María Cecilia Carrizalez Figueroa

Expediente 865/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
865/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/12/2022

Partes del expediente

  • María Cecilia Carrizalez Figueroa

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. En términos de los artículos 3 fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, téngase por recibido el oficio de cuenta y anexo que lo acompaña, el cual al haber sido recibido en línea constará únicamente en el expediente electrónico de este juicio. En ese tener, téngase al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, remitiendo el testimonio de la resolución emitida en sesión de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en la queja 297/2022 de su índice, en el cual se declaró infundado el recurso de queja interpuesto por la quejosa ****** contra el auto de seis de septiembre del año en curso. En consecuencia, acúsese recibo al Tribunal oficiante, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en la carátula del expediente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En atención a lo dispuesto en el artículo 21, inciso d) del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales" publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente es susceptible de destrucción, debido a que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 de dicho ordenamiento, lo que deberá hacerse constar en la carátula de este expediente. En el entendido que el expediente se conservará por el término de tres años, contados a partir de haberse notificado el presente auto, y una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, deberá destruirse y remitir el acta de baja correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación, así como realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). FIRMAS ELECTRÓNICAS El presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez, acorde con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y el artículo 3, fracciones I y XI, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo

  2. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Visto el oficio de cuenta enviado a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), en términos de los artículos 3, fracción III y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y el trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, intégrese en formato impreso. En atención a su contenido, se tiene al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, informando que se admitió el recurso queja interpuesto por la parte quejosa contra el proveído de seis de septiembre del año en curso, que desechó la demanda de amparo. En consecuencia, estese en espera que el Tribunal Colegiado mencionado remita copia certificada de la resolución que dicte en el toca 297/2022 de su índice. FIRMAS ELECTRÓNICAS .

  3. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, veintinueve de septiembre de dos mil veintidós. Agréguese a los presentes autos el escrito signado por **********, parte quejosa en el presente asunto. En atención a su contenido y al diverso ocurso que anexa, con fundamento en los artículos 97, 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, así como 37, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dese trámite al recurso de queja que interpone, contra el acuerdo dictado el seis de septiembre de dos mil veintidós, por el que se desechó la demanda origen de este juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ríndase el informe respectivo en el sentido que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, cuya legalidad se sostiene. Remítanse vía electrónica el escrito aludido y las constancias digitalizadas de las actuaciones del presente expediente, al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación de dicho medio de defensa. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 39 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 y su reforma contenida en el diverso 25/2020 emitido por el citado Consejo. En la inteligencia que para dar cumplimiento a lo anterior, deberán acatarse las reglas contenidas en la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial, esto es, solicitar el turno por correo electrónico a la Oficina de Correspondencia Común que corresponda, adjuntando un oficio que contenga los datos necesarios para el registro. También, se ordena otorgar acceso al expediente electrónico del juicio de amparo en que se actúa. Por lo que se instruye al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) para que habilite dicha función. Para el caso que la superioridad estime necesario contar con las constancias físicas, se le solicita atentamente lo haga saber a este órgano de control constitucional para acordar lo conducente. Asimismo, se destaca que no es obstáculo que de la interpretación conjunta de los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, se concluya que cuando el recurso de queja se interponga en forma impresa, la parte recurrente debe señalar las constancias que en copia certificada se remitirán al órgano jurisdiccional que resolverá el recurso y que una vez notificadas las demás partes del medio de impugnación, se les otorgue el término de tres días para que, igualmente, indiquen las constancias que en copia certificada consideren para su remisión al Tribunal Colegiado correspondiente; sin embargo, atendiendo al auto que se combate por el recurso de queja, en el caso, el desechamiento de la demanda, se considera que tal tramitación resulta innecesaria. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid-19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese

  4. Principal

    Xalapa de Enríquez, Veracruz, trece de septiembre de dos mil veintidós. De la razón actuarial de cuenta, se advierte la imposibilidad que tuvo la Actuaria adscrita para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de seis de septiembre del año en curso, por los motivos en ella expuestos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista de acuerdos el referido auto, así como las subsecuentes notificaciones, aun las de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio correcto en esta ciudad donde pueda ser notificada. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Asimismo, se notifica por lista de acuerdos el auto de seis de septiembre actual, que en lo conducente dice: Xalapa de Enríquez, Veracruz, seis de septiembre de dos mil veintidós. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ****, por derecho propio, contra actos del Juez Sexto de Primera Instancia del Distrito Judicial del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades, por lo que se ordena formar el expediente respectivo, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y registrarlo en el libro de gobierno, con el número de juicio 865/2022 que le corresponde. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el Juez de Distrito, ante todo, examinará la demanda de amparo y en caso que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. PROPUESTA DEMOSTRATIVA De la lectura integral a la demanda de amparo, se advierte que respecto del acto reclamado se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, como se explica a continuación. HIPÓTESIS NORMATIVAS El artículo 61, fracción XVIII de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento; d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso; Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; (.)" Acorde con la disposición legal transcrita, antes de acudir al juicio de amparo contra actos jurisdiccionales, se deben agotar previamente los medios ordinarios de defensa, ya que dada su naturaleza extraordinaria, el juicio de amparo procede excepcionalmente contra actos revisados a través de los medios de impugnación establecidos por las normas ordinarias para combatirlos, salvo los casos de excepción expresamente previstos. En ese orden de ideas, para que se actualice tal causal de improcedencia, se desprenden las siguientes hipótesis: 1. Que se trate de resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo. 2. Que respecto de las mismas la ley conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 3. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, en los siguientes casos: ? Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. ? Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal. ? Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. ? Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Lo anterior implica que, salvo las excepciones destacadas, de no agotarse los recursos o medios de defensas que procedan en contra del acto reclamado el juicio de amparo que en su caso se promueva, resultará improcedente. Empero, no debe pasarse por alto que cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedara en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Por otra parte, atendiendo a la naturaleza del acto que se reclama, es preciso destacar lo establecido en los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en los que se contempla el incidente de nulidad de notificaciones, mismo que dispone: "Artículo 55. Las notificaciones hechas en forma distinta a la prevenida en el Capítulo V del Título Segundo, serán nulas; pero si la persona notificada se hubiere manifestado en juicio sabedora de la providencia, la notificación surtirá desde entonces sus efectos, como si estuviere legítimamente hecha. La nulidad de una actuación debe de reclamarse en la actuación subsecuente en que haya intervenido el interesado en solicitar la nulidad, pues de lo contrario, aquélla queda revalidada de pleno derecho; con excepción de la nulidad por defecto en el emplazamiento. La tramitación de los incidentes de nulidad no suspenderá el curso de los juicios." "Artículo 90. El incidente de nulidad que se promueva por defecto en las notificaciones, se substanciará ante el mismo juez o magistrado que conozca del negocio. Si la parte contraria estuviere conforme, se declarará desde luego la nulidad de lo actuado desde la notificación hecha indebidamente. Si no estuviere conforme, se convocará a una audiencia que tendrá verificativo a más tardar dentro de cinco días, en la que los interesados pueden presentar las pruebas que tuvieren. En la misma audiencia se resolverá lo que procediere en justicia. En el caso de que proceda la nulidad, se impondrá al responsable una multa equivalente, como máximo, a diez días de salario que devengue el servidor público y se le condenará al pago de los gastos y costas." De una interpretación sistemática de los preceptos legales invocados, se colige que contra una notificación que se estime ilegal o efectuada en forma distinta a la prevenida en la Ley, procede el incidente de nulidad de notificaciones, el cual se substanciará ante el mismo Juez o Magistrado que conozca del asunto. Asimismo, se destaca que el procedimiento relativo al juicio hipotecario se encuentra previsto en los artículos 451-A al 451-O del mismo cuerpo de leyes, y en particular el artículo 451-K prevé la posibilidad de tramitar incidentes, como se aprecia de su transcripción: "ARTICULO 451-K Las pruebas admitidas deberán ser preparadas por las partes, y en consecuencia, en la audiencia deberán presentar a sus testigos, que no podrán exceder de dos para cada hecho. En cuanto a la pericial, deberá estarse a lo ordenado en el juicio ordinario respecto a dicha prueba. No obstante lo anterior, si las partes al ofrecer sus pruebas, bajo protesta de decir verdad, manifiestan no poder presentar a los testigos, ni obtener los documentos que no tengan a su disposición, el Juez mandará citar a dichos testigos, con el apercibimiento que de no comparecer a declarar, sin justa causa que se los impida, les impondrá una multa de hasta el valor diario de cien Unidades de Medida y Actualización vigente, o arresto hasta de treinta y seis horas, y dejará de recibir tales testimoniales. De igual manera auxiliará al oferente, expidiendo los oficios a las autoridades y terceros que tengan en su poder documentos, apercibiendo a las primeras con la imposición de una sanción pecuniaria, en favor de la parte perjudicada, por el equivalente al valor diario de sesenta Unidades de Medida y Actualización vigente, que se hará efectiva por orden del propio Juez; y a los segundos con la imposición de un arresto hasta de treinta y seis horas, en la inteligencia de que estos terceros podrán manifestar al Juez, bajo protesta de decir verdad, que no tienen en su poder los documentos que se le requieren. El Juez iniciará la audiencia con una junta de conciliación en la que únicamente intervendrán las partes y en el caso de que no se lograra un convenio, procederá a resolver todas las excepciones procesales que existan, los incidentes que hubieren y desahogará las pruebas admitidas y preparadas. Si no se llegaren a desahogar por falta de preparación, se diferirá la audiencia y bajo su más estricta responsabilidad, atenderá que se preparen para desahogarse en la fecha que se señale, que no excederá en su fijación de los diez días posteriores. Desahogadas las pruebas, las partes dispondrán de quince minutos para alegar lo que a su derecho convenga y el Juez procurará dictar en la misma audiencia la sentencia que corresponda, a menos que existan pruebas documentales voluminosas, pues entonces contará con un término de ocho días para dictarla y mandarla a notificar a las partes dentro de dicho término." HECHOS Ahora bien, del análisis integral al escrito de demanda, se advierte que la parte promovente reclama: -La diligencia de notificación de veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a través de la cual, la Secretaria de Acuerdos en funciones de Actuaria del Juzgado Municipal de Banderilla, Veracruz, la emplazó al juicio especial hipotecario **** del índice del Juzgado Sexto de Primera Instancia, con residencia en esta ciudad y le notificó el auto de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado en ese expediente. CONCLUSIÓN En atención a lo expuesto, se concluye que contra el ilegal emplazamiento del que se queja la parte promovente, puede promover el incidente de nulidad de notificaciones previsto en los artículos 55 y 90 del Código de Procedimientos Civiles de la entidad, mismo que debió agotar previamente a la presentación de la demanda de amparo. Máxime que a través de ese medio de defensa ordinario podría obtener la nulidad de la notificación que combate, pues el procedimiento que regula el juicio hipotecario prevé la posibilidad de promover incidentes, como expresamente se advierte del numeral 451-K, párrafo cuarto del código procesal invocado. Sin que pueda considerársele persona extraña al procedimiento por equiparación, con motivo que tuvo conocimiento del juicio del que derivan los actos que reclama antes que el mismo concluya mediante el dictado de la sentencia. Por ello, se actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en el entendido de que los actos reclamados no se actualizan en alguno de los supuestos de excepción previstos por la citada norma. En consecuencia, procede DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO ORIGEN DE ESTE JUICIO, con fundamento en el artículo 113, en relación con el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo. Tienen aplicación al caso las tesis siguientes: Registro digital: 187016 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: I.6o.C. J/37 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XV, Mayo de 2002, página 902 Tipo: Jurisprudencia "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías." Registro digital: 223395 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Marzo de 1991, página 157 Tipo: Aislada IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, CUANDO EXISTE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES QUE COMO MEDIO DE DEFENSA DEBE PREVIAMENTE AGOTARSE. La causal de improcedencia del juicio de garantías a que se refiere el artículo 73 de la Ley de Amparo, en su fracción XIII, debe estimarse que concurre, no sólo cuando exista en la ley de la materia de que se trate, recurso o medio de defensa contra las resoluciones judiciales o de tribunales administrativos o del trabajo, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas, sino también tratándose de actuaciones judiciales posteriores al emplazamiento, respecto de las cuales la ley concede la oportunidad de impugnarlas a través del correspondiente incidente de nulidad, puesto que aunque éste no constituye un recurso, sí es un medio legal por el cual tales actuaciones pueden declararse nulas por haberse incumplido las formalidades esenciales del procedimiento." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señalado en el proemio de su escrito de demanda. Además, téngase como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a *** debido a que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República y con las restricciones que impone el artículo destacado a **** por no contar con dicho registro. CONSULTA AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Por otra parte, con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, así como los diversos 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza a **** con el usuario "***", el ingreso al sistema electrónico únicamente para efectos de consulta; lo anterior, con el propósito de fortalecer la tutela judicial efectiva y el acceso a la justicia de las personas, sin perjuicio que el expediente físico estará a su disposición en este órgano jurisdiccional los días y horas hábiles, para su consulta. En ese aspecto, toda vez que resulta necesario habilitar a la promovente se instruye a la Analista Jurídico encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.IS.E.), que realice el trámite correspondiente en ese Sistema. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza a las partes que intervengan en el presente juicio de amparo, así como a sus autorizados, la utilización de medios electrónicos a efecto de obtener la reproducción de las constancias que obran en el presente expediente, de conformidad con la Circular 12/2009 emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en el entendido que deberán conducirse con lealtad procesal y no reproducir documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal. Sin que lo anterior implique que la fe judicial del Secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que realice el interesado, en virtud que previo a obtener la reproducción de las constancias deberán hacerlo del conocimiento del funcionario que corresponda (actuario o secretario), quien procederá a levantar el acta respectiva. REQUERIMIENTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020 antes aplicado, requiérase a las partes para que se sirvan proporcionar un correo electrónico y/o servicio de mensajería instantánea, tanto de ellas como de sus autorizados, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. Además, acorde con los artículos 22, fracción I y 28 del Acuerdo invocado, se les exhorta a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea"; lo que deberán informar a este Juzgado, mediante escrito/oficio en el que expresen su intención de continuar el trámite en esa forma, señalando el nombre de usuario respectivo y solicitud para que se les notifique vía electrónica, mismo que podrá ser formulado por esta última vía. DATO DE CONTACTO Se toma conocimiento del correo electrónico que proporciona la parte quejosa como dato de contacto para el caso de realizar comunicaciones no procesales. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS Conforme al artículo 21, párrafo tercero de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles, para que los Actuarios de la adscripción practiquen alguna notificación, con el objeto de evitar dilaciones en el procedimiento. LEY DE TRANSPARENCIA De conformidad con lo establecido en los artículos 18, 23, 24, fracción VI, 68, 73, fracciones II y V, 111, 113, fracción V, 116 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1, 9, 16, 110, fracción V, 113, fracción I, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente, se hace saber a las partes en el presente asunto el derecho que tienen para oponerse a que se publiquen o den a conocer sus datos personales en aquellos casos en que la resolución que ha de publicarse o la constancia o prueba que se soliciten, contenga información reservada por poner en peligro su vida, seguridad o salud, o confidencial, por así prevenirse en un tratado internacional o la ley nacional; en la inteligencia que, de no hacer manifestación alguna hasta antes de dictarse sentencia, se tendrán por inconformes con la divulgación de sus datos personales. DIGITALIZACIÓN En cumplimiento a lo ordenado en el artículo 3° de la Ley de Amparo, digitalícese el expediente y fórmese tanto el impreso como el digital. FIRMAS ELECTRÓNICAS En razón del trabajo a distancia implementado en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación con motivo de la contingencia sanitaria ocasionada por el virus Covid- 19 y atendiendo al número reducido de personal que acude de forma física a las labores diarias en este Juzgado de Distrito, el presente acuerdo se firma de manera electrónica para constancia de su validez en el expediente electrónico respectivo; lo anterior, acorde con los artículos 13 y 14 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado por cuanto a su vigencia en los diversos 25/2020, 37/2020, 1/2021, 5/2021, 9/2021, 20/2021, 1/2022, 7/2022, 9/2022 y 16/2022 emitidos por el Pleno del citado Consejo, así como los artículos 2, fracción XV, 3, fracciones I y VII y 22, párrafo primero del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. Notifíquese.

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