María Concepción Castillo Esparza
Expediente 140/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 140/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- María Concepción Castillo Esparza
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Incidental
INTERLOCUTORIA VISTOS para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo número 140/2021, promovido por ***************por conducto de su apoderado *************, contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y otra autoridad; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con sede en esta ciudad, María Concepción Castillo Esparza por conducto de su apoderado Hernán Cortes Ríos, presentó demanda de amparo contra actos de la autoridad responsable: "III. - AUTORIDAD RESPONSABLE. ORDENADORA: a).- EL C. Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí con domicilio en calle Benito Juárez número 32 (segunda planta), Zona Centro de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, código postal 79300. EJECUTORA: a).- El Actuario adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, con domicilio en calle Benito Juárez número 32 (segunda planta), Zona Centro de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí." Respecto a los actos reclamados la quejosa señaló, los consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO A).- DE LA AUTORIDAD ORDENADORA: 1.- se reclama de la autoridad señalada como Responsable Ordenadora y Ejecutora el AUTO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 emitido por la responsable la falta de llamamiento a juicio, la falta del legal de emplazamiento y notificación al suscrito dentro del expediente relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio de Propiedad radicado con número de expediente 213/2015, de donde emana el acto reclamado así como actos subsecuentes que siguieron a la falta de emplazamiento notificación del juicio al suscrito y con ello todos los actos procesales tendientes a la violación al derecho humano de audiencia consagrado en el artículo 14 Constitucional y que pretende efectuar y que se hayan efectuado en perjuicio de mi representada C. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO ESPARZA Como lo es la orden de desalojo o desocupación dictada en dicho AUTO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 con motivo de ejecución de la sentencia de fecha 24 de abril del año 2019 vertido juicio ordinario civil reivindicatorio señalado, y que se pretende efectuar en perjuicio de mi representada C. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO ESPARZA con el desposeimiento o desalojo de la propiedad que es propietaria y se encuentra en posesión conforme a derecho, sin haber sido llamada, ni oída ni vencido en Juicio. B).- DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS: 1.- Del C. Actuario adscrito al Juzgado de Primera Instancia de Ciudad del Maíz EL CUMPLIMIENTO AL AUTO DE FECHA 3 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019 decretado como ejecución de la sentencia de fecha 24 de abril del año 2019 del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio de Propiedad radicado con número de expediente 213/2015, consistente en el desalojo y/o desposeimiento del predio rustico de propiedad de mi representada C. MARÍA CONCEPCIÓN CASTILLO ESPARZA ubicado en calle 12 de Octubre Número 2 del ejido La Pendencia, Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, código postal 79306." Actos que los estimó violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales consagrados en el artículo 1, 14, 16 y 107, fracciones III, inciso c) y VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de amparo a este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí; con residencia en Ciudad Valles, por auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, se admitió a trámite, ordenándose abrir este incidente de suspensión, que se substanció legalmente, iniciándose la celebración de la audiencia incidental; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Objeto de la medida cautelar. Ahora, antes de determinar sobre si es procedente o no conceder la suspensión definitiva, de conformidad con el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es menester precisar el acto que en la especie se reclama, y una vez realizado el estudio del escrito de demanda, se advierte que el quejoso reclama, de manera esencial, a las autoridades responsables de referencia lo siguiente: - La orden de desalojo o desocupación del predio rústico que el promovente refiere es propiedad de su representada; mismo que indica está ubicado en calle 12 de Octubre número dos, del ejido La Pendencia, en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí; dictada por el Juez Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad del Maíz, en auto de tres de diciembre de dos mil diecinueve, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 213/2015, de su índice. SEGUNDO. Existencia del acto reclamado. El Juez Mixto de Primera Instancia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí y actuaria de su adscripción, al rendir sus respectivos informes previos aceptaron la existencia de los actos reclamados. TERCERO. Negativa de la medida cautelar. Cabe señalar que la parte