María Concepción Cruz Torres

Expediente 381/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
381/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
03/06/2021

Partes del expediente

  • María Concepción Cruz Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a tres de junio de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal y la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja en el plazo que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara que el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por ------------, por propio derecho, HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, háganse las anotaciones respectivas y notificado que sea este acuerdo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su capítulo segundo, artículo 6, fracción II; y, capítulo octavo, numeral 21, inciso b, que dicen: CAPÍTULO SEGUNDO FUNCIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARCHIVO Y DOCUMENTACIÓN, ÓRGANOS JURISDICCIONALES Y VISITADURÍA JUDICIAL Artículo 6. Funciones de los órganos jurisdiccionales. Corresponde a los titulares de los órganos jurisdiccionales: (.) II. Emitir el acuerdo de desincorporación de los expedientes judiciales motivo de destrucción, en términos de lo dispuesto en los artículos 20 y 21 del presente Acuerdo; CAPÍTULO OCTAVO EXPEDIENTES DESTRUIBLES. (...) Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; En atención a lo anterior, se estima que este expediente es susceptible de destrucción, de conformidad en lo previsto en los párrafos que anteceden; por ende, debe realizarse el procedimiento de la desincorporación y desintegración material total de este asunto, pues, se trata de un expediente en el cual este órgano jurisdiccional desechó la demanda de amparo. En ese orden, no se omite precisar que el presente asunto, en términos del citado acuerdo, no es considerado asunto de relevancia documental, ni tiene valor jurídico e histórico para su conservación. Notifíquese a la parte quejosa por lista, en los términos que al efecto establece el artículo 21, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. .

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta su efectos la razón suscrita por el Actuario Judicial de la adscripción, por medio de la cual manifiesta la imposibilidad que tuvo para notificar el proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el presente autos a la parte quejosa, por las razones que expone en la misma. En consecuencia, vista la razón actuarial suscrita por el Fedatario adscrito, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa el auto de once de mayo de dos mil veintiuno, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal, por medio de lista que se fija en los estrados de éste órgano jurisdiccional. Lo anterior, hasta en tanto señale domicilio para oír y recibir notificaciones en alguno de los municipios en los cuales ejerce jurisdicción el suscrito. Notifíquese; a la parte quejosa el proveído de once de mayo de dos mil veintiuno, así como el presente auto por medio de lista en los términos que al efecto establece el artículo 21 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SE NOTIFICA A LA PARTE QUEEJOSA EL DIVERSO AUTO DE ONCE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 381/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, previene a la aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días, "señale el domicilio de su colitigante, a efecto de estar en posibilidades de emplazar la reconvención". Proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso de quince de abril de la misma anualidad, e inadmite la demanda reconvencional intentada por la aquí quejosa. Auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, inadmite el recurso de apelación, intentado contra el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Precisados los actos reclamados por la parte quejosa, tenemos que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo de improcedencia se debe desechar de plano. Así, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que, como se explicará en párrafos siguientes, la solicitante de amparo no observó el principio de definitividad previo a instar la presente instancia constitucional. En efecto, el precepto legal aludido en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito indispensable que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños al juicio de origen, quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que la peticionaria del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. Establecido lo anterior, para demostrar la actualización de la causal en estudio, respecto de los actos identificados con los numerales uno (prevención) y dos (no se tuvo por desahogada), es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5.74, en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales establecen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.75. La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." De la anterior transcripción se evidencia que, en contra de los proveídos en comento, la quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, las partes podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación del acuerdo que tacha de inconstitucional en este momento. Por tanto, si los actos reclamados en esta vía constitucional consisten en el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, a través del cual el Juez responsable previo a admitir la reconvención intentada por la aquí quejosa, le previno para que señalara el domicilio en el cual pudiera ser emplazada su contraparte y posteriormente, en el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, previa certificación de que agotado el plazo otorgado, la