María Carolina Sánchez Hernández
Expediente 340/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 340/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- María Carolina Sánchez Hernández
Actuaciones
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticuatro de abril de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Archivo. ... archívese este expediente como concluido. Destino ... este expediente es susceptible de destrucción. Instrucciones a la secretaria. Se instruye a la secretaria que tiene a su cargo la integración, que verifique y certifique la coincidencia entre el expediente físico y el electrónico. Notifíquese. ....
- Principal
... Desechamiento. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juzgado de Distrito, ante todo examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por lo que, en atención a lo dispuesto por tal precepto, se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. En mérito de lo anterior, este Juzgado Federal estima que en el presente juicio de amparo, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, con relación a los diversos numerales 1°, fracción I, y 5°, fracción II, todos de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; [.] Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. [.]" De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos, y que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En el caso, el Centro Nacional de Gas Natural (CENEGAS) a través de la Dirección de Derechos de Vía y Ocupación Superficial, con sede en Ciudad de México, no puede ser considerado "autoridad" para los efectos de la procedencia del juicio de amparo, dada la naturaleza del acto que se le atribuye y la peculiar situación jurídica en la que se ubica la parte promovente frente a la misma. Para explicar lo anterior, en primer término, se debe fijar el concepto de autoridad responsable partiendo de la distinción entre actos de particulares y los que no lo son, siendo que en contra de aquéllos el juicio de amparo es improcedente, salvo que realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos de los particulares, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, del tomo XXXIV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Septiembre de 2011, novena época, dicha Sala sostuvo: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Conforme a la tesis reproducida, se considera como "autoridad responsable" para los efectos del juicio de amparo, a la autoridad (y en ciertos casos a un particular) únicamente cuando a ésta y a la parte solicitante del amparo los vincule una relación de supra a subordinación, en la que dicha promovente tenga incorporada en su esfera jurídica un conjunto de derechos y obligaciones que lo ubican en una específica situación jurídica que crea, modifica o extingue sus derechos en forma unilateral y obligatoria. En este sentido, debemos entender por relaciones de supra a subordinación todas aquellas que se entablan entre gobernantes y gobernados y se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca el contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. En cambio, también pueden existir relaciones de coordinación entre gobernantes y gobernados, que evidentemente no se desarrollan en un plano de supra a subordinación, dada la especial vinculación que los une, pues ambos se encuentran en un plano de igualdad y bilateralidad en el seno del derecho, tal como lo establece la tesis I.15o.A.36 K, que sostiene el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1316, tomo XXVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Noviembre de 2008, novena época, cuyo texto dice: "AMPARO. EN EL JUICIO RELATIVO NO ES PROCEDENTE RECLAMAR ACTOS DERIVADOS DE RELACIONES DE SUPRAORDINACIÓN O DE COORDINACIÓN, SÓLO DE SUPRA A SUBORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES Y PARTICULARES. De acuerdo con la doctrina las relaciones de coordinación son las que se establecen entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad y bilateralidad en el seno del derecho privado, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, a través de normas generales se crean los procedimientos ordinarios necesarios para resolverlas, a los que deben acudir las partes involucradas para que los tribunales ordinarios competentes, de manera coactiva, impongan las consecuencias jurídicas procedentes. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; relaciones que se regulan por el derecho público en el que también se establecen los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo; caracterizándose por la unilateralidad y, por esto, la Constitución General de la República establece una serie de garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el ente estatal dispone de facultades para imponer su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Finalmente, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior o coordinación, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Carta Magna. En términos de esas precisiones encuentra sentido que los artículos 103 y 107 de la Ley Fundamental, establezcan que a través del juicio de amparo se resolverán las controversias derivadas de actos de autoridad que afecten las garantías individuales de los particulares, lo que supone la existencia de actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares; de ahí que aquellos que emanan de relaciones de supraordinación entre autoridades o de coordinación entre particulares no pueden reclamarse a través de ese juicio constitucional." Resulta necesario precisar los siguientes datos que obran en el juicio de amparo 105/2023, los cuales se invocan como hechos notorios en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo: 1. El doce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis el Ejido "Los Molinos" de Perote, Veracruz, celebró con el Organismo Público Descentralizado Petróleos Mexicanos, un contrato de ocupación superficial, mismo que quedó inscrito en el Registro Agrario Nacional el quince de juicio de mi novecientos ochenta y siete bajo el número 1630/87. 