María Carmen Campos Villagómez

Expediente 1626/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 13 actuaciones registradas, la última del 2 de abril de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1626/2017
Año
2017
Actuaciones
13
Última actuación
02/04/2018

Partes del expediente

  • Ruth Estefanía Villagómez Campos y Otros.
  • María Carmen Campos Villagómez
  • María Carmen Campos Villagómez y Otros.
  • Ruth Estefanía Villagómez Campos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que las partes legitimadas no interpusieron recurso de revisión contra la sentencia por la que se negó el amparo en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. Ahora bien, en razón de que dicha resolución no requiere de ejecución material, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, así como en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto segundo, fracción XVI, y vigésimo primero, fracción II, del propio acuerdo; además porque el presente asunto no tiene relevancia documental; depuración que ocurrirá después de haber transcurrido el plazo de cinco años a que se hace mención en dicho punto. Hágase la anotación en la carátula. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, las constancias que remitió en cumplimiento al requerimiento decretado en autos, previo glose que se haga de las carátulas de los cuadernos que se formaron. Por otra parte, visto el último punto de la certificación de cuenta, del que se advierte que en el expediente ******************** del índice de este órgano jurisdiccional, se ordenó tener como hecho notorio el tomo de pruebas que exhibió la autoridad responsable Magistrado Presidente de la Segunda Sala Civil del Poder Judicial del Estado de Querétaro; por tanto, toda vez que su conservación en el expediente en que se actúa resulta innecesaria, glósese la carátula del cuaderno que se formó y se agréguese al expediente ******************** para los efectos legales conducentes. Sin que en el caso, alguna de las partes haya allegado al cuaderno principal, algún documento que por sus características amerite ser devuelto, con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  2. Principal

    S E N T E N C I A ****. V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio amparo ********************, promovido por ****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales **** contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado Querétaro, remitido a este órgano judicial al día hábil siguiente por razón de turno, ****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ***** cuya identidad se reserva en la presente resolución como medida de protección de la intimidad de la citada infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo con el progresivo que le correspondía; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Durante la secuela procesal, se procedió al emplazamiento de la parte tercero interesada en el presente asunto, y, posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución, misma que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 35 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Séptimo, Octavo y Décimo Noveno del Acuerdo General 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó la denominación y competencia de este juzgado establecido en el diverso acuerdo plenario 3/2013, al reclamarse actos de una autoridades jurisdiccionales residentes en el Estado de Querétaro, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos que por esta vía se impugnan como inconstitucionales y que se desprenden del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, interpretando la causa de pedir en ella, en armonía con lo revelado de constancias, se advierte que la parte del amparo, esencialmente reclama lo siguiente: De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro: La resolución de ****, dictada dentro del toca civil ****y su acumulado *****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa, en contra de la interlocutoria de liquidación de ****, emitida en los autos del juicio ordinario civil sobre pago de pesos número *** instado por la aquí impetrante contra los ahora terceros interesados; a través de la cual se determinó modificar la determinación recurrida. Del Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad: La ejecución de lo anterior. En el caso, las autoridades responsables, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, ambos con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclama. Luego, esa aceptación expresa de los hechos de manera clara y directamente, valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa que perjudica al que la hace, vertida por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción, ni violencia y proveniente de hechos propios en relación con el asunto de donde se originaron los actos reclamados. Máxime que la certeza de la materia combatida, se comprueba de manera indubitable, con las copias certificadas de las constancias remitidas por la Sala y el juez responsables, mismas que conforman los seis tomos de pruebas relacionados a este expediente, y se constituyen en instrumentales que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, según la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, al respecto este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que son eficaces para demostrar la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Teniendo en cuenta que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio constitucional debe analizarse de oficio, por ser un presupuesto procesal indispensable que garantiza la eficacia del mismo, este juzgador federal procede a su examen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por las partes. En el caso, al no advertirse alegado algún motivo de improcedencia planteado en este asunto por las partes, así como tampoco se revela de oficio la materialización de alguno de los contemplados en la Ley de Amparo, se impone necesario entrar al estudio de fondo de la cuestión constitucional efectivamente planteada en el presente asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El análisis de constitucionalidad de la materia efectivamente planteada, se hará en función de los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante, sin que el caso sea necesario proceder a su reproducción, en razón de que es conveniente simplificar el modelo y cometido de elaboración de la presente resolución, y además porque no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo la referida transcripción, ya que ello no impide para que la parte impetrante del amparo pueda enderezar su defensa a través del ejercicio del recurso de revisión en donde acuse una posible omisión por la falta de estudio de alguno de los argumentos contenidos en sus conceptos de violación. De modo que si con el acto aquí reclamado no se revela afectación directa o indirecta en la esfera jurídica personal de la menor aquí impetrante, se insiste, no se procederá a la aplicación de la suplencia de la queja de que se habla con relación a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo en su nombre y representación, en la medida de que la suplencia sólo es obligación del operador jurídico aplicar cuando se pongan en entredicho o en riesgo los derechos de un menor de edad, ya sea en primera o segunda instancia, y aunque dicha figura jurídica (suplencia) no está limitada a los derechos de familia, sino que debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces -con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos inherentes a su esfera jurídica-; no debe perderse de vista que ello se encuentra condicionado a que lo que sea objeto de análisis constitucional incida directa o indirectamente en el bienestar de un menor de edad. Luego, a pesar que de las constancias que conforman el expediente de origen se revela la existencia de un contradictorio en que se discutieron derechos de la menor de edad aquí quejosa, en donde se pronunció sentencia condenatoria a su favor por virtud de las prestaciones que demandó a través de su progenitora (también aquí quejosa); en modo alguno, ello es indicativo per se de una aplicación sistemática del principio de la suplencia en la deficiencia de la queja respecto a la litis que ahora se plantea en este juicio constitucional. Se estima así, porque lo controvertido en el presente juicio de amparo atañe, como se verá, al tema de la procedencia o no de la cuantificación del pago de gastos y costas generados en el juicio de origen, y en esa medida, la viabilidad o no de éstos (y en su defecto, de la decisión de alzada que los modificó), repercute única y exclusivamente en la tasación de las actividades llevadas a cabo por los abogados que participaron en el expediente primario con motivo de la prestación de sus servicios profesionales, así como su cuantificación con base en la legislación arancelaria de la localidad; lo que de modo alguno incide directa o indirectamente en la esfera jurídica de la menor aquí quejosa, y por consecuencia, en sus derechos de defensa. En ese tenor, después de analizados los motivos de inconformidad que integran los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, al no revelarse en la especie justiciable una afectación directa o indirecta en la esfera jurídica de la menor impetrante; se estima que los mismos devienen ineficaces para controvertir la resolución reclamada, obligando con ello a negar la protección que de la Justicia de la Unión fue solicitada, como se explica enseguida. En efecto, las impetrantes reclaman la resolución de ****, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca civil *** y su acumulado ****, mediante la cual modificó la interlocutoria de liquidación de veintisiete de abril de la misma anualidad, dictada en el juicio ordinario civil