María Cleive Selvas Cruz y Otros.
Expediente 1489/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 9 actuaciones registradas, la última del 9 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1489/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 09/11/2023
Partes del expediente
- María Cleive Selvas Cruz
- María Cleive Selvas Cruz y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, nueve de noviembre de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que admitió el recurso de queja interpuesto por ********************, mismo que se registró bajo el número ********************. Al efecto, agréguese a los autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que en proveído de ocho de noviembre de dos mil veintitrés, se proveyó lo conducente. CÚMPLASE.
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Visto el estado procesal de auto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que transcurrió el término legal que establece el artículo 202, de la Ley de Amparo, sin que las partes legitimadas para interponer recurso de inconformidad, hayan recurrido al proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintitrés, en el que se declaró cumplido el fallo protector, en consecuencia, se tiene por consentido. Con fundamento en el artículo 214, de la Ley de Amparo, archívese el presente como asunto concluido. Ahora, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo citado, así como en lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es conservable, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a), Titulo Segundo, Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la protección constitucional; por lo que una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, serán transferido al archivo de concentración, donde será resguardado hasta que se cumplan diez años, contados a partir del presente proveído...
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Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de octubre de dos mil veintitrés. Visto el ocurso de cuenta, suscrito por el quejoso María Cleive Selvas Cruz, por el cual interpone recurso de queja contra el proveído de cinco de octubre de dos mil veintitrés, emitido por este Juzgado Federal; al efecto, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99 y 100, de la Ley de Amparo, ténganse por interpuesto el RECURSO DE QUEJA que hace valer el promovente, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, de esta ciudad, para la substanciación del mismo, enviándose al efecto el original y copia del aludido ocurso, así como el original del presente juicio. NOTIFÍQUESE POR OFICIO AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES.
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... Al efecto, se tiene por desahogada la prevención hecha en el auto de referencia. Ahora bien, a efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113, de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda, y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De lo antes trascrito, tenemos que es obligación del Juez de Distrito de examinar, ante todo, el escrito de demanda y anexos que se acompañan a ella y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia reguladas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Ahora, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Es aplicable, la tesis del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO. El Juez de Distrito debe desechar una demanda de amparo cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. En ese sentido, se concluye que un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es aquel que está plenamente demostrado, toda vez que se ha advertido en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se acompañen y así considerarla probada sin lugar a dudas, ya sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, no sean necesarios para configurar dicha improcedencia ni tampoco puedan desvirtuar su contenido, por lo que de no actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir la causa de improcedencia manifiesta e indudable o tener duda de su operancia, no debe ser desechada la demanda, pues, de lo contrario, se estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión planteada." En el caso en estudio, de un análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la quejosa en el capítulo relativo al acto reclamado, señaló lo siguiente: "IV.- EL ACTO RECLAMADO.- El auto de fecha 05 de septiembre en el cual es desechada la apelación que presente ante el juzgado primero de la ciudad de Comitán de Domínguez, Chiapas, en contra de la notificación de fecha 24 de agosto de 2023 en donde me fue notificado al auto de fecha 11 de julio de 2023 dictado por el C. Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Comitán , en el cual se me requiere que haga entrega del bien inmueble ubicado en decima calle sur poniente numero 3,507 barrio Guadalupe Chichima, de la ciudad de Comitán, dentro del término de cinco días y en caso de no hacerlo se procederá a la desocupación y toma física y material del bien. En lo toral, la resolución me afecta ya que el juez de la causa pretende llevar a cabo un remate de un bien de mi propiedad, sin que me notificara de manera personal el auto de fecha 25 de enero de 2023 en donde se admite el remate del inmueble, dejándome en estado de indefensión al no poderme defender ni manifestarme a lo acordado al no haber cumplido con el debido proceso". En ese sentido, se previno a la quejosa para que precisara el acto que reclama a la autoridad responsable, quien, mediante el ocurso de cuenta señala que lo