MARIA CELIA GONZALEZ TOVAR y Otros.
Expediente 788/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 14 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 788/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 14/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- MARIA CELIA GONZALEZ TOVAR y Otros.
- Maria Celia Gonzalez Tovar
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Irapuato, Guanajuato, catorce de octubre de dos mil veintiuno. SE DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de septiembre del presente año y señala que promueve la demanda de amparo por propio derecho y en representación de las menores de iniciales ******************** y ********************, al efecto exhibe las documentales para acreditar su representación y aclara el nombre correcto de la menor de iniciales ********************; asimismo, indica que no es su deseo señalar como acto reclamado la orden de convivencia, y refiere como actos destacados los siguientes: La tramitación del juicio ***, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato. la determinación de la responsable de ordenar la entrega de la guarda y custodia provisional de la menor ********************., a favor de su progenitor, dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene a ********************, por derecho propio y en representación de las menores de iniciales ******************** y ********************, por el acto consistente en tramitación y/o actuado en el expediente ***. En primer lugar se analizará el desahogo de la prevención por lo que hace al acto reclamado que se identificó con el inciso a). ESTUDIO DE PROCEDENCIA...... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Irapuato, Guanajuato, catorce de octubre de dos mil veintiuno. SE DESAHOGA PREVENCIÓN Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por la parte quejosa, mediante el cual desahoga la prevención formulada en proveído de veintidós de septiembre del presente año y señala que promueve la demanda de amparo por propio derecho y en representación de las menores de iniciales *****, al efecto exhibe las documentales para acreditar su representación y aclara el nombre correcto de la menor de iniciales *****; asimismo, indica que no es su deseo señalar como acto reclamado la orden de convivencia, y refiere como actos destacados los siguientes: a) La tramitación del juicio *****, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato. b) la determinación de la responsable de ordenar la entrega de la guarda y custodia provisional de la menor *****, a favor de su progenitor, dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En ese sentido, se tiene a *****, por derecho propio y en representación de las menores de iniciales *****, por el acto consistente en tramitación y/o actuado en el expediente *****. En primer lugar se analizará el desahogo de la prevención por lo que hace al acto reclamado que se identificó con el inciso a). ESTUDIO DE PROCEDENCIA Ahora bien, el artículo 113 de la legislación de la materia impone la obligación de examinar la demanda debidamente y, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharse. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Así, se entiende por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Del análisis integral de la demanda y del escrito aclaratorio de cuenta, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, la tramitación y/o lo actuado en el expediente *****, del cual es parte demandada. Al respecto, este órgano jurisdiccional considera que el acto reclamado en análisis, deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV, párrafo primero, y V, ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: [...] IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme a la disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución General de la República, como actos de imposible reparación deben entenderse aquéllos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte. Actualmente, el Pleno de nuestro Máximo Órgano Jurisdiccional, interpretó lo que debe entenderse por "actos de imposible reparación"; al respecto, adujo que esos actos para ser calificados como irreparables, deben producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, que sus consecuencias sean de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no que únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender el resultado del fallo. Además, estableció que dichos actos debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de leyes adjetivas; enfatizando el Alto Tribunal que esa interpretación se deducía de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trata de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso, antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetivas. Derechos estos últimos, expresó el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia de la Nación, en los que la afectación no es actual a diferencia de los sustantivos, sino que depende de que llegue o no a trascender al desglose del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Bajo esa interpretación a la Ley de Amparo vigente, determinó que la jurisprudencia P.J.4/2001, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", resulta inaplicable, dada la connotación que el legislador aportó a la ley, respecto de lo que debe entenderse por "imposible reparación". Estas