María Cervantes Cervantes
Expediente 697/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 697/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 10/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- María Cervantes Cervantes
Actuaciones
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, diez de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la cual se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la quejosa haya recurrido el auto de veintiocho de mayo del presente año, en el cual se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro Uno de Juzgado correspondiente a los juicios de amparo, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y archívese el presente asunto como totalmente concluido. ...Notifíquese. ...
- Principal
Reynosa, Tamaulipas, veintiocho de mayo de dos mil veintiuno. Vista la demanda de garantías promovida por María Cervantes Cervantes, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia Familiar, con sede en Reynosa, Tamaulipas, y otra autoridad; regístrese en el libro de gobierno de este juzgado de Distrito, con el número 697/2021-IV, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113, en relación con el 61, fracción XIV, ambos de la Ley de Amparo, se desecha la presente demanda de garantías por encontrar en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, por las siguientes consideraciones. Ahora, antes de proveer sobre la admisión o desechamiento de la demanda de amparo generadora del presente asunto, debe precisarse que del análisis de los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo vigente, se desprende que es facultad del Juez de Distrito, desechar una demanda de garantías cuando encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, es ineludible precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Analizada en su integridad la demanda, se advierte que la misma resulta notoriamente improcedente, en términos del dispuesto por el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo vigente, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 31 así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Del anterior precepto legal, se colige que el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado se haya emitido dentro de un procedimiento judicial, respecto del cual, proceda algún recurso o medio ordinario de defensa por medio del cual puedan ser modificadas, revocada o nulificadas las determinaciones controvertidas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Exceptuándose de dicha regla los siguientes casos: Cuando se reclamen los actos previstos en el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, así como los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Cuando la naturaleza del acto sea de materia penal, siempre que no se trate de la sentencia definitiva. Cuando se trate de personas extrañas al procedimiento. O bien, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla. De igual forma es necesario mencionar, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante jurisprudencia 77/2013 (10a.), establece que además de las excepciones previstas en la Ley de amparo, no es necesario agotar el principio de definitividad en aquéllos casos en que esté involucrado un menor de edad, cuando el recurso ordinario no admite la suspensión del acto. No obstante, la agraviada no se encuentra en alguna de las hipótesis en cita, ya que como se indicará en su oportunidad, el acto reclamado deriva de un procedimiento de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial, promovida por la propia quejosa, aunado a que la naturaleza del acto reclamado no es de materia penal, sino de naturaleza civil. Tampoco se advierte que en el juicio de origen, se involucren derechos de algún menor de edad. En este sentido, el quejoso deberá cerciorarse antes de solicitar el amparo y la protección de la Justicia Federal, que se han agotado todos los medios ordinarios de impugnación o defensa que prevé la ley secundaria de la cual deriva el acto reclamado, ya que mediante su intento se puede modificar, revocar o nulificar dicho acto; de no hacerlo así, el juicio de amparo instaurado deberá declararse improcedente. La esencia de este principio resalta por sí misma, ya que se pretende que el amparo sea la instancia final que permita la anulación de actos de autoridad violatorios de garantías individuales, razón por la cual, si el resultado que pretende la agraviada puede obtenerlo mediante el uso de instrumentos ordinarios, se impide la utilización innecesaria del proceso constitucional, o la confusión en el uso de los medios de impugnación que interrumpan los procedimientos ordinarios, o bien se traduzcan en resoluciones contradictorias dentro de dichos procedimientos. De ahí que, como el amparo es un juicio extraordinario, es obvio que a él pueda acudirse sólo cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Sirve de ilustración en lo conducente la jurisprudencia VI.2º.C. J/260, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en la página mil ochocientos dieciséis del tomo XXIII, correspondiente a marzo de dos mil seis, materia común del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que a la letra dice: "DEFINITIVIDAD. LAS EXCEPCIONES A ESTE PRINCIPIO SON DE APLICACIÓN ESTRICTA. Para que el juicio de amparo sea procedente es necesario que el quejoso, previamente al ejercicio de su derecho de tutela, interponga el recurso o medio de defensa previsto en la ley que regula el acto reclamado por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, tal como lo indica el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo. En