Maria Carolina Mejia Robles

Expediente 95/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
95/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
09/05/2022

Partes del expediente

  • Maria Carolina Mejia Robles

Actuaciones

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, nueve de mayo de dos mil veintidós. Feneció término legal. Vista la certificación de cuenta se advierte que trascurrió el término de diez días establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la resolución de dieciocho de abril de dos mil veintidós, en la que se sobreseyó en el presente juicio; sin que lo hubieran hecho. Causa ejecutoria. Por tanto, con fundamento en el precepto ya mencionado y en relación con el ordinal 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que la citada resolución ha causado ejecutoria. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, con fundamento en el numeral 214 de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Valoración. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte y que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se determina: Juicio de amparo. De conformidad con lo establecido en el artículo 21, inciso a) del citado acuerdo, se establece que el cuaderno relativo a este juicio es susceptible de destrucción por haberse decretado el sobreseimiento en el presente asunto, por lo que, una vez transcurrido el término de tres años, a que alude el referido numeral, procédase a su destrucción. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Relevancia documental. De igual forma, atendiendo al contenido del artículo 15, último párrafo, del citado Acuerdo a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. Notifíquese.

  2. Principal

    Por otra parte, el Secretario certifica: Que con fundamento en el artículo 3, fracción III, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, que las promociones y determinaciones que se encuentran glosadas a este expediente físico -al día de hoy- se encuentran digitalizadas e integradas al expediente electrónico y estos son coincidentes entre sí. Acuerdo. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 117 y 124 de la Ley de Amparo, la Jueza tiene por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en el expediente. Es aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno en Materia Penal del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 58, septiembre de 2018, Tomo II, página 1345, Décima Época, registro 2017786, que dispone: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. PARA CUMPLIR EL REQUISITO FORMAL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 124, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE AMPARO, QUE PREVÉ QUE "ABIERTA LA AUDIENCIA SE PROCEDERÁ A LA RELACIÓN DE CONSTANCIAS", BASTA QUE EN AQUÉLLA SE CERTIFIQUE QUE SE DIO LECTURA A LAS CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE. El artículo 124, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece, en lo conducente, que "abierta la audiencia, se procederá a la relación de constancias". Si se parte de dicha referencia normativa, no puede afirmarse que se configure una transgresión a las formalidades esenciales del procedimiento en el juicio de amparo indirecto, cuando al celebrarse ese acto procesal únicamente se precise que se da lectura a las constancias del expediente y que se tienen por reproducidas, sin que queden plasmadas por escrito en esa diligencia, pues ello constituye un requerimiento extremo no previsto en los artículos 107, párrafo primero, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 124 indicado pues, por el contrario, si se atiende a los principios que emanan de los artículos 17, párrafos segundo y tercero, de la Constitución Federal, 2, numeral 3, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se concluye que en la resolución de los asuntos jurisdiccionales, las autoridades deben privilegiar, por encima de los aspectos formales, la resolución de fondo, toda vez que esta prevención evitará que en un juicio o procedimiento seguido en forma de juicio se impongan obstáculos entre la acción de las autoridades y las pretensiones de los justiciables, o bien, límites a las funciones de las autoridades en la decisión de fondo del conflicto; lo que deriva en que basta que en la audiencia constitucional se certifique que se dio lectura a las constancias del expediente para entender que fueron relacionadas dentro de esa actuación procesal. Además, lo trascendente es que los actos desarrollados en la primera fase del acto mencionado (invocación de constancias, pruebas, alegatos y la intervención de las partes) se vean asentados en forma congruente en el fallo que ponga fin al acto unitario (audiencia constitucional y sentencia)." Pruebas. A continuación, se abre el periodo probatorio y el Secretario hace constar que las partes ofrecieron las siguientes pruebas: Partes Pruebas Foja (s) Admitidas y desahogas Parte quejosa Documental 5 23 de febrero de 2022. (fojas 7 a 11) Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana Documentales 9 y 24 a 41 10 y 22 de marzo de 2022. (fojas 20 y 42) En el mismo sentido, el Secretario hace constar que no existen pruebas pendientes por desahogar y que el expediente está debidamente integrado. Acuerdo. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo, en su momento procesal oportuno tómense en consideración las probanzas relatadas, y al no tener pruebas que acordar ni pendientes de desahogo, la Jueza da por concluida la etapa probatoria. Alegatos. Enseguida, se apertura el periodo de alegatos y el Secretario hace constar que las partes no hicieron uso de ese derecho. Acuerdo. Con fundamento en el numeral 124 de la ley de la materia, toda vez que las partes no formularon alegatos, la Jueza tiene por precluido ese derecho, y da por concluida la presente etapa. Cierre de la audiencia. Con lo expuesto, se tienen por cumplidas las etapas precedentes de la audiencia constitucional en términos de la presente acta y se procede al estudio de las constancias relativas, para dictar el fallo que en derecho corresponda. VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 95/2022-VI; y, R E S U L T A N D O S PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, María Carolina Mejía Robles, por conducto de su apoderada, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra la autoridad y por el acto precisado en su demanda. SEGUNDO. Trámite del juicio. El veintitrés de febrero de dos mil veintidós la demanda de amparo se registró bajo el número de expediente 95/2022-VI, se admitió a trámite y se solicitó el informe justificado correspondiente a la autoridad responsable. Luego, seguidos los trámites de ley, se celebró la audiencia constitucional que tuvo verificativo en los términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y 37 de la Ley de Amparo, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, al realizarse una lectura integral de la demanda y de las constancias allegadas al juicio, se advierte que la quejosa solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de la autoridad y por el acto que enseguida se precisa: Autoridad responsable Acto reclamado Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana. La paralización injustificada del procedimiento o dilación del mismo desde el veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Por razón de método, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia de los actos reclamados en el presente asunto, ya que se trata de una cuestión de