Maria Ceferina Cuevas Montiel
Expediente 33/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 13 actuaciones registradas, la última del 24 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 24/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Maria Ceferina Cuevas Montiel
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés. Vista la certificación de esta fecha, de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubiera recurrido la resolución mediante el cual se SOBRESEYÓ EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, autorizada el veintiséis de abril de dos mil veintitrés; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo vigente, en relación con el 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO dicha sentencia para los efectos legales a que haya lugar. Sin que haya necesidad de esperar que las autoridades se encuentren notificadas o que les transcurra el término establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo; en virtud de que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión, ello de acuerdo con lo establecido en el artículo 87 de la Ley de Amparo, toda vez que su sentido no le causa ningún agravio. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y archívese este asunto como concluido. Asimismo, se establece que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de DESTRUCCIÓN, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), de dicho ordenamiento, POR HABERSE SOBRESEÍDO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. Tomando en consideración que se encuentran glosados a este expediente documentos originales presentados por la parte quejosa, con fundamento en lo dispuesto en el antepenúltimo párrafo del artículo 21 del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se requiere a efecto de que comparezca ante este juzgado a recibirlos dentro del término de noventa días legalmente computado, con el apercibimiento que de no comparecer en el término concedido, el referido documento correrá la misma suerte que este expediente. Notifíquese, por lista de acuerdos a la quejosa.
- Principal
Vistos, para dictar sentencia, los autos del juicio de amparo número 33/2023, promovido por*** contra actos del Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, y otras autoridades, que consideró violatorios en perjuicio de sus derechos fundamentales consagrados en los artículos 1°, 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos*** TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto reclamado del 2. Juez Municipal de Atlahuilco, Veracruz, así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa aportara prueba alguna para desvirtuar tal negativa. Máxime que de las constancias que integran el sumario natural no se advierte que se le haya ordenado ejecutar acto alguno respecto de lo ahí decidido. En consecuencia, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, respecto del acto y la autoridad de que se trata en este considerando, conforme al artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Son ciertos los reclamados de las autoridades responsables, 1. Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, y 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, por así advertirse de la lectura de sus respectivos informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias deducidas del juicio ordinario civil número*** del índice administrativo del referido juez responsable, remitidas como apoyo de su informe. Documentales que adquieren pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, ya que se trata de documentos públicos expedidos por funcionario en ejercicio de las atribuciones que le asigna la ley. También se tiene por cierto el acto de ejecución que se reclama de la autoridad responsable denominada, Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI Mendoza, con residencia en Nogales, Veracruz, pues no obstante que en su informe justificado lo negó, en consideración a que la citada autoridad ordenadora aceptó la emisión del acto impugnado, lo procedente es tener por cierta la existencia de dicho acto de ejecución. Además de que por la naturaleza de las funciones que desempeña se encuentra facultado para ejecutar las consecuencias jurídicas del acto reclamado a la ordenadora. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. Para mejor comprensión del asunto resulta pertinente reseñar algunos antecedentes relevantes del acto reclamado, que se desprenden de las copias certificadas deducidas del juicio ordinario civil*** por el juez responsable, cuyo valor probatorio fue precisado en el considerando anterior, a saber*** Por ser un hecho notorio para los juicios de amparo que se tramitan en este órgano jurisdiccional, en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y dado que este tribunal no es un órgano terminal, sino que sus decisiones se encuentran sujetas al escrutinio de los Tribunales Colegiados de Circuito en caso de ser interpuesto recurso de revisión, recábese copia fotostática certificada de la constancia a que se ha hecho mención en esta narración de antecedentes, que obran agregada al juicio*** agréguense al presente expediente. SEXTO. IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Las causas que generan la improcedencia del juicio de amparo son de orden público y de estudio preferente, con independencia de que las invoquen o no las partes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, este órgano de control constitucional advierte de oficio, que en relación con el acto reclamado del 1. Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en Zongolica, Veracruz, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, al no acreditar la parte quejosa contar con el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional. En efecto, los artículos 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la ley en cita, disponen*** De la interpretación armónica de ambos preceptos, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos que indica la primera disposición normativa transcrita; asimismo, del párrafo cuarto de la fracción I, del artículo 5, de la ley de la materia, se advierte que tratándose de actos que provengan de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el peticionario deberá acreditar ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. En otras palabras, para acudir a la vía constitucional en reclamo de este tipo de actos, el quejoso debe acreditar contar con interés jurídico para tal efecto, siendo insuficiente que la justicia constitucional sea instada con base en un interés legítimo*** En el caso, el acto que se combate tiene su origen en un juicio ordinario civil, esto es, emana de un tribunal judicial. Luego, de no acreditar la parte quejosa tener el interés jurídico necesario para acudir a esta vía constitucional (dado que no puede aducirse interés legítimo), este juicio de amparo resultaría improcedente. Ahora, como se ve, el interés jurídico representa uno de los presupuestos básicos para la procedencia del juicio de amparo intentado contra actos de tribunales judiciales, atendiendo a que si las leyes o actos reclamados no lesionan la esfera jurídica del gobernado, sino otros de variada índole que no tengan ese carácter, no existirá legitimación para entablar el juicio constitucional. A ese respecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el sentido de que el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, requiere de la actualización de dos presupuestos: a) La titularidad del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y b) Que tal derecho subjetivo sea desconocido o conculcado por un acto de autoridad. En ese contexto, el interés jurídico surge cuando una norma jurídica específica confiere un derecho determinado a una persona sea física o moral, quien, además, por virtud de esa misma norma tiene la protección del derecho conferido frente a la actual afectación de cualquier autoridad. Ahora, basta imponerse de la relación de antecedentes del acto reclamado expuesta en el considerando inmediato anterior, para concluir que la inconforme*** es persona extraña típica al procedimiento del que aquél emana, ya que no es parte material en el mismo. Por otro lado, de la lectura integral de la demanda de amparo es posible advertir que la impetrante acude a esta vía constitucional alegando la transgresión a la posesión que, dice, tiene respecto una parte del predio denominado*** ubicado en*** municipio de Atlahuilco, Veracruz. En ese entendido, para acreditar su interés jurídico debía demostrar que efectivamente posee el inmueble con motivo de algún título sustentado en alguna figura jurídica prevista en la ley; lo que constituiría la causa generadora de su posesión. Esta última afirmación tiene sustento en lo establecido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien definió que la posesión que es objeto de protección en el juicio de amparo es la que se funda en la existencia de un título que se sustenta en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. Lo anterior implica que la parte quejosa debía acreditar no sólo que es poseedor de determinado bien, sino también que existe identidad entre el inmueble que aduce poseer y el que es objeto de afectación por virtud del acto reclamado. De lo contrario, no demostraría que su derecho subjetivo público ha sido transgredido. Así, la peticionaria de amparo, para demostrar su interés jurídico para acudir a esta vía constitucional, debió justificar dos extremos*** Que por virtud de un título que se sustenta en una figura jurídica o precepto legal, es poseedora del inmueble referido en la demanda de amparo*** Que la fracción del inmueble del que dice ser poseedora guarda identidad con el que es objeto de afectación por virtud del acto que se reclama. Sin embargo, del análisis del sumario se concluye que la inconforme no logró demostrar el primero de dichos extremos y, en consecuencia, tampoco el segundo, pues los únicos medios de prueba que ofreció, son los siguientes*** Contrato de arrendamiento en el que aparece como fecha de celebración el dos de enero de dos mil veintidós, entre*** en su calidad de arrendadora, y*** como arrendataria, respecto de una recamara de una "casa construida" dentro del predio conocido como*** Cinco recibos de pago por concepto de "renta mensual" expedidos por*** correspondientes a los meses de febrero, junio, julio, septiembre y noviembre de dos mil veintidós*** Copia fotostática simple de la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de María Ceferina Cuevas Montiel*** Empero, como se anticipó, dichas pruebas resultan insuficientes para acreditar el interés jurídico de la quejosa, por lo siguiente*** En principio, la indicada en el inciso 1), consistente en el contrato de arrendamiento en el que aparece como fecha de celebración el dos de enero de dos mil veintidós, entre*** en su calidad de arrendadora*** como arrendataria, respecto del referido inmueble, resulta insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, dado que carece de fecha cierta, por no haberse celebrado (o presentado) ante fedatario público o funcionario autorizado, haberse inscrito en el Registro Público de la Propiedad ni existir constancia de la muerte de alguno de sus firmantes*** Por otra parte, las documentales precisadas en el inciso 2), consistentes en los recibos pago por concepto de "renta mensual", sólo justifican lo que ahí se asentó, es decir, que*** manifestó haber recibido de la aquí quejosa*** las cantidades de dinero ahí señaladas; empero, de ninguna manera constituyen el título del que emane el derecho de posesión que la inconforme pretende defender. Si bien dicho medio de convicción puede admicularse con el diverso reseñado en el inciso 1), lo cierto es que sólo constituiría un mero indicio de lo que ahí se asentó; y el interés jurídico con el que la quejosa