sobre pago de pesos número ****, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, donde había aprobado parcialmente la planilla de liquidación propuesta por la actora del juicio, aquí quejosas; así como su ejecución. Las amparistas se duelen de que la resolución combatida transgrede en su perjuicio los artículos 1º, 4, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales, así como los diversos 84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en primer lugar, porque arguyen que la alzada dejó de pronunciarse sobre la procedencia del pago de gastos y costas respecto de los erogados con motivo del recurso de apelación que conoció aquélla en el toca civil ****, bajo la premisa de que no se emitió condena en segunda instancia. Aseveración que la quejosa estima incorrecta, dado que ese medio de impugnación si bien fue previo al dictado de la sentencia definitiva del natural, lo cierto es que sirvió de base para que sugiera esta última, y en esa medida, su tramitación y resolución fue necesaria para obtener el resultado del juicio, por lo que en consecuencia su tramitación causó honorarios; y a pesar de que en la misma no se hubiere hecho condenación en costas, en modo alguno se hace una absolución a la parte perdidosa de ese recurso, de suerte que al tratarse de una actuación que impulsó el dictado de la sentencia definitiva que concluyó el juicio, es claro que debe ser contabilizado en las costas propuestas. Motivo por el cual, el argumento de la alzada responsable lo estima dogmático y carente de fundamentación, motivación y congruencia. Por otro lado, alega la parte impetrante, que en relación a la desestimación que la Sala hizo de su agravio en cuanto a que era carga de la recurrente detallar en la planilla respectiva los gastos erogados con motivo de la tramitación del negocio en el rubro de los trabajos que dijo haber ejecutado pero que no implicaran una promoción verbal o escrita; estima incorrecta tal aseveración en la medida de que el artículo 12 de la Ley del Arancel, no exige ningún requisito para la procedencia de ese concepto, es decir, no obliga a que se tengan que detallar las acciones realizadas en ese rubro, y al obligársele a que lo haga, se va más allá de lo que el propio texto de la ley exige. Agrega a lo anterior, el hecho de que la alzada responsable nada dijera con relación a ese agravio, incurre en una falta de exhaustividad de los que hizo valer en segunda instancia. Finalmente, se duele la parte quejosa que fue incorrecto que la Sala responsable sólo tomara en cuenta en la liquidación de gastos que planteó, doce notificaciones personales practicadas en el juicio, y no así las ciento catorce que había peticionado, bajo la premisa de la transcendencia de las primeras; en la medida de que a su criterio tal afirmación deviene dogmática en tanto carece de fundamento y motivo alguno, aunado al hecho de que se despojaría de sentido a aquéllas no personales que se practicaron. Asimismo, alude que la alzada responsable deja de explicar porqué no es aplicable al caso el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, supletorio a la Ley del Arancel. Sentado lo anterior, y a efecto de establecer las razones por la cuales se estima de correcta la manera en que la autoridad responsable decidió modificar la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia planteado por la hoy parte quejosa, se impone necesario realizar una breve relación de las constancias que interesan del juicio de donde deriva el acto reclamado, las cuales fueron remitidas por el juez y la Sala responsable en apoyo a su informe con justificación y que quedaron valoradas en considerandos que anteceden, de donde se advierte lo siguiente: Así pues, se revela de constancias que la hoy quejosa demandó en la vía ordinaria civil, el pago de pesos a los aquí terceros interesados, asunto que quedó radicado con el número **** ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Seguido que fue el juicio en todas sus etapas procesales, la sentencia dictada en el mismo fue controvertida en vía de amparo directo, por lo que una vez resuelto éste -y de que se pronunciara la que hoy constituiría la última definitiva-, se resolvió condenar a los demandados en el de origen al pago de diversos conceptos líquidos, así como a los gastos y costas derivados del proceso. Ya en la fase de ejecución de sentencia, la parte hoy quejosa promovió incidente de liquidación de sentencia, mismo que seguido en sus etapas procesales, fue resuelto en determinación de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la cual el juez de instancia aprobó parcialmente la planilla de liquidación por la cantidad de ****. Inconforme con tal resolución, la hoy quejosa interpuso recurso de apelación mismo que tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el cual radicó con el número **** y su acumulado ****, quien por determinación de ****, decidió modificar la interlocutoria de liquidación impugnada. Acto que constituye el reclamado en el presente asunto. Expuesto el contexto procesal, como se dijo, se estima ajustada al orden constitucional la decisión de la Sala responsable en modificar la interlocutoria de primer grado que determinó el monto de la liquidación efectuada por el juez de origen dentro de la fase de ejecución de sentencia, pues como se dijo, del análisis realizado a los conceptos de violación esgrimidos, aun cuando en la litis de origen se vea involucrada una menor de edad como la aquí quejosa, como se adelantó, del análisis de lo alegado no se revela afectación directa o indirecta a su esfera jurídica que imponga necesario suplir la deficiencia de la queja, y en esa medida, los mismos en sí mismo devienen ineficaces para controvertir su constitucionalidad. En efecto, la alzada responsable para sustentar su decisión, después de resumir los agravios de la parte apelante y de su contraria, en lo que interesa a los temas aquí alegados por la parte quejosa, procedió a su análisis en los siguientes términos: AGRAVIOS FORMULADOS POR LA PARTE APELANTE (QUEJOSA) CONSIDERACIONES DE LA SALA RESPONSABLE AL RESPECTO "1.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la desaprobación del concepto referente a la expresión de agravios manifestando que en la sentencia de segunda instancia no se hizo especial condena en el pago de los gastos y costas judiciales (página 6 inciso b) de la sentencia), situación que es parcialmente cierto y por tanto parcialmente falsa, en tanto que únicamente resulta cierto respecto de la sentencia que resuelve la definitiva en segunda instancia, mas no respecto de las previas dictadas durante la secuela del procedimiento y antes de la definitiva. Tal acontece, respecto de la sentencia de fecha *****, dictada dentro del Toca ******, visible a partir de la foja 145 a la 148 del tercer tomo del expediente, en el que declara operantes los agravios formulados por mi parte y que se encuentra amparado por la condena en costas de primera instancia, en específico dentro del resolutivo CUARTO de la sentencia definitiva dictada con fecha *****, en el que se establece condena a la parte demandada a favor de la suscrita al pago de los gastos y costas originados durante el proceso; luego entonces, si dicha apelación fue resuelta aproximadamente tres años antes del dictado de la definitiva, entonces lo conducente es declarar que tal apelación y la sentencia dictada declarando fundados los agravios formulados por mi parte, al ser de sentencias dictadas previo al dictado en segunda instancia que resuelve la definitiva, si es generadora de gastos y costas a mi favor y a cargo de la demandada. Por lo tanto, del concepto referente a la expresión de agravios respecto de 3 recursos de apelación hechos valer por la parte actora, deberá aprobarse respecto de 2, tomando en consideración que se causan por cada uno el equivalente a los honorarios previstos en el artículo 18 y a que se hace referencia en el punto 1 que precede por *****, arroja un total por este concepto de *****." "1.- [.] Atento a su razonamiento, el mismo deviene improcedente porque de la lectura de las constancias procesales que integran el expediente en estudio, de ahí se advierte que la parte actora incidentista interpuso 3 recursos de apelación según los siguientes datos: -Toca ****** recurso. interpuesto. en contra de la sentencia definitiva del ****. -Toca ***** recurso. en contra del auto del ****. -Toca **** recurso. interpuesto. en contra de la sentencia definitiva del **** [.] De todo lo cual se advierte que en ninguna de las resoluciones dictadas dentro de los tocas formados a las apelaciones que la accionante realizó, fue favorecida con una condena en el pago de gastos y costas a cargo del demandado, por lo tanto, fue correcto que el Juzgador no le autorizara dicho concepto al regular la planilla de liquidación presentado, por lo tanto, es improcedente el argumento que realiza al respecto". "4.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la desaprobación del concepto referente a las gestiones para expeditar la tramitación del negocio, bajo el argumento de que se realizó la petición de forma ambigüa, sin especificar qué tipo de gestiones llevé a cabo (página 7 inciso f) de la sentencia), el juez deja de ponderar los principios que rigen al derecho civil, en esencia, el principio dispositivo y subprincipio de impulsión procesal, principio y sub principio por virtud de los cuales, los procedimiento de esta naturaleza sólo avanzan y se desarrollan a través del impulso que le den las partes. El juez también deja de ponderar que la ley no exige ningún requisito para la procedencia del rubro a que me refiero, pues la ley expresamente dispone que se trata de los trabajos desempeñados que no importaron promoción verbal o escrita y si en cambio, prevé la caducidad como una consecuencia de la inacción procesal. Es por ello por lo que ese tribunal deberá tener por justificada esta pretensión consistente en expeditar la tramitación del negocio, pues como la propia ley señala, se trata de los trabajos desempeñados que no importaron promoción verbal o escrita, según artículo 12, y deberá autorizarse respecto del 10% sobre los honorarios fijados para la demanda, recursos y amparos, en los términos de los puntos 1 a 5 de la planilla, que da origen a la sentencia que ahora se combate". "3.