María Cecilia García Sandoval
Expediente 527/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 527/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Cecilia García Sandoval
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este asunto; con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, causó estado, para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86, de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87, de la ciada ley, éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecten directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído el juicio de amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes, y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en su artículo 21, inciso a), que a la letra dice: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; b) Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; c) El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados; d) Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; e) Medidas precautorias, siempre que no sean en materia penal. f) Impedimentos; g) Recusaciones; h) Excusas; i) Returnos; j) Incompetencias; k) Conflictos competenciales. En el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional, dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperar los documentos originales que hubieren exhibido en el expediente, apercibiéndoles de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Cuando no se pueda efectuar la notificación personal a las partes, aquélla se realizará a través de listas que se publicarán en los estrados del órgano jurisdiccional. Una vez cumplido el término a que se refiere el primer párrafo de este artículo, el órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir estos expedientes y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. No serán valorados como destruibles aquellos expedientes que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental previstos en este Acuerdo General." Por ende, a efecto de acatar el referido acuerdo, envíese el mismo al archivo de trámite y tomando en consideración que el presente asunto no es de relevancia documental, procede determinar que el presente asunto es destruible en un plazo de tres años, contados a partir del presente auto que ordena el archivo, por lo que deberá procederse a su destrucción en los términos ordenados en el penúltimo párrafo del numeral trascrito. De igual forma, el presente acuerdo no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el numeral 110, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, motivo por el que no se considera de información reservada.
- Principal
Visto el informe justificado que rinde la autoridad responsable *********************************, con residencia en esta ciudad, en consecuencia agréguese a los autos y con fundamento en el artículo 117, de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para el uso de sus derechos. Ahora bien, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias allegadas por la autoridad responsable anexas al oficio de cuenta, el Titular de este órgano jurisdiccional estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, que establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, cabe destacar la jurisprudencia 2a./J. 9/98, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página doscientos diez, del Tomo VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo.". De lo anterior, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatas, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso, la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Así, en el artículo anteriormente transcrito, se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. Pues bien, cabe precisar que de la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado del peticionario de amparo de amparo es la omisión de dictar la sentencia en el expediente ********* del índice del Juzgado Primero de lo Civil del Distrito Judicial Morelos, con residencia en esta ciudad, omisión que reclama en esta instancia constitucional. Así, de las constancias allegadas al expediente mediante oficio 6******* signado por ************************, con residencia en esta ciudad, en el que rinde su informe Justificado, anexó copia certificada de la sentencia dictada en el expediente ***********, el dieciséis de abril de dos mil veintiuno. En ese contexto, es evidente que han cesado los efectos de la omisión que se reclamó por la J************************************, con residencia en esta ciudad,, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Por tanto, se actualiza la invocada causa de improcedencia, por lo que con fundamento en el numeral 61, fracción XXI, en relación con el 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Determinación a la que se arriba, sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional, pues la hipótesis de improcedencia que sobrevino, es notoria y manifiesta, de manera tal que con ningún otro medio probatorio se puede desvirtuar, por lo que resultaría innecesario y ocioso, pretender aguardar hasta que se verifique la audiencia constitucional para poder resolver el presente asunto, por ende, en perjuicio de la garantía de administración de justicia pronta y expedita tutelada por el ordinal 17 del Pacto Fundamental. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.10/2003, visible en la página 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.". Dado la determinación que antecede, se deja sin efectos la audiencia señalada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubieran recurrido la resolución dictada en este juicio; con fundamento en el artículo 2, de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia que ampara y protege, causó ejecutoria para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así las cosas, de los autos se advierte que en el presente asunto se reclamó: Del CONGRESO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la discusión, aprobación, expedición y aplicación el Decreto No. LXVI/APLIE/0637/2019 I P.O. relativo a la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua y su tarifa anexa, que contiene el apartado IV en la que se establece el cobro de derechos por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, específicamente el numeral 12, que contiene la tarifa de $************* por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituida sobre estos. DEL C. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, se le reclama la promulgación y aplicación de cada uno de los ordenamientos legales expedidos por el H. Congreso del Estado de Chihuahua. Por tanto se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que: "(.) se le cobre únicamente el cinco por ciento (5%) de la tarifa total, es decir, la cantidad de $750.00 (setecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) por el servicio que recibió, única y exclusivamente respecto al pago correspondiente a la factura con número de operación 2053579, relativo al pago de inscripción traslativa de dominio, de fecha ocho de abril de dos mil veinte, expedido en favor del aquí quejoso y se le reintegre la parte que cubrió en exceso por tal concepto. En tales condiciones, tomando en cuenta que es a la autoridad exactora a la que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. " Así las cosas, requiérase a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que en el plazo de tres días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le transcriba el presente acuerdo; informe a este Juzgado Primero de Distrito, sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, o bien, los actos que haya realizado para ese efecto, con el apercibimiento que de no hacerlo así dentro del término que se les señala, se procederá conforme lo estatuye el artículo 192 de la ley de la materia.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua · 16,289 expedientes
- María Belma Quintana Prado1241/2021
- Maria Benigna Saenz Romero999/2016
- María Candelaria Hernández López60/2022
- María Candelaria Macías Velasco1084/2023
- María Carolina Ruvalcaba Sandoval1032/2020
- María Cecilia García Sandoval1839/2018
- Maria Cecilia Medina Orozco489/2021
- Maria Cecilia Salas Woocay1325/2016
- María Concepción Corona Pérez1288/2022
- María Concepción Esparza Hita1908/2021
- María Concepción González Lozoya869/2017
- María Concepción Margarita Villarreal Flores1538/2018