María Carmen Silva Rosas

Expediente 260/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
260/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • María Carmen Silva Rosas

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese el oficio de cuenta remitido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con evidencia criptográfica firmado por la Secretaria adscrita al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, a través del cual comunica que aceptó la competencia planteada el órgano de su adscripción, por lo que se avocó al conocimiento del juicio promovido por ..., mismo que quedó radicado bajo el registro 214/2022-V. Ahora, en virtud de que no existen diligencias pendientes por desahogar ni trámite alguno que realizar, remítase al archivo definitivo el presente cuaderno de antecedentes como asunto totalmente concluido, bajo la supervisión del secretario encargado del trámite, hágase las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Con fundamento en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, hágase constar que el juicio de amparo es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto previsto en el numeral 21, fracción b), del referido acuerdo.

  2. Principal

    Demanda. Agréguese el oficio 3823/2022 signado por la Secretaria Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, y su anexo consistente en el expediente formado con motivo del trámite del juicio de amparo 214/2022-IV, promovido por ..., por su propio derecho. Fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno con el número 260/2022-7, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y remítase el acuse de recibo respectivo. Competencia declinada. Ahora, de los autos que se reciben, en particular del proveído dictado el veinticuatro de febrero de dos mil veintidós, se aprecia que el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, determino´ no aceptar el turno de la citada demanda, y declinó el conocimiento del asunto al Juzgado de Distrito en Turno en esta ciudad, en virtud de que consideró que el Juez competente es el del lugar en donde deba tener ejecución el acto reclamado. Sin embargo, este juzgador respetuosamente no comparte las consideraciones expuestas por su homologo declinante, ya que estima que en el presente caso tales circunstancias son insuficientes para para fincar competencia a este órgano jurisdiccional. Incompetencia Ahora, es oportuno señalar que la demanda de amparo debe ser analizada en su integridad a efecto de determinar con exactitud la pretensión de la parte quejosa y así proveer lo que en derecho corresponda, sin cambiar su alcance y contenido. En ese contexto, el Juzgado de Distrito, antes de conocer un asunto, debe analizar si tiene o no competencia legal para ello, con la obligación de abstenerse de conocer del caso cuando considere que corresponde a otro órgano judicial hacerlo, porque la consecuencia de que se determine sobre un juicio respecto del cual no se tiene competencia legal, es declarar nulo lo actuado. En ese sentido, para que un Juez tenga competencia para el conocimiento de determinado negocio, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserva su conocimiento en forma preferente al resto de los jueces y tribunales del mismo grado; así, las leyes procesales señalan criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de materia, de cuantía, de grado y de territorio. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California es legalmente incompetente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107, fracción V, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 34, 37, 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, debe establecerse como premisa de partida que la competencia legal es de orden público y de estudio preferente en el amparo, por tanto no puede quedar sujeta a la voluntad de las partes. Ello fue así interpretado en la tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece publicada en el Tomo XCVII, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, de rubro y texto: "COMPETENCIA. Las cuestiones de competencia son de orden público, y el conocimiento de un negocio no puede quedar sujeto a la voluntad de un funcionario público o al error que éste pueda cometer al admitir su competencia, para conocer del caso." En razón de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Baja California, estima carecer de competencia por razón de territorio para conocer del asunto, en atención a lo siguiente: El artículo 107, fracción VII, de la Constitución Federal, señala lo siguiente: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] VII.