parte actora en la reconvención -aquí quejosa-, no desahogo la prevención antes citada, por lo que procedió hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos y procedió a inadmitir la referida demanda reconvencional intentada, resulta evidente que la quejosa debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de tales determinaciones y para el caso de haberle sido desfavorable esa decisión pudo desplegar pretensión constitucional. Sirve a apoyo a lo anterior la Tesis: II.2o.C.64 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 528, Novena Época, con registro digital: 188378, de rubro y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE PREVINO AL QUEJOSO PARA QUE PRESENTARA A SU ABOGADO A FIRMAR EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN PLANTEADA Y EL QUE DECLARÓ SU REBELDÍA POR NO HABER DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL, NO IMPLICAN VIOLACIÓN DIRECTA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE EXIMA AL QUEJOSO DE AGOTAR LOS RECURSOS A SU ALCANCE PARA OBTENER SU REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN. Es un principio de observancia obligatoria en el juicio de amparo, que previamente a la presentación de la demanda de garantías debe acatarse el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir ante los tribunales de la Federación, pues, en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, existen casos de excepción en los que puede salvarse la satisfacción de tal principio, si concurren para ello dos requisitos en lo fundamental: I. Que la demanda se sustente en que el acto reclamado vulnera directamente alguna garantía individual en perjuicio del quejoso, como sucede cuando el peticionario de protección constitucional no sea llamado a juicio, cuando se le imponga un arresto como medida de apremio, cuando no fuera debidamente emplazado al procedimiento o porque el acto reclamado carezca de fundamentación y de motivación; y, II. Que simultáneamente no se alegue infracción a preceptos legales secundarios, es decir, que no se trate de violaciones de legalidad que puedan ser subsanadas con la interposición del recurso respectivo. En estas condiciones, resulta inconcuso que cuando se advierta que los actos reclamados no engendran una violación directa a ningún precepto de la Constitución, sino que meramente implican un problema de legalidad, puesto que el agravio a que alude el solicitante del amparo descansa en una incorrecta aplicación de los artículos 118, 119 y 124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en los que se apoyó el Juez natural para, primeramente, prevenirlo para que dentro del término de tres días presentara a su abogado patrono a firmar el escrito por el que dio contestación a la demanda reconvencional promovida en su contra y, en segundo término, acusar su rebeldía por no haber dado contestación en tiempo y forma a la aludida demanda reconvencional; por ende, lo anterior implica que los actos reclamados no se encuentren en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad del acto reclamado, y así el quejoso estuvo obligado a intentar el recurso de revocación que contempla el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a fin de obtener su nulidad o modificación, pero como ello en la especie no aconteció, resulta evidente que el Juez Federal obró correctamente al desechar de plano la demanda de amparo relativa por no haberse cumplido con el aludido principio." Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado identificado en el tres consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual la responsable inadmitió el recurso de apelación, intentado contra el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, de igual modo, la parte quejosa fue omisa en observar el principio de definitividad previo a instar la presente instancia constitucional. Ello es así, toda vez respecto al auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la quejosa, ésta debió con el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo, en atención a lo dispuesto en el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual prevé como medio defensa ordinario para la impugnación de tal acto reclamado, el recurso de queja, a través del cual, puede ser revocado, modificado o nulificado. Para una mayor claridad, el numeral antes mencionado establece: "Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." Partiendo de lo expuesto, si el precepto legal antes mencionado establece en forma expresa la procedencia del recurso de queja contra las resolución del Juez en las que deniega una apelación, se concluye que el acto que se controvierte en el presente juicio de control constitucional -proveído que declaró inadmisible el recurso de apelación-, debió ser impugnado, previo a instar el juicio de amparo en que se actúa, a través del recurso de queja que para tal efecto establece el numeral 1.393, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En esas condiciones, la parte quejosa antes de promover la vía de control constitucional en que se actúa, tenía la obligatoriedad de observar el principio de definitividad, el cual se traduce en que, previo a la promoción del presente juicio, estaba obligada a interponer el recurso de queja que constituye un medio idóneo de defensa para conseguir la modificación o revocación del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la quejosa, en el juicio 210/2021. Maxime que en el presente asunto, ninguno de los actos señalados como reclamados, actualiza alguno de los supuestos para que opere la excepción al principio de definitividad. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de 1994, página 307, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." Por tanto, al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez se encuentra en aptitud de reclamar ante el Juez Familiar las prestaciones materia de reconvención, en una nueva demanda, sin que la tramitación previa del expediente del cual emanan los actos aquí reclamados sea impedimento para ello, ello con la finalidad de no retardar a la quejosa el acceso a la justicia. Ahora bien, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble ubicado en calle -----------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55030, por así haberlo indicado.------------ Al respecto no resulta inadvertido que la quejosa hace mención al usuario "Gutierrez.Rojo.Alejandro", no obstante, no hace manifestación expresa en el sentido de que las notificaciones personales del presente asunto se le realicen vía electrónica, lo cual resulta ser un requisito indispensable para ello. No obstante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "Gutierrez.Rojo.Alejandro"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa a las personas que señala en el ocurso que se atiende, quienes gozarán de las facultades que confiere el artículo 12, de la Ley de Amparo una vez que acrediten tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 87, 88 y 89 del Acuerdo General Conjunto 12/2020, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, se instruye a los secretarios y demás personal de este juzgado de Distrito para formar el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto, respecto de la demanda de amparo indirecto que quedó registrada con el número 381/2021-III. Anótese su ingreso en el Libro del Juzgado, y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Por tanto, dichos servidores públicos en el ámbito de las funciones inherentes a su cargo deben digitalizar las constancias de este juicio que se presenten de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se presenten de forma electrónica para incorporarlas al expediente impreso. Ahora bien, de la lectura que se realiza a la demanda de amparo, se advierte que los actos reclamados se hacen consistir en: El auto de quince de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, previene a la aquí quejosa, para que, dentro del término de tres días, "señale el domicilio de su colitigante, a efecto de estar en posibilidades de emplazar la reconvención". Proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, hace efectivo el apercibimiento decretado en diverso de quince de abril de la misma anualidad, e inadmite la demanda reconvencional intentada por la aquí quejosa. Auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 210/2021, por medio del cual el Juez Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México, inadmite el recurso de apelación, intentado contra el auto de veintitrés de abril de dos mil veintiuno. Precisados los actos reclamados por la parte quejosa, tenemos que de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrar motivo de improcedencia se debe desechar de plano. Así, se advierte la actualización de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en razón de que, como se explicará en párrafos siguientes, la solicitante de amparo no observó el principio de definitividad previo a instar la presente instancia constitucional. En efecto, el precepto legal aludido en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." Esta fracción, regula uno de los principios rectores del juicio de amparo: el de definitividad del acto reclamado, que no es otra cosa que la improcedencia del juicio de amparo contra actos recurribles, salvo los casos excepcionales establecidos en el mismo. El principio de definitividad en el juicio de amparo es un requisito indispensable que supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos que la ley que rige el acto reclamado establece para atacarlo, bien sea modificándolo, confirmándolo o revocándolo, de tal suerte que, existiendo dicho medio ordinario de impugnación, sin que lo interponga la parte quejosa, el amparo es improcedente. No obstante esta fracción establece la obligación de acatar el principio de definitividad, de su contexto se advierten dos supuestos de excepción: el primero, alude a los terceros extraños al juicio de origen, quienes no están obligados a agotar recursos ordinarios, antes de acudir al juicio de amparo, según lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El segundo supuesto de excepción, se refiere a aquellos casos en que los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los prohibidos por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, además de los supuestos de excepción antes referidos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que se deben añadir otras hipótesis de excepción que derivan de la fracción XII del artículo 107 constitucional, relativos a la violación de los derechos previstos en los numerales 16, 19 y 20 de la Carta Magna; es decir, no hay obligación de agotar el principio de definitividad cuando el acto reclamado sea restrictivo de libertad, ni en el supuesto de que el quejoso se ostente como tercero extraño al juicio o tercero equiparable, pues precisamente al no existir posibilidad de defenderse en el procedimiento ordinario, el gobernado queda en indefensión al desconocer la legislación aplicable. Un punto a destacar, es que las excepciones al principio de definitividad no son aplicables de manera genérica, por el contrario, su aplicación es estricta, lo que pone de manifiesto que con excepción de los supuestos inmersos en la fracción XVIII, incisos a), b y c) de la Ley de Amparo, previo al ejercicio de la acción constitucional debe cumplirse con el principio de definitividad del juicio de amparo. En