- [.] Apreciando lo anterior se tiene que acorde a lo dispuesto por los artículos 139 en relación con el 529 de la Ley Procesal Civil, los gastos y costas serán regulados a favor de quien se declaró la condena, en este caso fue a la parte actora, y propiamente el artículo 12 de la Ley que fija el Arancel para el Cobro de Honorarios de Abogado, establece que dichos profesionistas cobrarán el 10% diez por ciento de los honorarios fijados para la demanda por las gestiones que hagan para expeditar la tramitación del negocio y, en general por los trabajos que desempeñen que no importen promoción verbal o escrita, y que incidieron para que el juicio transcurriera favorable a la accionante, ya que son elementos indispensables que dan certeza sobre la gestión que dice haber realizado como para que se le apruebe el importe solicitado, lo cual como bien indica el juzgador, no realizó en su planilla, resultando improcedentes sus argumentaciones, y por ende, fue correcto que no se le aprobara dicho concepto". "5.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la reducción del concepto referente a las notificaciones, bajo el argumento de que únicamente fueron 12 las notificaciones (página 9 inciso J) de la sentencia), el juez interpreta que las notificaciones a que se refiere la ley del arancel lo son las únicamente personales. Sin embargo, esa delimitación o acotación a que alude el juez, no se deriva de la Ley, pues ésta únicamente hace referencia a la causación de los honorarios por notificaciones, sin limitar a que estas sean notificaciones personales. De hecho, como la Ley del Arancel no es específica en cuanto a las notificaciones, el juez debió como se pidió, el ponderar la ley que sí hace referencia a dichos actos procesales, a saber, el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, el cual dispone que las notificaciones pueden ser: personales, por cédula, por lista, etc., y el artículo 16 (sic) fracción V no distingue, motivo por el cual deberá tenerse por acreditada la pretensión en los términos en que la formulé, esto es, fueron 114 notificaciones, resultados de los autos y decretos que fueron publicados según se aprecia de la consulta de los servicios en línea que presta el Tribunal Superior de Justicia, lo que equivale a 0.3 cifras por notificaciones, motivo por el cual el juzgador debió aprobar este concepto de 34.2 cifras. 4.- [.] En esas condiciones, se tiene que no le asiste la razón al quejoso (sic) puesto que si bien al regular su planilla de liquidación en lo concerniente a las notificaciones realizadas dentro del juicio, de ahí se observa que pretendió se le autorizaran 114 notificaciones sólo señalando que eran resultado de contabilizar los autos y decretos que se dictaron en autos con sus consecuentes publicaciones, así que el artículo 17 fracción V de la referida Ley del Arancel, determina que por cada notificación se otorgará la cifra ahí establecida, sin embargo, no alude a qué tipo de notificaciones se aprobarán, y si bien al regular la planilla de costas, pueden cobrarse las notificaciones habidas durante la tramitación del juicio, no porque la notificación constituya un acto judicial que es y debe ser siempre gratuito, sino por el trabajo profesional del abogado, por enterarse y estudiar el proveído o sentencia a que la notificación hecha se refiere, y por ende deben tratarse a juicio de este Tribunal como bien lo indica el A Quo de la aprobación únicamente de las notificaciones que de carácter personal se le realizaron, por la trascendencia que las mismas tienen en la prosecución del juicio, como lo fueron las determinadas por el Juzgador al regular la planilla en el fallo en estudio, concordando entonces que la autorización que al respecto se realizó por únicamente 12 notificaciones personales, fue la que legalmente correspondía, siendo improcedente el argumento que al respecto realiza la apelante". Ahora, el tópico toral de los motivos de disenso esgrimidos en el caso justiciable, atañen principalmente al tema de los gastos y costas causados con motivo de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, su naturaleza jurídica y forma de liquidación, acotado a lo dispuesto en la legislación adjetiva civil de la localidad, para lo cual conviene realizar las siguientes precisiones. El artículo 17 constitucional dispone que el servicio de los tribunales debe ser gratuito y prohíbe, por tanto, las costas judiciales. Esta prohibición de que los tribunales cobren contribuciones por sus servicios no implica que constitucionalmente toda la actividad procesal deba ser gratuita, puesto que el concepto de gratuidad en la justicia de los Estados modernos no tiene otro alcance, en realidad, que poner a cargo del poder público la retribución de los Jueces y personal necesario para administrarla; pero el resto de gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso y que son necesarios para la tramitación y conclusión de un juicio deben ser soportados por los litigantes, y a éstos se les llaman costas, las cuales deben guardar una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no puede éste legalmente concluirse. Esto último quiere decir, que el monto que se cobre por concepto de costas debe ser directamente proporcional con la participación de los abogados, duración y complejidad del proceso, por lo que en esos términos es claro que se prevea en ese respecto las cuotas a pagar con motivo de la primera instancia, que como es de explorado derecho, es la etapa más compleja de un juicio. Así pues, se ha estimado por la doctrina que las costas son los gastos y erogaciones que las partes efectúan con motivo del proceso judicial, es decir, se denomina costas a los honorarios que se pagan a los abogados de las partes en el juicio, cuando estén legalmente autorizados para ejercer la abogacía, y a los gastos a las erogaciones efectuadas durante la tramitación de un juicio, diversas a dichos honorarios. Por su parte, el Alto Tribunal del País ha sostenido, en términos generales, que las legislaciones sustantivas y procesales civiles no establecen distinción alguna entre los "gastos" y las "costas", ya que en cualquier caso se refieren al importe de las erogaciones que hacen las partes durante la tramitación de un juicio hasta su conclusión; por lo que la condenación en costas es un concepto global que comprende, como se dijo, tanto los gastos propiamente dichos que se causen en la substanciación de un negocio como los honorarios de los abogados y procuradores causados para el sostenimiento del proceso, cuya cuantía se regula y autentica conforme al procedimiento legal, sin que exista, por tanto, el elemento diferenciador entre ellos. Así se advierte del criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1508, del Tomo LXXVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 351060, que dice: "COSTAS, EN ELLAS SE COMPRENDEN LOS GASTOS JUDICIALES Y LOS HONORARIOS CAUSADOS EN EL PROCESO. Si el quejoso en amparo reclama que se le condenó en gastos y costas, a pesar de que el artículo 1084 del Código de Comercio sólo prevé éstas y no aquéllos, debe considerarse injustificado dicho concepto de violación, pues la condenación en costas es un concepto global, que comprende tanto los gastos judiciales como los honorarios causados en el sostenimiento del proceso, cuya cuantía se regula y autentica conforme al procedimiento legal, sin que exista, por tanto, el elemento de diferenciación a que alude el agraviado". Finalmente, para determinar cuándo se debe condenar al pago de las costas procesales a una de las partes, generalmente se sigue uno de los dos sistemas que para este efecto existen y que son: 1. Sistema subjetivo. Conforme al cual sólo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se haya conducido en el proceso con temeridad o mala fe. 2. Sistema objetivo. De acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de las costas a la parte que haya sido vencida en el juicio. En el caso del Estado de Querétaro, la codificación adjetiva civil, en el tema de los gastos y costas, establece lo siguiente: "Artículo 135. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aún cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio. Artículo 136. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan. Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y con base en las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga sentencia favorable, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos. La parte que pierde, debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte, cuando el juez acoge parcial o totalmente las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone el tercer párrafo de este artículo, en todo o en parte, pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas. Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria será a cargo de la primera, independientemente del resultado del juicio. Artículo 137. Para la condena en costas en caso de honorarios, se atenderá a los aranceles y cuando éstos no los regulen, entonces el juez oirá, para normar su criterio, a dos individuos de la profesión, arte u oficio de que se trate. Artículo 138. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador o patrono, sino cuando fuere abogado titulado. Artículo 139. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el Tribunal distribuirá entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos intereses, el pago de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las partes o personas que hayan obtenido sentencia favorable, también proporcionalmente a sus respectivos intereses. Artículo 140. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte resolviéndose dentro del tercer día. Artículo 141. Si la parte interesada no formula su liquidación, la contraparte puede solicitar se le requiera para ese efecto, apercibiéndosele que de no hacerlo, tal derecho pasará a la contraria". En principio, de los preceptos transcritos, se advierte que dicho ordenamiento legal asimila los términos "gastos" y "costas", al utilizarlos de manera indistinta, por lo que la cita de uno abarcará al del otro. También se observa, que cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva; sin embargo, en ocasiones en la sentencia definitiva se puede condenar a una de las partes al pago de los gastos y costas de la contraparte. De ahí que, se diga que tanto la doctrina como la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que las costas tienen por objeto resarcir al litigante en cuyo favor se decrete de todos los gastos que hubiere hecho en el litigio en el que se vio obligado a comparecer. Ahora, se sostiene de constitucional el actuar de la alzada responsable, ya que contrario a lo alegado por la parte quejosa, fue correcto que en la reasunción de jurisdicción que efectuó, dejara de aprobar la cantidad que por concepto de gastos y costas propuso la parte aquí quejosa, respecto de los trabajos ejecutados pero que no implicarán una promoción verbal o escrita, con base en el argumento de que era carga de la recurrente detallar en la planilla respectiva tal aspecto. No debe perderse de vista que de una interpretación armónica de dicho numeral, se debe entender que los abogados podrán cobrar hasta el diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda, por las gestiones que faciliten la tramitación del negocio, y en general, por los trabajos que desempeñen y que no importen promoción verbal o escrita. Lo que de modo alguno per se puede llegar al extremo, como lo pretende la parte quejosa, de concebir que el citado numeral deja de imponer como carga a la parte relativa el detallar o acreditar cuáles fueron tales gestiones o trabajos, ya que el artículo citado en último lugar expresamente establece, en términos generales, que la determinación de la referida condena depende de los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita en el asunto. De modo que, para estar en aptitud de poder fijar el quantum de tal tipo de trabajos y/o gestiones, era necesario que la ahora quejosa acudiera a lo que establece la propia legislación arancelaria en el tema de los tipos de trabajos que se ejecutan por el abogado dentro de un juicio y el valor de éstos atendiendo a la etapa procesal en la que se realizan, la importancia técnica y la dificultad del negocio, más particularmente a lo dispuesto en el artículo 17 de la legislación arancelaria en consulta, que establece los honorarios que se causarán con motivo de los trabajos desempeñados por los abogados de acuerdo a las tarifas ahí establecidas. Por tanto, al formular la planilla de liquidación respectiva, la actora incidentista (aquí quejosa) tenía la obligación de detallar en ésta los trabajos ejecutados por el abogado y los gastos erogados con motivo de la tramitación del juicio, cuando se trataran de los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita alguna; ya que esos elementos son indispensables, porque, además, de dar oportunidad a la contraparte para que objete la relación de gastos y honorarios, permite al juzgador analizar si la planilla de regulación de costas se formuló acorde con las disposiciones del arancel antes mencionado, para así estar en aptitud de fundar y motivar adecuadamente su resolución. Por consiguiente, si la parte que obtuvo sentencia favorable se limita a solicitar el pago del diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda, por los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita, sin especificar en qué consistieron éstos dentro de la liquidación que propuso, entonces, es evidente que dicha planilla relativa no se encontraba ajustada a las normas legales antes invocadas y, por ende, no debía ser aprobada en ese aspecto. Máxime que, se estima así, de tomar en cuenta que aun cuando la propia redacción del numeral 12 de la legislación arancelaria mencionada no refiere el cumplimiento de la exigencia anotada (esto es, del detalle de los trabajos así realizados para la causación de las costas ahí previstas); en modo alguno ello puede llegar al extremo de considerar, como lo sugiere la parte quejosa, que tal regulación de costas en el rubro indicado habrá de efectuarse a favor de la parte vencedora de un asunto de manera sistemática, es decir, de forma automática sin necesidad de acreditación alguna, ya que la voluntad del legislador en este aspecto se encuentra acotada cuando utiliza la locución "hasta" para el cobro de costas que se refiere. Y, en esa virtud, la cuantificación que de las costas deban hacerse cuando se trate de las gestiones que los abogados hubieren realizado para expeditar la substanciación de un negocio (asunto), habrán de ser pormenorizadas y demostradas con la finalidad de que proceda su cobro "hasta" por el diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda. Sin que importe en contrario, como lo apunta la parte impetrante, la posible ausencia de exhaustividad por parte de la alzada responsable en analizar el punto de agravio hecho valer en este mismo respecto, pues al margen de la falta o no de pronunciamiento en este respecto, en modo alguno ello impone la obligación a este juzgador federal a conceder el amparo solicitado habida cuenta que a nada práctico se conduciría, si como se vio, no se llegaría a otra conclusión que la explicada en líneas procedentes, máxime que la justificación dada en ese tenor en el acto reclamado se entiende suficiente para motivar la no aprobación de la planilla de liquidación planteada por la quejosa, en el rubro analizado. De ahí que resulte infundado el concepto de violación así analizado. En otro aspecto, la parte quejosa también alega que fue incorrecto que la Sala responsable sólo tomara en cuenta en la liquidación de gastos que planteó, doce notificaciones personales practicadas en el juicio, y no así las ciento catorce que había cuantificado, bajo la premisa de la transcendencia de las primeras al haber sido practicadas de manera personal, pues considera que tal afirmación deviene dogmática en tanto carece de fundamento y motivo alguno, aunado al hecho de que con ella se despoja de sentido a aquéllas que no fueron personales y que sí se practicaron. El concepto de violación así reseñado deviene fundado pero a la postre insuficiente para otorgar la protección federal. Se explica. De lo que pudiera inferirse que se causarán honorarios por concepto de costas por cada una de las notificaciones que en un procedimiento jurisdiccional se practicaren, sin que de la propia redacción se pudiera desprender alguna distinción entre las notificaciones así practicadas, esto es, si se tratasen de notificaciones personales, por lista, por cédula, por edicto u otras de las contempladas en la legislación adjetiva civil de la materia y fuero. Y, en esa medida, aunque es fundado el alegato así esgrimido por la parte quejosa, en cuanto a que fue incorrecto lo realizado por la Sala responsable en el acto reclamado, cuando para la aprobación de las costas en el rubro indicado distinguió entre los tipos de notificaciones acaecidas en el natural, atendiendo al principio general de derecho que reza "donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir"; no debe perderse de vista que tal circunstancia a la postre es insuficiente para que las impetrantes obtengan la protección federal. Se estima así, habida cuenta que al igual que en el aspecto anteriormente analizado, aquéllas dejaron de demostrar en su planilla de liquidación el detalle de las notificaciones que pretendían ser contabilizadas para los efectos de la determinación de las costas generadas, en la medida de que a pesar de que para ello sólo haya precisado que debían tomarse en cuenta ciento catorce de las que aparecían practicadas en el natural; no debe perderse de vista que tampoco, en esa contabilización, podía dejarse de lado que las que se tomarían en cuenta serían aquellas que implicarán la intervención o comparecencia de los abogados que hubieren generado la realización de trabajos. En otras palabras, si bien la redacción del numeral mencionado en modo alguno realiza una distinción del tipo de notificación que habrá de ser materia de cuantificación en las costas a determinar, ello no significa que en las mismas se deban englobar todas aquellas suscitadas en el juicio, si como lo previene el propio numeral 17, éstas se ven acotadas a aquéllas que hayan implicado trabajos desempeñados por los abogados. De lo que se sigue, que si la parte ahora quejosa dejó de precisar en la planilla de liquidación analizada en segunda instancia por la alzada responsable, las notificaciones practicadas en el natural que implicaron la intervención de su abogado por virtud de haber comparecido al recinto judicial de origen a que le fueran practicadas, o a aquéllas que por virtud de su realización implicaron un actuar del profesionista que designó para impulsar el procedimiento; es claro que ante esa omisión la Sala tampoco pudo estar en la aptitud de proceder a su contabilización. Sin que en la presente resolución, este juzgador federal pueda emitir pronunciamiento respecto al análisis de cada una de las notificaciones