María Cecilia Vega López

Expediente 136/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 22 actuaciones registradas, la última del 18 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
136/2021
Año
2021
Actuaciones
22
Última actuación
18/05/2023

Partes del expediente

  • María Cecilia Vega López
  • Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Mexicali, Baja California, a dieciocho de mayo de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio remitido por la Consejera Jurídica General adscrita a la Consejería de Control Constitucional y de lo Contencioso, con sede en Ciudad de México, mediante el cual devuelve la misiva 11079/2023, por los motivos que expone. Estado de autos. En ese tenor, y visto el estado de autos, se advierte que por proveído de quince de abril de dos mil veintiuno, se tuvo por rendido el informe justificado de la autoridad responsable Subprocurador Fiscal Federal de Amparos de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, así como por señalado el domicilio ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 795, Planta Baja, Colonia Nápoles, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03810, de la Ciudad de México para la práctica de notificaciones. Reenvió. En consecuencia, en obvio de mayores dilaciones, reenviase el oficio antes referido, al domicilio antes indicado, a fin de que la autoridad en cuestión tenga pleno conocimiento del mismo y seguir con la secuela procesal del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Mexicali, Baja California, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Cumplimiento consentido. Vista la certificación de cuenta, se desprende que ha transcurrido el término legal previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieren interpuesto recurso de inconformidad en contra de la resolución en la que se declaró cumplido el fallo protector; por lo tanto, se declara que dicha determinación ha quedado consentida para todos los efectos legales correspondientes. Documentos originales. No hay para su devolución. Constancias o actuaciones. No hay para su devolución. Relevancia documental. El presente asunto carece de ella en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, el cual establece que se conservarán en su integridad los asuntos que se consideren de relevancia documental, entre los que se encuentran, los que versen sobre delitos contra la seguridad de la Nación; los relativos a delitos contra el derecho internacional; Delitos contra la humanidad; los que traten de delitos contra la administración de justicia; los correspondientes a delitos contra el ambiente y gestión ambiental; los que contengan resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes; los que traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; los generados por los Plenos de Circuito, siempre que se haya establecido jurisprudencia; los que versen sobre materia agraria; y los relativos a un asunto en el cual la sentencia emitida haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito; asimismo, podrán ser considerados de relevancia documental aquellos expedientes que determine el titular del órgano jurisdiccional atendiendo a la importancia del asunto por su trascendencia jurídica, social o económica en el ámbito nacional. Depuración. Este expediente es susceptible de depuración en un plazo de tres años, conforme al artículo 18, inciso I), fracción b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que se concedió la protección constitucional. Carátula. Se ordena que la carátula del presente expediente contenga impresas las anotaciones de "no es de relevancia documental" y "depurable", acorde con lo que establece el artículo 35 del Acuerdo General invocado en el presente acuerdo. Certificación de coincidencia en su totalidad entre expediente electrónico como impreso. Ahora, vista la certificación de cuenta, se advierte de conformidad con los artículos 25 y 35 del multicitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se han incorporado cada promoción, acuerdo, constancia y acuse tanto al expediente físico, como electrónico, mismos que coinciden en su totalidad, lo que se verificó al realizar la revisión en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese.

