María Carmina Calderón Caballero

Expediente 564/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
564/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
14/01/2022

Partes del expediente

  • María Carmina Calderón Caballero

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán, catorce de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que no se interpuso recurso de queja dentro del término de cinco días que contempla el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda que dio origen al juicio de amparo que nos ocupa; en tal virtud, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio a la Ley de la Materia, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO; y ordénese su archivo como asunto totalmente concluido. Consecuentemente, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo en el presente asunto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, y en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, mismo que entró en vigor al día siguiente de su publicación; se ordena el archivo definitivo de este juicio de amparo, como asunto totalmente concluido. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el artículo 15 del referido Acuerdo General; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el segundo párrafo del numeral 21 del citado acuerdo, toda vez que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa. En la inteligencia de que el presente asunto es destruible, de conformidad con lo dispuesto por el referido artículo 21 inciso b), del aludido Acuerdo General, por lo que una vez transcurrido el plazo establecido en el primer párrafo de dicho numeral, deberá procederse a su destrucción en términos de lo dispuesto en el penúltimo párrafo del mismo precepto legal y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 35 del acuerdo de que se trata, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones de rigor en el Libro de Gobierno correspondiente así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    EN RAZÓN DE QUE MARÍA CARMINA CALDERON CABALLERO ( EN SU CARÁCTER DE PARTE QUEJOSA) O SU AUTORIZADO, no generaron cita accediendo al Portal de Servicios en Línea, al micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales", dentro del sistema "Agenda OJ" 8, en el que aparecen las fechas y horarios disponibles por el Órgano Jurisdiccional de mi adscripción para la generación de citas (misma que es un proceso automatizado que se otorga a la persona a cuyo nombre se solicite, denominado Código QR, para presentarse de forma electrónica en un dispositivo móvil o llevarse impreso); y de que tampoco, tuvieron a bien, ponerse de acuerdo con el actuario judicial vía telefónica (en un horario de las trece a las dieciocho horas de lunes a viernes); o en su caso, al correo institucional 8jdo11cto@correo.cjf.gob.mx (debiendo especificar los datos del interesado, para comparecer dentro de los dos días hábiles siguientes, en términos del aviso que se le dejó en el domicilio señalado en autos el doce de noviembre de dos mil veintiuno y diverso de catorce de octubre del año en curso; se hace efectivo el apercibimiento ahí decretado, y la notificación de dichos proveídos, queda hecha mediante su publicación en la lista de la fecha indicada al inicio de la presente que se fija en los estrados de este juzgado y en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, MISMOS PROVEÍDOS QUE EN LO CONDUCENTE DICEN:Visto el estado procesal que guarda el presente asunto de que se advierte que en auto de catorce de octubre pasado, se desechó la demanda presentada por la quejosa******************** por los razonamientos jurídicos vertidos en el mismo, sin embargo, de dicho auto se advierte que no se ordenó notificación personal a la referida quejosa; en consecuencia, a fin de evitar dilaciones procesales en perjuicio del quejoso de mérito, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se ordena regularizar el procedimiento, para lo cual, subsánese tal omisión. En ese orden de ideas, se comisiona a cualquiera de los actuarios adscritos a este Juzgado a fin de que notifiquen personalmente a la parte quejosa el auto de catorce de octubre de dos mil veintiuno; lo anterior para los efectos legales conducentes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE CATORCE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por María Carmina Calderón Caballero, contra actos que atribuye al Director General del Instituto Tecnológico Superior de esta Ciudad de Uruapan; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 564/2021, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO: .La falta de continuación e informe a mis peticiones con fecha 4 cuatro de junio del año en curso, en el que solicitó me indique la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre) del presente año, en el caso de que no sean las horas indicadas en mi nombra miento como docente de asignatura 3, le solicitó que de manera escrita me haga llegar sus razone". Desechamiento de la demanda de amparo. Es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, toda vez que en el presente caso, se advierte la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de garantías. Los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 5 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: ARTICULO. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis previstas en el expresado artículo 61, en los demás casos en que la improcedencia resulte de algún precepto legal. Por su parte los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, señalan con precisión que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen o vulneren los derechos humanos; entendiéndose por autoridad aquél ente de derecho público, que crea modifica o extingue situaciones jurídicas concretas y particulares, de manera unilateral, mediante el dictado, promulgación, orden o ejecución de alguna ley o acto. En esta tesitura, tenemos que el acto que la parte quejosa señala como reclamado, no se encuentra en la calificación de actos de autoridad, por tanto, no es de aquéllos que sean susceptibles de ser tutelados a través del juicio de amparo; lo anterior se afirma en ese sentido, dado que, en la demanda de garantías con la que se da cuenta, la impetrante manifiesta, reclama de la autoridad señalada como responsable la falta de continuación e informe a sus peticiones realizadas con fecha cuatro de junio del año en curso, en el que solicitó me indique la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre) del presente año, en el caso de que no sean las horas indicadas en mi nombra miento como docente, de lo anterior se advierte sin lugar a dudas, que el acto que reclaman la promovente no es un acto de autoridad, puesto que en el caso que nos ocupa, la autoridad que señala como responsable, no actúa investida de imperio frente a la quejosa, puesto que de lo manifestado por la propia quejosa se desprende que reclama el convenio que entre particulares realizaron; por tanto, tal acto no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, dado que, en ese supuesto, se conduce bajo una relación laboral de coordinación entablada entre particulares; esto es, no se encuentran el Director de dicha institución educativa, frente a la quejosa en una relación de supra a subordinación, sino en un plano de patrón con trabajador. Lo anterior es así, toda vez que las relacionales laborales entre dicha institución y sus trabajadores son normadas por el Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo anterior de conformidad con el Artículo 13 del Decreto Expedido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicado en el periódico oficial del estado el once de septiembre del dos mil, de ahí que la autoridad competente para conocer de las demandas laborales promovidas en contra de dicha dependencia sea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues en este caso la responsable Director General del Instituto Tecnológico Superior de esta Ciudad de Uruapan, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo, sino que se trata de un patrón; es decir, los conflictos que se presentan entre ésta y sus trabajadores se dan en un plano de igualdad, y en todo caso el trabajador que se considera afectado por las actuaciones de su patrón bien puede acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a plantear el conflicto laboral que corresponda. Al caso, tienen aplicación, por analogía jurídica, la tesis XIII.10.27A, publicada en la página 2499, Tomo XXVI, septiembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. AL FORMAR PARTE DE UN CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme a los artículos 4, fracción X y 19, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca, los policías dependientes del Municipio de Oaxaca de Juárez, de la propia entidad federativa constituyen un cuerpo de seguridad pública, y con esa calidad, atento al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantienen una relación de carácter administrativo con el Estado, que está regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye la posibilidad de considerarlos como sujetos de una relación laboral con la institución a la que prestan sus servicios. Ahora bien, ni la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del citado Municipio, respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, ni la Ley de Justicia Administrativa local, por lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía contra autoridades de los Municipios del Estado de Oaxaca, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios; sin embargo, como el artículo 1 de la referida Ley de Justicia Administrativa dispone que ésta se aplicará en todo el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 125 de su Constitución Política, con la salvedad de que no se trate de la materia electoral, de justicia agraria y laboral, de las resoluciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, de las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de acciones del Ministerio Público en averiguación del delito o de representación social, de los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, ni por la elección de autoridades auxiliares de éstos; la competencia debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. Lo anterior es así, pues se insiste, la propia quejosa refiere que su inconformidad consiste en no recibir contestación en relación a la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre), esto se traduce a la continuación del convenio celebrado entre la responsable y la parte recurrente Así las cosas, al encuadrar el acto reclamado que plantea el quejoso dentro de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio constitucional indirecto y por ello se desecha la demanda de garantías de mérito, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; en términos del diverso 113 de la propia ley. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Adolfo Villa Solorio, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas dada su propia naturaleza las documentales que refiere en el escrito de demanda, con las que se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