- El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia." El precepto trascrito, es claro al establecer que el juicio de amparo se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando que para efectos de su tramitación, entre otros requisitos, se limitará a los informes de las autoridades señaladas como responsables; por ende, siendo ésta la intención del legislador, no puede quedar abierta la posibilidad de que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier Juez de Distrito para efectos de que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por su parte, el artículo 37 de la Ley de Amparo previene: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De dicha transcripción, se obtienen las siguientes reglas básicas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento del juicio de amparo: a) La primera regla se encuentra contenida en el primer párrafo del señalado numeral, que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, el parámetro que se toma en consideración para determinar la competencia del Juez de Distrito consiste en que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquellos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora; y, b) La segunda previsión normativa, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye más bien un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente Juez de Distrito, a que se ha hecho alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los Jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) El último párrafo del precepto en comento establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de amparo no requiera de ejecución material, resulta ser competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. A este respecto, debe precisarse que el propósito del legislador al establecer las referidas reglas de competencia, fue facilitar al gobernado el acceso a la justicia constitucional para que él pueda disponer de mejores posibilidades de defensa y estar en condiciones de atender adecuada y permanentemente el desenvolvimiento del juicio que promueva. De manera que, para determinar la competencia en un juicio de amparo indirecto, lo primero a tomarse en cuenta es la naturaleza de lo combatido, para establecer si requiere de ejecución material o si sólo se trata de actos declarativos que carecen de ella, pues atendiendo a esa característica, se podrá resolver si el juzgado competente es aquél en que deba tener ejecución el acto, o si es donde se presente la demanda de garantías. Es decir, el legislador contempló tres hipótesis de competencia, cuya distinción radica en que las primeras dos giran en torno al lugar de ejecución y la última que ante la falta de ejecución estatuye la competencia en el lugar de la presentación de la demanda. Por tanto, para que el Juez de Distrito con sede en esta ciudad, -en este caso por cuestión de turno el que suscribe- deba conocer de la aludida demanda de amparo, los actos reclamados, deben tener ejecución material, tratar de ejecutarse, estar ejecutando o se hayan ejecutado, en donde ejerce jurisdicción territorial este órgano; de lo contrario no se actualiza la regla competencial en que funda la autoridad declinante su determinación. Ahora, la promovente de la acción constitucional hace consistir los actos reclamados en lo siguiente: ".De la Sala Regional del Centro II, del Tribunal de Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se reclama, la falta de probidad para hacer cumplir sus propias determinaciones, pues basta un análisis al expediente principal para darse cuenta que han transcurrido en exceso el término que la Ley otorga para que a parte demandada del juicio de origen cumpla con la sentencia, máxime que existe interlocutoria que deja por omisión en la cual se otorgan 3 días hábiles a la demandada para cumplir y aun así no existe cumplimiento a la sentencia de fondo. [.] De los representas (sic) de la pare demanda (sic) ISSSTE y Autoridades responsables para la presente demanda de amparo se reclama el incumplimiento de la sentencia de fondo, así como la sentencia de queja, incumpliendo con la obligación establecida por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa ." [Énfasis añadido] En efecto, de la demanda de amparo y del oficio de la autoridad remitente se advierte que, mediante sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la Sala Fiscal declaró la nulidad de la resolución impugnada, en la que reconoció el derecho del actor al incremento de la cuota pensionaria y pago retroactivo de las diferencias a su favor; inconforme con el cumplimiento que pretendió dar la demandada, promovió recurso de queja por defecto en el cumplimiento, mismo que fue resuelto el trece de junio de dos mil diecinueve el cual se resolvió en el sentido de dar cumplimiento completo aquella sentencia. Ahora, respecto al tópico de las resoluciones dictadas en el recurso de queja por exceso o defecto, en el cumplimento de la resolución dictada en juicio de nulidad, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 72/2020 sostuvo: "[.] La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 107, fracción VII, prevé la competencia de los Jueces de Distrito, por razón de territorio, al establecer que la demanda de amparo: "... se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse ..."