  3. Principal

    Mexicali, Baja California, a nueve de marzo de dos mil veintitrés. Escrito. Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, los escritos signados por el autorizado de la parte quejosa; mediante el cual desahoga la vista concedida en auto de veinticuatro de febrero de este año. Fallo cumplido. Ahora, vistos los autos del presente juicio de amparo, este juzgado federal procede a resolver, de oficio, si el fallo protector se encuentra o no cumplido, desde luego, sin excesos ni defectos, en los términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. Al respecto, debe decirse lo siguiente: Por sentencia de trece de octubre de dos mil veintiuno, se concedió a la parte quejosa la protección constitucional contra el acto reclamado a la autoridad responsable, para los efectos siguientes: "SÉPTIMO. Efectos del fallo protector. Con apoyo en el artículo 77 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a (1) María Cecilia Vega López, para que el Subdelegado de Prestaciones Economías, y la Jefe del Departamento de Pensiones, Seguridad e Higiene en el Trabajo, ambas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado en Baja California, realicen lo siguiente: i) Dejen insubsistente el oficio número 002.300.302.004/6437/2020 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte. ii) Desincorporen de la esfera jurídica de la quejosa (1) María Cecilia Vega López los artículos 51 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, y 12, fracción I, inciso a), del reglamento para el otorgamiento de las pensiones de los trabajadores sujetos al régimen del artículo décimo transitorio del Decreto por el que se expide la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para lo cual deberá emitir otro en lugar de aquél, en el cual determine que es procedente el pago de la pensión por viudez solicitada por la quejosa y pago de jubilación de manera íntegra, dejando de aplicar en lo presente y lo futuro los preceptos en mención. iii) Ordene y realice el pago correspondiente por pensión por viudez y pensión de jubilación a la peticionaria de amparo, desde la fecha en que se generaron los aludidos descuentos, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. En la inteligencia de que la concesión del amparo contra los actos atribuidos en el ámbito de sus respectivas competencias a las autoridades responsables Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Cámara de Diputados del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, y Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, todas con residencia en la Ciudad de México, no tiene los alcances de ordenar a éstas la formulación, promulgación y publicación de una norma precisa para la parte quejosa, pues esta facultad es propia de las autoridades creadoras de la norma, por lo que una vez que quede firme esta sentencia bastará con que se manifiesten sabedoras del sentido de este fallo. [.]" Recurso de revisión. Inconformes con dicha resolución, las autoridades responsables interpusieron recurso de revisión, cuyo conocimiento correspondió al Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, con el número de amparo en revisión 63/2022. Causa ejecutoria y se requiere cumplimiento. Por auto de cinco de enero de dos mil veintitrés, se tuvo por recibida la ejecutoria de la superioridad, en la que confirmó la sentencia y se concedió el amparo a la parte quejosa. En consecuencia, en el mismo proveído se requirió el cumplimiento al fallo protector emitido por este Juzgador. Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: Ahora, para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, las autoridades responsables estuvieron constreñidas a proceder en los términos siguientes: 1. Dejar insubsistente el oficio número 002.300.302.004/6437/2020 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte. 2. Desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los artículos reclamados, para lo cual deberá emitir otro en lugar de aquél, en el cual determine que es procedente el pago de la pensión por viudez solicitada por la quejosa y pago de jubilación de manera íntegra, dejando de aplicar en lo presente y lo futuro los preceptos en mención. 3. Ordenar y realizar el pago correspondiente por pensión por viudez y pensión de jubilación a la peticionaria de amparo, desde la fecha en que se generaron los aludidos descuentos, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos fundamentales violados. Actuaciones llevadas a cabo por la autoridad responsable en acatamiento al fallo protector. Por oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el siete de febrero de dos mil veintitrés, la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado en Baja California, remitió constancias de las que se desprende que mediante oficio 002.300/0355/2023 de veinticinco de enero de dos mil veintitrés, dejó sin efectos el oficio 002.300.302.004/6437/2020 de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veinte, se ordenó desaplicar los artículos reclamados, dejando sin efectos en lo presente y lo futuro las deducciones efectuadas por concepto de compatibilidad de pensiones, se le reconoció su derecho de percibir las pensiones por jubilación y por viudez. Asimismo, por diverso oficio recibido en este Juzgado de Distrito y acordado el veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, la Subdelegada de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios de los Trabajadores del Estado en Baja California, remitió constancias de las que se desprende que la quejosa recibió el pago de la cantidad arrojada por el pago de las pensiones concedidas. Vista con el cumplimento. Con lo anterior, por auto de veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte quejosa para que manifestara lo que a su derecho conviniera en relación al cumplimiento dado por la autoridad; lo cual se le notificó el dos de marzo siguiente. Manifestaciones. En relación a la vista en mención, la parte quejosa vertió diversas manifestaciones respecto al cumplimiento del fallo protector, concretamente en el sentido que la cantidad que le fue pagada debía ser actualizada para efectos de traer a valor presente el recurso monetario indebidamente retenido por el instituto responsable. Se declara cumplido el fallo protector. Así pues, del examen de las constancias obrantes en autos, a las que se otorga valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente al juicio de amparo, acorde con el numeral 2° de la ley de la materia, se colige que en el caso se cumplieron todos los lineamientos señalados en el fallo protector, dado que la autoridad responsable dejó sin efectos el oficio de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, dejó de aplicar los artículos reclamados, se le otorgaron las pensiones por jubilación y por viudez, así como realizó el pago correspondiente a las pensiones otorgadas; lo que se corrobora con las constancias que obran en autos. Sin que pase inadvertido las manifestaciones realizadas por la parte quejosa, en el sentido de que las cantidades devueltas debían ser actualizadas; sin embargo, no