María Chávez Montes

Expediente 743/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
743/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
25/08/2021

Partes del expediente

  • María Chávez Montes

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término legal concedido, no se inconformó en contra del proveído de dos de julio de dos mil veintiuno, mediante el cual se desechó de plano por notoriamente improcedente su demanda de amparo; consecuentemente, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 98 de la Ley de Amparo y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. En consecuencia, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el presente expediente como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, dado que se desechó el presente juicio de amparo; una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Agréguese a sus autos para que surta sus efectos legales procedentes, el oficio de cuenta signado por el Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic, mediante el cual remite copia certificada de la diligencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, cuyo fin era que se llevara a cabo la ejecución del laudo dictado en el juicio laboral 95/2008 de su registro; sin embargo, la misma tuvo un resultado infructuoso. Luego, del estado que guardan los presentes autos se advierte que por auto de quince de junio del año en curso se requirió el cumplimiento de la ejecutoria de amparo al Ayuntamiento Constitucional (por conducto del Síndico Municipal) de Ixtlán del Río, Nayarit para que realizara lo siguiente: Las gestiones necesarias y girara instrucciones a quien correspondiera para que en la fecha y hora que señalara el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, se llevara a cabo la diligencia de cumplimiento de laudo, y estuviera presente persona con facultades necesarias para hacerlo. Realizara los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora que señalara la autoridad laboral se procediera a realizar la reinstalación y pago de la quejosa Claudia Marisol Parra Sánchez, conforme lo ordenado en el laudo dictado en el juicio laboral 95/2008. Lo que no realizó, como se advierte del contenido del acta de audiencia de treinta de junio del año en curso que acompaña la autoridad oficiante a su oficio de cuenta; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado proveído, y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se impone a la persona que ostente el cargo de Síndico Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, una multa de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, de conformidad a lo que prevé el numeral 258 de la Ley de Amparo, en relación con los ordinales segundo y tercero transitorios del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero del dos mil dieciséis, en el entendido, que conforme al decreto constitucional mencionado, el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país y hasta que se actualice dicho valor conforme al procedimiento previsto en el artículo quinto transitorio del citado decreto. Gírese oficio al Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta Ciudad, para que se sirva hacer efectivo el cobro de la multa impuesta con antelación, dejándose expedito el derecho de investigar el domicilio a efecto de que se encuentre en aptitud de hacer efectivo el cobro de la misma. Asimismo, requiérase al citado Administrador Local de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de esta Ciudad, para que dentro del término de tres días, contado a partir del en que quede legalmente notificado del presente proveído, informe el seguimiento de la multa impuesta en párrafos que anteceden. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Tribunal responsable para que en el término de tres días, contado a partir del en que quede notificado del presente proveído, realice lo siguiente: a) Dicte un auto en el cual señale nueva fecha y hora determinadas dentro del plazo que no exceda de diez días para la ejecución del laudo de referencia y aplique medidas de apremio y ordene al Ayuntamiento demandado realizar las gestiones necesarias a fin de que en el día y hora que señale para que se lleve a cabo la ejecución del mismo, se encuentre persona facultada para dar cumplimiento al mismo por parte del ayuntamiento demandado y se realice sin contratiempo lo anterior, para lo cual, deberá ordenar la notificación del auto que dicte con la debida oportunidad al referido Ayuntamiento. b) A fin de lograr lo anterior, haga uso de las medidas de apremio que al efecto la ley le concede, debiendo acreditarlo con las constancias certificadas correspondientes. Con independencia de lo anterior, a fin de lograr el cumplimiento expedito, eficaz y pleno del fallo protector, se vincula al cumplimiento al Presidente y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit; ello, tomando en consideración que para el fin indicado, no solo las autoridades responsables están obligadas a cumplir las sentencias de amparo, sino todas aquellas que tengan intervención en el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, quinta época, Tomo VI, Materia Común, 145 y 146, del rubro y texto: "EJECUCIÓN DE SENTENCIAS DE AMPARO. A ELLA ESTÁN OBLIGADAS TODAS LAS AUTORIDADES, AUN CUANDO NO HAYAN INTERVENIDO EN EL AMPARO. Las ejecutorias de amparo deben ser inmediatamente cumplidas por toda