síntesis, el principio de definitividad del juicio de amparo tiene como fin preservar el carácter extraordinario de dicha instancia constitucional, por tanto, el acto reclamado debe revestir el carácter de definitivo, es decir, que la peticionaria del amparo hubiese agotado los medios de defensa ordinarios antes de acudir al último medio de tutela de derechos humanos. Establecido lo anterior, para demostrar la actualización de la causal en estudio, respecto de los actos identificados con los numerales uno (prevención) y dos (no se tuvo por desahogada), es preciso traer a colación el contenido de los artículos 5.74, en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, los cuales establecen: "Artículo 5.74. Los autos y decretos dictados fuera de audiencia serán revocables conforme a las reglas generales." "Artículo 1.362. Los autos que no fueren apelables y los decretos, son revocables por el juez o tribunal que los dictó." "Artículo 5.75. . La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." De la anterior transcripción se evidencia que, en contra de los proveídos en comento, la quejosa debió interponer recurso de revocación, el cual se encuentra contemplado en el artículo 5.74 en relación con el 1.362 y 5.75, último párrafo del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En efecto, las partes podrán recurrir las determinaciones ante la propia autoridad que las emitió, ello siempre y cuando en contra de esas actuaciones la ley no establezca la procedencia del recurso de apelación; luego entonces, a través de ese medio de defensa legal, la parte promovente puede lograr la modificación, revocación o anulación del acuerdo que tacha de inconstitucional en este momento. Por tanto, si los actos reclamados en esta vía constitucional consisten en el auto de quince de abril de dos mil veintiuno, a través del cual el Juez responsable previo a admitir la reconvención intentada por la aquí quejosa, le previno para que señalara el domicilio en el cual pudiera ser emplazada su contraparte y posteriormente, en el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, previa certificación de que agotado el plazo otorgado, la parte actora en la reconvención -aquí quejosa-, no desahogo la prevención antes citada, por lo que procedió hacer efectivo el apercibimiento decretado en autos y procedió a inadmitir la referida demanda reconvencional intentada, resulta evidente que la quejosa debió promover el recurso de revocación, dado que a través de ese medio de defensa legal puede lograr la modificación, revocación o nulificación de tales determinaciones y para el caso de haberle sido desfavorable esa decisión pudo desplegar pretensión constitucional. Sirve a apoyo a lo anterior la Tesis: II.2o.C.64 K, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIV, Noviembre de 2001, página 528, Novena Época, con registro digital: 188378, de rubro y contenido siguiente: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. LOS ACUERDOS POR LOS QUE SE PREVINO AL QUEJOSO PARA QUE PRESENTARA A SU ABOGADO A FIRMAR EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN A LA RECONVENCIÓN PLANTEADA Y EL QUE DECLARÓ SU REBELDÍA POR NO HABER DADO CONTESTACIÓN A LA DEMANDA RECONVENCIONAL, NO IMPLICAN VIOLACIÓN DIRECTA DE GARANTÍAS INDIVIDUALES QUE EXIMA AL QUEJOSO DE AGOTAR LOS RECURSOS A SU ALCANCE PARA OBTENER SU REVOCACIÓN O MODIFICACIÓN. Es un principio de observancia obligatoria en el juicio de amparo, que previamente a la presentación de la demanda de garantías debe acatarse el principio de definitividad del acto reclamado, el cual establece que el quejoso debe cumplir con la carga procesal de promover todos los recursos o medios de defensa a su alcance para revocar, modificar o nulificar la resolución reclamada antes de acudir ante los tribunales de la Federación, pues, en caso contrario, el juicio de amparo resulta improcedente atento lo establecido por los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo; sin embargo, existen casos de excepción en los que puede salvarse la satisfacción de tal principio, si concurren para ello dos requisitos en lo fundamental: I. Que la demanda se sustente en que el acto reclamado vulnera directamente alguna garantía individual en perjuicio del quejoso, como sucede cuando el peticionario de protección constitucional no sea llamado a juicio, cuando se le imponga un arresto como medida de apremio, cuando no fuera debidamente emplazado al procedimiento o porque el acto reclamado carezca de fundamentación y de motivación; y, II. Que simultáneamente no se alegue infracción a preceptos legales secundarios, es decir, que no se trate de violaciones de legalidad que puedan ser subsanadas con la interposición del recurso respectivo. En estas condiciones, resulta inconcuso que cuando se advierta que los actos reclamados no engendran una violación directa a ningún precepto de la Constitución, sino que meramente implican un problema de legalidad, puesto que el agravio a que alude el solicitante del amparo descansa en una incorrecta aplicación de los artículos 118, 119 y 124 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, en los que se apoyó el Juez natural para, primeramente, prevenirlo para que dentro del término de tres días presentara a su abogado patrono a firmar el escrito por el que dio contestación a la demanda reconvencional promovida en su contra y, en segundo término, acusar su rebeldía por no haber dado contestación en tiempo y forma a la aludida demanda reconvencional; por ende, lo anterior implica que los actos reclamados no se encuentren en ninguno de los casos de excepción al principio de definitividad del acto reclamado, y así el quejoso estuvo obligado a intentar el recurso