María Celia Estrada Valencia
Expediente 919/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 919/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Celia Estrada Valencia
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, téngase por recibido el oficio del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que anexa copia de la resolución pronunciada en el conflicto competencial número 45/2023 de su índice, de fecha trece de los actuales, de la que se advierte en sus puntos resolutivos: "ÚNICO. Se declara legalmente competente para conocer de la demanda de amparo al Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México.". Sin que sea necesario remitir el acuse de recibo dado no lo solicitó, y archívese este expediente como asunto concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diez de mayo de dos mil veintitrés, el presente cuaderno de antecedentes es destruible en el plazo de seis meses, ya que este órgano federal se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo, de conformidad con el artículo 19, fracción I, inciso b) de esa normatividad. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Actuario Judicial adscrito al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, mediante el cual informa que se avocó al conocimiento del conflicto competencial planteado por el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, dado que insistió en no aceptar la competencia declinada por este órgano jurisdiccional, el cual quedó registrado bajo el número C.C.A. 45/2023, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales procedentes. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual acusa recibo del oficio al que se anexó el juicio de amparo número 1163/2023-III de su índice, por el cual informa que insiste en declinar competencia a favor de este órgano jurisdiccional; asimismo, comunica que remitió los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, en turno, para que resuelva el correspondiente conflicto competencial. Notifíquese.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de julio de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Agréguese el oficio proveniente del Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual se comunica el auto de trece de los cursantes, dictado en el juicio de amparo indirecto 1163/2023, por el que determinó carecer de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida María Celia Estrada..., por derecho propio; por lo que, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se registra la demanda de amparo promovida por María Celia Estrada ..., por derecho propio; fórmese el expediente relativo con el número 919/2023-VIII, que le correspondió en el libro de gobierno que para tal fin se lleva en este Juzgado. INCOMPETENCIA El juzgado federal declina la competencia en favor de este órgano al considerar carecer de competencia por razón de territorio, en virtud de lo siguiente: "Del escrito inicial de demanda se advierte que el quejoso reclamó a la Secretaría de Bienestar, el siguiente acto: 4.- ACTO RECLAMADO: Reclamo el pago de la Pensión para Adulto Mayor. ... Asimismo, se observa que el domicilio de la credencial de elector de la promovente con clave de elector..., se advierte el siguiente: C. IZTACALCO MZ 646 LT1 ... Refirió que la cuestión relativa a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público, tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, por lo que a fin de no infringir las normas de carácter procedimental que rigen el juicio de amparo, se procede al análisis correspondiente. En ese orden de ideas, la Juzgadora de Control Constitucional estimó carecer de competencia legal, debido al territorio, para conocer del presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, de la Ley de Amparo, que establece: Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De la anterior trascripción, se conoce, esencialmente, que es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Precisado lo anterior, de la lectura de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, el pago de la Pensión para Adulto Mayor. Asimismo, del capítulo de hechos en lo que interesa, se advierte lo siguiente: . Fui registrada al inicio del programa para personas adultos mayores aproximadamente el año de 2019. En julio de 2022 me suspendieron mi pensión para Adulto Mayor sin motivo alguno, al ir a solicitar información en el módulo de atención de las Américas en el Estado de México donde corresponde mi registro, me informaron que yo aparecía en situación de ACTIVO EMITIBLE, a lo que no me supieron explicar lo que significaba tal situación y que tenía que volverme a registrar. De lo anterior, se desprende que la quejosa manifestó bajo protesta de decir verdad que el registro al programa de Bienestar corresponde en el módulo las Américas, Estado de México, y por ende los actos que reclama han de tener ejecución en dicha entidad federativa." Con motivo de todo lo anterior, procedió a declinar competencia a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan, en turno, mismo que por razón de turno correspondió conocer a este Juzgado de Distrito. Respetuosamente, este órgano federal no comparte el sentido de la determinación de la homóloga oficiante, por las razones que a continuación se expresarán: En principio, debe mencionarse que haciendo un análisis de la demanda de amparo, en el capítulo