constituye el siguiente: El proveído de siete de julio del año en cita, emitido en autos del Juicio Ordinario Civil 827/2022, del índice del Juez Cuarto del Ramo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por la aquí quejosa. En ese sentido, a criterio de quien ahora resuelve, se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, artículo que consagran la improcedencia del juicio de amparo contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados. El artículo 61, fracción XVIII, nos establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Inciso adicionado Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;" En atención a la causa de improcedencia invocada, es pertinente dejar asentado que dentro de los principios fundamentales que rigen al juicio de amparo, existe el denominado "principio de definitividad", consagrado en el artículo 107, fracciones III, incisos a) y b), IV y V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el citado numeral 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo. Este principio, supone el agotamiento o ejercicio previo y necesario de todos los recursos o medios de defensa, que la ley que rige al acto reclamado establece para atacarlo, con la finalidad de modificarlo, revocarlo o nulificarlo; por lo que, existiendo éstos sin que en su oportunidad sean interpuestos por la parte quejosa, el juicio de garantías es improcedente. Lo anterior obedece a la naturaleza misma del amparo, ya que éste es una vía extraordinaria, sui generis, de invalidar los actos de las autoridades, en las diversas hipótesis de su procedencia; lo cual significa que sólo prospera en casos excepcionales, cuando ya se hayan recorrido todas las jurisdicciones y competencias, en virtud del ejercicio de los recursos o medios de defensa legales que procedan. Por tanto, si existiera la posibilidad de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso, que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de garantías es el arma jurídica suprema de que dispone la persona para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades del Estado y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, el quejoso deba agotar los recursos y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo expuesto, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante del amparo. Es aplicable, por analogía, la Jurisprudencia, que establece lo siguiente: "RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS. REGLAS PARA SU DETERMINACIÓN EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN Y 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE AMPARO). Los aludidos preceptos consagran la improcedencia del juicio de garantías en materia administrativa, en el supuesto de que contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin que la ley que lo establezca o que rija el acto exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cuando tales preceptos se refieren a la ley que establezca el recurso o medio de defensa procedente contra el acto reclamado, o que rija a éste, debe entenderse que dicha remisión significa que la norma jurídica respectiva debe regular por algún título a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado. Asimismo, el ordenamiento relativo requiere ser una norma legal, en sentido formal y material, puesto que tanto la disposición constitucional como la legal que la reglamenta, establecen que debe ser una "ley", y no cualquier otro ordenamiento general, el que señale la procedencia de aquéllos, motivo por el cual, aplicando el principio jurídico consistente en que cuando la norma no distingue, no existe razón para efectuar una distinción, debe concluirse que sólo los medios defensivos consagrados en una ley formal y material son susceptibles de provocar la improcedencia del juicio de amparo, derivada de la falta de cumplimiento con el principio de definitividad en relación con la impugnación de un acto de autoridad, siempre que no exijan mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo." Así, los elementos con los que se integra la citada causa de improcedencia del juicio de amparo, prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, son los siguientes: Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; Respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa; Por virtud del cual puedan ser modificadas revocadas o nulificadas; Y, únicamente se contemplan como casos de excepción los señalados en las fracciones a), b) y c) de la mencionada fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y. Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. De lo expuesto se desprende que el acto reclamado por la parte quejosa, consiste en el proveído de siete de julio del año en cita, emitido en autos del Juicio Ordinario Civil 827/2022, del índice del Juez Cuarto del Ramo Civil de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad, por medio del cual se desechó el recurso de apelación interpuesto por la misma. En el caso, como se advierte del libelo de demanda, que la promovente María Cleive Selvas Cruz, es la actora en el juicio natural, por lo que no es una persona tercera extraña al juicio. Ahora, el artículo 55, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, establece: "Artículo 55. Para la tramitación y resolución de los asuntos ante los tribunales ordinarios se estará a lo dispuesto por este código, sin que por convenio de los interesados puedan renunciarse los recursos ni el derecho de recusación, ni alterarse, modificarse o renunciarse las normas del procedimiento." Del análisis que se realiza del precepto legal citado en el párrafo precedente, podemos advertir que los recursos son irrenunciables. En la especie, se considera que en contra la resolución reclamada, procede el recurso de queja contemplado en el artículo 697, fracción III del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas, que establece: "Artículo 697.