de revocación que contempla el artículo 419 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, a fin de obtener su nulidad o modificación, pero como ello en la especie no aconteció, resulta evidente que el Juez Federal obró correctamente al desechar de plano la demanda de amparo relativa por no haberse cumplido con el aludido principio." Ahora bien, por cuanto hace al acto reclamado identificado en el tres consistente en el auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual la responsable inadmitió el recurso de apelación, intentado contra el diverso de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, de igual modo, la parte quejosa fue omisa en observar el principio de definitividad previo a instar la presente instancia constitucional. Ello es así, toda vez respecto al auto de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, por medio del cual se declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la quejosa, ésta debió con el principio de definitividad previo a acudir al juicio de amparo, en atención a lo dispuesto en el artículo 1.393 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, el cual prevé como medio defensa ordinario para la impugnación de tal acto reclamado, el recurso de queja, a través del cual, puede ser revocado, modificado o nulificado. Para una mayor claridad, el numeral antes mencionado establece: "Artículo 1.393.- El recurso de queja tiene lugar contra resoluciones del Juez cuando: I. No admite una demanda; II. Deniega una apelación." Partiendo de lo expuesto, si el precepto legal antes mencionado establece en forma expresa la procedencia del recurso de queja contra las resolución del Juez en las que deniega una apelación, se concluye que el acto que se controvierte en el presente juicio de control constitucional -proveído que declaró inadmisible el recurso de apelación-, debió ser impugnado, previo a instar el juicio de amparo en que se actúa, a través del recurso de queja que para tal efecto establece el numeral 1.393, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. En esas condiciones, la parte quejosa antes de promover la vía de control constitucional en que se actúa, tenía la obligatoriedad de observar el principio de definitividad, el cual se traduce en que, previo a la promoción del presente juicio, estaba obligada a interponer el recurso de queja que constituye un medio idóneo de defensa para conseguir la modificación o revocación del proveído de veintiséis de abril de dos mil veintiuno, en el que declaró inadmisible el recurso de apelación planteado por la quejosa, en el juicio 210/2021. Maxime que en el presente asunto, ninguno de los actos señalados como reclamados, actualiza alguno de los supuestos para que opere la excepción al principio de definitividad. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, consultable en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, tomo XIII, febrero de 1994, página 307, cuyo rubro y texto dicen: "DEMANDA DE GARANTÍAS IMPROCEDENTE, SI NO SE SURTE EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. El principio de definitividad consiste en la obligación de agotar todos los medios ordinarios de defensa que tengan el alcance de revocar, nulificar o modificar el acto reclamado antes de acudir al juicio constitucional que por naturaleza es un medio extraordinario de defensa, el cual se encuentra contemplado en el inciso b) de la fracción III del artículo 107 de la Constitución General de la República. Ahora bien, tal principio no se satisface con el hecho de haber interpuesto el recurso de apelación en contra de la interlocutoria reclamada vía amparo indirecto y el cual fue desechado, sino que era necesario además impugnar dicho acuerdo para lograr que se admitiera el recurso de apelación interpuesto y que se decidiera el mismo mediante resolución definitiva, modificando, revocando o nulificando la interlocutoria recurrida, resolución definitiva que es la susceptible de reclamarse vía amparo indirecto, y al no dar cumplimiento a ese principio de definitividad, es claro que la demanda de garantías es improcedente y debe desde luego desecharse de plano, conforme a lo dispuesto en la fracción XIII del artículo 73, en relación con el diverso 145, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Asimismo, resulta aplicable la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que dice: "APELACIÓN EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. EL AUTO QUE NO LA ADMITE ES RECURRIBLE MEDIANTE EL RECURSO DE REVOCACIÓN, POR LO QUE NO OPERA EL CASO DE EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD A QUE SE REFIERE EL ÚLTIMO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 61 DE LA LEY DE AMPARO. Aun cuando el Código de Comercio reconoce como medios de impugnación la aclaración de sentencia, la revocación, la reposición y la apelación, en términos de los artículos 1331, 1332, 1334, 1335, 1336, 1340, 1341 y 1342, ninguno de ellos señala que contra el auto que no admite la apelación proceda uno de los mencionados recursos. Por otro lado, en la jurisprudencia derivada de la contradicción de tesis 43/2001-PS, difundida en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, febrero de 2002, página 279, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se apartó del criterio sustentado en la tesis de rubro: "APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.", publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo IV, Materia Civil, página 42, para pronunciarse en el sentido de que en contra de un auto dictado en primera instancia, por el que no se admite el recurso de apelación en un procedimiento mercantil, es procedente el recurso de revocación, porque si bien el Código de Comercio constituye un ordenamiento especial que reviste como nota característica la expeditez de sus procedimientos, la celeridad en esos juicios no puede interpretarse de manera que se limite la facultad de las partes, expresamente concedida por dicha legislación, de ejercer su derecho a impugnar las determinaciones que puedan resultar contrarias a sus intereses pues, con ello, se vulneraría lo que la doctrina ha denominado como principio de impugnación, consistente en que las partes de un procedimiento, por regla general, deben estar en aptitud de impugnar los actos que lesionen sus intereses o derechos. Pronunciamiento que dio lugar a la jurisprudencia 1a./J. 101/2001, visible en la página 138 del Tomo XIV, diciembre de 2001, materia civil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO 'APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.').", la cual resulta obligatoria, en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo; en esas condiciones, como en ella se concluye que el auto que no admite el recurso de apelación en un juicio mercantil, resuelve una cuestión de trámite con carácter definitivo, pues impide la prosecución del procedimiento, es inconcuso que puede ser recurrido mediante la revocación, en términos del artículo 1334 del Código de Comercio; por tanto, al no existir motivo legal para no tomar en cuenta dicha jurisprudencia al momento de pronunciarse sobre la causa de improcedencia contenida en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, se concluye que, con base en ella, no opera el caso de excepción a que se refiere el último párrafo de la norma en cuestión." Por tanto, al encontrarse acreditadas las causales de improcedencia anteriormente analizadas, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, promovida por -----------, por propio derecho, contra actos del Juzgado Segundo de lo Familiar de Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin que la presente determinación deje en estado de indefensión a la parte quejosa, toda vez se encuentra en aptitud de reclamar ante el Juez Familiar las prestaciones materia de reconvención, en una nueva demanda, sin que la tramitación previa del expediente del cual emanan los actos aquí reclamados sea impedimento para ello, ello con la finalidad de no retardar a la quejosa el acceso a la justicia. Ahora bien, con fundamento en el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el inmueble ubicado en calle -----------, Ecatepec de Morelos, Estado de México, código postal 55030, por así haberlo indicado.------------ Al respecto no resulta inadvertido que la quejosa hace mención al usuario "Gutierrez.Rojo.Alejandro", no obstante, no hace manifestación expresa en el sentido de que las notificaciones personales del presente asunto se le realicen vía electrónica, lo cual resulta ser un requisito indispensable para ello. No obstante, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 3°, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico, relativo al presente juicio de amparo, al usuario "Gutierrez.Rojo.Alejandro"; por tanto, instrúyase a la analista encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), para que realice las gestiones necesarias. También, se hace del conocimiento al actuario judicial de la adscripción, que para llevar a cabo las notificaciones que deriven del presente juicio, deberá´ dar cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la salud de quien realice la notificación y de las personas justiciables. Por otro lado, se tienen como autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa a las personas que señala en el ocurso que se atiende, quienes gozarán de las facultades que confiere el artículo 12, de la Ley de Amparo una vez que acrediten tener registrada su cedula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, conforme el artículo 22, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a las partes para que, de ser posible, continúen la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea"; es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y, 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual modo, se hace del conocimiento de las partes el número telefónico oficial en el que puede ser contactada el Secretario encargado del asunto, Óscar Durán Valdés, a saber: 5553870500, extensión 1391, dentro de un horario de nueve a quince horas, de lunes a viernes, para la atención correspondiente al presente asunto. En diverso aspecto, se hace del conocimiento de las partes que en términos de los artículos 1º, 3º, 68, 113, 117, 118 y demás relativos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 70 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 47 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes, en relación a terceros, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. Asimismo, que la información que tiene bajo su resguardo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados y los Órganos Jurisdiccionales, es pública, con las salvedades expresamente establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, quedando regulado el presente asunto por las disposiciones contenidas en la citada ley, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo de dos mil dieciséis; en la inteligencia de que conforme a sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normativa ahora existente, en lo conducente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Por otro lado, se autoriza a los Secretarios y Actuarios Adscritos a este Juzgado de Distrito, para signar los oficios que con motivo del presente trámite se originen. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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