  3. Principal

    DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por María Carmina Calderón Caballero, contra actos que atribuye al Director General del Instituto Tecnológico Superior de esta Ciudad de Uruapan; se manda formar expediente y regístrese en el Libro de Gobierno con el número 564/2021, en la inteligencia de que en el presente juicio, los actos reclamados se hacen consistir en: IV.- ACTO RECLAMADO: .La falta de continuación e informe a mis peticiones con fecha 4 cuatro de junio del año en curso, en el que solicitó me indique la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre) del presente año, en el caso de que no sean las horas indicadas en mi nombra miento como docente de asignatura 3, le solicitó que de manera escrita me haga llegar sus razone". Desechamiento de la demanda de amparo. Es necesario establecer en primer término que el artículo 113 de la Ley de Amparo impone al juzgador la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. El artículo 113 en mención señala que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que dicho motivo sea manifiesto, es decir, se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia en cuestión, sea operante en el caso concreto. Es aplicable la jurisprudencia I.13°.A. J/6, del Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, cuyo rubro y texto dicen: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Ahora, es necesario precisar que "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia I.60.C.J/19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que indica: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." Ahora bien, toda vez que en el presente caso, se advierte la causa de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la presente demanda de garantías. Los artículos 61, fracción XXIII, 1 y 5 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: ARTICULO. 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." ARTICULO 1o.- El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; II. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía de los Estados o la esfera de competencias del Distrito Federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y III. Por normas generales, actos u omisiones de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal, que invadan la esfera de competencia de la autoridad federal, siempre y cuando se violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley. ARTÍCULO 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. . De la interpretación sistemática de los preceptos legales transcritos, se advierte que el juicio de amparo es improcedente, además de las hipótesis previstas en el expresado artículo 61, en los demás casos en que la improcedencia resulte de algún precepto legal. Por su parte los artículos 1 y 5, de la Ley de Amparo, señalan con precisión que el juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite por actos de autoridad que violen o vulneren los derechos humanos; entendiéndose por autoridad aquél ente de derecho público, que crea modifica o extingue situaciones jurídicas concretas y particulares, de manera unilateral, mediante el dictado, promulgación, orden o ejecución de alguna ley o acto. En esta tesitura, tenemos que el acto que la parte quejosa señala como reclamado, no se encuentra en la calificación de actos de autoridad, por tanto, no es de aquéllos que sean susceptibles de ser tutelados a través del juicio de amparo; lo anterior se afirma en ese sentido, dado que, en la demanda de garantías con la que se da cuenta, la impetrante manifiesta, reclama de la autoridad señalada como responsable la falta de continuación e informe a sus peticiones realizadas con fecha cuatro de junio del año en curso, en el que solicitó me indique la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre) del presente año, en el caso de que no sean las horas indicadas en mi nombra miento como docente, de lo anterior se advierte sin lugar a dudas, que el acto que reclaman la promovente no es un acto de autoridad, puesto que en el caso que nos ocupa, la autoridad que señala como responsable, no actúa investida de imperio frente a la quejosa, puesto que de lo manifestado por la propia quejosa se desprende que reclama el convenio que entre particulares realizaron; por tanto, tal acto no constituye un acto de autoridad para los efectos del amparo, dado que, en ese supuesto, se conduce bajo una relación laboral de coordinación entablada entre particulares; esto es, no se encuentran el Director de dicha institución educativa, frente a la quejosa en una relación de supra a subordinación, sino en un plano de patrón con trabajador. Lo anterior es así, toda vez que las relacionales laborales entre dicha institución y sus trabajadores son normadas por el Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y sus Municipios, lo anterior de conformidad con el Artículo 13 del Decreto Expedido por el Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, en ejercicio de las facultades que le confieren el artículo 62 de la Constitución Política del Estado de Michoacán, así como 4 y 5 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, publicado en el periódico oficial del estado el once de septiembre del dos mil, de ahí que la autoridad competente para conocer de las demandas laborales promovidas en contra de dicha dependencia sea la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pues en este caso la responsable Director General del Instituto Tecnológico Superior de esta Ciudad de Uruapan, no tienen el carácter de autoridad para los efectos del amparo, sino que se trata de un patrón; es decir, los conflictos que se presentan entre ésta y sus trabajadores se dan en un plano de igualdad, y en todo caso el trabajador que se considera afectado por las actuaciones de su patrón bien puede acudir ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje a plantear el conflicto laboral que corresponda. Al caso, tienen