a que aluden las quejosas dentro de la planilla de liquidación de origen, y por consecuencia de su contabilización en materia de costas; en la medida que de realizarse se estaría sustituyendo en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades responsables al convertirse en una ulterior instancia revisora, a pesar de que el juicio de amparo no constituye una instancia más en el procedimiento de origen, sino un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto ejercer un control constitucional sobre la resolución reclamada, a fin de determinar si viola o no derechos fundamentales y, por ende, no podría reexaminarse si la responsable, al emitir el fallo reclamado, transgredió éstos por el hecho de omitir el análisis de aspectos que no fueron propuestos por las partes respectivas. Así tampoco, por otro lado, menos aún puede considerarse eficaz el diverso argumento de las quejosas, en el sentido de que la Sala responsable dejó de explicar el porqué no resultaba aplicable en el estadío procesal de origen lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en cuanto a los tipos de notificaciones que se pueden producir dentro de un procedimiento jurisdiccional; pues se itera, a pesar de lo fundado de su aserto, el mismo es insuficiente para conceder la protección federal a su favor, si como se vio, en la planilla de liquidación que propuso en el natural dejó de explicar porqué las ciento catorce notificaciones que cuantificó se encontraban dentro del supuesto de causación de costas, previsto en el artículo 17 fracción V de la legislación arancelaria en consulta. De ahí que, el concepto de violación así analizado devenga ineficaz para los efectos de la presente resolución. Se suma a la ineficacia de los motivos de disenso esgrimidos arriba determinada, en cuanto a los temas de la inaprobación de los rubros de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa, relacionado con el monto de las notificaciones producidas en el juicio así como del de las gestiones realizadas por los abogados que no implicaron promoción verbal o escrita; el hecho de que al no haberse resuelto en el fondo por la alzada responsable tales aspectos, implícitamente dejó a salvo los derechos de la parte interesada para que los haga valer en la vía, forma y oportunidad previstas para ello con la finalidad de que pueda ser analizada su aprobación, por tratarse de aspectos imprecisos e irresueltos de la planilla de liquidación propuesta primigeniamente por las aquí quejosas. Por lo que ve al último motivo de disenso, atinente en esencia a que fue incorrecto que la Sala responsable dejara de cuantificar en su liquidación las cosas causadas con motivo del recurso de apelación que conoció aquélla en el toca civil *****, bajo la premisa de que no se emitió condena en segunda instancia en éste; pues considera que el medio de impugnación que le dio origen fue substanciado de forma previa al dictado de la sentencia definitiva del natural, y en esa medida, su tramitación y resolución fue necesaria para obtener el resultado del juicio, y aunque en dicha segunda instancia no se hubiere hecho condenación en costas, tampoco se dijo que se hacía una absolución a la parte perdidosa en ese respecto, de suerte que el mismo debe ser contabilizado en las costas propuestas. A juicio de este juzgador, no asiste la razón a la parte quejosa en el aspecto alegado. Esto es así, porque es de explorado derecho que en los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentra la facultad del operador jurídico de emitir condenación en materia de gastos y costas, la misma no se contempla de forma alguna para ser aplicada con posterioridad a la resolución que las pudo haber causado, dado que es en dicha resolución en donde se deben resolver todos los puntos controvertidos o aspectos relacionados con la conclusión de ésta y las resultas de las reclamaciones. De suerte que si tal tipo de condena no se efectúo en el momento correspondiente, el derecho que pudo así haber nacido no puede hacerse valer en distinto estadío procesal, pues de realizarse tal condena en distinta resolución, se alteraría una cuestión de fondo, al tratarse de un derecho que nace por actualizarse la obligación de su pago en el supuesto específico y por tanto, no es procedente proceder a la cuantificación de una condena de ese tipo si previamente la misma no fue contemplada alegándose omisión de la alzada en segunda instancia de hacerlo así como de emitir un pronuncimiento absolutorio en ese respecto, ya que ello, debió ser controvertido en su momento. De tal manera, que si como en el acto reclamado ocurrió, la Sala responsable sostuvo que cuando se resolvió el toca civil ***** de su propio índice, no se hizo condenación alguna en costas de esa segunda instancia, por más que se constituyera en un medio de impugnación planteado y resuelto de manera previa al dictado de la sentencia definitiva dictada en el natural, ello en modo alguno hacía procedente aprobar la cuantificación que de su promoción propuso la parte quejosa, porque se insiste, en su resolución no se efectuó la condenación respectiva de gastos y costas por su tramitación, pues se insiste, es en esa propia determinación donde debe fijarse la posición que las partes habrán de tener en relación a las costas, sin que haya oportunidad de que esto se haga con posterioridad. Por lo que ante la falta de condenación de ese rubro en el recurso de apelación invocado por la quejosa (que diera origen al toca civil *****), al no haberse hecho una condenación en costas a la parte perdidosa del mismo y ello no fue controvertido por la parte interesada en la vía forma previstas en la legislación procesal correspondiente, el derecho a recibirlas o por los menos a controvertir su falta de condenación se encuentra precluido, y en esa medida, se constituye en verdad legal inatacable. Lo anterior es así, a efecto de mantener un equilibro entre las partes, que éstas estén en igualdad de condiciones y sobre todo para que exista certeza jurídica, pues no es posible modificar alguna determinación en perjuicio de uno de los contendientes, si no es a través de los medios legales correspondientes. De ahí que devenga ineficaz el concepto de violación que sobre el particular esgrimió la quejosa, pues se itera, al no haberse condenado al pago de gastos y costas con motivo de la substanciación del recurso de apelación que originó la formación del toca civil ****, es inconcuso la improcedencia de su contabilización en la planilla de liquidación que planteó aquélla en el asunto de origen, dado que se insiste, la controversia de su procedencia o improcedencia debió efectuarse en la fase respectiva, y al no haberse efectuado, la inexistencia de condenación alguna en ese tenor se considera firme, y por consecuencia, no es dable se contabilizada dentro del rubro de gastos y costas a determinar en la planilla propuesta. No pasa inadvertido para este juzgador federal, el hecho de que la Sala responsable al emitir la decisión mediante la cual resolvió el multicitado toca civil *****, omitiera absolver textualmente a la parte perdidosa del mismo, respecto al pago de gastos y costas de esa instancia tramitada; de tomar en cuenta que la falta de pronunciamiento en ese respecto, en modo alguno tiene el alcance de constituir un derecho a la parte aquí impetrante en cuanto a su cobro. Se insiste así, porque en temas como el de trato, el Alto Tribunal ha sostenido que para su causación y posterior cobro, es necesario que los mismos deben contenerse dentro de la condena en costas que se imponga; por lo que si en el caso de origen al momento en que se resolvió ese toca civil no se efectuó, ello en modo alguno puede hacer variar el sentido de esa decisión, esto, entenderse como impuesta en ese tenor, pues la parte a quien dicha omisión le perjudica la debió recurrir, lo que, en el caso, no aconteció, ya que, como se reseñó en líneas que anteceden, dicha resolución no fue controvertida por la parte vencedora del mismo a través de algún medio de defensa. De modo que si la Sala responsable incurrió en alguna omisión en el tema de trato y ésta no fue recurrida por la parte relativa, correcto o no, lo resuelto es cosa juzgada, y por tanto, aunque medie la petición de su contabilización de quien estima debió hacerse, tal condenación no puede entenderse impuesta de forma implícita, y por ende, ser cuantificada en ejecución de sentencia; en tanto que, como se dijo, constituye una simple expectativa de derecho de una de las partes. Cabe destacar que la exigencia a las partes de combatir los acuerdos y/o resoluciones a través de la interposición del recurso correspondiente, constituye un derecho fundamental previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, que implica la existencia de mecanismos o medios de defensa procesales destinados a garantizar una verdadera aplicación imparcial e igualitaria de la justicia, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para asegurar el acceso a aquéllas y en ese sentido, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental, pues como ya se dijo, son mecanismos de defensa para garantizar una verdadera aplicación de la justicia. En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los argumentos planteados por la parte quejosa en contra de la resolución reclamada, dictada en el toca civil *****y su acumulado ****, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicitó. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de la resolución que debe ejecutar, la que, como se expuso en párrafos precedentes, no fue demostrada. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además en los artículos 1°, fracción I, 61, 63, 64, 73 a 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales **** en el presente juicio instado contra el actos y las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, con base en las razones expuestas en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En términos del artículo 27 fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, la resolución de veintiocho de febrero de dos mil dieciocho: "S E N T E N C I A ****. V I S T O S los autos para dictar sentencia definitiva en el juicio amparo ********************, promovido por ****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales **** contra actos de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y otra autoridad responsable; y, R E S U L T A N D O : PRIMERO. Mediante escrito presentado el cuatro de diciembre de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado Querétaro, remitido a este órgano judicial al día hábil siguiente por razón de turno, ****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales ***** cuya identidad se reserva en la presente resolución como medida de protección de la intimidad de la citada infante, a fin de que la dignidad y la honra de ésta sea preservada, en términos del artículo 76 de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades responsables y por los actos que más adelante se precisarán. SEGUNDO. Por auto de seis de diciembre de dos mil diecisiete, se admitió a trámite la demanda de amparo con el progresivo que le correspondía; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, se dio intervención al Agente del Ministerio Público Federal adscrito, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Durante la secuela procesal, se procedió al emplazamiento de la parte tercero interesada en el presente asunto, y, posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede, quedando los autos en estado de resolución, misma que ahora se pronuncia; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, conforme a los artículos 103, fracción I y 107 fracción III, de la Constitución Federal; 35 y 107 fracción V de la Ley de Amparo; 48, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; puntos Séptimo, Octavo y Décimo Noveno del Acuerdo General 30/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modificó la denominación y competencia de este juzgado establecido en el diverso acuerdo plenario 3/2013, al reclamarse actos de una autoridades jurisdiccionales residentes en el Estado de Querétaro, donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de actos reclamados. En el caso, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta conveniente precisar los actos que por esta vía se impugnan como inconstitucionales y que se desprenden del análisis integral del escrito de demanda, para lo cual es necesario interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte solicitante del amparo, con la finalidad de estar en posibilidad de resolver la litis efectivamente planteada y determinar lo que la parte quejosa dijo o quiso decir, armonizando los datos proporcionados en la demanda. Así las cosas, analizada la demanda en su integridad, interpretando la causa de pedir en ella, en armonía con lo revelado de constancias, se advierte que la parte del amparo, esencialmente reclama lo siguiente: De la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro: La resolución de ****, dictada dentro del toca civil ****y su acumulado *****, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la parte aquí quejosa, en contra de la interlocutoria de liquidación de ****, emitida en los autos del juicio ordinario civil sobre pago de pesos número *** instado por la aquí impetrante contra los ahora terceros interesados; a través de la cual se determinó modificar la determinación recurrida. Del Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, con sede en esta ciudad: La ejecución de lo anterior. En el caso, las autoridades responsables, Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro y Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, ambos con sede en esta ciudad, aceptaron la existencia de los actos que respectivamente se les reclama. Luego, esa aceptación expresa de los hechos de manera clara y directamente, valorada en términos de lo previsto en los artículos 93, fracción I, 95, 96 y 199 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, tiene validez probatoria plena, por tratarse de una confesión expresa que perjudica al que la hace, vertida por persona capaz para obligarse, con pleno conocimiento, sin coacción, ni violencia y proveniente de hechos propios en relación con el asunto de donde se originaron los actos reclamados. Máxime que la certeza de la materia combatida, se comprueba de manera indubitable, con las copias certificadas de las constancias remitidas por la Sala y el juez responsables, mismas que conforman los seis tomos de pruebas relacionados a este expediente, y se constituyen en instrumentales que merecen valor probatorio pleno, al tenor de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por ser documentos públicos expedidos por funcionario público en ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, según la existencia regular de sellos y firmas que así lo demuestran, al respecto este juzgado gozando de la más amplia libertad para su análisis, considera que son eficaces para demostrar la existencia de los actos reclamados. CUARTO. Procedencia del juicio de amparo. Teniendo en cuenta que el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que la procedencia del juicio constitucional debe analizarse de oficio, por ser un presupuesto procesal indispensable que garantiza la eficacia del mismo, este juzgador federal procede a su examen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente a la materia de fondo de la litis constitucional, independientemente de que ese examen sea propuesto o no por las partes. En el caso, al no advertirse alegado algún motivo de improcedencia planteado en este asunto por las partes, así como tampoco se revela de oficio la materialización de alguno de los contemplados en la Ley de Amparo, se impone necesario entrar al estudio de fondo de la cuestión constitucional efectivamente planteada en el presente asunto. QUINTO. Estudio de fondo del asunto. El análisis de constitucionalidad de la materia efectivamente planteada, se hará en función de los conceptos de violación hechos valer por la parte impetrante, sin que el caso sea necesario proceder a su reproducción, en razón de que es conveniente simplificar el modelo y cometido de elaboración de la presente resolución, y además porque no existe precepto alguno que establezca la obligación de llevar a cabo la referida transcripción, ya que ello no impide para que la parte impetrante del amparo pueda enderezar su defensa a través del ejercicio del recurso de revisión en donde acuse una posible omisión por la falta de estudio de alguno de los argumentos contenidos en sus conceptos de violación. De modo que si con el acto aquí reclamado no se revela afectación directa o indirecta en la esfera jurídica personal de la menor aquí impetrante, se insiste, no se procederá a la aplicación de la suplencia de la queja de que se habla con relación a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo en su nombre y representación, en la medida de que la suplencia sólo es obligación del operador jurídico aplicar cuando se pongan en entredicho o en riesgo los derechos de un menor de edad, ya sea en primera o segunda instancia, y aunque dicha figura jurídica (suplencia) no está limitada a los derechos de familia, sino que debe aplicarse en todos los asuntos en que sean parte menores de edad o incapaces -con independencia de los derechos que se cuestionen, así como en aquellos casos en que no siendo partes se ventilen asuntos inherentes a su esfera jurídica-; no debe perderse de vista que ello se encuentra condicionado a que lo que sea objeto de análisis constitucional incida directa o indirectamente en el bienestar de un menor de edad. Luego, a pesar que de las constancias que conforman el expediente de origen se revela la existencia de un contradictorio en que se discutieron derechos de la menor de edad aquí quejosa, en donde se pronunció sentencia condenatoria a su favor por virtud de las prestaciones que demandó a través de su progenitora (también aquí quejosa); en modo alguno, ello es indicativo per se de una aplicación sistemática del principio de la suplencia en la deficiencia de la queja respecto a la litis que ahora se plantea en este juicio constitucional. Se estima así, porque lo controvertido en el presente juicio de amparo atañe, como se verá, al tema de la procedencia o no de la cuantificación del pago de gastos y costas generados en el juicio de origen, y en esa medida, la viabilidad o no de éstos (y en su defecto, de la decisión de alzada que los modificó), repercute única y exclusivamente en la tasación de las actividades llevadas a cabo por los abogados que participaron en el expediente primario con motivo de la prestación de sus servicios profesionales, así como su cuantificación con base en la legislación arancelaria de la localidad; lo que de modo alguno incide directa o indirectamente en la esfera jurídica de la menor aquí quejosa, y por consecuencia, en sus derechos de defensa. En ese tenor, después de analizados los motivos de inconformidad que integran los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa, al no revelarse en la especie justiciable una afectación directa o indirecta en la esfera jurídica de la menor impetrante; se estima que los mismos devienen ineficaces para controvertir la resolución reclamada, obligando con ello a negar la protección que de la Justicia de la Unión fue solicitada, como se explica enseguida. En efecto, las impetrantes reclaman la resolución de ****, dictada por la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del toca civil *** y su acumulado ****, mediante la cual modificó la interlocutoria de liquidación de veintisiete de abril de la misma anualidad, dictada en el juicio ordinario civil sobre pago de pesos número ****, por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, donde había aprobado parcialmente la planilla de liquidación propuesta por la actora del juicio, aquí quejosas; así como su ejecución. Las amparistas se duelen de que la resolución combatida transgrede en su perjuicio los artículos 1º, 4, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales, así como los diversos 84 y 85 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en primer lugar, porque arguyen que la alzada dejó de pronunciarse sobre la procedencia del pago de gastos y costas respecto de los erogados con motivo del recurso de apelación que conoció aquélla en el toca civil ****, bajo la premisa de que no se emitió condena en segunda instancia. Aseveración que la quejosa estima incorrecta, dado que ese medio de impugnación si bien fue previo al dictado de la sentencia definitiva del natural, lo cierto es que sirvió de base para que sugiera esta última, y en esa medida, su tramitación y resolución fue necesaria para obtener el resultado del juicio, por lo que en consecuencia su tramitación causó honorarios; y a pesar de que en la misma no se hubiere hecho condenación en costas, en modo alguno se hace una absolución a la parte perdidosa de ese recurso, de suerte que al tratarse de una actuación que impulsó el dictado de la sentencia definitiva que concluyó el juicio, es claro que debe ser contabilizado en las costas propuestas. Motivo por el cual, el argumento de la alzada responsable lo estima dogmático y carente de fundamentación, motivación y congruencia. Por otro lado, alega la parte impetrante, que en relación a la desestimación que la Sala hizo de su agravio en cuanto a que era carga de la recurrente detallar en la planilla respectiva los gastos erogados con motivo de la tramitación del negocio en el rubro de los trabajos que dijo haber ejecutado pero que no implicaran una promoción verbal o escrita; estima incorrecta tal aseveración en la medida de que el artículo 12 de la Ley del Arancel, no exige ningún requisito para la procedencia de ese concepto, es decir, no obliga a que se tengan que detallar las acciones realizadas en ese rubro, y al obligársele a que lo haga, se va más allá de lo que el propio texto de la ley exige. Agrega a lo anterior, el hecho de que la alzada responsable nada dijera con relación a ese agravio, incurre en una falta de exhaustividad de los que hizo valer en segunda instancia. Finalmente, se duele la parte quejosa que fue incorrecto que la Sala responsable sólo tomara en cuenta en la liquidación de gastos que planteó, doce notificaciones personales practicadas en el juicio, y no así las ciento catorce que había peticionado, bajo la premisa de la transcendencia de las primeras; en la medida de que a su criterio tal afirmación deviene dogmática en tanto carece de fundamento y motivo alguno, aunado al hecho de que se despojaría de sentido a aquéllas no personales que se practicaron. Asimismo, alude que la alzada responsable deja de explicar porqué no es aplicable al caso el artículo 114 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, supletorio a la Ley del Arancel. Sentado lo anterior, y a efecto de establecer las razones por la cuales se estima de correcta la manera en que la autoridad responsable decidió modificar la interlocutoria que resolvió el incidente de liquidación de sentencia planteado por la hoy parte quejosa, se impone necesario realizar una breve relación de las constancias que interesan del juicio de donde deriva el acto reclamado, las cuales fueron remitidas por el juez y la Sala responsable en apoyo a su informe con justificación y que quedaron valoradas en considerandos que anteceden, de donde se advierte lo siguiente: Así pues, se revela de constancias que la hoy quejosa demandó en la vía ordinaria civil, el pago de pesos a los aquí terceros interesados, asunto que quedó radicado con el número **** ante el Juzgado Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro. Seguido que fue el juicio en todas sus etapas procesales, la sentencia dictada en el mismo fue controvertida en vía de amparo directo, por lo que una vez resuelto éste -y de que se pronunciara la que hoy constituiría la última definitiva-, se resolvió condenar a los demandados en el de origen al pago de diversos conceptos líquidos, así como a los gastos y costas derivados del proceso. Ya en la fase de ejecución de sentencia, la parte hoy quejosa promovió incidente de liquidación de sentencia, mismo que seguido en sus etapas procesales, fue resuelto en determinación de veintisiete de abril de dos mil diecisiete, en la cual el juez de instancia aprobó parcialmente la planilla de liquidación por la cantidad de ****. Inconforme con tal resolución, la hoy quejosa interpuso recurso de apelación mismo que tocó conocer a la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, el cual radicó con el número **** y su acumulado ****, quien por determinación de ****, decidió modificar la interlocutoria de liquidación impugnada. Acto que constituye el reclamado en el presente asunto. Expuesto el contexto procesal, como se dijo, se estima ajustada al orden constitucional la decisión de la Sala responsable en modificar la interlocutoria de primer grado que determinó el monto de la liquidación efectuada por el juez de origen dentro de la fase de ejecución de sentencia, pues como se dijo, del análisis realizado a los conceptos de violación esgrimidos, aun cuando en la litis de origen se vea involucrada una menor de edad como la aquí quejosa, como se adelantó, del análisis de lo alegado no se revela afectación directa o indirecta a su esfera jurídica que imponga necesario suplir la deficiencia de la queja, y en esa medida, los mismos en sí mismo devienen ineficaces para controvertir su constitucionalidad. En efecto, la alzada responsable para sustentar su decisión, después de resumir los agravios de la parte apelante y de su contraria, en lo que interesa a los temas aquí alegados por la parte quejosa, procedió a su análisis en los siguientes términos: AGRAVIOS FORMULADOS POR LA PARTE APELANTE (QUEJOSA) CONSIDERACIONES DE LA SALA RESPONSABLE AL RESPECTO "1.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la desaprobación del concepto referente a la expresión de agravios manifestando que en la sentencia de segunda instancia no se hizo especial condena en el pago de los gastos y costas judiciales (página 6 inciso b) de la sentencia), situación que es parcialmente cierto y por tanto parcialmente falsa, en tanto que únicamente resulta cierto respecto de la sentencia que resuelve la definitiva en segunda instancia, mas no respecto de las previas dictadas durante la secuela del procedimiento y antes de la definitiva. Tal acontece, respecto de la sentencia de fecha *****, dictada dentro del Toca ******, visible a partir de la foja 145 a la 148 del tercer tomo del expediente, en el que declara operantes los agravios formulados por mi parte y que se encuentra amparado por la condena en costas de primera instancia, en específico dentro del resolutivo CUARTO de la sentencia definitiva dictada con fecha *****, en el que se establece condena a la parte demandada a favor de la suscrita al pago de los gastos y costas originados durante el proceso; luego entonces, si dicha apelación fue resuelta aproximadamente tres años antes del dictado de la definitiva, entonces lo conducente es declarar que tal apelación y la sentencia dictada declarando fundados los agravios formulados por mi parte, al ser de sentencias dictadas previo al dictado en segunda instancia que resuelve la definitiva, si es generadora de gastos y costas a mi favor y a cargo de la demandada. Por lo tanto, del concepto referente a la expresión de agravios respecto de 3 recursos de apelación hechos valer por la parte actora, deberá aprobarse respecto de 2, tomando en consideración que se causan por cada uno el equivalente a los honorarios previstos en el artículo 18 y a que se hace referencia en el punto 1 que precede por *****, arroja un total por este concepto de *****." "1.- [.] Atento a su razonamiento, el mismo deviene improcedente porque de la lectura de las constancias procesales que integran el expediente en estudio, de ahí se advierte que la parte actora incidentista interpuso 3 recursos de apelación según los siguientes datos: -Toca ****** recurso. interpuesto. en contra de la sentencia definitiva del ****. -Toca ***** recurso. en contra del auto del ****. -Toca **** recurso. interpuesto. en contra de la sentencia definitiva del **** [.] De todo lo cual se advierte que en ninguna de las resoluciones dictadas dentro de los tocas formados a las apelaciones que la accionante realizó, fue favorecida con una condena en el pago de gastos y costas a cargo del demandado, por lo tanto, fue correcto que el Juzgador no le autorizara dicho concepto al regular la planilla de liquidación presentado, por lo tanto, es improcedente el argumento que realiza al respecto". "4.