2. El veintiocho de octubre de dos mil quince el extinto Organismo Subsidiario de Petróleos Mexicanos denominado PEMEX-Gas, Petroquímica Básica (PGPB) y el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS) suscribieron el contrato de Transferencia de la Infraestructura de Transporte por Ducto de Gas Natural, a través de la cual la primera autoridad nombrada transfiere a la segunda (CENEGAS) los derechos y obligaciones relacionados con los "Sistema Nacional de Gasoductos y Sistema Naco-Hermosillo". 3. En dicho contrato de transferencia se estableció que el Centro Nacional de Control de Gas Natural (CENEGAS) es causahabiente de Petróleos Mexicanos denominado PEMEX-Gas y Petroquímica Básica (PGPB). Con base en lo anterior, si en la demanda de amparo se reclama de manera destacada la omisión del incumplimiento de pago del contrato de doce de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, en el cual el Centro Nacional de Gas Natural (CENEGAS) a través de la Dirección de Derechos de Vía y Ocupación Superficial, con sede en Ciudad de México, quien actualmente es causahiente de Petróleos Mexicanos denominado PEMEX-Gas y Petroquímica Básica (PGPB), dicho acto no puede ser considerado de autoridad para los efectos de procedencia de la acción constitucional. Ello es así toda vez que al derivar el acto reclamado de un contrato, produce o transfiere obligaciones y derechos, donde la libertad es uno de los principios más importantes que lo rigen, ya que implica que todas las obligaciones nacen de la voluntad de las partes; por tanto, es inconcuso que éstas tienen la facultad de fijar libremente su contenido. Aunado a lo anterior, el acto reclamado no puede ser considerado un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, sólo por el hecho de que una de las partes sea un organismo público descentralizado, en razón de que el organismo al celebrar el contrato se colocó en un plano de igualdad frente a la parte quejosa, pues se obligó al cumplimiento de determinados actos y asumió al mismo tiempo ciertos derechos y obligaciones; de modo que, será el derecho privado quien preservará esa relación jurídica y declarará el derecho Además, de que dentro de la relación que guardan como entes de derecho privado, es derivado de la relación contractual entre dicho Organismo Público Descentralizado y la quejosa; y no de una relación jurídica entre gobernante y gobernado, es decir de un celebrado con un particular, donde el clausulado se rige por la voluntad de las partes. En efecto, ante la omisión en que incurre la señalada como autoridad responsable al no dar cumplimiento al pago del contrato, puede impugnarse mediante las vías que resulten procedentes. Así, cualquier controversia que se suscite con motivo de esa relación contractual no entraña una violación a los derechos fundamentales; por lo que su estudio debe ser resuelto por los tribunales de instancia competentes, toda vez que la acción constitucional intentada es improcedente, en los términos de la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 5°, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse de manera notoria e indudable la causa de improcedencia citada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. Ahora, toda vez que la quejosa señala como domicilio el precisado en el juicio de amparo 105/2023, con fundamento en el artículo 27 de la Ley de Amparo se tiene como domicilio de la parte promovente para recibir notificaciones el señalado en aquel escrito. Asimismo, autorizado en términos amplios, acorde a lo previsto en el artículo 12 de la citada ley, a María de Jesús Juárez Godoy, en virtud de que cuenta con cédula profesional, por lo que glósese copia certificada de la demanda de amparo que dio origen el juicio de amparo 105/2023 del índice de este juzgado, para los efectos legales a que haya lugar. Horas y días inhábiles. En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles para la práctica de notificaciones. Integración de expedientes. Se instruye a los (as) secretarios (as), tanto a quienes tienen a su cargo el trámite como a los que están comisionados en la integración, así como a los actuarios (as), para que, de acuerdo a sus funciones, supervisen la debida integración de los expedientes, tanto físico como electrónico. Transparencia. Con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar en este juicio, se testarán las palabras, frases, o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. ....
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintitrés. Sin mayor acuerdo. ... Cúmplase.
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