consideraciones fueron formuladas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, en la Jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), localizable en la página 39, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de rubro y texto: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aun que no lesionara derechos sustantivos, ya que con esta decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento; la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en esos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "..aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." Sobre esa base, se evidencia que existen actos que afectan derechos meramente adjetivos o procesales, que no pueden considerarse de imposible reparación, con independencia de la etapa en que se emitan, por lo que el amparo indirecto en su contra de modo inmediato es improcedente. En el caso, como se adelantó, el acto reclamado consistente en la tramitación y/o lo actuado en el expediente *****, por parte del Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, en el cual, la quejosa tiene el carácter de parte demandada, pues así lo manifiesta en su demanda. En ese sentido, se estima que dicho acto no tiene sobre la quejosa, sus bienes o derechos, una ejecución que sea de imposible reparación, porque aun cuando el Juez natural, al integrar el citado expediente emita diversas actuaciones necesarias para la prosecución del juicio, lo cierto es que al ser parte, la promovente tiene a su alcance los medios ordinarios de defensa para impugnar las determinaciones que así estime conveniente; sin embargo, la integración del juicio en sí mismo no es un acto que se considere de imposible reparación. En ese orden de ideas, en el supuesto de que alguna de las actuaciones del juez de origen le ocasionara una afectación a sus derechos sustantivos, tendría expedito su derecho para entonces sí promover juicio de amparo, pues en principio, de la demanda no se aprecia actuación alguna emitida por el Juez de instancia que sea de imposible reparación; pues se insiste, la quejosa se duele de la integración del sumario de origen, cuestión que, se considera no afecta derechos sustantivos de ésta. En razón de lo expuesto, resulta improcedente el juicio de amparo en que se controviertan actos relacionados con la integración del juicio de origen, como en el caso acontece, toda vez que los actos en estudio no son de aquellos que tengan sobre las cosas o personas una ejecución de imposible reparación al no afectar derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal y en los Tratados Internacionales en que el Estado Mexicano es parte; aunado a que, la sociedad está interesada en que se desahoguen las diligencias encaminadas a la correcta integración de los juicios por ser disposiciones de orden público e interés social. Es aplicable sobre el particular, la jurisprudencia 3ª/J.43 29/89, al resolver la contradicción de tesis 3/89, sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 291, Tomo IV Primera Parte, Octava Época al Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, ALCANCES EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación.'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso artículo 107 fracciones IV y V, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, respecto del acto en estudio; por tanto, procede desechar de plano la presente demanda de amparo, de conformidad con el diverso numeral 113 de la legislación de la materia. REMISIÓN DE DEMANDA A OCC Por otra parte, del escrito signado por la quejosa, como se asentó al inicio de este proveído, se advierte que pretende reclamar en este asunto también como acto destacado, la determinación de la responsable de ordenar la entrega de la guarda y custodia provisional de la menor *****, a favor de su progenitor, dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno. En ese orden, se tiene que la demanda de amparo promovida por la quejosa fue presentada en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato el veinte de septiembre de dos mil veintiuno, por lo que el acto señalado por la quejosa en su escrito aclaratorio es posterior al de su demanda; no obstante ello, dicho acto no guarda relación con el originalmente reclamado, dado que, como vio, aquel acto se trata de la integración del juicio de origen. Tanto más que, como se aprecia de párrafos precedentes, se desechó por notoriamente improcedente la acción intentada respecto del diverso acto reclamado; motivo por el cual el acto que nos ocupa no puede ser materia de análisis en el presente juicio de amparo. Ello es así, pues, el contenido de la fracción II del artículo 111 de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: [.] II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley." (lo resaltado es propio). La porción normativa establece que procederá la ampliación de la demanda en caso de que el quejoso conozca de diversos actos de autoridad que se encuentren relacionados con los inicialmente reclamados. Esto es, dicha circunstancia está sujeta al principio procesal de congruencia con la litis al establecer que los nuevos actos deben guardar estrecha relación con los impugnados en la demanda inicial. Por tanto, se estima que el acto reclamado en comento, no es materia de una ampliación de demanda, ello en virtud de que tal acto no guarda una estrecha relación ni se