autoridad que tenga conocimiento de ellas y que, por razón de sus funciones, deba intervenir en su ejecución, pues atenta la parte final del primer párrafo del artículo 107 de la Ley Orgánica de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, no solamente la autoridad que haya figurado con el carácter de responsable en el juicio de garantías está obligada a cumplir la sentencia de amparo, sino cualquiera otra autoridad que, por sus funciones, tenga que intervenir en la ejecución de este fallo." En ese sentido, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Síndico, Presidente, y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, para que realicen lo siguiente: a) Las gestiones necesarias y giren instrucciones a quien corresponda para que en la fecha y hora que señale el Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Nayarit, para que se lleve a cabo la diligencia de cumplimiento de laudo, esté presente persona con facultades necesarias para hacerlo. b) Realicen los trámites internos necesarios a efecto de que el día y hora que señale la autoridad laboral se proceda a realizar la reinstalación y pago de la quejosa Claudia Marisol Parra Sánchez, conforme lo ordenado en el laudo, dictado en el juicio laboral 95/2008. Apercibiéndose a dichas autoridades que de no hacerlo sin causa justificada, se harán acreedoras a una multa de ciento cincuenta Unidades de Medida y Actualización, cada una, de conformidad a lo que prevé numeral 258 de la Ley de Amparo en vigor. Con independencia de lo anterior, dígasele al Presidente Árbitro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, así como a las autoridades vinculadas al cumplimiento Síndico, Presidente, y Tesorero del Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, que en caso de realizar conductas omisas por medio de evasivas o procedimientos ilegales de su parte, aún y cuando dejen su encargo en dichas dependencias, se les impondrá la multa referida en el párrafo que antecede, con independencia de que se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de sus puestos y su posterior consignación ante la autoridad correspondiente, de conformidad con lo ordenado en los artículos 192 y 193 de la Ley de la Materia. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    EN TÉRMINO DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TEPIC, NAYARIT, DOS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Vista la demanda de amparo promovida por MARÍA CHÁVEZ MONTES, por su propio derecho, contra actos del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, Nayarit, fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 743/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora, del análisis del escrito inicial de demanda de amparo, se advierte que es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con el artículo 113 de Ley de Amparo vigente, que prevé: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Conforme al artículo trascrito se debe examinar la demanda de amparo y si se encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe ser desechada de plano, sin suspender el acto reclamado. Para lograr tal propósito es preciso recurrir al escrito de demanda, a efecto de establecer el acto que se controvierte y demás presupuestos procesales que hacen, en caso de actualizarse, procedente el juicio. En el caso, conviene hacer la precisión del acto que reclama la parte quejosa en el presente asunto, de conformidad con lo previsto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y en la tesis de Jurisprudencia 19, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 17, Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 2000, del rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En ese tenor, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama destacadamente del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el primero de junio de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 400/2018 de su índice. Así, para que el juzgador de amparo pueda resolver el fondo de la cuestión planteada por la parte quejosa, es necesario previamente que la acción intentada sea procedente, es decir, que no exista un obstáculo que impida pronunciarse sobre el fondo del asunto. Estos obstáculos se denominan causales de improcedencia; previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. Sentado lo anterior, el suscrito considera que con relación al acto reclamado, se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia regulado por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con diverso 217, ambos de la Ley de Amparo y la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de rubro "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA" que más adelante se cita. Los numerales referidos prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". (.)". "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". De los artículos transcritos se observa que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en forma genérica, indica la improcedencia del juicio cuando resulte de la aplicación de uno o varios preceptos legales distintos de las hipótesis precisadas en el artículo 61; en esas condiciones, para la aplicación de la citada fracción, debe relacionársele con otro precepto legal que determine la improcedencia del juicio en un caso concreto. Por su parte, el artículo 217 de la Ley de Amparo, establece