María Celia Fernandez Suarez
Expediente 1800/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 25 actuaciones registradas, la última del 26 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1800/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 26/07/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro · Guerrero
Partes del expediente
- María Celia Fernandez Suarez
- Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Poder Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de los presentes autos y la certificación que antecede, se aprecia que mediante proveído de dieciséis de mayo del año que transcurre, se declaró cumplida la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, habiendo transcurrido el término de quince días que tiene la parte legitimada para inconformarse con esa resolución, en términos del artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que lo haya hecho así; en consecuencia, se entiende que existe conformidad con dicha determinación. Ahora bien, toda vez que el presente juicio se encuentra definitivamente concluido, con fundamento en el artículo 214, de la citada ley, archívese el mismo. Entonces, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo cultural, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en su artículo 17, fracción III, inciso a), del capítulo quinto, relativo a los expedientes conservables, se determina que este expediente es susceptible de conservación, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Ahora bien, respecto de los cuadernos incidentales, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo General, antes citado, Capitulo Cuarto, artículo 12, acuérdese en ellos lo conducente en relación a su archivo. Finalmente, se instruye al actuario judicial de la adscripción, que tratándose de los oficios girados a las autoridades responsables que se encuentren haciendo uso de sus periodos vacacionales o porque las dependencias se encuentren cerradas por cualquier otro motivo, haga entrega de las comunicaciones una vez que éstas reanuden el servicio al público. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de Los Bravo, Guerrero, a veintiséis de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los autos del juicio principal del que deriva el cuaderno incidental en que se actúa, se advierte que en proveído de esta quedó firme el cumplimiento de la sentencia dictado en el presente asunto; por tanto, en observancia del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, en específico en el capítulo cuarto, artículo 12, se procede a la valoración de los presentes cuadernos. Por cuanto hace al original del incidente de suspensión, toda vez que en proveído de seis de diciembre de dos mil veintidós e interlocutoria de trece de ese mismo año, se concedió la suspensión definitiva, es susceptible de ser conservable, una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en la fracción III, inciso b) del artículo 17, del Acuerdo General antes mencionado; y respecto al duplicado, éste deberá ser destruido una vez transcurridos seis meses de haberse resuelto la suspensión definitiva solicitada, de conformidad con lo establecido en el artículo 19, fracción II inciso a), del Acuerdo General antes mencionado; en consecuencia, remítanse al archivo hasta en tanto transcurran los plazos antes señalados. Notifíquese.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado jurídico procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que mediante oficios 5347 y CJE/SGC/SAC/374/2022, recibidos en este órgano jurisdiccional el cinco y veintisiete de octubre de dos mil veintidós, las autoridades dieron cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el órgano colegiado, pues de las constancias que adjuntó el Secretario Auxiliar de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se desprende copia certificada de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 26/2014. . En mérito de lo anterior, el seis de octubre de dos mil veintidós y veintiuno de abril de dos mil veintitrés, este Juzgador Federal ordenó dar vista a la parte quejosa, con los referidos oficios y anexos, para que dentro del término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera, apercibidas que de no hacer manifestación alguna, este órgano jurisdiccional acordaría lo que en derecho correspondiera. Acuerdos que se notificaron personalmente a la parte quejosa el diez de octubre de dos mil veintidós y veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Por tanto, con fundamento en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar si el fallo protector se encuentra o no cumplido cabalmente. Con ese propósito, conviene indicar que por resolución de veintiocho de abril de dos mil veintiuno, este Juzgado Federal resolvió lo siguiente: "R E S U E L V E: PRIMERO. La justicia federal NO AMPARA NI PROTEGE a María Celia Fernández Suárez, por propio derecho, por los actos y autoridades precisados en el