este sentido, la propia ley de la materia prevé determinadas excepciones al principio de definitividad, y en algunos otros casos la jurisprudencia emitida por los órganos facultados para ello, en interpretación de esta norma ha incorporado algunas otras hipótesis específicas. Por ello, fuera de esos supuestos no hay motivo para añadir otros que en concepto del juzgador puedan quedar incluidos en el catálogo que el legislador y los órganos del Poder Judicial de la Federación expresa y limitativamente han definido en la ley y en la jurisprudencia, respectivamente. Así, en principio se tiene que en todos los casos será improcedente el juicio de garantías cuando contra el acto reclamado proceda algún recurso o medio de defensa ordinario, y por excepción será procedente cuando dicho acto sea reclamado por un tercero extraño al juicio, importe peligro de privación de la vida, deportación, destierro o cualquier acto de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, o bien, en aquellos supuestos que prevea la jurisprudencia, sin que el Juez de amparo pueda aplicar más excepciones que las expresamente identificadas". En estas condiciones, con la finalidad de demostrar la improcedencia anunciada, es necesario precisar, que en el caso particular, el acto reclamado consiste en: La resolución de treinta de marzo de dos mil veintiuno, dictada por el Juez Primero de Primera Instancia Familiar del Quinto Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, por medio del cual determinó que no procedían las diligencias de jurisdicción voluntaria sobre información testimonial (ad perpetuam), promovidas por la ahora quejosa, a fin de acreditar el concubinato que dice sostuvo con Manuel Alejandro Jaime Hernández Precisado lo anterior, es necesario destacar que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es la sentencia emitida en el procedimiento de jurisdicción voluntaria de origen, actuación en contra de la cual procede el recurso de apelación en ambos efectos, de conformidad con los artículos 873, 926, 928, 930, fracción I, y 937 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, los cuales disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 873.- En jurisdicción voluntaria solamente serán apelables los autos que decidan incidentes y las sentencias; el recurso procede en ambos efectos. ARTICULO 926.- El recurso de apelación tiene por objeto que el Supremo Tribunal de Justicia revoque o modifique la resolución dictada en primera instancia; y en su caso, analice la violación procesal sostenida no consentida, decretando la reposición del procedimiento, conforme a las reglas contenidas en éste capítulo. [.] ARTÍCULO 928.- Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I.- Las sentencias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare expresamente que no son apelables; y, II.- Los autos, cuando resuelvan un incidente o expresamente lo disponga este Código. ARTICULO 930.- El término para interponer el recurso de apelación será de: I.- Nueve días si se trata de sentencia. II.- Seis días para autos. [.] ARTÍCULO 937.- La apelación en el efecto devolutivo no suspende la ejecución de la resolución impugnada. La procedente en ambos efectos paraliza de plano la ejecución, mientras el recurso no se decida, o el auto o sentencia quede firme." De lo anterior se observa, que contra el acto que en esta vía constitucional se reclama (sentencia de la jurisdicción voluntaria), procede el recurso de apelación en ambos efectos, el cual deberá de interponerse dentro de los nueve días hábiles, contados a partir de que surta efectos la notificación de la sentencia, siendo que la finalidad de dicho recurso es que el Supremo Tribunal de Justicia del Estado confirme, modifique o revoque la sentencia impugnada; razón de lo anterior, en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia invocada. Sin que en el particular se actualice algún caso de excepción a la regla, ya que no se encuentra en ningún supuesto de excepción al principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, puesto que como se indicó con anterioridad, la parte quejosa no es extraña al procedimiento, al ser esta quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria de origen; el acto reclamado es de naturaleza civil, y no se reclama ningún acto previsto en el primer párrafo del artículo 15 de la Ley de Amparo, ni de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional. Ahora, no se inadvierte la jurisprudencia 16/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se estableció que el juicio de amparo indirecto procede contra la resolución que pone fin a las diligencias de jurisdicción voluntaria, siempre que se respete el principio de definitividad. En ese contexto, en el particular, la quejosa es quien promovió las diligencias de jurisdicción voluntaria, de ahí que tenía a su alcance el recurso de apelación previsto en el artículo 873 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, por lo cual; previo a acudir a esta instancia constitucional debió promover el recurso de apelación y, de ser el caso que la resolución de segunda instancia le fuera desfavorable, instar el juicio de amparo indirecto; respetando con ello el principio de definitividad, conforme al criterio establecido por la Primera Sala del Máximo Tribunal de la República en la jurisprudencia 16/2013 (10a.) antes mencionada. En consecuencia, al actualizarse la invocada causa de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la propia ley, se DESECHA la demanda de amparo que se atiende.
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