María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos

Expediente 1263/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1263/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
30/03/2021

Partes del expediente

  • María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio suscrito por la Directora de Amparos en suplencia de la Fiscal General de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que la Titular de la citada fiscalía en su carácter de superior jerárquico, instruyó a la Directora General de Recursos Humanos y al Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto, para que dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; al efecto exhibe copia de esos oficios. Se toma conocimiento de lo anterior, para los efectos legales procedentes. Por otra parte, agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México; mediante el cual, manifiesta que para estar en posibilidad de llevar a cabo el cumplimiento solicitado en autos, es necesario contar con la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal dos mil veintiuno; asimismo, informa que solicitó a la Dirección General de Recursos Humanos a fin de que realice los trámites necesarios para la obtención de dicho documento, y hecho lo anterior, procederá a realizar las gestiones administrativas y financieras para el efecto de emitir la suficiencia presupuestal correspondiente. En atención a su contenido se le hace del conocimiento que mediante auto de dieciséis de marzo del año en curso, este órgano jurisdiccional le dio un plazo prudente para actualizar la planilla correspondiente, por tanto, previo a la imposición de una multa, con fundamento en los artículos 192, 193 y 197 de la Ley de Amparo, requiérase a la Directora General de Recursos Humanos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita a la Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto la reimpresión de la planilla de liquidación al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, a fin de que dicha Dirección se encuentre en posibilidad de otorgar la suficiencia presupuestal correspondiente y tramite el contra-recibo y cheque respectivo. Se hace del conocimiento de la autoridad requerida que en el ámbito de su función respectiva y en el plazo concedido deberá acreditar con copia certificada de las documentales que estime pertinentes, haber dado cumplimiento al requerimiento en los términos antes precisados. En el entendido de que deberá cumplir con la totalidad de lo requerido, pues con fundamento en el dispositivo legal 193, segundo párrafo de la Ley de Amparo, se considera incumplimiento de sentencia, cualquier retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable que esté sujeta al cumplimiento del fallo de amparo. Con el apercibimiento que de no acatar lo ordenado, se le aplicará lo previsto en los artículos 192 y 193, con relación a los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo; esto es, se le impondrá multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización; se determinará por qué a juicio de este juzgado, no se encuentra cumplida la ejecutoria de amparo, y; se procederá conforme al punto cuarto del Acuerdo General 5/2013, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es, indefectiblemente se remitirán los autos al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito en turno, para los efectos a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podrían consistir en la separación inmediata de los cargos por contumacia y su consignación penal ante el Juez de Distrito correspondiente, de conformidad con los artículos 193, párrafos primero, quinto, sexto; y, 195, de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se hace del conocimiento de la autoridad mencionada, que en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo vigente, el cumplimiento extemporáneo injustificado no la exime de responsabilidad. Notifíquese.

  2. Principal

    Estado procesal y Determinación. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente y toda vez que de las constancias que obran en autos, se advierte que ha transcurrido el plazo concedido a la parte quejosa para desahogar el requerimiento que se le formuló mediante proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, por el cual se le requirió para que ratificara la demanda de amparo recibida vía electrónica en este Juzgado el mismo día; en consecuencia, se hacen efectivos los apercibimientos decretados en tal acuerdo, por ende, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda de amparo, promovida por María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos por propio derecho, contra actos del Director General del Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que quedan sin efectos las providencias dictadas en el presente asunto, respecto de la suspensión de plano concedida en el presente acuerdo. Notifíquese por lista de acuerdos, por así solicitarlo la parte quejosa.

  3. Principal

    Agréguese el oficio del Jefe de la División de Asuntos Jurídicos y Apoderado Legal de la Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital General "Dr. Gaudencio González Garza" del Instituto Mexicano del Seguro Social, por el que informa respecto de la suspensión de plano decretada en el presente juicio; atento a su contendió dígasele que se esté a lo ordenado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veinte, en el que se acordaron sus manifestaciones. Por otra parte, vistas las razones actuariales signadas por el actuario judicial adscrito a este juzgado, en las que se hace constar la imposibilidad para realizar las notificaciones personales a María Elena Ayala Arrieta, ordenadas en proveídos de diecisiete y veintidós de diciembre de dos mil veinte, toda vez que, la parte quejosa en su escrito de demanda señalo como domicilio para oír y recibir notificaciones los estrados de este juzgado. Por tanto, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, realícese la notificación de los autos de diecisiete y veintidós de diciembre de dos mil veinte, por medio de lista, así como las subsecuentes, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Notifíquese, por lista los acuerdos de diecisiete y veintidós de diciembre dos mil veinte.