quejosa se apersona al presente juicio en su carácter de tercera extraña, toda vez que bajo protesta de decir verdad manifestó no haber sido llamada al juicio; por lo que argumenta que la orden de desaojo que señala como acto reclamado, podría culminar con una posible adjudicación de un bien inmueble del cual aduce es de su propiedad. En ese contexto, debe quedar establecido que el acto reclamado en el presente juicio de amparo consiste en la falta de emplazamiento a un procedimiento civil seguido ante el Juzgado de Primera Instancia con residencia en Ciudad del Maíz, San Luis Potosí, y como consecuencia, todo lo actuado en dicho procedimiento; por lo que, lo procedente es negar la suspensión definitiva, en atención a que la falta de emplazamiento constituye un acto negativo y las actuaciones pronunciadas tienen el carácter de consumados, actos respecto de los cuales resulta improcedente la medida cautelar solicitada, ya que de concederse respecto de dichos actos tendría efectos restitutorios plenos, que son exclusivos de la sentencia que se dicte en el juicio constitucional de donde emana el presente incidente de suspensión, siendo por tanto que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión defintiva solicitada. De los criterios establecidos en la nota al pie con el número uno, se advierte que es improcedente conceder la suspensión de los actos reclamados si éstos tienen el carácter de consumados, pues de hacerlo equivaldría a darte efectos restitutorios que son propios de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio de amparo respectivo. Por otra parte, se provee sobre la suspensión en relación a la ejecución material consistente en el posible desposeimiento o desalojo de la propiedad que dice le pertenece, mismo que se dictó por el Juez de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad del Maíz, en el juicio ordinario civil reivindicatorio 213/2015, tomando en consideración que María Concepción Castillo Esparza se ostenta como tercera extraña al juicio natural. Sin embargo, debe precisarse que conforme a lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, para que proceda la concesión de la suspensión definitiva se requiere que la solicite la parte quejosa y que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público; aunado a que también el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido y que el promovente acredite contar con interés suspensional, requisito éste último que no se colma en la especie, ya que no acredita ni siquiera de manera indiciaria que es propietaria del bien inmueble que aduce en su escrito de demanda, pues acompañó al mismo diversas documentales consistentes en una constancia, contrato de donación a título gratuito y título de propiedad, las cuales carecen de valor probatorio en términos de los artículos 197 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de copias simples, pues no se tiene la certeza de la existencia de su original. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Novena Época, publicada en la página 33 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XVII, de enero de dos mil tres, número de registro 185215 que versa como sigue: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. CARECEN, POR SÍ SOLAS, DE VALOR PROBATORIO PLENO Y, POR ENDE, SON INSUFICIENTES PARA DEMOSTRAR EL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO QUE SE OSTENTA COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO, PARA OBTENER LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LOS ACTOS RECLAMADOS, CONSISTENTES EN EL ACTO DE PRIVACIÓN O DE MOLESTIA EN BIENES DE SU PROPIEDAD O QUE TIENE EN POSESIÓN. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido, en reiteradas ocasiones, que para que el quejoso esté legitimado para solicitar la suspensión definitiva de los actos reclamados, debe acreditar, aunque sea en forma presuntiva, que tiene interés jurídico para obtener dicha medida cautelar, esto es, que es titular de un derecho respecto del cual recae el acto que se estima inconstitucional; aunado a ello, de lo dispuesto en el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del diverso numeral 2o. de la Ley de Amparo, se advierte que el valor probatorio de las copias fotostáticas simples queda al prudente arbitrio judicial. Atento lo anterior, se concluye que las copias fotostáticas sin certificación (simples) carecen, por sí mismas, de valor probatorio pleno y, por ende, son insuficientes para demostrar el interés jurídico del quejoso que se ostenta como persona extraña a juicio, para obtener la suspensión definitiva de los actos reclamados, consistentes en el acto de privación o de molestia en bienes de su propiedad o que tiene en posesión, según sea el caso, si no existe en autos otro elemento que, relacionado con aquéllas, pudiera generar convicción de que el acto reclamado afecta real y directamente sus derechos jurídicamente tutelados, pues con tales documentos no se acredita el primer requisito para que opere la prueba presuncional, relativo al conocimiento de un hecho conocido, esto es, a la existencia del bien mueble o inmueble respecto del cual se aduce que recae el acto que se impugna como lesivo de garantías