le asiste la razón a la parte quejosa, en tanto que como quedó precisado en párrafos superiores, los efectos de la sentencia ejecutoriada fijados por este Juzgado Federal, se circunscribieron a que las autoridades responsables debían dejar insubsistente el oficio reclamado, y desincorporar de la esfera jurídica de la quejosa los artículos reclamados, emitiendo otro en el cual determine procedente el pago de las pensiones por viudez y jubilación de manera íntegra, dejando de aplicar en lo presente y lo futuro los preceptos en mención, para finalmente, realizar el pago correspondiente por dichos conceptos a la peticionaria de amparo, desde la fecha en que se generaron los aludidos descuentos; empero, no se especificó nada sobre la actualización de las cantidades de mérito. Incluso, cabe precisar que tales efectos fueron confirmados por el Primer Tribunal Colegiado del Decimoquinto Circuito, en el amparo en revisión 63/2022, ya que en los párrafos 228 y 229 de la ejecutoria relativa, indicó que los efectos del fallo de este Juzgado resultaban ajustados a la legalidad, pues entre otras cosas, consideró que el amparo sólo se traducía en restituir a la quejosa en el goce del derecho violado, a saber, recibir la pensión de viudez sin aplicación de la regla de incompatibilidad, lo que dijo la superioridad quedó materializado, por lo que fue apegado a derecho que se hubiera ordenado al instituto a cubrir íntegramente el pago de ambas pensiones y que se realizara el pago retroactivo de los montos que en su caso se le hubieren descontado o retenido a la impetrante. Sin que la gestora de amparo se hubiere inconformado al respecto a través del recurso de revisión, ya que sólo las autoridades responsables lo hicieron valer; así como tampoco se desprenda de la ejecutoria de referencia, que dicho tribunal colegiado hubiera advertido incongruencia en los efectos que debiera corregirse de oficio -aun cuando no existiera agravio alguno de la quejosa sobre ese tópico-; Cabe citar al respecto, la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siguientes datos de localización y contenido: "Registro digital: 160315 Instancia: Primera Sala Décima Época Materias(s): Común Tesis: 1a./J. 4/2012 (9a.) Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, página 383 Tipo: Jurisprudencia EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR. SU INCORRECTA PRECISIÓN CONSTITUYE UNA INCONGRUENCIA QUE DEBE SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, AUNQUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el principio de congruencia externa de las sentencias estriba en que éstas deben dictarse en concordancia con la demanda y la contestación formuladas por las partes, de manera que su transgresión se presenta cuando la parte dispositiva de la sentencia no guarda relación con la pretensión de las partes, concediendo o negando lo que no fue solicitado. Ahora bien, si en una sentencia que concede el amparo se precisan efectos que no son consecuencia directa de la ineficacia de la ley declarada inconstitucional, se está ante una incongruencia externa, toda vez que los efectos del amparo tienen estrecha vinculación con el acto reclamado, y según su naturaleza, ya sea de carácter positivo o negativo, se precisarán los alcances de la sentencia protectora, con el fin de restituir al agraviado en el goce de sus garantías individuales violadas, por lo que los efectos del amparo son una consecuencia del pronunciamiento de inconstitucionalidad, y su determinación depende de la naturaleza del acto reclamado, o de la interpretación y alcance de la norma declarada inconstitucional, según se trate. En esas condiciones, como el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos precisados por el juzgador de primer grado, en relación con la pretensión del quejoso, según la naturaleza del acto reclamado y en atención, en su caso, a la interpretación de la norma declarada inconstitucional, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se limiten al verdadero alcance de la ejecutoria, sin incluir beneficios o prerrogativas que no sean consecuencia directa de la ineficiencia del acto declarado inconstitucional; de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto." De ahí, que sean infundadas las manifestaciones de la parte solicitante de amparo. En ese contexto, si de las constancias obrantes en autos, se obtiene que en la pensión por jubilación no se le efectuaron deducciones y, por lo que hizo a la pension de viudez la cantidad devuelta, corresponde a lo que fue retenido del catorce de octubre de dos mil diecinueve al treinta de abril de dos mil veinte, mientras, que a partir de mayo de dos mil veinte, se le ha pagado íntegramente -o sea, ya no hubo descuento al respecto-; tal como se advierte de las manifestaciones de las autoridades responsables y las constancias remitidas en cumplimiento al fallo protector, sin que la sentencia de amparo tenga un mayor alcance al ya referido; por tanto, es inconcuso que la sentencia de amparo quedó cumplida a cabalidad. Resta precisar que la anterior determinación, no impide a la hoy quejosa instar la vía ordinaria que considere correspondiente ante la autoridad competente, para el caso de considerar existen cantidades pendientes de actualizarse, en torno a la cantidad que le fue devuelta por concepto de la pensión de viudez; empero, como se anticipó, no es factible hacerlo en este sumario, pues ello no formó parte de los efectos sobre los cuales se amparó. Vista con la presente resolución. Por todo lo anterior, no hay duda de que se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho vulnerado con el acto atacado en este juicio, en términos de los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, por lo cual, dese vista a la parte quejosa por el plazo de quince días, contado a partir de su legal notificación, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Apercibimiento. Apercibidas para el caso que de no hacer manifestación alguna, se tendrá por consentida esta determinación y se ordenará el archivo del presente asunto como totalmente concluido, de conformidad con lo previsto en el numeral 214 de la ley de la materia. Anotaciones. Finalmente, háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese y personalmente. Así lo acordó y firma el licenciado Hugo Tonatiuh Tagle Hernández, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Baja California, asistido del licenciado Christian Eduardo Parra Carrillo, Secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Mexicali, Baja California, a veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Oficio. Agréguense a los autos para que obre como legalmente correspondan, el oficio y anexos remitidos por la autoridad responsable; por medio de los cuales informa sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista y córrase traslado a la parte quejosa con la constancia que remite la autoridad oficiante, por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin él, este juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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