Maria Carolina Gasca Almanza
Expediente 650/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 650/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 08/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Maria Carolina Gasca Almanza
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por María Carolina Gasca Almanza, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado. Consecuentemente, se ordena archivar el presente como asunto totalmente concluido de conformidad con lo que dispone el artículo 214 de la Ley de Amparo.
- Principal
Consideraciones previas. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo y el Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, el análisis del cumplimiento de las sentencias concesorias de amparo es de orden público y, corresponde al órgano jurisdiccional, pronunciarse sobre si se acataron o no los efectos del fallo protector, con independencia de que se desahogue o no la vista. Vista con cumplimiento al fallo protector Ahora, vista la certificación de cuenta y atento al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en el proveído de seis de junio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su interés conviniera, respecto del cumplimiento dado al fallo protector por parte de la autoridad responsable Juez de Control en Materia Penal de la Tercera Región en el estado de Guanajuato, base Apaseo el Grande, sede Celaya, por lo que procede proveer al respecto, con base en que el cumplimiento de la sentencia de amparo es de orden público. Antecedentes*** Valoración.***** Decisión. En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, las constancias que obran en el sumario permiten advertir que se siguieron los lineamientos establecidos en el fallo protector, al quedar satisfechos los efectos del mismo. En ese contexto, al haberse dejado sin efectos lo determinado en audiencia de veintidós de junio de dos mil veintiuno, en la causa penal *****, y convocado a las partes a una audiencia de resolución jurisdiccional, la cual se verificó el uno de junio de dos mil veintidós, en la que se negó la petición de que a la menor ofendida de iniciales ***** se le practique una ampliación de entrevista y un nuevo examen psicológico, lo cual era en lo que se centraba el otorgamiento de la protección constitucional, se tiene cumplida la ejecutoria de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la ley de la materia. Sin que se advierta exceso o defecto en tal cumplimiento, ya que la autoridad responsable siguió los lineamientos establecidos en la ejecutoria de amparo, por lo cual, se insiste, el fallo protector fue cumplido sin excesos ni defectos. En el entendido de que hay exceso cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la determinación, mientras que habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado o lo hace deficientemente.*** Vista a las partes. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201, fracción I, y 202 del ordenamiento legal antes citado, aplicado a contrario sensu, con la presente determinación dese vista a la parte quejosa por el término de quince días, a fin de que manifieste si es su deseo interponer recurso de inconformidad contra este auto, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna al respecto, se procederá conforme lo dispone el cuarto párrafo del precepto legal 196 de la ley de la materia, esto es, una vez que transcurra el término aludido, sin que se haya interpuesto el medio de defensa indicado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se proveerá respecto al archivo del expediente en que se actúa, así como a la valoración de éste, toda vez que será hasta ese momento en que este juzgado pueda determinar lo concerniente.
- Principal
AL NO SER ATENDIDO EL CITATORIO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), LA DETERMINACIÓN DE VEINTIDÓS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Demanda y radicación. Visto lo de cuenta, téngase recibida la demanda de amparo promovida por * mediante la cual solicita el amparo y protección de la justicia federal contra actos que atribuye a la autoridad: Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado residente en la ciudad de Guanajuato. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos con el número 650/2022-IV. Anótese su ingreso en el libro de control de este juzgado federal y procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación. En el entendido de que aquéllas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este Juzgado. La parte quejosa señala como acto reclamado lo siguiente: La resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós dictada en el toca **** del índice de la autoridad responsable, mediante la cual confirma la interlocutoria de veinte de abril del mismo año, por el que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones emanado en el expediente ****. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.*** Actos de imposible reparación. Ahora, esta juzgadora estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, en relación con el numeral 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Dichos preceptos establecen el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación. Así, cuando se trata de actos después de concluido el juicio, el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, los que consisten en afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio constitucional indirecto contra actos de imposible reparación, ya que, mediante una definición legal reiteró, su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables.*** Análisis del caso concreto. De lo reseñado evidencia que la resolución de veintisiete de mayo de dos mil veintidós dictada en el toca ***** del índice de la autoridad responsable, mediante la cual confirma la determinación de veinte de abril del mismo año, por el que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones planteado dentro del incidente de liquidación de costas judiciales en el expediente ****, no es un acto de imposible reparación ni afecta derechos humanos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, sino que solamente tiene efectos procesales y no afecta, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, dado que será hasta el dictado de la interlocutoria que resuelva el incidente de liquidación de costas judiciales donde podrá hacer valer las violaciones procesales que surgieron durante la tramitación, si el resultado es contrario a sus intereses.*** De modo que, si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio. Así, la supuesta indebida citación a una de las partes para acudir al procedimiento incidental -después de concluido el juicio- es susceptible de reclamarse en la vía de amparo indirecto, pero sólo hasta que se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada, como lo exige el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, ya que, lo que se pretende es la continuación del procedimiento incidental sin mayores obstáculos y evitar la reiterada promoción de juicios de amparo, cuantas violaciones de ese carácter se estimaran cometidas, aunque con la posibilidad de reclamar todas las posibles violaciones, a través de un solo juicio que se tramite en la vía biinstancial, en contra de la interlocutoria que ponga fin a la incidencia. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, ya que al tratarse de una resolución en la que, esencialmente la responsable confirma la determinación de veinte de abril del mismo año, por el que resuelve el incidente de nulidad de actuaciones planteado dentro del incidente de liquidación de costas judiciales en el expediente ****, solamente incide en un derechos procesal pero no es un derecho sustantivo el que materialmente resulta afectado de modo directo e inmediato, con independencia del desenlace del proceso jurisdiccional. Lo anterior, porque el acto del que se duele constituye una lesión que podría quedar subsanada con posterioridad, al momento de emitirse -como se dijo- la interlocutoria que decida el incidente de costas judiciales, la que puede ser a su favor y, aun cuando ello no fuera así, puede reclamarla a través del medio que tenga a su alcance.*** Protesta de ley. Por otra parte, conviene destacar que esta juzgadora cuenta con los elementos suficientes y objetivos que permiten arribar a la determinación de desechar la demanda. Ello, puesto que la parte quejosa ha narrado bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos reclamados. *** Desechamiento. En las relatadas condiciones, al haber quedado evidenciado que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, con apoyo en el consecutivo 113 de ese ordenamiento legal, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio. No se inadvierte que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría estudiarse en la sentencia que resolviera el juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada. Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia de la promovente del amparo y que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por quien resuelve y, en el caso, la examinada es procedente de manera notoria, manifiesta e indudable.*** Domicilio y autorizados.
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