individuales; sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que en el juicio principal obren los documentos originales o copias certificadas de éstos, pues como el incidente de suspensión es un procedimiento que se sigue por cuerda separada, únicamente pueden ser tomadas en cuenta las probanzas que se ofrezcan en éste." Por lo que con las dichas documentales y con el solo dicho que obran en un diverso juicio de amparo de donde no es parte, no se acredita aunque sea de manera presuntiva la posesión del bien inmueble del que aduce es propietario; el cual es identificado como predio urbano, lote número cuatro, Manzana veintidós, Zona Uno, del Poblado San Antonio y la Pendencia, de Ciudad del Maíz, San Luis Potosí. Sin que se soslaye que las responsables hayan admitido la existencia del acto reclamado y su ejecución; sin embargo, debe hacerse la precisión que únicamente admiten la existencia del el juicio ordinario civil reivindicatorio 213/2015, en el que se emitió la orden de desalojo que aquí se reclama; no obstante, no hicieron referencia respecto a si *******************, es parte en dicho controvertido como tercera extraña; por lo que el promovente debió demostrar que la orden de desalojo, trasgrede algún derecho fundamental de su representada, esto es, acreditar el derecho de propiedad por parte de ésta, respecto del predio materia del sumario civil de origen, para así tener por acreditada su calidad de tercera extraña a juicio, lo que no aconteció en esta incidencia. En ese contexto, resulta indispensable para justificar la afectación o perjuicio reclamado que el promovente demuestre de manera indiciaria la posesión que dice tener de dicho inmueble, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oída en defensa de sus derechos. Así, por cuanto hace a la medida suspensional solicitada por la quejosa, con fundamento en el artículo 128, fracción I, de la ley de la materia, se niega la suspensión definitiva, dado que la parte quejosa no acreditó tener interés suspensional, correspondiéndole la carga procesal de allegar elementos de prueba, por lo que no se puede concluir -indiciariamente- que el acto reclamado produce una afectación en su esfera jurídica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXX, septiembre de 2009, página 3184, número de registro 166269 cuyo rubro y texto son los siguientes: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. PARA OBTENERLA ES NECESARIO QUE EL QUEJOSO ACREDITE, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, LA TITULARIDAD DEL DERECHO QUE PRETENDE PRESERVAR CON LA MEDIDA CAUTELAR. Para obtener la suspensión en el amparo de las consecuencias y efectos de los actos reclamados por considerar que con su ejecución se lesionarían determinados derechos adquiridos, es necesario que el quejoso acredite en el incidente relativo, cuando menos indiciariamente, la titularidad del derecho que pretende preservar con la citada medida, pues si bien es cierto que se admite que la evolución jurisprudencial de esta figura procesal permite ahora imprimirle efectos restitutorios en algunos casos, también lo es que de no acreditarse aquella condición, se le daría a la suspensión un carácter constitutivo de derechos que desvirtúa su naturaleza eminentemente cautelar, al otorgar al solicitante una prerrogativa de la que no goza." Del mismo modo, es aplicable la tesis de la Novena Época, emitida por el Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, abril de 2010, página 2742, registro 164764 que a la letra dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés". De ahí que, en la especie, lo procedente es negar la suspensión definitiva por la parte quejosa, toda vez que de concederse aquella se estaría constituyendo un derecho que no acredita tener, ni siquiera de manera indiciaria. Apoya lo anterior la tesis aislada, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1954, Tomo II, Libro 4, Marzo de 2014, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2007358 que dice: "SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE. REQUISITOS DE PROCEDENCIA CONFORME A LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 125, 128 y 131 a 158 de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, en el análisis de la suspensión deben distinguirse diversos temas de estudio escalonado como son: i) los requisitos de su procedencia que, en su conjunto, tendrán como resultado determinar si la medida cautelar debe o no concederse; ii) los efectos de dicha medida, que consiste en la precisión detallada de lo que las autoridades deben hacer o abstenerse de realizar; iii) las medidas o garantías que, en su caso, se pidan al quejoso para que los efectos de la suspensión continúen; y, iv) las previsiones que el juzgador tome para que no se abuse de los efectos de la suspensión. Respecto al primer tema, fuera de los casos en que proceda de oficio o de las regulaciones especiales, podrá otorgarse la suspensión de los actos reclamados, siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos de procedencia en el orden que se señalan: 1. La petición de parte; 2. La existencia del acto reclamado, que en el caso de la suspensión provisional se presume con base en las manifestaciones o afirmaciones que el quejoso formule