(4) Dicha porción normativa ha sido interpretada por este Alto Tribunal, al señalar que de su contenido se desprende que el propósito del Poder Reformador de la Constitución, fue facilitar a las personas el acceso a la justicia constitucional, pues se entiende que, ordinariamente, la ejecución (del acto reclamado) recae en el domicilio del gobernado o dentro del ámbito espacial en que lleva a cabo su actividad laboral o productiva.(5) Ahora, esa regla general de competencia se ve materializada en el artículo 37 de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: "Artículo 37. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. "Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda. "Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." Como es posible observar, del contenido del referido precepto se desprende un elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, a saber: si el acto reclamado requiere o no ejecución material. Así las cosas, en tratándose del primer caso, se fijan dos reglas: 1. Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. 2. Es Juez competente aquel ante el que se presente la demanda de amparo, si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro. En el segundo supuesto, en el que el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente: 3. El Juez en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Sobre el particular, resulta importante mencionar que esta Segunda Sala ha establecido que: "... la citada expresión (ejecución material) debe entenderse que con la emisión del acto reclamado se tengan que realizar acciones que producen un cambio material ya sea por sí mismo o sus efectos conlleven a esa situación, esto es, la ejecución no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegará a producir en el mundo fáctico ..."(6) Precisado lo anterior, cabe señalar que para poder establecer si un acto reclamado requiere o no ejecución material, como elemento a considerar para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, resulta importante conocer la naturaleza del acto reclamado. Así es, los actos reclamados, de acuerdo con su naturaleza pueden ser positivos, negativos o declarativos. Para lo que aquí nos ocupa, basta decir que los actos declarativos son aquellos actos de autoridad que se concretan a reconocer una situación preexistente, sin introducir ninguna modificación o alteración; en ellos la autoridad se circunscribe a manifestar la existencia de derechos u obligaciones, sin extinguirlos, modificarlos o transmitirlos. Una variación de los actos declarativos, son aquellos que tienen efectos positivos, los cuales se caracterizan porque la autoridad responsable se concreta a manifestar la existencia de derechos u obligaciones, pero al hacerlo, se provocan determinados efectos que sí pueden lesionar al gobernado. El ejemplo de dichos actos es la certificación de que una sentencia ha causado ejecutoria; aunque dicho acto es declarativo, ello trae como consecuencia el efecto positivo de que la sentencia pueda ejecutarse de inmediato, lo que puede generar perjuicios. Expuesto lo anterior, cabe recordar que la materia de análisis en la contradicción de tesis en estudio, se constriñe en determinar si la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la autoridad demandada al cálculo de los incrementos a una pensión, es de naturaleza ejecutable o no, para efectos de determinar la regla de competencia establecida en el artículo 37 de la Ley de Amparo. Para ello, resulta importante mencionar que del artículo 3, fracción VII,(7) de Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, se advierte que dicho tribunal federal conocerá del juicio contencioso administrativo promovido en contra de las resoluciones definitivas dictadas en materia de pensiones civiles, sea con cargo al erario federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su artículo 53 establece los supuestos a través de los cuales las sentencias definitivas quedan firmes y para lo que aquí nos ocupa, dispone que a partir de ese momento y de que cause ejecutoria la sentencia, deberán correr los plazos para el cumplimiento.(8) En el caso de que en la sentencia se obligue a la autoridad a realizar determinado acto, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses tratándose del juicio ordinario o de un mes tratándose del juicio sumario. El artículo 58(9) dispone que a fin de asegurar el pleno cumplimiento de las resoluciones del tribunal, una vez vencido el plazo previsto por el artículo 52 de dicha ley, éste podrá actuar de oficio o a petición de parte. Que la Sala Regional, la sección o el Pleno que hubiere pronunciado la sentencia, podrá de oficio, por conducto de su presidente, en su caso, requerir a la autoridad demandada que informe dentro de los tres días siguientes, respecto al cumplimiento de la sentencia, salvo los casos de las sentencias que hubieran señalado efectos, cuando la resolución impugnada derive de un procedimiento oficioso. Asimismo, se desprende que concluido el periodo anterior, con informe o sin él, la Sala Regional, la sección o el Pleno de que se trate, decidirá si hubo incumplimiento injustificado de la sentencia, en cuyo caso, de persistir la conducta contumaz de la autoridad demandada, procederá a imponer las medidas