considerando tercero de este fallo, por las razones expuestas en el diverso quinto. SEGUNDO. En cumplimiento al punto primero del Acuerdo General 29/2007, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena la captura de la presente determinación en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE).." Dicha resolución fue combatida mediante el recurso de revisión del que conoció el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, Guerrero, el que mediante resolución de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, dictada en el toca de amparo en revisión administrativa 90/2021, resolvió: ".PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Celia Fernández Suárez, contra el acto reclamado a la autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, consistente en la omisión de resolver de modo oficioso sobre la nulidad de la resolución administrativa sancionatoria emitida en el procedimiento administrativo 26/2014, atento a lo expuesto en el considerando séptimo de esta ejecutoria. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a María Celia Fernández Suarez, contra las autoridades responsables y acto reclamado que se indican en el resultando primero de la presente resolución -respecto de los que no se sobreseyó-; en el entendido que, por lo que hace a la que tiene el carácter de ejecutora Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, se constriñe en exclusiva al acto relativo a la ejecución de la sanción administrativa disciplinaria impuesta a la quejosa en el procedimiento administrativo 26/2014, de su índice, para los efectos que se indican en el considerando noveno de esta ejecutoría. (.)" (sic) Así, en proveído de treinta de agosto de dos mil veintidós, se requirió a la autoridad responsable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, el cumplimiento del fallo protector, para el efecto de que: "[.] Cese en su omisión de actuar oficiosamente y, en términos de lo resuelto en esta ejecutoria de amparo, con libertad de jurisdicción dilucide si la responsabilidad administrativa que se le fincó, relativa al incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 46, fracción XXI, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada, fue suprimida, al igual que el Título Tercero de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, hoy en día también abrogada, pero vigente cuando se resolvió sobre la responsabilidad administrativa que se le fincó. Derivado de lo anterior establezca en definitiva si es ejecutable o no la sanción administrativa que le aplicó de dos meses de suspensión del cargo de Juez de Primera Instancia, de conformidad con el artículo 52, fracción III, en relación con el diverso 55, fracción I, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada en aplicación de una Ley de manera retroactiva, beneficio de la ahora inconforme conforme se establece en el artículo 14, párrafo primero, constitucional. La concesión del amparo se hace extensiva al acto reclamado a Ia diversa autoridad responsable Consejo de la Judicatura del Estado de Guerrero, consistente en la inminente ejecución de la sanción administrativa impuesta a la quejosa, relativa a dos meses de suspensión en el cargo de Jueza de Primera Instancia, pues su inconstitucionalidad se alegó en vía de consecuencia y no por vicios propios, de tal forma que los efectos del amparo serán para: Que no se ejecute tal sanción administrativa hasta en tanto la autoridad responsable Pleno del Tribunal Superior de Justicia de esta Entidad Federativa, resuelva el tema referente a la pretendida aplicación retroactiva en beneficio de la servidora pública sancionada, que busca que en la etapa de ejecución de la sanción mencionada se anule la resolución administrativa sancionatoria. [.]" (sic) Por lo anterior, y al ser el cumplimiento de una ejecutoria de amparo una cuestión de orden público y de análisis oficioso, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, procede resolver, si de acuerdo con las constancias que envió la autoridad responsable, se encuentra cumplido o no el fallo protector, así como verificar si dentro de éste existió exceso o defecto, o si hubiera imposibilidad para cumplirla. Con ese propósito, conviene indicar que en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco de Juárez, Guerrero y mediante proveído de treinta de agosto del año en curso, se requirió el cumplimiento a la protección constitucional concedida a María Celia Fernández Suárez, para el efecto de que la autoridad responsable Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, diera cumplimiento a lo ordenado por el Órgano Colegiado. Ahora bien, a fin de determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida se realiza el siguiente cuadro comparativo con los elementos respecto de los cuales se debió acatar la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, residente en Acapulco, y los términos en que se dictó la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Efectos por los que se concedió la protección constitucional. Puntos que se atendieron en la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. 