la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno o de alguna de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, para los Juzgados de Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y de la Ciudad de México, y tribunales administrativos y del trabajo locales o federales. De lo anterior, se sigue que la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de la materia, puede relacionarse con una jurisprudencia del Pleno o de alguna Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados, porque ésta, conforme al artículo 217 de la Ley de Amparo, es obligatoria. Apoya a lo anterior, los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados en las tesis publicadas, respectivamente, en las páginas 837, 288, 134 y 23, la primera, del tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de febrero de dos mil dos, la segunda del Tomo II, Segunda Parte-1, Julio a Diciembre de 1988, la tercera del 145-150 Sexta Parte y la cuarta del tomo 43 Séptima Parte, éstas últimas del Semanario Judicial de la Federación, Octava y Séptima Época, respectivamente, cuyos rubros son los siguientes: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. OBLIGATORIEDAD". "IMPROCEDENCIA. LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, NO PUEDE RELACIONARSE CON UNA TESIS QUE NO CONSTITUYE JURISPRUDENCIA." "IMPROCEDENCIA. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, EN EL SENTIDO DE QUE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO QUE EN FORMA ENUNCIATIVA PREVÉ, DEBE DERIVAR DE CUALQUIER MANDAMIENTO DE LA PROPIA LEY DE AMPARO O DE LA CONSTITUCIÓN". "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA". Ahora bien, como se señaló anteriormente, la parte quejosa reclama del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el primero de junio de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 400/2018 de su índice. Respecto a este tópico, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en jurisprudencia obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, que si bien el gobernado cuenta con el derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, de que se le administre justicia expedita y completa en los plazos y términos que fijen las leyes, también lo es que la ejecución del laudo, una vez transcurrido el término de setenta y dos horas a que se refiere el artículo 945 de la Ley Federal del Trabajo (de aplicación supletoria al Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Estado), requiere no solamente la forzosa solicitud del interesado para su inicio, sino también para su prosecución, así como su directa intervención en diversas actuaciones, como son la atinente al señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario, así como su eventual cambio o remoción. De ahí que la ejecución forzosa del laudo no es una fase que la autoridad laboral pueda y deba seguir de manera oficiosa, máxime que dentro de ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución, como lo serían, a guisa de ejemplos, los emolumentos del depositario o interventor, los costos propios del depósito o de la administración de los bienes embargados, de los avalúos o dictámenes periciales, de la publicación de edictos para convocar postores y lograr el remate de los bienes sujetos a la traba. Por esas razones, la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País estimó que no puede constreñirse al Presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje respectiva -en el caso al Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Tepic aquí responsable- para que de manera genérica, mediante la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal, ordene proveer lo conducente, de manera oficiosa y dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa de un laudo, porque una protección federal con ese alcance generaría confusión y la posterior necesidad de dilucidar casuísticamente cuándo la dilación del cumplimiento de la sentencia de amparo se debe a "causa imputable a las partes" o bien el retraso obedece a la actuación u omisión de "otras autoridades", lo que a la larga se traduciría precisamente en lo que se quiere evitar, que es la dilación en el cumplimiento del derecho fundamental de justicia completa y expedita que consagra el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese contexto, el citado Tribunal concluyó que de reclamarse en amparo indirecto, de forma genérica, la omisión de la autoridad laboral, de proveer lo conducente para la ejecución forzosa de un laudo, el juicio de amparo sería improcedente, porque estaríamos en presencia de un acto jurídicamente inexistente al momento de la presentación de la demanda de garantías y de realización incierta, porque la ejecución forzosa depende básicamente de la previa petición del ejecutante, razón por la cual no puede tenerse por actualizada una omisión genérica que se atribuyera al Tribunal ejecutor. De ahí que, si en el caso en estudio, la parte quejosa reclama genéricamente del Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, residente en Tepic, la omisión de ejecutar el laudo emitido el primero de junio de dos mil veinte, en los autos del juicio laboral 400/2018 de su índice; en consecuencia se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia en comento, ya que el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al tribunal responsable, como en el presente caso se promovió; lo que ya no podrá variar aun tramitado el juicio de amparo. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por la parte quejosa y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse. Lo anterior, como se había adelantado constituye una causa notoria y manifiesta de improcedencia conforme a lo contenido en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 (10a.), localizable en la página 2771, Libro III, Diciembre de 2011, Tomo 4, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA.-Conforme al artículo 950 de la Ley Federal del Trabajo, el procedimiento de ejecución forzosa del laudo inicia una vez transcurrido el término de 72 horas a que se refiere el numeral 945 de la propia ley previa petición del ejecutante, siendo necesaria la intervención de éste en las diversas etapas que lo conforman. Ahora bien, de reclamarse en amparo indirecto, genéricamente, la omisión del presidente de la Junta de proveer lo conducente para la ejecución forzosa del laudo, el juicio de amparo sería improcedente en términos de la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, en relación con la fracción IV del numeral 74 del propio ordenamiento, porque el acto reclamado sería jurídicamente inexistente al presentarse la demanda y además de realización incierta, en razón de que esas actuaciones están sujetas a la previa solicitud e impulso del ejecutante, razón por la cual no podría tenerse por actualizada la omisión genérica que en esos términos se atribuyera al presidente ejecutor. Por el contrario, de reclamarse un acto u omisión en concreto, el análisis de la procedencia del juicio de amparo y, en su caso, del fondo del acto reclamado, así como los alcances de la eventual concesión de la protección federal solicitada, deberá constreñirse a los actos señalados por el quejoso y no abarcar aquellos actos futuros e inciertos que pudieran emitirse en el procedimiento de ejecución forzosa, pues éstos, al requerir el impulso e intervención del ejecutante, pudieran no llegar a materializarse." Asimismo, resulta aplicable al caso, por identidad jurídica, la jurisprudencia 2a./J. 16/2011 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, que dice: "PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN FORZOSA DEL LAUDO. ES NECESARIA LA INTERVENCIÓN DEL EJECUTANTE PARA EL INICIO Y PROSECUCIÓN DE ESTA ETAPA.-El título quince de la Ley Federal del Trabajo regula los procedimientos de ejecución de los laudos en materia laboral, estableciendo la obligación del presidente de la Junta de proveer oficiosamente al dictado de las medidas necesarias para que la ejecución sea pronta y expedita; sin embargo, el artículo 950 del indicado ordenamiento dispone la indispensable solicitud expresa del ejecutante para la apertura de la ejecución forzosa del laudo, mediante el dictado del auto de requerimiento y embargo, y los numerales 954, 957 y 965 de dicha Ley prevén la intervención del ejecutante en diversas diligencias para la continuación de esa etapa, como lo son el señalamiento de los bienes en los cuales se va a ejecutar el laudo, la designación del depositario y su eventual cambio o remoción. De lo anterior se infiere que la ejecución forzosa del laudo no es una etapa que la autoridad deba y pueda seguir oficiosamente, máxime que en ella se generan los gastos lógicos y naturales de la ejecución; aunado a que el artículo 519, fracción III, de la propia ley establece que las acciones para solicitar la ejecución de los laudos de las Juntas de Conciliación y Arbitraje y los convenios celebrados ante ellas prescriben en dos años. Por las razones apuntadas no puede concederse el amparo y protección de la Justicia Federal para que se constriña al presidente de la Junta responsable para que, una vez transcurridas las 72 horas a que se refiere el artículo 945 del indicado ordenamiento, oficiosamente provea lo conducente, dentro de los trámites y términos legales, a la ejecución forzosa del laudo." En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia en análisis, con apoyo en los artículos 113, 61, fracción XXIII, en relación con el diverso ordinal 217, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, y en la jurisprudencia 2a./J. 15/2011 de rubro: "EJECUCIÓN FORZOSA DE LAUDOS. AMPARO SOLICITADO CONTRA ACTUACIONES U OMISIONES EN ESA ETAPA", se DESECHA DE PLANO POR SU MANIFIESTA, NOTORIA E INDUDABLE IMPROCEDENCIA, la presente demanda. Como lo solicita la parte quejosa, se le tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda y por autorizados para tales efectos a Ricardo Castellanos Becerra, en términos amplios de la primera parte del artículo 12 de la Ley de Amparo, y a David Fernando Flores Rodríguez en términos de la última parte del párrafo segundo del citado numeral, en relación con el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley de la Materia, toda vez que dicho autorizado no tiene registrada cédula alguna que lo faculte para ejercer la profesión de Abogado o Licenciado en Derecho, en el Registro y Consulta de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. En la inteligencia de que, de ser necesario, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 282, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se habilitan días y horas inhábiles, para la práctica de las notificaciones que deriven de la tramitación del presente asunto.

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