acude a este juicio de amparo debe probarse fehacientemente y no inferirse con base en presunciones. De ahí que la prueba en comento también resulte insuficiente para acreditar su interés jurídico. Por último, la prueba sintetizada en el inciso 3), consistente en la copia fotostática simple de la credencial para votar emitida por el Instituto Nacional Electoral, a nombre de*** aun cuando se le otorgara valor demostrativo de indicio, al tenor de lo dispuesto en los artículos 197, 202, 207, 210-A y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de conformidad con lo que dispone esta ley, en su ordinal 2°, de cualquier forma es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la quejosa, porque lo único que se acredita con dicho documento es que la impetrante de amparo manifestó ante el Instituto Nacional Electoral que tiene su domicilio en*** empero, de ninguna manera constituye el título del que emane el derecho de posesión que la impetrante pretende defender. Corolario de lo anterior, la quejosa no acreditó su interés jurídico para controvertir el acto reclamado, porque no exhibió prueba alguna eficaz para acreditar el derecho que manifiesta le asiste, esto es, no aportó alguna prueba de la que pueda desprenderse el derecho que le fue otorgado para ejercer la posesión jurídica del inmueble en comento, y que por ello tenga la calidad de poseedora. De ahí que se actualice la causa de improcedencia en análisis. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia invocada, con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el presente juicio, lo que impide analizar el fondo del asunto. Sobreseimiento que se hace extensivo al acto de ejecución atribuido al 3. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa, y 4. Encargado de la Delegación de Policía Estatal Región XVI Mendoza, con sede en Nogales, Veracruz, dado que no fue reclamado por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Finalmente, cabe señalar que no pasan inadvertidas las manifestaciones formuladas por la tercero interesada a título de alegatos; sin embargo, resulta innecesario su análisis, pues en nada variaría el sentido adoptado en el presente fallo; además de que, según criterio definido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no existe obligación de entrar al estudio de los razonamientos expresados por las partes en vía de alegatos. SÉPTIMO. FORMA DE PUBLICACIÓN DE LA SENTENCIA. Cabe precisar que en el auto admisorio del presente controvertido, se hizo del conocimiento de las partes que el contenido de las resoluciones que se emitieran en el juicio constituirían información reservada hasta en tanto se dictara sentencia definitiva, otorgándoles el derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, con la prevención en el sentido de que si no hacían manifestación alguna se les tendría por inconformes con la divulgación de dicha información. Por tanto, de conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, y al no existir manifestación alguna de las partes, en el sentido de permitir el acceso a la información confidencial, se les tiene por inconformes con la divulgación de dicha información. Por lo expuesto y fundado, se*** ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo número 33/2023, promovido por*** contra los actos reclamados de las autoridades responsables precisadas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en los considerandos tercero y sexto de esta resolución. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que en auto de diecisiete de febrero de dos mil veintitrés se reservó proveer la prueba documental ofrecida por la tercera interesada*** hasta que obrara el informe justificado del juez responsable, lo cual ya aconteció; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene como prueba de su parte la documental consistente en copia certificada de diversas constancias del expediente 319/2020 de la estadística de Juzgado Mixto de Primera Instancia con sede en Zongolica, Veracruz, sin perjuicio de hacer relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha transcurre la vista de ocho días otorgada a las partes con los informes justificados rendidos por el 2. Secretario de Acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Municipal de Atlahuilco, Veracruz, y por la 1. Jueza Mixto de Primera Instancia, con sede en Zongolica, Veracruz, de conformidad con lo establecido en el párrafo segundo del artículo 117 de la Ley de Amparo. Para dar margen a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan como nueva hora y fecha para su celebración las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio, la cual se fija de manera objetiva atendiendo a las cargas de trabajo y la disponibilidad de fechas en la agenda. En el entendido de que de conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, y 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la audiencia se llevará a partir de los escritos presentados o que se presenten hasta ese momento procesal, física o electrónicamente por las partes. En el supuesto de que alguna de las partes esté interesada en comparecer a la audiencia, ésta se llevará a cabo por videoconferencia, de conformidad con los artículos 25 y 26 del Acuerdo General en cita; por tanto, tres días hábiles antes de la fecha señalada para la audiencia constitucional, sin contar el día de la propia audiencia ni el de su presentación, por ser necesario realizar las acciones informáticas y tecnológicas correspondientes por parte de este órgano jurisdiccional; deberá hacerlo saber a este juzgado y proporcionar el correo electrónico en el que se remitirá el enlace correspondiente para llevarla a cabo, además de exhibir copia de la identificación oficial vigente de la persona que comparecerá a la misma, quien deberá estar legitimada para tal efecto. De no hacerlo se realizará sin su comparecencia.
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