encuentra vinculado con los actos inicialmente reclamados. Es así, pues como se dijo, de la revisión a la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que el acto impugnado por la parte quejosa en su demanda de amparo, se hizo consistir en lo actuado en el juicio ordinario número F*****, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, así como diverso acto -orden de convivencia- respecto del cual la quejosa manifestó no ser necesario señalarlo en virtud de haber cambiado las condiciones legales; sin embargo, la quejosa ahora pretende también reclamar la orden de entrega de guarda y custodia dictada en dicho juicio; circunstancia que evidencia que el acto que pretende incorporar a este juicio no tiene relación alguna en el acto que se combate en la presente instancia constitucional. Sirve de apoyo, el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenido en la jurisprudencia 15/2003, publicada en la página 12, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, del semanario respectivo, que dice: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." No obstante lo anterior, si bien el acto que se estudia no guarda estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente en este juicio, en aras de garantizar el acceso a la justicia, se ordena enviar a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente. Ello, de conformidad con la jurisprudencia cuyos datos de localización, rubro y texto son: Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2022181 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 7/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA FALTA DE VINCULACIÓN ESTRECHA CON LOS ACTOS RECLAMADOS INICIALMENTE, NO OCASIONA SU DESECHAMIENTO. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes analizaron cómo debe actuar el Juez de Distrito frente a la ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente y llegaron a determinaciones divergentes, ya que uno sostuvo que el juzgador debe remitir el asunto a la Oficina de Correspondencia Común, a fin de que se registre como una nueva demanda y se turne al órgano jurisdiccional correspondiente, a efecto de que provea lo conducente, mientras que el otro resolvió que en ese caso se debe desechar la ampliación de demanda. Criterio jurídico: Si la materia de ampliación de la demanda no cumple con la exigencia de guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, el Juez de Distrito deberá remitir el escrito a la Oficina de Correspondencia Común a fin de que se le dé el trámite como nueva demanda y el juzgador en turno, al examinarla, sólo en la hipótesis de que advierta una causa manifiesta e indudable de improcedencia, podrá desecharla. Justificación: Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido, aun antes de que fuera prevista en la Ley de Amparo, que la ampliación de demanda es una figura que atiende a la exigencia del artículo 17 de la Constitución General, el cual reconoce el derecho de acceso a la justicia, que debe ser completa, pronta e imparcial. Bajo ese orden de ideas, cuando ante un Juez de Distrito se promueva una ampliación de demanda que no cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 111 de la Ley de Amparo, por no guardar estrecha vinculación con los actos reclamados inicialmente, o en ampliaciones previas, en aras de garantizar el acceso a la justicia, debe enviarla a la Oficina de Correspondencia Común para que se le dé el trámite correspondiente a una demanda independiente, ya que sólo puede desecharse una demanda ante la actualización de una causa de improcedencia manifiesta e indudable, lo que podrá hacer, en todo caso, el Juez que por razón de turno conozca de aquélla. Contradicción de tesis 83/2019. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 12 de mayo de 2020. Unanimidad de once votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luís González Alcántara Carrancá, Yasmín Esquivel Mossa, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Ana Margarita Ríos Farjat, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretaria: Liliana Hernández Paniagua. Tesis y/o criterios contendientes: El Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, al resolver la queja 29/2017, la cual dio origen a la tesis aislada I.1o.A.E.68 K (10a.), de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. NO SE CONFIGURA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 111, AMBOS DE LA LEY DE LA MATERIA, POR EL HECHO DE QUE NO SE ACREDITE LA ESTRECHA RELACIÓN ENTRE LA DEMANDA INICIAL Y SU AMPLIACIÓN.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 12 de mayo de 2017 a las 10:17 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 42, Tomo III, mayo de 2017, página 1931, con número de registro digital: 2014259, y El sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, al resolver la queja 13/2019. El Tribunal Pleno, el veintinueve de septiembre en curso, aprobó, con el número 7/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de septiembre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 09 de octubre de 2020 a las 10:19 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del martes 13 de octubre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019. Por tanto, de conformidad con el criterio de previa alusión, a fin de emitir el pronunciamiento correspondiente sobre el escrito de cuenta que se recibe, en relación con el acto reclamado consistente en la determinación de la responsable de ordenar la entrega de la guarda y custodia provisional de la menor *****, a favor de su progenitor, dictada el veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en esta ciudad, copia certificada del presente acuerdo y de la demanda de amparo, al que se adjunte el original del escrito de mérito, previa copia certificada que se deje en los presentes autos, a fin de que sea turnado como demanda independiente y se pueda proveer respecto de su contenido. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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... Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA ***** EL PROVEÍDO DICTADO EL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EL CUAL DICE: Agréguese el escrito de cuenta signado por *****, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, mediante el cual, pretende desahogar la prevención formulada en proveído de veintidós de septiembre del presente año y señala que su representada promueve la demanda de amparo por propio derecho y en representación de las menores de iniciales ***** y ***** asimismo, indica que no es su deseo señalar como acto reclamado la orden de convivencia, y únicamente refiere como acto destacado la tramitación del juicio *****, del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato. En atención a lo anterior, a fin de realizar el pronunciamiento correspondiente respecto del ocurso que se recibe, se precisa que en la parte considerativa de la contradicción de tesis 61/2014 que derivó en la jurisprudencia 1a./J. 50/2014, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó lo siguiente: "(.) Además, esta Primera Sala ha considerado que la acción es un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, cuyo ejercicio corresponde iniciarlo a quien formula una pretensión litigiosa y dice ser titular de un derecho controvertido, lo que ocurre mediante el acto de presentación de la demanda del juicio, pues es entonces que se formula una pretensión litigiosa ante un órgano jurisdiccional, por lo que los actos directamente vinculados con la formulación de tal pretensión inicial, o sea, la formulación de la demanda, son exigibles al quejoso como titular del derecho de acción o a su representante legal, pues lo que se define mediante tales actos es la debida formulación de lo solicitado. Tal criterio arroja que la demanda de amparo exige que la petición provenga directamente de quienes figuran como quejosos (o sus representantes legales), pues al ser los titulares de la acción, son los únicos legitimados para decidir qué actos son los que les ocasionan perjuicio y de qué manera es que lesionan sus garantías individuales, conforme con el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo y acorde con el contenido de los artículos 107, fracción I, de la constitución y 4o. de la Ley de Amparo, vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, así como de los artículos 5o., fracción I, y 6o. de la nueva Ley de Amparo vigente; es decir, debe contar con la firma autógrafa del quejoso o de su representante legal o apoderado, así como la manifestación "bajo protesta de decir verdad" de los antecedentes del acto reclamado, lo cual no puede sustituirse por la de un autorizado dentro de un procedimiento, pues ellos no son los titulares del derecho legítimamente tutelado, cuya salvaguarda se solicita a través del amparo. (Se transcribe artículo 6o de Ley de Amparo) De lo antes precisado se advierte que sólo podrá promover el juicio de amparo, a quien perjudique la norma general o el acto reclamado, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo; de manera que si es el representante de la quejosa quien suscribe la demanda de amparo, también deberá cumplir con el requisito formal de mérito, esto es, expresar que las manifestaciones de hechos o abstenciones que le constan y que constituyen los antecedentes del acto reclamado, así como el que se hace bajo protesta de decir verdad, ya que la disposición legal que prevé este requisito, no exime de tal obligación procesal cuando el suscriptor de la demanda sea el representante de la parte quejosa. Conviene aclarar que la representación a que se refiere el artículo 6o. de la Ley de Amparo es aplicable no únicamente cuando la parte quejosa lo sea una persona moral, sino también cuando se trate de una persona física; de tal suerte que de dicho numeral interpretado armónicamente con el diverso 108 de la referida ley, se desprende que la demanda de garantías que promueva el quejoso por conducto de su representante, debe satisfacer las mismas exigencias procesales que establece la ley de la materia en los casos en que la demanda la suscriba personalmente el quejoso, con independencia del acreditamiento de la personería. Toda vez que el juicio de garantías sólo puede seguirse a instancia de parte agraviada, o sea, por la persona física o moral a quien perjudique la norma general o el acto reclamado; sin embargo, esta circunstancia no implica que la demanda de amparo deba suscribirla forzosamente el quejoso, sino que también puede hacerlo su representante legal, quien, al hacerlo, tiene que satisfacer todas las obligaciones procesales relacionadas con el juicio de amparo, entre las que se encuentra el manifestar, bajo protesta de decir