María Cecilia Dorantes Aguilar
Expediente 949/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de octubre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 949/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 21/10/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- María Cecilia Dorantes Aguilar
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de seis de octubre de dos mil veintiuno, por el que se desecha la demanda de amparo promovida por María Cecilia Dorantes Aguilar, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Tania Ramos Loera 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.d6.c0 13/11/22 13:19:08 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 949/2021 CAUSA EJECUTORIA Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese.
- Principal
Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida por María Cecilia Dorantes Aguilar, por propio derecho, contra actos que reclama del Responsable Comercial Zona Atizapán, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y otra autoridad. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 949/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Ahora, al tratarse de una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo; lo anterior se considera así en atención a las siguientes razones de orden legal. Los referidos artículos de la ley de la materia, establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" (.) El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley". Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general". En efecto, el numeral 1, último párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que el amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en dicho ordenamiento legal. Por otra parte, del artículo 5o, fracción II, de la Ley de Amparo, se advierte que, son partes en el juicio de amparo, entre otras, la autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Asimismo, el referido precepto legal indica que para los efectos de la Ley de Amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esa fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Al respecto, debe precisarse que el máximo Tribunal del país determinó que los rasgos que diferencian a una autoridad para efectos del juicio de amparo son los siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Lo anterior encuentra sustento en la tesis jurisprudencial 2a./J. 164/2011, emitida por la Segunda Sala del más alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, cuyo rubro y texto establecen: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS.- Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." En ese contexto, para considerar que el acto realizado proviene de una autoridad y, por ende, sea reclamable mediante el juicio constitucional, es necesario que exista una relación de supra a subordinación, que esa relación tenga su nacimiento en la ley, que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular, y que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Es decir, quien actúa en su carácter de autoridad responsable, se ubica en una relación de supra a subordinación respecto de un gobernado, por lo que ejerce una "fuerza pública", entendida ésta en el sentido de "imperio" y no poder coactivo material, cubriéndose de un ropaje estatal y actuando como si fuera una entidad pública; y sin hacerlo por un impulso arbitrario de su parte, sino en virtud de una autorización del propio Estado a través de una ley en sentido amplio. Así, puede advertirse con facilidad que la finalidad de ampliar el concepto de "acto de autoridad" que contiene la actual Ley de Amparo, fue dar prioridad a la naturaleza propia del acto por encima del carácter de quien lo emite. En consecuencia, por exclusión, la realización de actos entre particulares en un plano de coordinación, impide que pueda atribuírsele a cualquiera de ellos el carácter de autoridad responsable; lo que implica que sea ajeno al ámbito privado o particular contractual. En el caso concreto, la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV ACTOS RECLAMADOS: la emisión del Aviso de Cobro por ajuste de la Facturación, emitido por la Autoridad Responsable, Responsable Comercial Zona Atizapán, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, mediante Oficio Número 1361/2021, de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se me hace un ajuste y en la que se me fijo a pagar la cantidad de $251,539.87 (DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS 87/100 M.N.)." Y al narrar los antecedentes de los actos reclamados, bajo protesta de decir verdad, manifestó: "(.) IV. Es el caso que el día trece de septiembre del presente año, se presentó en el domicilio ubicado en Calle Cerrada dos de abril, Número 9, Local 4, Colonia Rinconada de Atizapán, C.P. 52967, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, domicilio completo y correcto, personal de la Comisión Federal de Electricidad, mismo que sin mediar citatorio previo y sin identificarse realizó diversas pruebas y/o mediciones al medidor de luz del referido inmueble al cual le corresponde el número 75U0K3 y Número de Cuenta 22DL30B012215330. V. Posteriormente a la referida inspección con fecha trece de septiembre de dos mil veintiuno, se presentó personal diverso de la Comisión Federal de Electricidad al domicilio ubicado en Calle Cerrada dos de abril, Número 9, Local 4, Colonia Rinconada de Atizapán, C.P. 52967, Municipio de Atizapán de Zaragoza, Estado de México, a notificarme el Oficio Número 1361/2021, de fecha seis de septiembre de dos mil veintiuno emitido por la Licenciada Reyna I. Aburto Torres, en su carácter de Responsable Comercial de la Zona Atizapán, CFE." De lo anterior, se desprende que los actos que se reclaman tienen origen en una relación contractual por concepto de suministro de energía eléctrica, por lo que no pueden ser equiparados a los de una autoridad responsable en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En efecto, los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, no fueron emitidos por la misma en su calidad de autoridad responsable, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino de coordinación, esta relación no tiene su nacimiento en una ley sino en un contrato que tiene naturaleza mercantil, y si bien actuó de manera