disciplinarias correspondientes. El referido precepto establece que, a petición de parte, el afectado podrá ocurrir en queja ante la Sala Regional, la sección o el Pleno que la dictó, para lo cual prevé los supuestos de procedencia -entre los que destaca, para lo que aquí nos ocupa, la resolución que incurra en exceso o defecto, cuando se dicte pretendiendo acatar una sentencia- así como los requisitos formales que debe contener el escrito de queja. En tratándose de la queja por exceso o defecto, se advierte que el Magistrado instructor o el presidente de la sección o el presidente del tribunal, en su caso, ordenarán a la autoridad a quien se impute el incumplimiento, que rinda informe dentro del plazo de cinco días en el que justificará el acto que provocó la queja. Vencido el plazo mencionado, con informe o sin él, se dará cuenta a la Sala Regional, la sección o el Pleno que corresponda, la que resolverá dentro de los cinco días siguientes. Finalmente, se establece que si la Sala Regional, la sección o el Pleno resuelve que hubo exceso o defecto en el cumplimiento, dejará sin efectos la resolución que provocó la queja y concederá a la autoridad demandada veinte días para que dé el cumplimiento debido al fallo, precisando la forma y términos conforme a los cuales deberá cumplir. Lo antes precisado permite a esta Segunda Sala arribar a la conclusión que la resolución impugnada por la vía biinstancial del amparo que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la autoridad demandada al cálculo de los incrementos a una pensión, constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable, solamente, se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que, finalmente, se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Caso contrario lo constituyen las resoluciones que declaran el incumplimiento injustificado de una sentencia -por la actitud contumaz de la autoridad demandada- o bien, el exceso o defecto en el cumplimiento, ya que en tratándose de esos supuestos los efectos de los actos reclamados sí trascienden al estado material preexistente de las cosas, debido a que el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo contempla la obligación de la autoridad demandada de dar cumplimiento forzoso a los lineamientos de la sentencia y para ello impone incluso algunas medidas disciplinarias. Ahora, según se vio en párrafos precedentes, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico. Lo cierto es que, esos alcances -para efectos de determinar si el acto reclamado requiere o no ejecución, tal como lo sostiene el Pleno en Materia Administrativa del Decimosexto Circuito- no pueden llegar al extremo de considerar un (evidente) aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso en particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad; sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo. Lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que este se limita a los alcances derivados del acto reclamado. Así las cosas, dado que en el caso que nos ocupa el acto reclamado no requieren ejecución material, por ende, la regla de competencia territorial aplicable es la que señala que corresponde el conocimiento al Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde se presentó la demanda, es decir, la contenida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Se arriba a lo anterior, sin que implique obstáculo alguno lo resuelto por esta Segunda Sala al analizar la contradicción de tesis 176/2009, de donde derivó la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 152/2009, de rubro: "PENSIONES DEL ISSSTE. LA COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO EN EL QUE SE SEÑALE COMO ACTO RECLAMADO SU INDEBIDA CUANTIFICACIÓN, SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE EL DOMICILIO DEL QUEJOSO." Esto, pues a diferencia de los supuestos que aquí se analizan, en aquel asunto -tal como se puede observar del propio rubro- se analizó como acto reclamado la resolución que cuantifica indebidamente la pensión jubilatoria por no aplicarse los aumentos a los que el quejoso considera tiene derecho; para lo cual, se arribó a la conclusión que dichos actos tienen consecuencias materiales en el ámbito privado de las personas jubiladas, el cual se desenvuelve en su domicilio y será éste el lugar en el que resientan su ejecución, de ahí que la regla de competencia territorial aplicable era la contenida en el primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo. Lo cual, no aplica en la especie, pues como se pudo observar, se analizan actos reclamados de diferente naturaleza. [.]" Dicho criterio de jurisprudencia 2a./J. 60/2020 (10a.), se localiza en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Tomo: Libro 80, noviembre de 2020 Tomo II Décima Época, página 1126, registro digital: 2022488, que a la letra dice: "SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO DE NULIDAD EN EL QUE SE RECLAMA EL INCREMENTO A LA PENSIÓN JUBILATORIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA CUMPLIDA ES DE NATURALEZA DECLARATIVA Y, POR ENDE, NO REQUIERE EJECUCIÓN MATERIAL. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron una misma problemática jurídica arribando a posicionamientos contrarios, ya que mientras que para uno de los contendientes la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la parte demandada al cálculo de la cuota pensionaria con los incrementos respectivos, produce consecuencias y efectos meramente declarativos y, por tanto, resulta aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para el otro, la resolución que a través del estudio de los agravios de la queja por exceso o defecto, declara el cumplimiento de esa sentencia, a pesar de constituir un acto negativo simple, sí produce efectos y consecuencias positivos, por lo que la regla de competencia territorial aplicable es la establecida en el primer párrafo del referido numeral. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad en el que se reclama el incremento a la pensión jubilatoria, es de naturaleza declarativa, no requiere ejecución material y, por ende, es aplicable la regla de competencia territorial establecida en el tercer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. Justificación: Lo anterior, porque constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas. Lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable solamente se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que finalmente se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. Ahora, si bien la ejecución material no mira sólo al contenido del acto reclamado en el sentido de que establezca una orden, un mandato, el cumplimiento o prohibición para efectuar o llevar a cabo algo, sino que también comprende los alcances materiales que tuviera o llegara a producir en el mundo fáctico, lo cierto es que esos alcances no pueden llegar al extremo de considerar el aumento de la cuantía de la pensión, en los términos propuestos por la autoridad demandada en la resolución pronunciada en acatamiento a la decisión emitida en el juicio contencioso administrativo. Esto, pues de considerarlo así, no se estarían analizando los alcances materiales del acto reclamado, que en el caso particular se limitan a reconocer el cumplimiento a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, sino los producidos por la resolución que emite la autoridad demandada en cumplimiento de la sentencia del tribunal administrativo, lo cual no constituye un criterio para determinar la competencia por razón de territorio de los Jueces de Distrito, ya que éste se limita a los alcances derivados del acto reclamado. En efecto, de lo expuesto se infiere que, en tratándose de la resolución que declara el cumplimiento de una sentencia dictada en un juicio de nulidad, en la que se condenó a la autoridad demandada al cálculo de los incrementos a una pensión; constituye un acto reclamado cuyos efectos son de naturaleza declarativa, porque no trascienden ni modifican el estado material preexistente de las cosas, antes bien se concretan, simplemente, a reconocer el cumplimiento dado a la sentencia dictada en un juicio de nulidad, a través de las resoluciones de las autoridades administrativas, lo cual significa que no requiere de ejecución material, porque una vez agotado el procedimiento de ejecución, la autoridad responsable, solamente, se limita a dar por buena la actuación de la autoridad demandada en el juicio natural, es decir, ese acto reclamado no tiene por efecto alguna orden o mandato para actuar o llevar a cabo algo, pues deriva de una etapa que ya concluyó y en la que, finalmente, se determinó el acatamiento por parte de la autoridad demandada a los lineamientos de la ejecutoria del juicio de nulidad. En tal tenor, si los actos reclamados constituyen meramente una cuestión declarativa, y por ello no conllevan una ejecución material, consecuentemente, no encuadran en el supuesto que hace valer el juzgador oficiante previsto en el primer párrafo del numeral 37 antes citado, por lo que no resulta aplicable al caso la jurisprudencia que cita como sustento. De ahí que, en el particular se colma la diversa hipótesis contemplada en el tercer párrafo de ese artículo, esto es, que será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo, es decir, ante el juez declinante, pues el referido texto debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Conclusión a la que arribó la Primera Sala de nuestro máximo tribunal, al resolver la contradicción de tesis 389/2013, en el que sustentó lo siguiente: "Por consiguiente, es posible arribar a la conclusión de que la intención del creador de la norma quedó plasmada claramente en el precepto normativo estudiado; de ahí que con independencia de las primeras propuestas contenidas en las iniciativas de que se trata, el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse conforme a la letra contenida en el precepto, sin emplear algún método sistemático teleológico o lógico o algún otro para desentrañar su sentido y alcance, esto es, para conocer la verdadera intención de su creador. Lo anterior tiene justificación también en que al aplicarse textualmente el precepto analizado, se evita en gran medida la existencia de conflictos competenciales, lográndose de ese modo una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de acceso expedito a la administración de justicia y de audiencia, los cuales implican la posibilidad de que los justiciables puedan acudir a la tutela jurisdiccional con el mínimo de obstáculos para ser oídos en su defensa, cumpliendo siempre los requisitos constitucionales y legales de procedencia; así como la prontitud en la emisión de la determinación jurisdiccional a través de la cual se soluciona el pleito sometido a la jurisdicción de los jueces; en el entendido de que al realizarse esa interpretación de la norma legislativa, no pueden dejarse de considerar aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, el turno, grado y vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, de conformidad con los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, previstos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al diverso 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; se concluye que el texto del artículo 37 de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, debe aplicarse de manera estricta a su texto, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico para desentrañar su sentido y alcance, pues en la condiciones anotadas, la intención del legislador quedó plasmada con toda claridad en el contenido de la norma. Por tanto, en la hipótesis de impugnaciones de actos carentes de ejecución material, el juez competente para resolver el conflicto es aquel en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Sirve de apoyo lo anterior, la Jjurisprudencia 17/2014 (10ª), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 6, tomo I, mayo de 2014, Página 500, registro: 2006529, de rubro y texto siguientes: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO CONTRA ACTOS QUE NO REQUIERAN DE EJECUCIÓN MATERIAL. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA RELATIVA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 37, PÁRRAFO TERCERO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El tercer párrafo del citado precepto prevé que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo; texto que debe interpretarse literalmente, sin emplear algún método sistemático, teleológico o lógico, o algún otro, para desentrañar su sentido y alcance, pues de su procedimiento legislativo no se advierte dicha posibilidad. Lo anterior evita la existencia de conflictos competenciales y logra una mejor operatividad efectiva y eficiente de los derechos humanos de audiencia y acceso a la justicia pronta y expedita, contenidos en los artículos 14, párrafo segundo y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptada en la ciudad de San José de Costa Rica, el 22 de noviembre de 1969. En el entendido de que al actualizarse dicha hipótesis no pueden dejar de considerarse aquellos aspectos competenciales relacionados con la materia del conflicto, esto es, el turno, el grado y la vía, así como la jurisdicción auxiliar, prevista en el artículo 159 de la Ley de Amparo." En ese tenor es que no se acepta la competencia planteada. Sin que en ese caso evidentemente haya tenido incidencia sobre la competencia territorial, la cuestión que ahora invoca la autoridad declinante relativa a la ubicación del domicilio particular de la quejosa, bajo el argumento de que en ese lugar recaerían las consecuencias materiales de los derechos pensionarios de que goza la quejosa, ya que, se insiste, atendiendo a la naturaleza declarativa del acto reclamado, dichas consecuencias naturales en el caso no existen. En virtud de lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 37 y 48, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional no acepta la competencia para conocer de la demanda de amparo que se trata y, se considera que el juez de distrito para conocer de la demanda de amparo, lo es el que previno, esto es, el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, con sede en Querétaro. En esas condiciones, devuélvase el juicio de amparo al juzgado de origen, previa formación del cuaderno de antecedentes respectivo que se deje en este juzgado para constancia. Transparencia Asimismo, conforme a lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, y 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3° fracción XXI, 5, 73, 113 y 116 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 7°, 20 y 43 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes el derecho que tienen entre otros, a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales (incluidos los sensibles), así como que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información. Aunado a lo anterior, que con independencia de que las partes manifiesten o no su oposición a la publicación de sus datos; la versión pública de la sentencia que se emita en el presente asunto, se suprimirán los datos personales (incluidos los sensibles que puedan contener.

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