María Concepción Carrillo Nájera
Expediente 1365/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1365/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- María Concepción Carrillo Nájera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Se notifica por lista al quejoso en términos del proveído de veintidós de Noviembre del dos mil diecinueve. "...Visto el estado de autos, advirtiéndose del contenido de la certificación que antecede que el plazo..para recurrir la sentencia de sobreseimiento, dictada en este juicio, le ha transcurrido a la parte quejosa, quien en su caso podría impugnarla, al ser contraria a sus intereses...se declara que ha causado ejecutoria. En consecuencia, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y envíese al archivo...Finalmente, de autos se desprende que la parte quejosa acompañó a su escrito inicial de demanda documentos originales; prevéngasele para que acuda a este juzgado dentro del plazo de noventa días a recogerlos, apercibida que en caso de no hacerlo, se le dará el mismo destino que al expediente..." (I)
- Principal
SENTENCIA Vistos para resolver los autos del juicio de amparo 1365/2019-I, promovido por María Concepción Carrillo Nájera. RESULTANDO PRIMERO. Presentación de demanda. Mediante escrito recibido en este Juzgado el trece de septiembre de dos mil diecinueve, María Concepción Carrillo Nájera, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables Titular de la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo, de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes y Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes, los que hizo consistir en: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME.- Del TITULAR DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE SALUD EN EL TRABAJO, DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN AGUASCALIENTES, reclamo la OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A LA PETICIÓN PRESENTADA POR LA SUSCRITA, como violación directa a mi Derecho Humano consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, relativa al expediente CC.AGS.002/2018, correspondiente a la petición tramitada ante la Jefatura de Servicios Jurídicos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Estatal Aguascalientes, promovido' por la directamente quejosa MARÍA CONCEPCIÓN CARRILLO NÁJERA; respuesta que la Autoridad responsable debió de haber formulado por escrito y hacerla conocer en breve término al peticionario, tal y como se ordenó en el Acuerdo con Folio No. 045, de fecha 07 de febrero del 2018, emitido por el LIC. CARLOSALBERTO RAMÍREZ VELA, Secretario del H. Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, quien me informó que remitiría mi petición al Titular de la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo, de la Delegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en Aguascalientes para que lo hiciera; motivo por el cual, es evidente que ha transcurrido en exceso el término que tuvo la Autoridad responsable para emitir dicha respuesta, pues a la fecha han transcurrido más de diecinueve meses. Del LIC. CARLOS ALBERTO RAMÍREZ VELA, SECRETARIO DEL H. CONSEJO CONSULTIVO DELEGACIONAL DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, DELEGACIÓN AGUASCALIENTES, reclamo la OMISIÓN DE REMITIR EL DERECHO DE PETICIÓN PRESENTADO POR LA SUSCRITA AL TITULAR DE LA COORDINACIÓN DELEGACIONAL DE SALUD EN EL TRABAJO, DE LA DELEGACIÓN DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL EN AGUASCALIENTES, pues dicha situación no me fue notificada en ningún momento, por lo tanto desconozco si el Titular de dicha dependencia tuvo conocimiento de mi solicitud y si emitió alguna repuesta." Por considerarlo violatorio de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite. En acuerdo de dieciocho de septiembre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda de garantías promovida por María Concepción Carrillo Nájera, la cual se registró en el libro de gobierno con el número 1365/2019-I; se ordenó dar la intervención que legalmente correspondía al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitaron los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, se desarrolló al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución Federal de la República; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 y 49, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado en términos del Acuerdo General 18/2017, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en razón de que se trata de un juicio de amparo en el que se reclama un acto de una autoridad que reside en la circunscripción territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario establecer con claridad y precisión en qué consiste el acto reclamado, para lo cual se atiende a la jurisprudencia 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del tomo XI, abril de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Del estudio íntegro de la demanda se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa consiste en: La omisión de dar respuesta a la petición presentada por la quejosa, ante la Jefatura de Servicios Jurídicos de la Delegación Aguascalientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social, que atribuye al Coordinador Delegacional de Salud en el Trabajo de la propia institución. La omisión de remitir la petición al Titular de la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo, de la Delegación Aguascalientes del Instituto Mexicano del Seguro Social, que reclama al Secretario del Consejo Consultivo Delegacional. TERCERO. Acto reclamado inexistente. La autoridad responsable Secretario del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes (fojas 28 y 29), negó la existencia del acto reclamado, sin que exista de la parte de la quejosa prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa. Por tanto, con fundamento en el artículo 63, fracción IV de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo. Se apoya la anterior determinación, en la jurisprudencia número 310, sustentada por el anterior Pleno del Más Alto Tribunal del País, visible en la página doscientos nueve, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." Lo que además se corrobora con las documentales que remitió la autoridad responsable, de las que se advierte que el catorce de febrero de dos mil dieciocho, se recibió la petición derivada del expediente 002/2018, en la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo Prestaciones Económicas y Sociales, de la Delegación en Aguascalientes, del Instituto Mexicano del Seguro Social (foja 37). CUARTO. Certeza de la omisión reclamada. La autoridad responsable Encargado de la Coordinación Delegacional de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social (fojas 41 y 42), al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión reclamada, por tanto se tiene por cierta. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 278, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente a la Quinta Época, Apéndice 2000, que establece: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." Lo que además se corrobora, con la copia certificada del oficio 010125612300 043/2019, de veinte de agosto de dos mil diecinueve (foja 43), así como de su correspondiente constancia de notificación (fojas 57 a 62); de la que se advierte que si bien, el oficio con el que se dio respuesta a la petición formulada por la parte quejosa, es anterior a la presentación de la demanda, también lo es, que fue notificado a María Concepción Carrillo Nájera, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Documentales que merece valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del numeral 2 de la Ley de Amparo. También es aplicable la tesis de jurisprudencia número doscientos veintiséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, bajo el rubro siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." QUINTO. Causales de improcedencia. Previo estudio de las cuestiones de fondo expuestas por la parte quejosa, en cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al análisis oficioso de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente, pues de resultar fundada alguna de las causales que se establecen en dicho dispositivo legal, haría imposible un pronunciamiento respecto de la litis planteada. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO." Análisis oficioso de improcedencia respecto a la omisión reclamada Respecto de la omisión de dar respuesta que fue reclamada, este órgano jurisdiccional de oficio, estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)." En sustento de lo anterior, es pertinente citar que desde el punto de vista del juicio de amparo, el efecto del acto reclamado es la producción de consecuencias jurídicas que, fundada o infundadamente, supone la parte quejosa que son violatorias de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y que consecuentemente, impugna mediante el juicio de amparo. Por ello, si cesa la producción de dichas consecuencias jurídicas y la supuesta violación cuya impugnación originó el juicio de amparo, aparece la imposibilidad de lograr el objeto perseguido por éste, señalado en el artículo 77 de la Ley de Amparo. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también como la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por el numeral 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Al respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio en el que interpretó un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la derogada Ley de Amparo, que está plasmado en la jurisprudencia 2a./J. 59/99, compilada en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del epígrafe siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL." En el asunto concreto la parte quejosa se duele de la omisión de las responsables de remitir su petición formulada en el sentido de que se le otorgara incapacidad permanente por riesgos de trabajo, así como la falta de contestación a la solicitud. Respecto a lo anterior, debe destacarse que mediante oficios, recibidos el once y el veintitrés de octubre de dos mil diecinueve, la responsable Coordinador de Salud en el Trabajo de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes, rindió su informe justificado y cumplió con el requerimiento que le fue formulado, a los que acompañó copia certificada del oficio 010125612300 043/2019, de veinte de agosto de dos mil diecinueve, con el que se dio respuesta a la solicitud presentada por el quejoso el dos de febrero de dos mil dieciocho, así como de la constancia de notificación correspondiente, efectuada al quejoso, el veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Documentales a las que se concede pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°; toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI, Materia Común, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, cuyo rubro y texto dicen: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO." Del análisis de las constancias referidas, se obtiene que el veinte de agosto de dos mil diecinueve se dio contestación a la solicitud de incapacidad permanente formulada por el quejoso y que la misma le fue notificada el veintiuno de octubre del año en curso. Así, se colige que este sumario en lo que corresponde a la omisión de dar respuesta a la petición presentada por el quejoso y de realizar su notificación, ya no tiene razón de ser, toda vez que en caso de concederse la protección constitucional, en términos del numeral 77 de la ley de la materia, sería para el efecto de que la responsable obrara justamente en la situación que prevalece en la actualidad; es decir, que se diera contestación a la solicitud y se notificara al interesado. En esta tesitura, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, se sobresee en el presente juicio de amparo, ya que los motivos aducidos en primer término y la causal de improcedencia invocada es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse. Como corolario a lo anterior, al respecto del sobreseimiento en el juicio de amparo, cabe indicar que el establecimiento de requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales estén en