respectivo, la quejosa refiere como acto reclamado el pago de pensión para adulto mayor que reclama de la Secretaría del Bienestar ubicada en la Ciudad de México. Por otra parte, señaló como domicilio propio de la quejosa el ubicado en: Bosques de Ecuador, número 54, Colonia Bosques de Aragón, Código Postal 57170, Nezahualcóyotl, Estado de México, el que si bien también señaló para oír y recibir notificaciones, también cierto es que ello no implica que no pueda coincidir con el domicilio que habita. Por último. la promovente agregó a su demanda una copia de su credencial para votar, misma que se adjuntó en copia simple, y si bien es cierto que en ella aparece como domicilio -C IZTACALACO MZ 646 LT 1 COL. CIUDAD AZTECA 3RA SECCION 55120, ECATEPEC DE MORELOS, MÉXICO, peteneciente a la jurisdicción donde es competente este juzgado federal, lo cierto es que debido a que se trata de una copia simple no genera plena convicción, aunado a que ese documento por sí solo no demuestra fehacientemente que el domicilio que ahí se indica realmente corresponda al que habita la quejosa. Sirve de apoyo la tesis VI.1o.C. J/26, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en el Tomo XXIX, Mayo de 2009, página 986, de registro digital 167262, de rubro y texto siguiente: "DOMICILIO. NO PUEDE DEMOSTRARSE SÓLO MEDIANTE UNA CREDENCIAL DE ELECTOR. Como es un hecho notorio que para efectos de obtener una credencial de elector, la entidad respectiva no exige que ante ella se acredite fehacientemente el domicilio pues basta la simple manifestación del interesado, resulta evidente que ese medio de suyo es ineficaz para comprobar esa circunstancia, toda vez que si bien es cierto que se trata de un documento público, también lo es que debe contemplarse y valorarse a la luz de lo dispuesto por el artículo 202, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria." Precisado lo anterior, ahora debe tenerse presente que el artículo 37 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Así, en cualquiera de las hipótesis que contempla el numeral anunciado, para que el Juzgado de Distrito pueda conocer del asunto, se debe tener la certeza del lugar en el que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto o norma reclamada, o bien, del lugar en el que ha comenzado a ejecutarse y el lugar en donde se siga ejecutando. Por lo tanto, si de la demanda de amparo, por una parte, se advierte que el domicilio que señaló la quejosa se encuentra en Nezahualcóyotl, Estado de México; por otra, que solicitó su corrección o actualización y revisión de datos en padrón con folio 3972287, mismo que obtuvo respuesta por parte de la responsable en la Ciudad de México; y, finalmente, adjuntó una copia simple de su credencial para votar, donde se advierte un domicilio en Ecatepec de Morelos, Estado de México; se llega a la conclusión de que al menos en esta etapa procesal no se puede afirmar fehacientemente el lugar donde se llevará a cabo la ejecución del acto reclamado. Consecuentemente, se concluye que la homóloga federal requiere de mayores elementos antes de declinar la competencia planteada, ello bajo los argumentos señalados con anterioridad, pues se insiste, no se encuentra plenamente probado el lugar en el que se llevará a cabo la ejecución del acto reclamado. En atención a lo anterior, este juzgado estima que por el momento, no se tiene certeza del lugar donde se ejecutará el acto reclamado; y, por ende, se estima que la homóloga federal previo a declinar la competencia a este órgano jurisdiccional, debió realizar un análisis exhaustivo de la demanda de garantías y si advertía alguna deficiencia, irregularidad u omisión que debiera corregirse, requerir a la parte quejosa para subsanarla, o bien, esperar la rendición de los informes justificados para advertir mayores elementos previo a declinar competencia. Sirve de apoyo la tesis I.6o.P.18 K (10a.), del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, visible en el Libro 60, Tomo III, página 2189, Noviembre de 2018, de rubro y texto siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE DECLINARLA SIN FIJAR PREVIAMENTE LOS ACTOS RECLAMADOS EN LA DEMANDA UNA VEZ EFECTUADO SU ANÁLISIS INTEGRAL. El Juez de Distrito que previno en el conocimiento de la demanda de amparo, no debe declinar la competencia a un diverso Juez Federal, sin fijar previamente los actos reclamados en aquélla, una vez efectuado su análisis integral, pues en los supuestos en que se advierta alguna deficiencia, irregularidad u omisión que deba corregirse, en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, deberá prevenir al quejoso para que la aclare y precise los actos reclamados, para poder, si es el caso, declinar su competencia." Corolario a la anterior, si bien la propia Ley de Amparo en su artículo 37, señala que será Juez competente el que tenga la jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución o trate de ejecutarse, lo cierto es que no se tiene de manera plena demostrado que el acto ha de ejecutarse en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, y es criterio del Máximo Tribunal del País que la competencia debe quedar debidamente acreditada; por tanto, este órgano federal no acepta la competencia declinada en su favor, por lo que devuélvase el expediente al juzgado oficiante y solicítese atentamente se sirva remitir el acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, por