- El recurso de queja tiene lugar: (.) III. Contra la denegación de apelación; (.)." Del contenido de dicho artículo se desprende que el código procesal civil de esta entidad federativa, contempla como medio de impugnación en contra de las denegaciones de apelación el recurso de queja, y tiene por efecto que el superior confirme, revoque o modifique la decisión adoptada por el juzgador, mismo que, por imperativo de ley, debe substanciarse ante el Tribunal de Alzada. En consecuencia, se estima que los autos en los que se deniegue una apelación, procederá el recurso queja, de conformidad a la fracción III del artículo 697 de la legislación adjetiva citada, como acontece en el caso a estudio. Por lo que se determina que la parte quejosa omitió agotar el principio de definitividad antes de acudir al presente juicio de amparo, al no haber interpuesto el recurso ordinario oportunamente, por virtud del cual el acto reclamado pudo haber sido modificado, revocado o nulificado, lo cual resulta un requisito indispensable para estar en posibilidad de ejercer la acción constitucional. Luego, si la determinación impugnada tiene la aludida naturaleza es impugnable a través del recurso de queja establecido en la legislación adjetiva civil de la entidad, mismo que debió ser agotado por la parte quejosa en forma previa al ejercicio de la acción constitucional de amparo, habida cuenta que le asiste el carácter de parte procesal en el juicio natural, y como tal, se encuentra en aptitud de hacer valer los medios ordinarios de defensa que tiene a su alcance en contra de las actuaciones que afecten sus intereses. No obstante lo anterior, en el asunto que nos ocupa, el recurso de queja sí prevé en su trámite la posibilidad de suspender la ejecución de las determinaciones recurridas, al contemplar el artículo 671 del Código de Procedimientos Civiles de la Entidad que aquél medio de impugnación puede acompañarse con garantía por el equivalente de sesenta días de salario mínimo general vigente en el Estado, para efectos de suspender la ejecución. En ese sentido, en términos del numeral referido con anterioridad, aunque la queja se deba admitir, no se suspenderá en caso de que no sea exhibida la garantía respectiva. Máxime que de declararse fundada la queja, el superior jerárquico podrá ordenar que la apelación sea admitida en ambos efectos, así como señalar la garantía que deberá exhibir el recurrente para efectos de suspender la ejecución, hasta que cause ejecutoria, y, en el caso de auto o interlocutoria que por su contenido impida la continuación del procedimiento, suspende la tramitación del juicio; de no ser así, solo lo suspende en el punto que sea objeto del auto o la interlocutoria apelada, debiendo continuarse en todo lo demás. De ahí que se estime que el recurso de queja previsto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chiapas constituye recurso idóneo para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en las resoluciones cuya ejecución implica un riesgo para el promovente, habida cuenta que su interposición contempla la posibilidad de suspender la ejecución en tanto se resuelve el recurso, condicionada a la exposición de las razones en que se sustenta la necesidad de paralizar su cumplimentación. Por tanto, en observancia al principio de definitividad, la parte quejosa tenía la obligación de agotar el recurso de queja contra la actuación combatida en la presente instancia, lo que en la especie no aconteció; sin que en el caso se surta alguna excepción al enunciado principio. En las relatadas consideraciones, si la parte promovente no agotó el medio de defensa ordinario establecido en la ley para combatir el acto que reclama en esta instancia constitucional, se colige que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que de las propias manifestaciones de la promovente se aprecia que la aquí quejosa interpuso recurso de apelación contra el acto reclamado, y aun cuando fue desechado por extemporáneo, ello no genera la procedencia del juicio de amparo indirecto, en virtud de que el mismo no fue el recurso idóneo, por el cual el mismo pudo haber sido modificado, revocado o nulificado. ...De ahí que por lo expuesto es que en la especie se actualiza, como se dijo, la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII; y, por tanto, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, ante su manifiesta e indudable improcedencia, de conformidad con el artículo 113, de la Ley de la Materia. De igual forma, cabe señalar, que respecto del acto reclamado por la quejosa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV del artículo 61 en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues la propia promovente refiere en su escrito de cuenta, que tuvo conocimiento del acto reclamado desde el once de agosto del año en curso, por lo que, si su demanda la presentó hasta el diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, como se aprecia de la boleta de turno, expedida por la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito, es evidente que transcurrieron más de los quince días que señalan los numerales invocados para combatir el proveído de que se trata, mediante el juicio de amparo indirecto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
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