1.- Cese en su omisión de actuar oficiosamente y con libertad de jurisdicción dilucide si la responsabilidad administrativa que se le fincó a la quejosa, relativa al incumplimiento de la obligación prevista en el artículo 46, fracción XXI, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada, fue suprimida, al igual que el Título Tercero de la Ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios de Guerrero, hoy en día también abrogada, pero vigente cuando se resolvió sobre la responsabilidad administrativa que se le fincó. Se atendió lo siguiente: ".A efecto de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, es conveniente hacer las siguientes precisiones: El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que consagra: "Artículo 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna." El artículo constitucional mencionado, prohíbe la aplicación retroactiva de la ley en perjuicio de persona alguna; sin embargo, interpretado a contrario sensu, otorga un derecho al gobernado, a que se le aplique retroactivamente una ley, cuando ello sea en su beneficio. Orienta lo anterior, la tesis aislada sostenida por el Primer Tribunal colegiado del Décimo Circuito, Registro Digital: 212697, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, Materia (s): Penal, Tesis: X.1o.78 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo XIII, Mayo de 1994, página 529, Tipo: Aislada, de rubro y texto siguientes: "RETROACTIVIDAD DE LA LEY. Por disposición del artículo 14 constitucional "a ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Interpretando a contrario sensu dicho mandamiento constitucional, es posible la aplicación retroactiva de la ley penal en beneficio del reo. Siguiendo tal lineamiento, el artículo 56 del Código Penal Federal, establece que "cuando entre la comisión de un delito y la extinción de la pena o medida de seguridad entrare en vigor la nueva ley, se estará a lo dispuesto en la más favorable al inculpado o sentenciado". Por lo que si el caso se encuentra dentro de la hipótesis legal, no cabe más que la aplicación de oficio de la nueva ley. En consecuencia, como la reforma del delito contra la salud, beneficia al procesado por cuanto a que disminuye la pena del ilícito que se le imputa al hoy quejoso, entró en vigencia con posterioridad a la sentencia del primero y segundo grado que impusieron la pena de once años seis meses de prisión y multa de dos mil ciento ocho nuevos pesos setenta y cinco centavos, corresponde a este Tribunal, de oficio, declarar la aplicación de la nueva ley, pues de otra manera se consumaría de modo irreparable una violación constitucional. En esa tesitura, se tiene que el numeral 44 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada, que estaba vigente cuando ocurrió la falta administrativa y se sancionó a la jueza María Celia Fernández Suárez, por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado, señalaba que: "Artículo 44.- En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley, así como en la apreciación de las pruebas, se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales, así mismo se atenderán en lo conducente las del Código Penal del Estado." Atendiendo a la interpretación al artículo 44 de la Ley antes invocada, dispone que en todas las cuestiones relativas al procedimiento no prevista en esa ley, se deben observar en lo conducente las disposiciones del Código Penal del Estado de Guerrero, e incluso las del Código de Procedimientos Penales de la misma Entidad, cuya aplicación deben entenderse en términos generales, dado que no se refiere a un título o capítulo de aquella legislación administrativa, pues al decir esta ley, se refiere a cualquier procedimiento o etapa del proceso contenido en el Código de Procedimientos Penales, e incluso en el procedimiento de ejecución de sanciones. Tal criterio lo establece la jurisprudencia sustentada por el Pleno del Vigésimo Primer Circuito, Registro Digital: 2017504, Instancia: Plenos de Circuito, Décima Época, Materias (s): Administrativa, Tesis: PC.XXI: J/13 A (10a ), Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo II, página 2281, Tipo: Jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL ESTADO DE GUERRERO Y, EN SU CASO, EL CÓDIGO PENAL LOCAL, SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE A TODOS LOS PROCEDIMIENTOS REGULADOS POR LA LEY ESTATAL RELATIVA (LEGISLACIÓN ABROGADA). La aplicación extensiva de los lineamientos interpretativos definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 60/2001, dada la identidad jurídica sustancial entre lo establecido por las regulaciones federal y local, en materia de responsabilidades de los servidores públicos, conlleva a interpretar que el artículo 44 de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero abrogada, al disponer que "En todas las cuestiones relativas al procedimiento no previstas en esta Ley ... se observarán las disposiciones del Código de Procedimientos Penales, así mismo se atenderán en lo conducente las del Código Penal del Estado", debe entenderse en términos generales, toda vez que no se refiere a un título o capítulo de aquella legislación en concreto, sino que al decir en "esta ley", alude a cualquier procedimiento contenido en este ordenamiento jurídico, inclusive el de ejecución de sanciones, ya que si no distingue, tampoco puede hacerse diferenciación alguna en cuanto a su aplicación; lo que se robustece si se toma en consideración que esta interpretación es congruente con la naturaleza jurídica sancionadora de la ley de la materia y con los principios generales que con ésta se relacionan, pues si las normas de derecho común que la rigen son las relativas al orden penal, se justifica plenamente que, ante la ausencia de un cuadro normativo general respecto de situaciones jurídicas que exigen su imperiosa regulación, como son las cuestiones relativas a alguno de los procedimientos que en la ley citada se establecen, por seguridad jurídica del gobernado se apliquen supletoriamente las disposiciones de los códigos señalados." En ese orden de ideas, debe decirse que en materia administrativa es procedente la aplicación del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, Número 357, abrogado a efecto de resolver las cuestiones no previstas en la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, que estaba vigente cuando se cometió la falta administrativa y se sancionó por el Pleno del Consejo de la Judicatura del Estado. Ahora, el artículo 145 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, Número 357, abrogado, establecía: "Artículo 145.- Quien se encuentre en el caso de aplicación de ley más favorable, por supresión del cuerpo del delito o modificación de la naturaleza o la duración de la pena o la medida de seguridad, ocurrirá al Tribunal Superior de Justicia para que éste anule total o parcialmente la sentencia y disponga la aplicación de la nueva Ley, sin perjuicio de que el Tribunal actúe de oficio o a petición de la autoridad ejecutora de sanciones. (.)". En ese contexto, conforme a lo previsto en los artículos arriba citados, y al criterio jurisprudencial invocado, se atiende a la supletoriedad de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada, que establecía la falta administrativa en el artículo 46, fracción XXI, por la cual fue sancionada la servidora pública, disponía: "ARTÍCULO 46.- Todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión: (.) XXI.- Abstenerse de cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servicio público, y (.)" En efecto, dicha disposición jurídica señalaba que todo servidor público tiene como obligación salvaguardar la lealtad, honradez, legalidad, imparcialidad y eficiencia que deben observar en el desempeño de su cargo o comisión y abstenerse de cualquier acto u omisión que impliquen el incumplimiento de cualquier disposición jurídica relacionada con el servidor público. "Ahora bien, del análisis comparativo de ambas leyes, se observa que el artículo 46, fracción XXI, de la Ley Número 674 de Responsabilidad de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada, por el cual fue sancionada la servidora pública, resulta ser correlativo a los artículos 7, fracción I, y 51 de la ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, ya que ambas disposiciones legales estatuyen que todo servidor público debe conducirse en su encargo respetando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia; igualmente de abstenerse de realizar cualquier acto u omisión que implique incumplimiento de cualquier norma legal relacionada con su servicio." Derivado de lo anterior establezca si es ejecutable o no la sanción administrativa que le aplicó de dos meses de suspensión del cargo de Juez de Primera Instancia, de conformidad con el artículo 52, fracción III, en relación con el diverso 55, fracción I, de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, abrogada en aplicación de una Ley de manera retroactiva, beneficio de la ahora inconforme conforme se establece en el artículo 14, párrafo primero, constitucional. "En ese estado de las cosas, es conclusivo determinar que la falta en que incurrió la servidora Pública María Celia Fernández Suárez, subsiste, ya que se encuentra prevista en los artículos 7, fracción I, y 51 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, de ahí que los integrantes de este Pleno, consideran determinar que la sanción impuesta de dos meses de suspensión del cargo de Jueza de Primera Instancia a dicha servidora pública, pronunciada en vía de revisión oficiosa el treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente administrativo 026/2014, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, es ejecutable". Primero. En términos de lo