María Carolina Pech Huchim

Expediente 1439/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 6 actuaciones registradas, la última del 25 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1439/2022
Año
2022
Actuaciones
6
Última actuación
25/08/2022

Partes del expediente

  • María Carolina Pech Huchim

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veinticinco de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte a la que pudo causarle perjuicio, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la resolución dictada el ocho de agosto de dos mil veintidós. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la sentencia que sobreseyó el presente juicio de amparo, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Visto para resolver el juicio de amparo número 1439/2022- III-A, promovido por María Carolina Pech Huchim, contra los actos que reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad. A N T E C E D E N T E S PRIMERO. Recepción de la demanda. Mediante escrito presentado el seis de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, y turnado al día siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, compareció María Carolina Pech Huchim, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de los actos que reclama a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán y actuario de su adscripción, con residencia en esta ciudad. SEGUNDO. Admisión de la demanda. Por auto de ocho de junio de dos mil veintidós, se admitió la demanda, la que quedó registrada con el número 1439/2022-III-A; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A C I O N E S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49, en relación con el 61, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Página 3 de 13 ??A???????????? Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que se desprende del análisis integral de la demanda, ello con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa; lo anterior atendiendo, por igualdad de razón, al criterio definido en la jurisprudencia número P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, abril de 2000, página 32, cuyo contenido es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En el mismo tenor, cobra aplicación al respecto, la tesis P. VI/2004 sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIX, abril de 2004, página 255, que a la letra señala: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, como de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se tiene que la parte quejosa reclama: De la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán: La omisión de fijar fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en autos del expediente laboral 577/2019. Del actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán: La omisión de notificar a las partes la nueva fecha para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, toda vez que así lo manifestó su Presidenta, al rendir su informe justificado (registrado con el número de promoción 15314); lo que se patentiza con las constancias que adjuntó a su informe de ley. Esto es, del estudio de las constancias que remitió la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en materia de amparo, se desprende que por acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, se regularizó la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, fijándose como nueva fecha el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Página 5 de 13 ??A???????????? misma que fue diferida por falta de notificación de las partes, quedando como nuevas fecha y hora el veintitrés de agosto de los corrientes, para su celebración. Por tanto, es claro que al momento de la presentación del escrito de demanda (seis de junio de dos mil veintidós), no existía el acto reclamado. Cabe acotar que la existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de no ser así la sentencia se ocuparía de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja. Cobra aplicación en el presente caso, la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 79, Julio de 1994, página: 15, en materia común, bajo el rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Consecuentemente, ante la inexistencia del acto atribuido a dicha autoridad, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, por lo que toca al reclamado a la Junta responsable, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/181, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/202, que señala: 1 Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio- Septiembre de 1989, con registro 803111. 2 Localizada en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634. ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de actos. Es cierto el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, pues no obstante que lo negó en su informe justificado; sin embargo, de las constancias que adjunto la Presidenta de la junta responsable, se acredita la certeza del mismo. QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, se deben analizar las causas de improcedencia propuestas por las partes o de oficio por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal y como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, el suscrito juzgador considera que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado.". El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Página 7 de 13 ??A???????????? y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí alguna huella. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación3, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación4, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, como se dijo, el acto reclamado al actuario adscrito a la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, consiste en la omisión de notificar a las partes la nueva fecha para la celebración de la 3 Localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637. 4 Localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820. ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Página 9 de 13 ??A???????????? audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 577/2019. Sin embargo, de las constancias que anexó la Presidenta de la Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán a su informe justificado, a las que se les concedió valor probatorio pleno, se advierte que el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, se señaló como nueva fecha y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, el veintitrés de agosto de los corrientes, lo cual le fue notificado a las partes treinta de junio y uno de julio de dos mil veintidós; según se advierte de las constancias de notificación correspondientes. Lo que evidencia la cesación de efectos de dicho acto de queja, pues el actuario responsable ya hizo del conocimiento de las partes, entre ellas, a la parte quejosa, el acuerdo de veintitrés de agosto de dos mil veintiuno, por medio de la cual se señaló nueva fecha para que tenga verificativo la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, esto es, con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se aprecia que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran como si ya se hubiera concedido al impetrante del amparo la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata, restituyendo de esa forma al peticionario en el pleno goce de los derechos humanos que estimó violados, como si se hubiera otorgado a su favor la protección constitucional con los efectos a que alude el artículo 77, fracción I, de la propia ley. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número P.CL/975, en los siguientes términos: 5 Consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367. ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio, por lo que respecta al actuario señalado como responsables, con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Lo anterior impide analizar el fondo del asunto, en virtud del sobreseimiento derivado de la improcedencia que se actualizó. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia número 5096, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales. Toda vez que la parte quejosa, manifestó estar ANUENTE a que se publiquen los datos personales en la sentencia dictada en el presente asunto; lo cual fue acordado favorablemente mediante proveído de veintiocho de junio último. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la 6 Publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917- 1995. ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Página 11 de 13 ??A???????????? información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública. De ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos ROSA MARGARITA ALCOCER DÍAZ 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6c.1e 24/02/24 19:11:15 Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Carolina Pech Huchim, en contra del acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por María Carolina Pech Huchim, en contra del acto atribuido al actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando quinto del presente fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de julio de dos mil veintidós. Visto: agréguese a estos autos el oficio 2C.10.UAJ.DGAE.DE.4210.2022 de la Directora de Ejecutorias, quien firma en ausencia de la Titular de la Dirección General de Amparo y Ejecutorias y ésta a su vez, en representación de la Dirección General de Ordenamiento Territorial, dependiente de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, a través del cual informa las gestiones que se encuentra realizando en relación al cumplimiento de la ejecutoria del amparo; de lo que se advierte que la misma se encuentra en vías de ejecución. Por otra parte, agréguese a este expediente el oficio de la Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, con sede en la Ciudad de México (autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria), a través del cual, en relación al requerimiento que se le formuló por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil veintidós, informa lo siguiente: "Al respecto, comunico a Usted que esta Dirección General de Zona Federal de Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros, en cabal cumplimiento a lo solicitado por su señoría en el presente juicio de garantías, mediante oficio correspondiente da respuesta a lo solicitado por la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, precisando sobre la imposibilidad material y legal para emitir un pronunciamiento sobre dicha solicitud ante la carencia de elementos de carácter técnico que permitan a esta Unidad Administrativa realizar un análisis y/o estudio sobre la cuestión planteada en el presente libelo de amparo" Circunstancia de la cual queda enterado este Juzgado Federal, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, toda vez que de las constancias que remitiera la autoridad antes nombrada, se observa que entre ellas obra el oficio SGPA-DGZFMTAC-1171/2022 de veintisiete de mayo del año en curso, dirigido a la Directora de Ejecutorias de la Dirección General de Amparos y Ejecutorias, quien representa a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, en el que le informó de los elementos que le resultan necesarios para que lleve a cabo el análisis integral de gabinete, en relación al lugar en el que se sitúa el predio denominado las ********************, ubicado en el municipio de ********************En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, mediante oficio que se libre para tal efecto, requiérase a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, con sede en la Ciudad de México, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que reciba el oficio que derive de este acuerdo, remita a la Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, la documentación que relaciona en el invocado oficio SGPA-DGZFMTAC-1171/2022, de veintisiete de mayo del año en curso, a fin de que proceda a realizar el estudio correspondiente, en relación al lugar en el que se ubica el predio denominado las ********************, ubicado en el municipio de ********************; para lo cual, remítase adjunto al mismo copia simple de la referida comunicación con la que se dio cuenta y de sus anexos. Lo que deberá acreditar ante este Juzgado Federal, dentro del propio plazo, remitiendo las copias certificadas completas y legibles de los documentos que apoyen su dicho, a fin de que este órgano jurisdiccional proceda a acordar lo conducente, en relación al cumplimiento de la ejecutoria del amparo por parte de la citada Directora General de Zona Federal Marítimo Terrestre y Ambientes Costeros (autoridad vinculada al cumplimiento de la ejecutoria), como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal. Se apercibe a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), a que se refiere el artículo 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 26, apartado B, párrafo sexto, Constitucional y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, cinco de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación de la sentencia dictada en este juicio el veintiséis de abril de dos mil veintidós, se realizó a las autoridades responsables foráneas, el siete de junio de dos mil veintidós, como se advierte de las tarjetas de acuse de correspondencia que obran agregadas a estos autos y por tanto, que al día de hoy ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, prevéngase a las autoridades responsables Director en Jefe, Director General de Registro y Control Documental, ambos con sede en la Ciudad de México, así como al Delegado Estatal en Yucatán, del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, para que cumplan con la ejecutoria de mérito, como lo dispone el artículo 77 del propio ordenamiento legal, lo que deberán informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Apercibidas que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá a la omisa una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización, correspondiente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N), conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Jefa de la Oficina de Servicios Directos "Poder Judicial", del Servicio Postal Mexicano, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en proveído de catorce de junio del año en curso, hace del conocimiento de este órgano jurisdiccional que los acuses de recibo relativos a los oficios 17496/2022 y 17497/2022 que le fueron solicitados, fueron entregados a la actuaria adscrita a este Juzgado Federal. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que, efectivamente, de lo acordado en líneas que anteceden se advierte que los acuses de recibo de mérito ya obran agregados en autos. Notifíquese y cúmplase.

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