aptitud de analizar el fondo de los argumentos propuestos en una demanda de amparo (causales de improcedencia), no constituye en sí mismo una violación al derecho humano al recurso efectivo reconocido tanto en la Constitución Federal como en los tratados internacionales, puesto que así lo estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis CCLXXV/2012 (10a.), visible en el Semanario Judicial y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, diciembre de dos mil doce, Tomo 1, página 525, que dispone: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL." En efecto, aunque es verdad que las reformas de junio de dos mil once efectuadas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derechos humanos, implicaron un cambio en el sistema jurídico mexicano, no deja de ser menos cierto que tal circunstancia no significa que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de llevar a cabo sus atribuciones y facultades de impartir justicia conforme a las disposiciones que se encuentran vigentes, sino que solo tienen la obligación de aplicar los instrumentos internacionales cuando estos otorguen una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica en estudio, en cuyo caso lo plasmarán así en el fallo relativo; sin embargo, ello no conlleva a que los tribunales deban resolver invariablemente el fondo del asunto cuando no se superan los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis LXXXII/2012 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, noviembre de dos mil doce, Tomo 2, página 1587, del rubro siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA O PRO HOMINE. FORMA EN QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES DEBEN DESEMPEÑAR SUS ATRIBUCIONES Y FACULTADES A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011." Asimismo es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, febrero de dos mil catorce, página 487, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA." En mérito de lo anterior, se estima innecesario realizar mayor pronunciamiento respecto de los conceptos de violación, debido a que la improcedencia de la acción constitucional impide el estudio de fondo del asunto. A las consideraciones precedentes sirve de apoyo la jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página 708 del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, que dice: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." Por lo expuesto, con fundamento en los artículos 63, 65, 73, 74 y 75 demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por María Concepción Carrillo Nájera, en los términos expuestos en el considerando quinto de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista al resto de las partes. Así lo resolvió y firma José Guadalupe Arias Ortega, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, asistido del Secretario Juventino Lamas Guzmán, quien autoriza y da fe dentro del juicio de amparo 1365/2019-I. Juez Secretario Jorge/merh El secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes, da fe de que la resolución judicial que antecede, se ingresó al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Aguascalientes, Aguascalientes. Juventino Lamas Guzmán Secretario de Juzgado
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, se advierte que no ha transcurrido el plazo concedido a las partes en proveído de catorce de octubre de dos mil diecinueve, para que se impongan del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. Ahora bien, al rendir su informe justificado el Encargado de la Coordinación de Salud en el Trabajo de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes, acompañó copia certificada del oficio... de veinte de agosto del año en curso, dirigido a la quejosa María Concepción Carrillo Nájera; sin embargo, no acompañó la constancia de notificación de dicha comunicación. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérasele para que dentro del término de tres días contados a partir de aquél en que se le notifique el presente acuerdo, remita a este Juzgado la aludida constancia de notificación a la quejosa. Con el apercibimiento que en caso de ser omisa a lo anterior, se le impondrá multa de cien unidades de medida y actualización... Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las nueve horas con cinco minutos del treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, para su celebración. -Ofrecen pruebas- Finalmente, visto el escrito de cuenta del autorizado de la quejosa, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las pruebas que refiere, la presuncional en su doble aspecto y la instrumental de actuaciones, las cuales serán relacionadas en la audiencia constitucional. -Alegatos- De igual manera, se tiene al promovente realizando diversas manifestaciones en vía de alegatos, en términos del artículo 124 de la Ley de Amparo.(i)
- Principal
Vistos los informes justificados rendidos por las autoridades responsables Encargado de la Coordinación de Salud en el Trabajo de la Jefatura de Servicios de Salud en el Trabajo, Prestaciones Económicas y Sociales, así como del Secretario del Consejo Consultivo Delegacional, ambos del Instituto Mexicano del Seguro Social, Delegación Aguascalientes; agréguense a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo; y déjense a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Conforme al artículo 119 de la ley de la materia, se tienen por ofrecidas las documentales que acompañan las autoridades responsables a su informe de Ley, y únicamente escanéense las constancias que integran el acto reclamado, para que formen parte del expediente electrónico; las cuales serán tomadas en consideración al momento de llevar a cabo la audiencia constitucional. Con fundamento en el numeral 9 de la invocada ley, ténganse como delegados de las autoridades que así lo solicitan, a los profesionistas que designan y como lo dispone el numeral 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, conforme al artículo 2º, segundo párrafo, el domicilio que señalan para tal efecto.(I)
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