expuesto en el primero considerando de esta resolución, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, es competente para conocer y resolver sobre la omisión en forma oficiosa respecto de la abrogación o derogación de la Ley Número 674 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero y del Título Tercero de la ley Número 695 de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Guerrero, y como consecuencia respecto de la nulidad de la resolución pronunciada el treinta de marzo de dos mil dieciséis. Asimismo, el Magistrado Presidente del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, informó que mediante resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Guerrero, en cumplimiento a la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primero Circuito, con sede en esta ciudad, en el amparo en revisión administrativa 90/2021, deducido del presente juicio de amparo, resolvió en vía de revisión oficiosa en el expediente administrativo 026/2014, formado con motivo del procedimiento administrativo iniciado en contra de María Celia Fernández Suárez, por su actuación como Jueza Segundo de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelos, el cual resolvió: ".Segundo. Por las razones expuestas en el presente fallo, la falta en que incurrió la servidora pública María Celia Fernández Suárez, subsiste, ya que se encuentra prevista en los artículos 7, fracción I, y 51 de la Ley Número 465 de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guerrero, de ahí que los integrantes de este Pleno, consideran determinar que la sanción impuesta de dos meses de suspensión del cargo de Jueza de Primera Instancia a dicha servidora pública pronunciada en vía de revisión oficiosa el treinta de marzo de dos mil dieciséis, en el expediente administrativo 026/2014, del índice del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, es ejecutable. " De ahí que, en cumplimiento a los requerimientos hecho por este órgano jurisdiccional, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado y el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, ambos con sede en esta ciudad, informaron el acatamiento al fallo protector, ello, en oficio 5347, presentado en la oficialía de partes de este Juzgado Federal el cinco de octubre de dos mil veintidós, adjuntando para tal efecto copia certificada de la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, y mediante diverso oficio CJE/SGC/SAC/374/2022, de veintisiete de octubre de dos mil veintidós; documentales a las que se concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de conformidad con su artículo 2º, por haber sido emitidas por la autoridad responsable en ejercicio de sus funciones. De lo anterior, se advierte que la autoridad responsable emitió la resolución de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente 26/2014, mismas que fue analizadas en párrafos que anteceden. En esa virtud, se estima que la ejecutoria de amparo fue cumplida en los precisos términos para los que se otorgó la protección constitucional, de conformidad con el artículo 77, de la Ley de Amparo, lo cual implica que la autoridad responsable no incurrió en exceso ni defecto en dicho cumplimiento, entendiendo por lo primero cuando la autoridad realiza más acciones de las estrictamente necesarias para cumplir con lo ordenado en la ejecutoria de amparo y, por el contrario, hay defecto, cuando su actuación resulta insuficiente para lograr el cumplimiento ordenado, ya se trate de actos positivos o bien negativos; lo que en la especie no aconteció. Por lo anterior, es evidente que la autoridad responsable, se sujetó a los lineamientos vertidos en la sentencia dictada en autos; por lo que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, tercero y cuarto párrafos de la Ley de Amparo, se DECLARA CUMPLIDA la ejecutoria de mérito. Por otra parte, en mérito de lo anterior, dese vista a la parte quejosa por un plazo de quince días para efecto de lo previsto en los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo; hecho lo anterior, dese nueva cuenta y acuérdese lo que en derecho corresponda, ello, en términos del diverso 214 de la ley de la materia. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario General de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, mediante el cual refiere dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente juicio. Por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de la materia, dése vista a la parte quejosa, por el término de tres días, contados a partir del siguiente al en que le surta efectos la notificación de este proveído para que manifieste lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copia simple del mismo; con el apercibimiento que de no hacerlo, este juzgado federal, emitirá pronunciamiento respecto a si se encuentra o no cumplida dicha ejecutoria. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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