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la desaprobación del concepto referente a las gestiones para expeditar la tramitación del negocio, bajo el argumento de que se realizó la petición de forma ambigüa, sin especificar qué tipo de gestiones llevé a cabo (página 7 inciso f) de la sentencia), el juez deja de ponderar los principios que rigen al derecho civil, en esencia, el principio dispositivo y subprincipio de impulsión procesal, principio y sub principio por virtud de los cuales, los procedimiento de esta naturaleza sólo avanzan y se desarrollan a través del impulso que le den las partes. El juez también deja de ponderar que la ley no exige ningún requisito para la procedencia del rubro a que me refiero, pues la ley expresamente dispone que se trata de los trabajos desempeñados que no importaron promoción verbal o escrita y si en cambio, prevé la caducidad como una consecuencia de la inacción procesal. Es por ello por lo que ese tribunal deberá tener por justificada esta pretensión consistente en expeditar la tramitación del negocio, pues como la propia ley señala, se trata de los trabajos desempeñados que no importaron promoción verbal o escrita, según artículo 12, y deberá autorizarse respecto del 10% sobre los honorarios fijados para la demanda, recursos y amparos, en los términos de los puntos 1 a 5 de la planilla, que da origen a la sentencia que ahora se combate". "3.- [.] Apreciando lo anterior se tiene que acorde a lo dispuesto por los artículos 139 en relación con el 529 de la Ley Procesal Civil, los gastos y costas serán regulados a favor de quien se declaró la condena, en este caso fue a la parte actora, y propiamente el artículo 12 de la Ley que fija el Arancel para el Cobro de Honorarios de Abogado, establece que dichos profesionistas cobrarán el 10% diez por ciento de los honorarios fijados para la demanda por las gestiones que hagan para expeditar la tramitación del negocio y, en general por los trabajos que desempeñen que no importen promoción verbal o escrita, y que incidieron para que el juicio transcurriera favorable a la accionante, ya que son elementos indispensables que dan certeza sobre la gestión que dice haber realizado como para que se le apruebe el importe solicitado, lo cual como bien indica el juzgador, no realizó en su planilla, resultando improcedentes sus argumentaciones, y por ende, fue correcto que no se le aprobara dicho concepto". "5.- El agravio se hace consistir en que, respecto a la reducción del concepto referente a las notificaciones, bajo el argumento de que únicamente fueron 12 las notificaciones (página 9 inciso J) de la sentencia), el juez interpreta que las notificaciones a que se refiere la ley del arancel lo son las únicamente personales. Sin embargo, esa delimitación o acotación a que alude el juez, no se deriva de la Ley, pues ésta únicamente hace referencia a la causación de los honorarios por notificaciones, sin limitar a que estas sean notificaciones personales. De hecho, como la Ley del Arancel no es específica en cuanto a las notificaciones, el juez debió como se pidió, el ponderar la ley que sí hace referencia a dichos actos procesales, a saber, el artículo 115 del Código de Procedimientos Civiles, el cual dispone que las notificaciones pueden ser: personales, por cédula, por lista, etc., y el artículo 16 (sic) fracción V no distingue, motivo por el cual deberá tenerse por acreditada la pretensión en los términos en que la formulé, esto es, fueron 114 notificaciones, resultados de los autos y decretos que fueron publicados según se aprecia de la consulta de los servicios en línea que presta el Tribunal Superior de Justicia, lo que equivale a 0.3 cifras por notificaciones, motivo por el cual el juzgador debió aprobar este concepto de 34.2 cifras. 4.- [.] En esas condiciones, se tiene que no le asiste la razón al quejoso (sic) puesto que si bien al regular su planilla de liquidación en lo concerniente a las notificaciones realizadas dentro del juicio, de ahí se observa que pretendió se le autorizaran 114 notificaciones sólo señalando que eran resultado de contabilizar los autos y decretos que se dictaron en autos con sus consecuentes publicaciones, así que el artículo 17 fracción V de la referida Ley del Arancel, determina que por cada notificación se otorgará la cifra ahí establecida, sin embargo, no alude a qué tipo de notificaciones se aprobarán, y si bien al regular la planilla de costas, pueden cobrarse las notificaciones habidas durante la tramitación del juicio, no porque la notificación constituya un acto judicial que es y debe ser siempre gratuito, sino por el trabajo profesional del abogado, por enterarse y estudiar el proveído o sentencia a que la notificación hecha se refiere, y por ende deben tratarse a juicio de este Tribunal como bien lo indica el A Quo de la aprobación únicamente de las notificaciones que de carácter personal se le realizaron, por la trascendencia que las mismas tienen en la prosecución del juicio, como lo fueron las determinadas por el Juzgador al regular la planilla en el fallo en estudio, concordando entonces que la autorización que al respecto se realizó por únicamente 12 notificaciones personales, fue la que legalmente correspondía, siendo improcedente el argumento que al respecto realiza la apelante". Ahora, el tópico toral de los motivos de disenso esgrimidos en el caso justiciable, atañen principalmente al tema de los gastos y costas causados con motivo de la tramitación de un procedimiento jurisdiccional, su naturaleza jurídica y forma de liquidación, acotado a lo dispuesto en la legislación adjetiva civil de la localidad, para lo cual conviene realizar las siguientes precisiones. El artículo 17 constitucional dispone que el servicio de los tribunales debe ser gratuito y prohíbe, por tanto, las costas judiciales. Esta prohibición de que los tribunales cobren contribuciones por sus servicios no implica que constitucionalmente toda la actividad procesal deba ser gratuita, puesto que el concepto de gratuidad en la justicia de los Estados modernos no tiene otro alcance, en realidad, que poner a cargo del poder público la retribución de los Jueces y personal necesario para administrarla; pero el resto de gastos y erogaciones que se originan con motivo de un proceso y que son necesarios para la tramitación y conclusión de un juicio deben ser soportados por los litigantes, y a éstos se les llaman costas, las cuales deben guardar una relación directa con el proceso, de tal manera que sin ellas no puede éste legalmente concluirse. Esto último quiere decir, que el monto que se cobre por concepto de costas debe ser directamente proporcional con la participación de los abogados, duración y complejidad del proceso, por lo que en esos términos es claro que se prevea en ese respecto las cuotas a pagar con motivo de la primera instancia, que como es de explorado derecho, es la etapa más compleja de un juicio. Así pues, se ha estimado por la doctrina que las costas son los gastos y erogaciones que las partes efectúan con motivo del proceso judicial, es decir, se denomina costas a los honorarios que se pagan a los abogados de las partes en el juicio, cuando estén legalmente autorizados para ejercer la abogacía, y a los gastos a las erogaciones efectuadas durante la tramitación de un juicio, diversas a dichos honorarios. Por su parte, el Alto Tribunal del País ha sostenido, en términos generales, que las legislaciones sustantivas y procesales civiles no establecen distinción alguna entre los "gastos" y las "costas", ya que en cualquier caso se refieren al importe de las erogaciones que hacen las partes durante la tramitación de un juicio hasta su conclusión; por lo que la condenación en costas es un concepto global que comprende, como se dijo, tanto los gastos propiamente dichos que se causen en la substanciación de un negocio como los honorarios de los abogados y procuradores causados para el sostenimiento del proceso, cuya cuantía se regula y autentica conforme al procedimiento legal, sin que exista, por tanto, el elemento diferenciador entre ellos. Así se advierte del criterio de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1508, del Tomo LXXVI, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, registro 351060, que dice: "COSTAS, EN ELLAS SE COMPRENDEN LOS GASTOS JUDICIALES Y LOS HONORARIOS CAUSADOS EN EL PROCESO. Si el quejoso en amparo reclama que se le condenó en gastos y costas, a pesar de que el artículo 1084 del Código de Comercio sólo prevé éstas y no aquéllos, debe considerarse injustificado dicho concepto de violación, pues la condenación en costas es un concepto global, que comprende tanto los gastos judiciales como los honorarios causados en el sostenimiento del proceso, cuya cuantía se regula y autentica conforme al procedimiento legal, sin que exista, por tanto, el elemento de diferenciación a que alude el agraviado". Finalmente, para determinar cuándo se debe condenar al pago de las costas procesales a una de las partes, generalmente se sigue uno de los dos sistemas que para este efecto existen y que son: 1. Sistema subjetivo. Conforme al cual sólo debe condenarse al pago de las costas a la parte que se haya conducido en el proceso con temeridad o mala fe. 2. Sistema objetivo. De acuerdo con el cual se debe condenar siempre al pago de las costas a la parte que haya sido vencida en el juicio. En el caso del Estado de Querétaro, la codificación adjetiva civil, en el tema de los gastos y costas, establece lo siguiente: "Artículo 135. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aún cuando se actuare con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio. Artículo 136. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen las diligencias que promuevan. Las costas del proceso consisten en la suma que, según la apreciación del juez y con base en las disposiciones arancelarias, ha debido desembolsar la parte que obtenga sentencia favorable, excluido el costo de todo acto o forma de defensa que se consideren superfluos. La parte que pierde, debe reembolsar a su contraria las costas del proceso. Se considera que pierde una parte, cuando el juez acoge parcial o totalmente las pretensiones de la parte contraria. Si dos partes pierden recíprocamente, el juez puede exonerarlas de la obligación que impone el tercer párrafo de este artículo, en todo o en parte, pudiendo imponer un reembolso parcial contra una de ellas, según las proporciones de las pérdidas. