María Casilda Durán Sada

Expediente 957/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 30 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
957/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
30/11/2021

Partes del expediente

  • María Casilda Durán Sada

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "7" Ciudad de México, treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado actual que guardan los presentes autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días otorgado a la quejosa para que desahogara la prevención realizada en autos, sin que a la fecha realizara manifestación alguna para su total y correcto desahogo. En consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho auto y por ello, en términos del penúltimo párrafo del artículo 114 de la ley de la materia, dicha solicitud de amparo se tiene POR NO PRESENTADA. Lo anterior, captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    MESA "7" En la Ciudad de México, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ------------------------- por propio derecho, regístrese en el Libro de Gobierno, bajo el número ---/2021-7 y fórmese el expediente correspondiente. Improcedencia de suspensión de plano No se soslaya, que la parte quejosa en su escrito de demanda, en el capítulo de suspensión del acto reclamado, solicitó la medida cautelar con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo que a la letra contempla: "Artículo 126. La suspensión se concederá de oficio y de plano cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales." En tanto que el diverso 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reza lo siguiente: "Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado." Sin embargo, del análisis de los citados preceptos, se advierte que la suspensión de oficio procede cuando los actos descritos en los referidos artículos se estén llevando a cabo, lo que no acontece en el presente asunto, ya que de la lectura íntegra de la demanda no se aprecia que en este momento se esté ejecutando alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional o por el 126 de la Ley de amparo, en perjuicio de la parte quejosa. Por lo anterior, no procede decretar la suspensión de plano en el presente asunto. Consideración previa Como cuestión previa a determinar sobre la admisión de la demanda que se atiende, es pertinente destacar que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos que aquélla debe contener, los cuales tienen como propósito que el Juez de Distrito pueda pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar intervención al agente del Ministerio Público e integrar, en su caso, los cuadernos relativos al incidente de suspensión, además de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Por lo que, la omisión de alguno de ellos conduce a la prevención regulada por el numeral 114 de la referida ley, siempre que se encuentre en alguna de las hipótesis que limitativamente prevé dicho artículo. Prevención Atento a lo anterior -luego de examinar la demanda de amparo en su integridad-, con fundamento en lo que disponen los arábigos 112, 114 fracciones I y IV y 108 fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de CINCO DÍAS, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, realice lo siguiente: 1. Precise los actos reclamados que pretende combatir en esta vía indirecta; así como las autoridades responsables a quienes se los atribuye. Lo anterior es así, dado que, una vez examinado el contenido íntegro del ocurso inicial que se atiende, no se advierte con claridad la materia sobre la cual se tramitará el presente asunto, pues de la manera en que se encuentra redactada la demanda de amparo que nos ocupa, genera incertidumbre al momento de fijar la litis constitucional, por las razones que enseguida se exponen. En el apartado respectivo, la promovente del amparo señaló como actos reclamados, los siguientes: "El Citatorio, orden de comparecencia, orden de presentación y/u orden de aprehensión [.]" Sin embargo, una vez analizado en su integridad el escrito de demanda que nos ocupa, se desprende que dichos actos fueron atribuidos de manera genérica a las autoridades que señaló como responsables, las cuales son de naturaleza administrativa. Dicho señalamiento, genera incertidumbre en la suscrita a efecto de establecer de manera precisa la litis en la presente contienda, puesto que, de conformidad con lo establecido en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales, el juez de control es la única autoridad facultada para autorizar y emitir una orden de aprehensión o comparecencia, así como en su caso, el citatorio. Mientras que, en términos del artículo 16 Constitucional, corresponde a las autoridades ministeriales emitir la orden de detención, únicamente en casos urgentes y ante el riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia. Bajo dicha premisa, no se puede establecer de manera efectiva la litis en el presente asunto, pues más allá que la promovente no señaló autoridades jurisdiccionales como responsables, las potestades administrativas que señaló con dicho carácter, carecen de facultades para emitir los actos que pretende atribuirles. Por ende, atendiendo a lo anterior, la justiciable deberá señalar de manera precisa cuál es el acto que pretende combatir en esta vía, desde luego, atendiendo a las facultades legales con las que cuentan dichas autoridades administrativa e investigadoras. Luego, superado el punto anterior y una vez precisado el acto que se pretende combatir en esta vía, la solicitante de tutela jurisdiccional deberá indicar de manera precisa la autoridad a quien atribuye dicho acto. Ello es así, pues en relación a las autoridades que señaló como responsables, destaca la siguiente: "AGENTES DE LA POLICÍA MINISTERIAL A SU CARGO" En ese tenor, resulta evidente que dicha denominación resulta genérica e imprecisa para efectos de tener por colmado el requisito a que hace referencia la fracción III, del artículo 108 de la Ley de Amparo. Esto es, además de la imposibilidad jurídica y material para que todos los agentes de la policía ministerial pretendan ejecutar u ordenar algún acto en contra de la justiciable, lo cierto es que dicha denominación resulta imprecisa para efectos de identificar a la autoridad que pretende señalar como responsable. Por ende, deberá señalar de manera precisa y concreta la denominación correcta y completa del agente de la Policía Ministerial que pretenda señalar como autoridad responsable para efectos del presente juicio de amparo; es decir, deberá informar su denominación completa, cargo y adscripción. Ello, con la finalidad de que esta juzgadora se encuentre en condiciones de emplazarle al presente