aplicación, por analogía jurídica, la tesis XIII.10.27A, publicada en la página 2499, Tomo XXVI, septiembre 2007, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de texto y rubro siguiente: COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LOS POLICÍAS DEL MUNICIPIO DE OAXACA DE JUÁREZ, OAXACA. AL FORMAR PARTE DE UN CUERPO DE SEGURIDAD PÚBLICA, CORRESPONDE POR AFINIDAD AL TRIBUNAL CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA. Conforme a los artículos 4, fracción X y 19, fracción IV, de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Oaxaca, los policías dependientes del Municipio de Oaxaca de Juárez, de la propia entidad federativa constituyen un cuerpo de seguridad pública, y con esa calidad, atento al artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantienen una relación de carácter administrativo con el Estado, que está regida por sus propias normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye la posibilidad de considerarlos como sujetos de una relación laboral con la institución a la que prestan sus servicios. Ahora bien, ni la Ley del Servicio Civil para los Empleados del H. Ayuntamiento del citado Municipio, respecto de la Junta de Arbitraje para los Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, ni la Ley de Justicia Administrativa local, por lo que corresponde al Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, señalan con precisión la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda promovida por un policía contra autoridades de los Municipios del Estado de Oaxaca, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios; sin embargo, como el artículo 1 de la referida Ley de Justicia Administrativa dispone que ésta se aplicará en todo el Estado de Oaxaca, en términos del artículo 125 de su Constitución Política, con la salvedad de que no se trate de la materia electoral, de justicia agraria y laboral, de las resoluciones relacionadas con la defensa de los derechos humanos, de las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, de acciones del Ministerio Público en averiguación del delito o de representación social, de los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, ni por la elección de autoridades auxiliares de éstos; la competencia debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Oaxaca, en acatamiento al segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa. Lo anterior es así, pues se insiste, la propia quejosa refiere que su inconformidad consiste en no recibir contestación en relación a la carga de horario, para el siguiente semestre (julio-diciembre), esto se traduce a la continuación del convenio celebrado entre la responsable y la parte recurrente Así las cosas, al encuadrar el acto reclamado que plantea el quejoso dentro de la hipótesis prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los artículos 1 y 5, este último aplicado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, resulta improcedente el juicio constitucional indirecto y por ello se desecha la demanda de garantías de mérito, en relación con el diverso 107, fracción V, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu; en términos del diverso 113 de la propia ley. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en la demanda, y autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo Adolfo Villa Solorio, toda vez que como se advierte de la certificación secretarial que antecede tiene registrada su cédula en el sistema Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para imponerse en autos. Se ordena que únicamente la presente determinación, así como las subsecuentes que tengan trascendencia procesal, se notifiquen a las autoridades responsables por medio de oficio, debiendo notificarse preferentemente por medios electrónicos, para lo cual se solicita a las autoridades, de así desearlo, proporcionen algún correo electrónico oficial o se den de alta con Firel y acepten la notificación en línea en el portal del Poder Judicial de la Federación; de no desearlo así, se le notificarán por medios ordinarios como antes se ha señalado; lo anterior con apoyo en la SECNO/7/2020 y acuerdo general en cita; lo que se hace de su conocimiento para los efectos legales a que haya lugar; en la inteligencia de que los demás acuerdos se les notificarán por medio de lista. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, desde éste momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples y certificadas, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental establecido en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, con excepción de aquellos que llegaren a declararse inhábiles laborales, para que los Actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Asimismo, se autoriza al Actuario de la adscripción, a efecto de que con apoyo en el artículo 29 de la Ley de Amparo, en su caso, practique notificaciones a las partes por medio de lista, cuando para la realización de una de ellas, de carácter personal, se constituya en cualquiera de los domicilios de éstas y no encuentre a persona alguna o nadie acuda a su llamado, previamente la razón que al respecto se levante y haber observado lo dispuesto en el artículo 27 de la invocada ley. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las demás partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida; así como para precisar las constancias, que en su caso, consideren reservadas o confidenciales, esto último atendiendo a lo dispuesto para el segundo párrafo del artículo 6° del ordenamiento legal en cita. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Finalmente, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase por ofrecidas y desahogadas dada su propia naturaleza las documentales que refiere en el escrito de demanda, con las que se ordena dar nueva cuenta en el momento procesal oportuno. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES.

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