analogía, la tesis X.2o.T. J/1 L (11a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Undécima Época, que establece lo siguiente: "CONFLICTO COMPETENCIAL POR RAZÓN DE FUERO EN MATERIA LABORAL. ANTE LA FALTA DE PRUEBAS QUE ACREDITEN FEHACIENTEMENTE QUÉ ÓRGANO DEBE CONOCER DEL ASUNTO, CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE PREVINO EN SU CONOCIMIENTO. Hechos: Un trabajador reclamó en la vía ordinaria laboral diversas prestaciones a una empresa que proporciona servicios a Petróleos Mexicanos (Pemex), con base en un contrato de obra; el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Individuales estimó que carecía de competencia por razón de fuero y, por ende, que el asunto debía conocerlo una autoridad local; por tanto, ordenó remitir los autos al Tribunal Laboral local, que no aceptó la competencia y planteó un conflicto competencial. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que en un conflicto competencial por razón de fuero en materia laboral, ante la falta de pruebas que acrediten fehacientemente qué órgano debe conocer del asunto, corresponde a la autoridad que previno en su conocimiento. Justificación: Ello es así, porque en relación con las reglas para determinar la competencia en materia laboral entre la autoridad federal y la local, el artículo 123, apartado A, fracción XXXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé diversas hipótesis, pues al enumerar los supuestos de competencia federal el Constituyente adoptó dos criterios atendiendo: a) a la actividad desarrollada; y, b) al tipo de empresa. En correspondencia con ello, el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo, reformado el 30 de noviembre de 2012, retomó los mismos criterios de competencia, pues de su parte inicial se colige la regla general consistente en que la aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados y, que excepcionalmente, será de competencia de la autoridad federal en los supuestos previstos en el apartado A, fracción XXXI, del artículo 123 citado; es decir, tratándose de empresas de ramas industriales y servicios; aquellas que sean administradas en forma directa o descentralizada por el Gobierno Federal; que actúen en virtud de un contrato o concesión federal y las industrias que les sean conexas, y empresas que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuentren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las comprendidas en la zona económica exclusiva de la Nación; por consiguiente, para concluir que un asunto laboral es de competencia federal y que corresponde al tribunal de la propia jurisdicción su conocimiento, debe acreditarse plenamente que se está en las hipótesis de excepción previstas en el propio enunciado normativo; lo anterior conforme a la tesis de jurisprudencia 4a./J. 49/94, sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "COMPETENCIA FEDERAL. DEBE QUEDAR PLENAMENTE ACREDITADA."; por tanto, si conforme a la manifestación del actor, la relación de trabajo con las demandadas tiene sustento en un contrato de obra en la industria de hidrocarburos, aunque esa circunstancia no esté acreditada fehacientemente, por prevención corresponde avocarse al conocimiento del conflicto laboral al Tribunal Federal, al ubicarse el caso en la hipótesis del artículo 123, apartado A, fracción XXXI, inciso a), numeral 8, de la Constitución General y 527, fracción I, numeral 8, de la Ley Federal del Trabajo; máxime si en el caso no se encuentra emplazada la parte demandada. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO CIRCUITO. Justificación: Cuando se dicta una sentencia de nulidad para efectos, la autoridad fiscal se encuentra obligada a continuar con el procedimiento de fiscalización en cualquiera de las dos fases en que quedó, cumpliendo para ello con los requisitos que establece el artículo 16 de la Constitución General, esto es, que se dicte por autoridad competente de manera fundada y motivada; no obstante, si se acreditó un cambio de domicilio fiscal de parte del contribuyente de aquella autoridad que inició el procedimiento de fiscalización a la que tiene que cumplir dicha sentencia, en atención a los artículos 44 del Código Fiscal de la Federación y 150 de la Ley Aduanera, así como a la Cláusula Décima Octava del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Estado de México, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de agosto de 2015, resulta competente la autoridad fiscal que tenga jurisdicción en el nuevo domicilio del contribuyente, ya que la autoridad fiscal que conoció de manera primigenia del procedimiento de fiscalización, ya sea en materia fiscal o aduanera, deberá trasladar sus facultades inherentes al aludido procedimiento a la nueva autoridad donde se ubique la circunscripción territorial del nuevo domicilio fiscal, siendo esta última autoridad quien continúe con el procedimiento respectivo en cualquiera de las fases en que se ubique el mismo." Fórmese cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Tomando en cuenta que el domicilio proporcionado en la demanda de amparo para oír y recibir notificaciones se encuentra fuera de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, hasta en tanto se señale algún domicilio dentro de los municipios Naucalpan de Juárez, Tlalnepantla de Baz, Atizapán de Zaragoza y Huixquilucan, todas las notificaciones aun las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se publica en los estrados de este juzgado, de conformidad con el artículo 27, fracción II de la Ley de Amparo, sin perjuicio de que este juzgado ordene, cuando así lo estime conveniente, la notificación en términos del numeral 26, fracción I, inciso k) de esa legislación. Se autoriza a las personas que refieren en los términos amplios del artículo 12, primer párrafo, de la normatividad de la materia, siempre y cuando tengan su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de medios electrónicos; tomando en consideración lo resuelto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión ordinaria de veintitrés de marzo de dos mil nueve y en la circular 12/2009 de esa misma fecha. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA Conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que pueden manifestar por escrito su oposición a que se publiquen sus datos personales, con independencia de que este juzgado, por conducto de los Secretarios y Actuarios, al elaborarse la versión pública, suprima dicha información. SOLICITUD DE INFORMACIÓN Se solicita a las partes proporcionen, de ser su deseo, un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que, en caso de que sea necesario, se pueda entablar comunicación no procesal y así estar en posibilidad de lograr una mayor celeridad en la integración de este asunto, en aras de acatar lo estipulado en el artículo 17 Constitucional. Asimismo, se pone a disposición de las autoridades responsables el correo electrónico institucional 2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx para el supuesto de que deseen presentar promociones relacionadas con el presente expediente, siempre y cuando tenga firma electrónica, o bien, las remitan de manera digitalizada con firma y sellos autógrafos, a través del referido correo electrónico oficial. También, se informa a las partes que el horario de atención al público en este juzgado de distrito es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos; de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO Conforme a lo dispuesto en los artículos 3° de la Ley de Amparo, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; se instruye al oficial de partes, oficiales judiciales o administrativos, actuarios judiciales y demás personal del órgano jurisdiccional que intervengan en la formación de este expediente, para integrar debidamente el cuaderno impreso y electrónico del presente asunto. Por tanto, dichos servidores públicos deben digitalizar las constancias de este juicio que se exhiban de manera impresa, las cuales deben ser legibles para su consulta por las partes en el expediente electrónico; además, quedan instruidos para imprimir las constancias que se adjunten de forma electrónica, para que previo acuerdo respectivo, incorporarlas al expediente impreso; lo anterior, sin que sea necesario notificar esta determinación a los referidos servidores públicos, en la medida que su intervención en la formación del expediente de mérito implica el conocimiento del presente mandato. Asimismo, se precisa que no se digitalizarán las constancias consistentes en copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante y de los que se aprecie que únicamente se presentaron con la finalidad de proteger documentos; tampoco aquellos anexos, promociones o constancias que, por imposibilidad material de origen no se puedan digitalizar, sin embargo, éstas últimas quedarán a disposición de las partes para su consulta dentro de las instalaciones de este órgano jurisdiccional. EXHORTACIÓN A TRAMITAR ASUNTOS "EN LÍNEA" En términos del artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que, cuando les sea posible, transiten hacia la actuación en el juicio en línea desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA EN EL JUICIO EN LÍNEA Se hace saber a las partes que, conforme al numeral 263 del acuerdo general mencionado en el párrafo que antecede, independientemente del esquema tradicional, híbrido o en línea con el que intervengan en este asunto, este órgano jurisdiccional adoptará como eje rector de su actividad la actuación desde las aplicaciones del Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, específicamente, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en los demás sistemas de gestión judicial, en atención a las siguientes bases: I. Todas las actuaciones judiciales que deban constar por escrito se plasmarán en documentos generados y firmados electrónicamente. II. Sólo se digitalizarán los documentos remitidos físicamente por las partes, testigos, peritos, otras personas intervinientes y autoridades ajenas al Poder Judicial de la Federación. III. La única excepción a lo dispuesto en las dos fracciones anteriores será la generación de constancias y documentos necesarios para la práctica de notificaciones que deban realizarse físicamente, así como digitalización de las razones, constancias y acuses que deriven de las mismas. IV. Las partes autorizadas para ello podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea. Quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente para consultar el expediente electrónico en los equipos dispuestos para tal efecto dentro del horario de atención al público en este órgano jurisdiccional. Notifíquese, y por oficio a la homóloga federal.
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