análisis previo cuyo pronunciamiento, en su caso, permitirá estudiar las causas de improcedencia, así como los aspectos de fondo de la controversia. En ese sentido, la autoridad responsable que enseguida se indica, rindió su informe justificado, tal como se precisa a continuación: AUTORIDAD SENTIDO DEL INFORME FOJA Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local Conciliación y Arbitraje de Tijuana Niega con manifestaciones 18 Se desvirtúa la negativa. No obstante que la autoridad manifestó, que no era cierto el acto reclamado, de las constancias que remitió anexas a su informe justificado, consistentes en el juicio laboral 1180/2019-3A, promovido por María Carolina Mejía Robles, en contra de SEGENVAL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo, del cual se desprende el acto que reclama de la parte quejosa consistente en la paralización o dilación de dicho procedimiento, de ahí que deba tenerse por cierto, y corresponderá al estudio del fondo del asunto verificar si esa circunstancia es violatoria o no de los derechos de la parte quejosa. Documentales a las que se otorga el valor probatorio pleno a que se refieren los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, por tratarse de actuaciones emitidas por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, Quinta Época, cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Improcedencia del juicio de amparo. Como cuestión previa y en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, procede el estudio de las causas de improcedencia, al tratarse de una cuestión de orden público y de estudio preferente. En ese sentido, de oficio se advierte que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la Ley de Amparo en su artículo 61 fracción XXI. El precepto invocado establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]." De una interpretación sistemática de lo dispuesto por la referida fracción del arábigo citado, permite establecer que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no le agravia al quejoso y disfruta del beneficio que fue afectado por el acto de autoridad, lo que da lugar al sobreseimiento del juicio. Acorde con lo anterior, se considera que en el caso concreto han cesado los efectos de lo reclamado, ya que de las constancias remitidas, previamente valoradas, se advierte que desde el tres de febrero de dos mil veintidós, la junta responsable emitió un acuerdo en el cual en atención al estado de autos que guardaba el juicio natural 1180/2019-3A, advirtió que no obraba constancia alguna relativa a la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, señalada para que tuviera verificativo a las once horas con treinta minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, atento a ello, acordó entre otras cosas, señalar las nueve horas con treinta minutos del cuatro de mayo de dos mil veintidós para la celebración de la referida audiencia, prevista en los numerales 741, 742, 743, fracciones II y IV de la Ley Federal de Trabajo, ordenó la notificación a la parte actora -aquí quejosa- de dicho acuerdo y el emplazamiento a juicio de las demandadas SEGENVAL, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable y quien resulte responsable de la fuente de trabajo . Por lo que en cumplimiento a dicho acuerdo, el mismo fue notificado a la parte actora -aquí quejosa- el dieciséis de marzo de dos mil veintidós -con posterioridad a la presentación de la demanda- a fin de que se impusiera de su contenido, restituyendo así a la impetrante de amparo en el goce de los derechos fundamentales que estimó violados, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la transgresión constitucional. Atento a lo anterior, la autoridad responsable demostró haber reactivado el asunto natural, circunstancia que se corrobora con las constancias remitidas a este juzgado de distrito, previamente valoradas, y que permite concluir que ha quedado superada la conducta pasiva reprochada en este sumario constitucional. Cabe mencionar que la dilación procesal denotada en este fallo, se analizó en relación con la omisión particularmente reclamada, esto es, la conducta pasiva reprochada a la junta responsable que en específico produjo la paralización de la secuela primigenia, acorde con la etapa procesal en que se encontraba. Ello, en atención a la tesis 2a. CV/2013 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 732, libro 1, diciembre de 2013, tomo I, Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que interpretada a contrario sensu, establece: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007). Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia citada, sostuvo que cuando se concede la protección constitucional por violación a la garantía de impartición de justicia pronta, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los efectos de la sentencia de amparo deben comprender no sólo las omisiones y dilaciones de tramitar un juicio laboral dentro de los plazos y términos legales, señaladas en la demanda de amparo, sino también las subsecuentes. Sin embargo, una nueva reflexión conduce a abandonar el criterio referido, toda vez que los alcances por los que se otorgue la protección constitucional deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013." [Énfasis añadido]. Finalmente, sirve de apoyo la tesis 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, junio de 1999, tomo IX, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal."". Decisión. Por tanto, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo y con fundamento en la fracción V, del precepto 63 de la legislación invocada, se sobresee en el juicio de amparo. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo 95/2022-VI, promovido por María Carolina Mejía Robles, en contra del acto y autoridad precisados en el considerando segundo, por las razones expuestas en el diverso considerando cuarto. Notifíquese.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, diez de marzo de dos mil veintidós. Se rinde informe justificado. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales a que haya lugar el informe justificado rendido por la autoridad responsable y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, déjese a la vista de las partes por el término de ocho días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Pruebas. Asimismo, con fundamento en la interpretación sistemática de los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo, se admite la documental que la junta responsable adjuntó en apoyo a su informe justificado, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia la ella en la audiencia constitucional. Requerimiento. Ahora bien, ante la omisión de la responsable de remitir la totalidad de las constancias del juicio laboral 1180/2019-3A promovida por la aquí quejosa en contra de Segenval, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, de su índice, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se le requiere a fin de que en el plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, remita la totalidad de las constancias relativas al acto que se le reclama, toda vez que las mismas, son necesarias para resolver el presente juicio. Apercibimiento. Con el apercibimiento que de no hacer lo antes descrito, en los términos indicados, se le impondrá una multa de cien veces la Unidad de Medida y Actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos segundo y tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Notifíquese.

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