unilateral, extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaron la esfera legal de la parte quejosa, lo cierto es que dicha afectación se hizo en un plano de igualdad como contratante y prestador de servicio, para lo cual las leyes contemplan los medios de defensa para impugnar dichas determinaciones como lo es la vía ordinaria mercantil. Ahora bien, la emisión del Aviso de Cobro por ajuste de la facturación, emitido por la Responsable Comercial Zona Atizapán, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, mediante Oficio Número, 1361/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le hace un ajuste y en la que se le fijó a pagar la cantidad de $251,539.87 (doscientos cincuenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 87/100 M.N.), no pueden considerarse como actos de autoridad para efectos del juicio de amparo, ya que los mismos no cumplen con los requisitos de ser unilaterales y obligatorios, pues dichos actos se efectúan bajo el amparo de un contrato de naturaleza comercial, por lo que no se ubican en un plano de supra a subordinación, máxime que no se encuentran determinados en una norma de carácter general y mucho menos son regidos por alguna ley, sino que se llevaron a cabo bajo un contexto de naturaleza comercial. En consecuencia, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1º y 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, lo cual da lugar a justificar el desechamiento de plano de la demanda de amparo, acorde con lo que establece el artículo 113 de la ley indicada. Sin que pase inadvertido para este Juzgador el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2ª./J. 54/2012 (10ª.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO"; pues se estima que resulta inaplicable al presente asunto, en virtud de que en este juicio de amparo indirecto se impugna la emisión del Aviso de Cobro por ajuste de la facturación, emitido por la Responsable Comercial Zona Atizapán, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos, mediante Oficio Número 1361/2021, de seis de septiembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se le hace un ajuste y en la que se le fijó a pagar la cantidad de $251,539.87 (doscientos cincuenta y un mil quinientos treinta y nueve pesos 87/100 M.N.), y no el acuerdo que autoriza la modificación y reestructuración a las tarifas para suministro y venta de energía eléctrica y modifica disposiciones complementarias de dichas tarifas, de diecinueve de enero de dos mil nueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de ese mes y año, atribuido al Secretario de Hacienda y Crédito Público, que fue materia de la contradicción de tesis. Además, si bien en el auto inicial de trámite únicamente se pueden tomar en consideración los argumentos que se plasmen en el escrito inicial de demanda y las pruebas que se acompañen a ésta, lo cierto es que, en el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende en forma patente y absoluta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a desecharla. Resulta aplicable el criterio jurisprudencial PC.III.L. J/5 L (10ª), sustentado por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, al resolver la contradicción de tesis 2/2014, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 11, Octubre de 2014, Tomo II, Página 1224, que textualmente dice: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." Máxime que al resolver la contradicción de tesis 309/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió que la existencia de criterios jurisprudenciales que definen la naturaleza de los actos reclamados a la Comisión Federal de Electricidad, son una causa manifiesta e indudable que justifica el desechamiento del asunto, ya que la jurisprudencia del alto tribunal es de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, por lo que no hay alguna posibilidad de que dicho obstáculo sea superado para entrar al estudio del fondo del asunto. Que conforme a ese precepto, la jurisprudencia es de observancia obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales del país, incluidos los integrantes del Poder Judicial de la Federación, más aún la emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que, la existencia de criterios jurisprudenciales del alto tribunal, constituye una inexcusable obligación constitucional de los órganos jurisdiccionales al resolver las controversias sometidas a su conocimiento, aunado a que, si bien los juzgadores, por virtud de la función que desempeñan, deben dejar de aplicar una disposición secundaria que atente contra derechos humanos, lo cierto es que tal circunstancia no puede acontecer en relación con una jurisprudencia. Bajo ese contexto, se concluye que, la posibilidad de desechar la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ya ha sido definida por el alto tribunal, al ser obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación, no existe ninguna razón lógica para que ésta sea obviada o pueda variar la naturaleza de los actos, ya que, sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía pueda revisar un criterio obligatorio que se dio como resultado de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, de ahí que es innecesario esperar el informe justificado que rinda la autoridad responsable los alegatos y las pruebas que ésta y las demás partes hagan valer en el procedimiento, puesto que, con independencia de su contenido, la naturaleza de los actos definida mediante jurisprudencia, no variaría. Esas consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 2/2019, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el ocho de febrero de dos mil diecinueve, que establece: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional." Pues bien, atendiendo al escrito de demanda y a los documentos que se anexaron a la misma, se considera probado, sin lugar a dudas, que los actos que se reclaman, son actos que no fueron emitidos y ejecutados por la Comisión Federal de Electricidad en su calidad de autoridad, para efectos del juicio de amparo, ya que no se dieron en una relación de supra a subordinación sino, como se ha advertido, nacidos de una relación contractual de naturaleza mercantil, que no tiene su nacimiento en una ley, por el contrario, se encuentra bajo un marco legal comercial, y si bien la comisión