bajo protesta de decir verdad en su demanda, y para la definitiva requiere que se haya aceptado su existencia, o bien, prueba de ella; 3. La naturaleza del acto reclamado, esto es, que el acto reclamado sea susceptible de ser suspendido conforme a su naturaleza, análisis en el cual debe tomarse en cuenta la clasificación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha formulado respecto de los que admiten suspensión y los que no (actos consumados, negativos, futuros e inciertos, etc.); 4. El quejoso debe resentir una afectación a su interés jurídico o legítimo, aspecto que debe estar acreditado indiciariamente para efectos de la suspensión provisional y, en un grado probatorio mayor, para la suspensión definitiva; y, 5. La ponderación entre la apariencia del buen derecho y el interés social o las disposiciones de orden público en los términos desarrollados por el Más Alto Tribunal." Así como la diversa tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 309, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro 216079 que dice: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva." CUARTO. Autorización mediante Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL). Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva a *****************, en contra de los actos y autoridades precisadas en el considerando segundo de la presente interlocutoria, por las razones expuestas en el tercero. Notifíquese. Lo resolvió y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, Secretaria que autoriza y da fe. (Firmado electrónicamente)
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos, sin mayor proveído el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz y Actuaria adscrita al mismo, toda vez que mediante acuerdo de seis de abril de dos mil veintiuno, se le tuvo por rendido su respectivo informe justificado. Ahora bien, el Juez responsable en apoyo de su informe con justificación acompaña copias certificadas del Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio 213/2015 de su índice; documentales que se tienen desahogadas por su propia y especial naturaleza, de conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo. Dada la voluminosidad de las constancias que exhibe la autoridad responsable de referencia, fórmese el anexo uno de pruebas. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
Ciudad Valles, San Luis Potosí, trece de mayo de dos mil veintiuno. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Actuaria Adscrita al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz, por el cual cumple con el requerimiento de treinta de abril del año en curso y al efecto remite su informe respectivo; por tanto, se tiene por rendido su informe previo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino (trece horas a dieciocho horas), en términos de los artículo 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, la presente resolución se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL); quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino, por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, seis de mayo de dos mil veintiuno. Téngase recibido el oficio de cuenta, signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz y Actuaria adscrita al mismo; mediante el cual, rinden su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Dese vista a las partes para que se impongan de su contenido, sin perjuicio de hacer relación del mismo en la audiencia respectiva. Ahora dicha autoridad no remitió las copias certificadas del expediente 213/2015 de su índice, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, en apoyo a su informe justificado. En consecuencia, a efecto de realizar el estudio en su integridad del acto que aquí se reclama, de conformidad con el arábigo 117 Ley de Amparo, requiérase al Juez Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial de San Luis Potosí, con sede en Ciudad del Maíz, para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, a efecto de que remita la totalidad de las constancias que integran el expediente 213/2015 de su índice, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio; en el entendido que de no dar cumplimiento a lo anterior le subsiste el apercibimiento decretado mediante acuerdo de nueve de abril del año en curso; esto es, se le aplicará una multa de cien a mil veces el valor diario de unidad de medida y actualización, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Finalmente, atendiendo a que este órgano jurisdiccional realiza el trabajo de manera remota o a distancia y en forma presencial en un turno vespertino, en términos de los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, el presente acuerdo se autoriza con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), por lo que se anexa al mismo la evidencia criptográfica de las firmas electrónicas; quedando pendiente su engrose por parte del personal que acudirá presencialmente al juzgado en dicho turno vespertino. Notifíquese. Lo proveyó y firma Marco Antonio Vignola Conde, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí, con residencia en Ciudad Valles, asistido de Cenobio Guerrero Mata, secretario que autoriza y da fe.
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