verdad, los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado. La realización de todos estos actos por el representante legal conlleva indiscutiblemente a cumplir con las responsabilidades inherentes al mandato; tanto en lo que corresponda con su mandante, como con las autoridades ante quien haya realizado cualquier gestión relacionada con el juicio de amparo. No obstante lo anterior, aun cuando el representante legal tenga las facultades y obligaciones para instaurar el procedimiento, dicha figura no puede equipararse al autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2587 y 2588 del Código Civil Federal, en los que se requiere de la satisfacción de requisitos especiales, como lo es la escritura pública o la presentación de un escrito ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos, además de que si el Juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación del mismo. Requisitos éstos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo. (.)" La anterior transcripción hace referencia a la cuestión inherente a la legitimación para promover el juicio de amparo, que sujeta a que el acto reclamado afecte la esfera jurídica del agraviado; esto es, que a quien perjudique la norma general o el acto reclamado solo podrá promover el juicio de amparo, pudiendo hacerlo por sí o por conducto de su representante, por su apoderado o cualquier persona en los casos previstos en la Ley de Amparo. En ese orden, de la interpretación armónica de los artículos 6º y 108 de la Ley de Amparo, se desprende que cuando la parte quejosa promueve la demanda por conducto de su representante, se deben satisfacer las mismas exigencias procesales que establece la ley de la materia en los casos en que la demanda la suscriba personalmente el quejoso, con independencia del acreditamiento de la personería. Esto, porque la realización de todos estos actos por el representante legal conlleva indiscutiblemente a cumplir con las responsabilidades inherentes al mandato. Sin embargo, esa representación legal no puede equipararse a la autorización conferida en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, en virtud de que el mandato judicial, cuyo alcance se encuentra previsto en los artículos 2587 y 2588 del Código Civil Federal, requiere de la satisfacción de requisitos especiales, como lo es la escritura pública o la presentación de un escrito ratificado por el otorgante ante el Juez de los autos, además de que si el Juez no conoce al otorgante, exigirá testigos de identificación del mismo. Requisitos que no se podrían tener por colmados con la sola presentación de la promoción de autorización en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de Amparo. Ahora bien, el aludido requerimiento se formuló con la finalidad de que la parte quejosa manifestara si promovía la demanda de amparo también en representación de las menores de edad de iniciales ***** y *****, así como para que precisara el acto que pretende reclamar, toda vez que son datos que resultan necesarios para estar en condiciones de proveer lo conducente respecto de la demanda presentada. Por su parte, el autorizado de la parte quejosa, a través del escrito de cuenta pretende dar cumplimiento a la respectiva prevención. Sin embargo, se considera que el ocursante carece de atribuciones para desahogar el citado requerimiento, en virtud que el carácter de autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que le asiste en este asunto, no lo faculta para realizar dicho cumplimiento a nombre de la parte quejosa; ello, toda vez que sus facultades no corresponden a las de un representante o mandatario y, en el caso, el citado requerimiento implica la fijación del acto reclamado y parte por quien se promueve el amparo, lo cual, se considera es un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien promovió la demanda, que en el caso es la quejosa *****, al versar sobre la precisión del acto reclamado y el señalamiento por quien promueve la demanda de amparo, el cual afecta directamente la esfera jurídica de aquella. Lo anterior, toda vez que la legitimación constituye un requisito de procedibilidad de la acción, incluido en el juicio de amparo y por tanto, corresponde al Juez de amparo analizarla, porque tal regla se deriva de lo dispuesto en el criterio jurisprudencial invocado. Por tanto, no procede tener por desahogada la prevención de mérito, por lo que se informa a la parte promovente que cuenta con el término de tres días a efecto que atienda lo requerido en el auto preventivo, que se contará a partir del siguiente al que surta efectos la notificación de este proveído, por lo que subsiste el apercibimiento decretado en el auto de prevención para el caso de no hacerlo; lo anterior, en atención a que el ocurso aclaratorio fue presentado vía electrónica el uno de octubre de dos mil veintiuno, es decir, el segundo día del término de cinco que se concedió para que desahogara esa carga procesal, por lo que tal circunstancia interrumpe dicho plazo. AMPLIACIÓN DE DEMANDA En otro orden, en relación a la ampliación de demanda que pretende realizar el autorizado de la parte quejosa, dígasele que este no es el momento procesal oportuno para emitir el pronunciamiento en torno a ello, puesto que la demanda inicial aún no se ha admitido a trámite, en virtud de lo apuntado en los párrafos que anteceden
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