actuó de manera unilateral, extinguiendo por sí o ante sí situaciones jurídicas que afectaron la esfera legal de la parte quejosa, lo cierto es que, se insiste, ello no se realizó bajo una norma general que le diera imperio para actuar como autoridad. Por lo que esos actos unilaterales son materia de impugnación mediante los medios ordinarios de defensa que prevé el sistema Judicial mexicano, como lo es la vía ordinaria mercantil. Lo anterior así fue considerado en la jurisprudencia 2a./J. 156/2017 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Al respecto, es importante destacar que, al resolver la contradicción de tesis 198/2017, de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 30/2018, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordó el tema relativo a que la Comisión Federal de Electricidad no es autoridad para efectos del juicio de amparo cuando se le reclaman actos derivados del contrato de suministro de energía. Después de analizar la reforma constitucional en materia energética y la exposición de motivos de la Ley de la Industria Eléctrica, la Corte definió que la Comisión Federal de Electricidad, como empresa productiva del Estado, opera bajo los principios de derecho privado y, conforme al artículo 5º de la ley en mención, en los supuestos no previstos, se debe considerar como mercantil, aunado a que se rige por el Código de Comercio y, supletoriamente, por la legislación civil. Por tanto, el máximo Tribunal del País concluyó que, considerando la normatividad vigente que rige las relaciones y actos derivados del contrato de suministro de energía eléctrica, a raíz de la llamada reforma energética, la Comisión Federal de Electricidad no actúa en ejercicio de una potestad administrativa que le otorgue atribuciones de tal magnitud que actualicen una relación de supra a subordinación frente a los particulares, ni realiza actos equiparables a dicha relación; consecuentemente, dijo la Corte, la Comisión Federal de Electricidad no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, cuando se reclaman actos relacionados con el contrato de suministro de energía eléctrica, realizados durante la vigencia de la Ley de la Industria Eléctrica. No obstante, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación precisó que no se debe descartar la eventualidad de que la Comisión Federal de Electricidad lleve a cabo actos no pactados o que excedan del contrato de suministro básico con el usuario final y ser objeto de violaciones a derechos humanos que pudieran llegar a equipararla con una autoridad para efectos del juicio de amparo indirecto, o bien, en el supuesto de amparo contra leyes, por su aplicación. Añadió que tal circunstancia debe ser dilucidada en cada caso concreto por el órgano jurisdiccional competente, tomando en cuenta si existe una negativa injustificada de celebrar contrato de suministro eléctrico, o bien, determinar situaciones que comprometan los derechos protegidos constitucional y convencionalmente, en caso de que dicha suspensión o corte ponga en evidente riesgo la vida, la salud o la seguridad de las personas que se encuentran en una situación vulnerable. De manera ejemplificativa, los casos en que, por falta de energía eléctrica, se pone en evidente peligro la vida, como podría ser la de los enfermos dependientes de instrumentos o aparatos que los mantienen vivos o, en caso de grupos vulnerables, personas imposibilitadas para proveer su subsistencia, como podrían ser pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, entre otros; así como grupos que han solicitado el suministro de energía eléctrica y no se les ha proporcionado ni actuado en vías de superar una imposibilidad técnica. Lo anterior, dada la importancia del servicio eléctrico y su íntima relación con el derecho a la vivienda, consagrado en el artículo 4º constitucional, así como el párrafo primero del diverso 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que, de conformidad con la observación general número 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se debe entender bajo el concepto de "vivienda adecuada" que significa "... disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuadas, una infraestructura básica adecuada y una situación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable". Las relatadas consideraciones se reflejaron en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/2018 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que citan los quejosos en sus agravios, de rubro y texto: "COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo." En efecto, de lo antes expuesto se deduce con debida certeza que los actos que se reclaman tienen origen en una relación contractual por concepto de suministro de energía eléctrica, por lo que no pueden ser equiparados a los de una autoridad responsable en términos del artículo 5º, fracción II, de la Ley de Amparo. En consecuencia, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por María Cecilia Dorantes Aguilar, por propio derecho, contra actos que reclama del Responsable Comercial Zona Atizapán, de la Comisión Federal de Electricidad Suministrador de Servicios Básicos y otra autoridad, en términos de lo establecido en el artículo 61, fracción XXIII, relacionado con los diversos numerales 1 y 5 fracción II, todos de la Ley de Amparo. Domicilio de la parte quejosa. Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal. Máxime, que del escrito de demanda también señala como domicilio para oír y recibir toda clase de notificaciones las listas que se publiquen en este juzgado; por lo que éstas y las posteriores, aun las de carácter personal, hágansele por medio de lista, de conformidad con los artículos 27, fracción III y 29 de la Ley de Amparo. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda así como las demás personas a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Uso de medios electrónicos Asimismo, le es permitido el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dicten, siempre y cuando en ningún momento el presente expediente sea sometido a malos manejos que puedan dañar las actuaciones que obren en el mismo, con motivo del uso de dichos medios electrónicos, de conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese.
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