  4. Principal

    Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos, por su propio derecho; contra actos del Director General del Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social y otra autoridad. Integración del expediente. Fórmese el expediente 1263/2020 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en Libro de Gobierno. Determinación inicial La demanda de amparo se en el portal de servicios en línea, pero carece de firma electrónica, es decir, se promovió en términos del artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 15 del mismo ordenamiento. Por tanto, se requiere a la parte quejosa para que al momento en que se realice la notificación del presente acuerdo ratifique la demanda de amparo. En ese contexto, en aras de salvaguardar los derechos de la parte quejosa, en caso de que en el momento en que el actuario judicial notifique el presente acuerdo, se le faculta para que entienda la diligencia con la promovente y, de no ser posible, con el familiar más cercano a ésta, o bien, aquél que se encuentre a cargo de su estado de salud; quien deberá manifestar bajo protesta de decir verdad, no tener conflicto de intereses o motivo alguno para señalar a persona diversa, a fin de que sea nombrado como representante especial ello en términos del artículo 8 de la Ley de Amparo y, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo ratifique la demanda de amparo ante el fedatario público mencionado; con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada y quedarán sin efectos las providencias dictadas. Ahora bien, a efecto de proteger la integridad del actuario comisionado para realizar la diligencia ordenada en el presente acuerdo, se determina que, si este considera que en el lugar en que se practique la misma, se encuentra en peligro de contagio por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), no se estampe la firma respectiva de la persona a notificar, y solamente haga constar lo requerido, cómo se cercioró de ello y pormenorizar las circunstancias en que se llevó a cabo. Suspensión de plano. La parte quejosa solicita la suspensión de plano para lo siguiente: "(.) para el efecto de que las autoridades responsables realicen las gestiones indispensables para que se me suministre por parte del Hospital La Raza, el tratamiento médico que se me brindaba consistente en quimioterapia con carboplatino, de ser posible en mi domicilio, dado que me encuentro en una situación de vulnerabilidad derivado de la pandemia Covid 19, de lo contrario si se me agendara una cita lo más pronto posible para recibir mi tratamiento (.)." Al respecto, el artículo 4°, cuarto párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Por su parte, en el artículo 12 del Pleno del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Estado Mexicano se obligó a reconocer el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental, creando condiciones que aseguren a toso la asistencia médica y servicios médicos en caso de enfermedad. A la luz de esas normas, tenemos que las personas gozan el derecho a la protección y disfrute del más alto nivel posible de salud, tanto física como mental. Al respecto la Organización Mundial de la Salud define el vocablo salud como "un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades". Al tenor de lo señalado, y con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, por tratarse de un acto que pone en peligro la salud e, incluso, en riesgo la vida de la parte quejosa María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos, se concede la suspensión de plano del acto reclamado para el efecto de que las autoridades responsables del Hospital General de la Raza del Instituto Mexicano del Seguro Social le otorguen el tratamiento que estimen pertinente, de acuerdo al padecimiento que tenga diagnosticado, por tanto, deberán poner a su disposición los medicamentos y tratamientos que sean necesarios a efecto de preservar su derecho a la salud. De igual forma, se concede la suspensión de plano para el efecto de que la autoridad hospitalaria responsable, de inmediato, analice y certifique si el medicamento que refiere la promovente en la demanda de amparo (Paclitaxel 60 quimios) es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento de la quejosa María Cecilia del Rocío Carbajal Gallegos comparado con otras alternativas y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para la paciente quejosa, la institución deberá otorgarlo de manera inmediata. En la inteligencia que de no estar incluido en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, deberá realizar los trámites correspondientes para su obtención. De no ser así, es decir, que dicho medicamento no sea la mejor alternativa para su tratamiento, comunicará su dictamen al responsable de la quejosa para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 40/2020 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. DEBE OTORGARSE PARA QUE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE, DE INMEDIATO, ANALICE Y CERTIFIQUE EL MEJOR MEDICAMENTO PARA EL PADECIMIENTO DEL QUEJOSO, EN COMPARACIÓN CON LOS MEDICAMENTOS PREVISTOS EN EL CUADRO BÁSICO O COMPENDIO NACIONAL DE INSUMOS PARA LA SALUD. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes resolvieron recursos de queja en los que se impugnaron los efectos de la suspensión provisional concedida por los Jueces de Distrito, ante demandas de amparo, en las que un derechohabiente o beneficiario de instituciones de seguridad social solicitó que se le suministrara gratuitamente un medicamento, que fue prescrito por un médico ajeno a esos organismos, y que además no se encontraba incluido en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud regulado en los artículos de la Ley General de Salud. Criterio jurídico: Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide que el Juez de Distrito debe conceder la suspensión provisional para el efecto de que los médicos de la Institución responsable, de inmediato, revisen la solicitud del promovente y certifiquen si el medicamento es el de mayor eficacia terapéutica, seguridad y eficiencia para el padecimiento del quejoso, comparado con otras alternativas que sí están incluidas en el Cuadro Básico o Compendio Nacional de Insumos para la Salud o en sus propios catálogos institucionales, y si la conclusión de ese análisis es que el medicamento solicitado es el mejor tratamiento para el paciente-quejoso, la Institución debe otorgarlo de inmediato, y para ello debe realizar los trámites correspondientes; de no ser así, comunicará su dictamen al paciente para que éste decida, de manera informada, sobre su tratamiento, en el entendido que de subsistir la controversia, ésta sólo podrá decidirse en la resolución sobre la suspensión definitiva o el fondo del amparo, según sea el caso. Lo anterior, con la condición de que esté demostrado que el medicamento cuenta con el registro sanitario que exige el artículo 222 de la Ley General de Salud, que compete a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), sea porque se acreditó con los documentos anexos a la demanda, porque el secretario certificó esa información en los sitios oficiales correspondientes, o en su defecto, y para el caso de no existir información confiable al respecto, se ordenará que la verificación sea realizada por los médicos de la Institución responsable en cumplimiento de la suspensión. Justificación: Lo anterior, porque conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 147 de la Ley de Amparo, aplicable en lo conducente a la suspensión provisional conforme al artículo 157 de esa ley reglamentaria, es posible ordenar el restablecimiento del derecho o garantía afectado por el acto reclamado. Tomando en cuenta la urgencia de la medida y que el quejoso tiene derecho a recibir los medicamentos de calidad que sean necesarios para su padecimiento, como parte de la atención médica integral que se encuentra obligada a otorgar la Institución de seguridad social, como efecto de la suspensión provisional el Juez de Distrito debe ordenar las medidas que se especifican en esta decisión, las cuales tienden a verificar la existencia del registro sanitario exigido por la ley, así como la evaluación previa y confiable de los médicos de la Institución responsable, ya que sin esos elementos determinantes el Juez de Distrito no puede sustituirse en la valoración médica y ordenar directamente en la suspensión provisional el suministro o aplicación del medicamento en cuestión". Luego, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, así como a la urgencia de la medida cautelar concedida en autos, y los principios de prontitud y expedites en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, notifíquese mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que den cumplimiento a la mencionada medida cautelar, y de ser el caso, emitan las instrucciones necesarias a efecto de acatar tal mandamiento a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. Cabe precisar que las autoridades deberán acreditar con constancias fehacientes a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de veinticuatro horas, contado a partir de la siguiente a la en que queden notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que hayan realizado a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, inclusive ante autoridades diversas a las señaladas como responsables en el escrito inicial de demanda, anexando las constancias que demuestren el cumplimiento dado a la misma, las cuales podrán enviar vía correo institucional 4jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx. Apercibidas que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, este órgano jurisdiccional estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Asimismo, hágase del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirija, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de las autoridades, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir sus respectivos informes; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis aislada número I.12o.A.8K, sustentada por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1289, del tomo XV, correspondiente al mes de mayo de 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyos rubro y texto son: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DEL ACTO RECLAMADO. EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE REQUERIR EL CUMPLIMIENTO DE LA INTERLOCUTORIA QUE LA CONCEDE, A CUALQUIER AUTORIDAD, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE NO SEA PARTE EN EL JUICIO DE GARANTÍAS. Por la propia naturaleza que como medida precautoria tiene la suspensión del acto reclamado dentro del contexto protector de garantías constitucionales que se concreta mediante el juicio de amparo, medida que persigue preservar la materia del juicio y proteger los intereses de la parte quejosa hasta en tanto se dicte la sentencia definitiva de fondo correspondiente, haciendo prevalecer la situación jurídica existente hasta antes de la emisión del acto reclamado para proteger los derechos fundamentales cuya eficaz protección se impetra, es perfectamente válido considerar que el Juez de Distrito, una vez determinada la procedencia de su concesión, para lograr el objetivo que con ella se pretende, puede requerir a cualquier autoridad, independientemente de que haya participado en el juicio de garantías o no, para que realice los actos conducentes a tal finalidad o, en su caso, omita aquellos que pudieran hacer nugatoria la concesión de la protección constitucional que en su caso llegara a decretarse, por haber sido irreparablemente consumado el acto reclamado". Autorizados. Se tiene por autorizada en términos amplios, de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daphne Torres Origel, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello. Transparencia. Se hace del conocimiento del quejoso que podrá oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informe de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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