin que exista promoción pendiente de acordar, el Juez dicta la siguiente S E N T E N C I A : V I S T O S los autos que integran el juicio de amparo 54/2022-4; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el diez de enero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tamaulipas, turnado a este órgano de control constitucional el mismo día, María Concepción Díaz Vélez, promovió juicio de amparo contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial, con residencia en esta Ciudad, y otra autoridad, por considerarlos violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de doce de enero de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo con el número 54/2022-4, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención que le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se mandó emplazar a la tercera interesada y fue señalada fecha para la audiencia constitucional, la cual se verificó al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, es competente para resolver el presente juicio en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107 de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; ya que al no ser este Juzgado de materia especializada, le corresponde conocer de todos los asuntos a que se refiere el Título Segundo, Capítulo I, de la Ley de Amparo, en virtud que el acto reclamado tuvo su ejecución material en esta ciudad, que pertenece a la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Con fundamento en el artículo 7, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que en este asunto el acto reclamado es el emplazamiento practicado en el juicio hipotecario 675/2012 del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia Civil del Quinto Distrito Judicial, así como los actos posteriores, incluyendo la sentencia y su ejecución. TERCERO. Es cierto el acto reclamado por así reconocerlo la Juez Primera de Primera Instancia lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, al rendir su informe justificado. Existencia que se corrobora con la copia certificada de las constancias que integran el expediente relativo al juicio hipotecario 675/2012 que obran en el expediente electrónico, documental que al ser expedida por funcionario público en ejercicio de sus funciones, adquiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, el actuario adscrito al Quinto Distrito Judicial en el Estado, omitió rendir informe justificado no obstante estar notificado de la presente relación procesal, tal como se advierte de las constancia actuaria de envió de correo electrónico (foja 21); por tanto, con fundamento en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto atribuido. CUARTO. Dado que no se advierte causa de improcedencia que amerite el sobreseimiento en el juicio, se examinan los conceptos de violación, que no se transcriben por no exigirlo así los artículos 74, 75 y 76 de la Ley de Amparo. Primero será abordado el estudio del emplazamiento reclamado, ya que de ser declarado inconstitucional produciría los efectos de dejar insubsistente todo lo actuado en dicho procedimiento a partir de tal diligencia. Ahora, la parte quejosa sostiene en la demanda, en síntesis, que se violentaron los derechos fundamentales de seguridad y certeza jurídica, así como el de audiencia consagrados en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, porque se le priva de sus posesiones y derechos sin ser oída y vencida en juicio. Los conceptos de violación suplidos en su deficiencia, conforme la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, son fundados en la medida que se observan violaciones al procedimiento que han dejado sin defensa a la quejosa. Ahora, el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, exige para la plena satisfacción de la garantía de audiencia previa al acto privativo, "juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho." Dichas formalidades son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: I. Notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; II. Oportunidad de ofrecer y desahogar pruebas; III. Oportunidad de alegar; y IV. Dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Bajo esas condiciones, debe decirse que la notificación de inicio del procedimiento y sus consecuencias constituye una formalidad esencial del procedimiento que de no respetarse impide u obstaculiza una adecuada defensa, pues afecta la exigencia de que se dé la oportunidad al gobernado de alegar lo que a su derecho convenga, así como la de ofrecer y desahogar pruebas que estime pertinentes, lo que lógicamente implica colocarlo en un serio estado de indefensión. Por ende, la falta de apego a los mencionados formalismos trae como consecuencia su ineficacia jurídica; de ahí que indudablemente las reglamentaciones que disponen las leyes procesales para la práctica del emplazamiento, tienen la finalidad de garantizar, hasta donde racionalmente sea posible, que el demandado tenga noticia cierta y plena del inicio de un juicio en su contra y de sus consecuencias, pues sólo así tendrá realmente oportunidad de defenderse. Apoya ese aspecto, la jurisprudencia publicada en la página 133, tomo II, diciembre de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.- La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga `se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento'. Éstas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado." Las formalidades del emplazamiento en los juicios del orden civil se encuentran previstas en el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que en lo concerniente establece: "Artículo 67.- Los emplazamientos deberán hacerse conforme a las siguientes reglas: I.- Si se tratare de persona física, directamente a ésta, a menos que carezca de capacidad procesal, pues en tal caso se hará a su representante legal. Solo se autoriza el emplazamiento por medio de apoderado cuando éste radique dentro de la jurisdicción del tribunal y la persona emplazada viva fuera de ese lugar o se ignore su paradero, o si el apoderado vive fuera de la jurisdicción, pero dentro de la República y la persona por emplearse en el extranjero no tiene domicilio conocido o se ignora su paradero. En este caso se requiere que el apoderado tenga poder general o especial bastante para contestar la demanda y para la defensa en juicio del emplazamiento, debiéndose observar lo dispuesto por el Artículo 52. El apoderado sólo puede negarse a intervenir si demuestra que no aceptó o renunció a la representación; II. III.- El emplazamiento deberá hacerse en el domicilio que señale la parte que lo pide, y será precisamente el lugar en que habita la que deberá ser emplazada, si es persona física, y si jurídica, en el domicilio social, en sus oficinas o principal establecimiento de sus negocios salvo que se trate de sucursales con representante facultado para comparecer en juicio, si se trata de negocios realizados por, o con intervención de ellas. El notificador deberá cerciorarse de que el señalamiento reúne estas circunstancias antes de hacerlo, pudiendo ser autorizado para notificarlo personalmente en el lugar donde habitualmente trabaje o en cualquier lugar en que se encuentre la persona física o representante emplazado dentro de la jurisdicción; pero en este caso, deberá entenderse directamente con la persona de que se trate, y el notificador hará constar específicamente, en la diligencia, los medios de que se valió para identificarla, comprobar su personalidad en caso de representación y demás particulares; IV.- El emplazamiento se entenderá directamente con el interesado si estuviere presente, entregándosele copia de la demanda y demás documentos y del auto o proveído que deba notificarse. Si la persona a quien se hace el emplazamiento no fuere encontrada en su domicilio se le dejará citatorio para hora fija, dentro de las horas hábiles del día siguiente. En caso de que no espere, se le hará notificación por cédula. La cédula en estos casos se entregará a los parientes o domésticos del interesado, o a cualquier otra persona adulta que viva en la casa, después de que el notificador se haya cerciorado de que allí tiene su domicilio la persona que debe ser citada, de todo lo cual asentará razón en la diligencia. Tratándose de arrendamiento o desahucio de vivienda o departamento, la cédula no podrá dejarse con personas que dependan del propietario. La cédula contendrá mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y se entregará junto con las copias del traslado. La persona que la recoja deberá firmar por su recibo, y si se rehusare, se pondrá razón en la diligencia, debiendo expresarse el nombre de ella o la manifestación de que se negó a darlo. Sólo podrá hacerse el emplazamiento por cédula cuando se realice en el domicilio del emplazado y éste no esté presente; en los demás casos deberá hacerse personal y directamente; V. En todos los casos de emplazamiento, los jueces tendrán obligación de cerciorarse de oficio de que aquél se hizo de acuerdo con las reglas establecidas en este artículo, y de que la noticia del mismo pudo razonablemente llegar al interesado; tienen facultades para mandar reponer el irregularmente hecho, antes de que el juicio continúe sus trámites." De la transcripción que antecede se observa la forma y lugar en que debe realizarse el emplazamiento de manera personal al demandado en un juicio hipotecario, si es una persona física, en el domicilio señalado en la demanda, el cual será el lugar en donde vive la parte que deberá ser emplazada; encontrada la parte demandada, entregársele cédula en la que conste fecha y hora, así como la clase de procedimiento, nombre de las partes, juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar, nombre de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. Para ello, el notificador debe requerir que se identifique a quien atienda la diligencia, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, las manifestaciones que haga la persona en cuanto a su relación laboral, parentesco, negocios, habitación o cualquier otra existente con el interesado. En la diligencia tiene que entregarse además de la cedula, copia de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda, los cuales deberán ser descritos. Formalidades que se incumplieron en el asunto que nos ocupa, toda vez que conforme a la diligencia de emplazamiento de veinticinco de mayo de dos mil doce, dado que el funcionario no describió cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda, con las que corrió traslado a la supuesta demandada, no obstante que el artículo 67 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en su fracción IV, refiere, en lo que interesa, que se hará notificación por cédula, la cual deberá contener la mención del juicio de que se trate y la inserción del auto o proveído que deba notificarse, y que se entregará junto con las copias del traslado. Cierto en la diligencia cuestionada, en lo que interesa, se asentó: ". con las copias simples de la demanda y sus anexos que están debidamente requisitados por el Secretario de Acuerdos del Juzgado que conoce, le corro traslado de los mismos, y emplazo al demandado para que en el término de DIEZ días, ocurra al JUZGADO." Como se observa, el fedatario omitió describir en el acta respectiva cuáles fueron los anexos que se entregó a la persona con quien entendió la diligencia mencionada, lo que ocasiona la ilegalidad de dicho emplazamiento. Ello se considera importante, porque la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar a la demandada cualquier información o que esté incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad es que la emplazada tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas para su defensa. Máxime que, como en el caso, de las constancias del juicio natural que obran en cuaderno de pruebas (electrónico), se observa además de la demanda de origen, estados de cuenta, el poder que exhibió el representante de la parte actora para acreditar su personería y contrato hipotecario, que como se dijo, no describió el actuario que practicó la diligencia a la aquí quejosa. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, publicada el viernes dieciocho de septiembre de 2020, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Civil (registro 2022118), del rubro y contenido siguientes: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." De ahí la gran trascendencia de que se cumplan estrictamente los requisitos de legalidad en cuanto a la forma de realizarlo de tal suerte que ante cualquier vicio, ello lo invalida en forma total y amerita que sea reparado precisamente para que la parte demandada no quede en estado de indefensión. En apoyo a lo expuesto, se cita la jurisprudencia 1a./J. 74/99 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, visible en la página 209 (registro 192969), cuyo rubro y texto señalan: "EMPLAZAMIENTO. LA INOBSERVANCIA DE LAS FORMALIDADES A QUE SE ENCUENTRA SUJETO, PRODUCE SU NULIDAD TOTAL.- El emplazamiento entraña una formalidad esencial de los juicios que salvaguarda, con la audiencia de las partes, la garantía del artículo 14 constitucional; por tanto, tratándose de un acto formal, debe cumplirse estrictamente con los requisitos establecidos por la ley de la materia, por consiguiente, en el caso de que se trate de varios demandados con un mismo domicilio y la diligencia se efectúa por separado con cada uno de ellos y se elaboran actas distintas o por separado, si en éstas se advierte que tal citación se practicó a la misma hora y el mismo día, es ilegal dado que se trata de un vicio en dicho emplazamiento considerándose como la violación procesal de mayor magnitud que transgrede la garantía de audiencia, independientemente de la fe pública de que goza el actuario, diligenciario o notificador que llevó a cabo dicha diligencia, ya que la fe pública del funcionario que la practicó no desvanece el vicio que contiene ese acto procedimental." Sin que sea el caso el caso realizar mayor estudio de las pruebas documentales aportadas en la demanda, en virtud de que su análisis no tendría mayor beneficio a la quejosa que el concepto de violación fundado. QUINTO. En congruencia con lo expuesto, debe concederse el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados para que se deje sin efectos el emplazamiento reclamados y todo lo actuado con posterioridad, incluyendo la sentencia y actos de ejecución, y se reponga el procedimiento del expediente 675/2012, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Civil del Quinto Distrito Judicial en el Estado, desde esa actuación. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J. 99/2017 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I, página 287, del Semanario Judicial de la Federación (registro 2015693), que establece: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN.- De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen." La aplicación de las jurisprudencias emitidas con apoyo en la legislación anterior al dos de abril de dos mil trece, invocadas en esta resolución son vigentes, de conformidad con el artículo sexto transitorio del Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que abroga la anterior Ley de Amparo, por no oponerse a la vigente. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 62, 63 y 73 a 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a María Concepción Díaz Vélez, en el juicio de amparo 54/2022, contra los actos que reclama de las autoridades señaladas en el considerando segundo de esta sentencia y para los efectos que se indican en diverso quinto. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
- Principal
...para conocimiento del tercero interesado...Reynosa, Tamaulipas, diecisiete de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se desprende que no ha sido posible emplazar a CAS CAN Sociedad Anónima de Capital Variable; ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable se desprende el domicilio de la citada empresa el ubicado en calle San José número 501, colonia Lomas Real de Jarachina Norte, en esta ciudad. En ese contexto, de conformidad con el artículo 26, fracción I inciso b), de la Ley de Amparo, se comisiona a uno de los Actuarios de la adscripción para que emplace con copia simple de la demanda de amparo, auto admisorio y este proveído a CAS CAN Sociedad Anónima de Capital Variable, por conducto de quien legalmente lo represente, a quien se le deberá hacer saber que puede comparecer a juicio en defensa de sus intereses. Para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y en su lugar se fijan las nueve horas con veinte minutos del cuatro de julio de dos mil veintidós. Notifíquese; y personalmente al tercero interesado. Así lo proveyó y firma Faustino Gutiérrez Pérez, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, ante Juan de Dios de León Sánchez, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe.
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