juicio. Atento a lo anterior, para este juzgado de distrito no existe certeza de cuál es el acto que se pretende combatir en esta vía, así como la autoridad a quien se le atribuye, pues de la forma en que se encuentra redactada la demanda de amparo, genera incertidumbre dadas las inconsistencias destacadas con antelación. Se considera que esta situación debe ser superada por la solicitante del amparo, de conformidad con lo dispuesto en la fracción IV del artículo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto y así las autoridades responsables a las que se les atribuya el acto reclamado estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y ésta órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para determinar lo que en derecho corresponda. Además, al promover en esta vía indirecta, no se tienen más datos que los proporcionados por el promovente, y si bien, tratándose de un asunto en materia penal opera la suplencia prevista en el precepto 79, fracción III, de la Ley de Amparo vigente, ésta consiste únicamente en suplir los razonamientos por los cuales la parte quejosa estima se violaron sus derechos fundamentales así como los preceptos que consideró violados con el acto reclamado, lo cierto es, que dicha figura jurídica no autoriza al juzgador de amparo a cambiar el acto reclamado señalado por solicitante del amparo. 2. Bajo protesta de decir verdad, ahonde en los antecedentes del acto que por esta vía pretende combatir; lo anterior, en el entendido que dichas manifestaciones deben realizarse de manera personalísima. Superado el punto anterior, y una vez precisado de manera concreta y correcta el acto que pretende combatir, así como la autoridad a quien se lo atribuye, deberá señalar los hechos que constituyen los antecedentes de dicho acto. Esto es, para el caso de insistir en señalar como autoridades responsables a las administrativas que señaló con el carácter de ordenadoras, deberá precisar los hechos que constituyan los antecedentes del acto que les atribuya, de donde se advierta su participación, ya sea en la emisión, o ejecución del mismo. En ese orden, es preciso destacar que los antecedentes del acto reclamado se conforman por todos aquellos hechos o abstenciones que constan al promovente en relación con el acto que pretende combatir, esto es, son todos aquellos hechos que rodean al acto reclamado, antes de su emisión, durante su emisión y con posterioridad a ella; es todo aquello de lo que tengan conocimiento, mismo que debe expresarse en el cuerpo de la demanda. En el entendido que dichas situaciones deben ser superadas por el promovente, de conformidad con lo dispuesto en las fracciones III y V del dispositivo 108, de la Ley de Amparo, y no dejarlo a la interpretación de este órgano jurisdiccional, dado que con la información requerida se fijará la litis constitucional en el presente asunto, así como a las autoridades responsables a las cuales se les atribuye los actos reclamados, y con ello, estarán en aptitud de rendir con mayor certeza el informe que les sea solicitado, y este órgano jurisdiccional contará con los elementos suficientes para proveer lo que en derecho corresponda. Se hace del conocimiento a la parte promovente que el artículo 261 de la Ley de Amparo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos unidades de Medida y Actualización al quejoso o su abogado que, con la finalidad de obtener alguna ventaja procesal, afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con los actos que se pretendan reclamar. 3. Copias Ahora bien, con el original de su escrito de desahogo deberá presentar copias suficientes del ocurso de desahogo, con el fin de que se esté en posibilidad de correr traslado a cada una de las partes que intervienen en el juicio, una para cada autoridad responsable, una para el agente del Ministerio Público Federal de la adscripción y dos en el caso de solicitar incidente de suspensión. Apercibimiento Se apercibe a la promovente que, transcurrido el plazo mencionado y de no desahogar la prevención antes indicada en los términos expuestos, de conformidad con lo establecido en el penúltimo párrafo del dispositivo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Domicilio de la quejosa y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el que señala. Luego, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24, párrafo segundo, en relación con el artículo 12, segunda parte, ambos de la ley que rige la materia, se tienen por autorizadas a las personas que designa, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, quedando a salvo su derecho para acreditar encontrarse legalmente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Se exhorta al trámite electrónico Por otra parte, de conformidad con el Capítulo V del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, Relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea, es decir, utilizando los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, en virtud de que en los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, la presentación de demandas de amparo, recursos y promociones, así como la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas se realizarán a través de los sistemas tecnológicos del Consejo de la Judicatura Federal conforme a las disposiciones que estipula el capítulo segundo del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal y dado que el artículo 16 dispone lo siguiente: "Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra." Se expone lo anterior, a efecto de que considere una vez realizado dicho trámite proporcione a este órgano jurisdiccional su usuario para otorgarle la autorización respectiva, en virtud de que dicho trámite es personalísimo. Además de solicitar la práctica de las notificaciones vía electrónica de las determinaciones judiciales que se emitan en el presente asunto. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Uso de medios electrónicos Desde este momento, se autoriza el uso de medios electrónicos a todas las partes en el presente juicio de amparo para la reproducción de las constancias que integran el presente juicio de amparo y anexos, previa acreditación de la personalidad del solicitante y constancia que se deje en autos, siempre y cuando no se trate de actuaciones en sigilo. Autorización del Ministerio Público Desde este momento se autoriza la consulta electrónica del presente asunto a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; por ello, instrúyase a la Analista Jurídico de SISE, para que capture dicha autorización de manera correcta. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.... Suprímanse los Notifíquese personalmente.

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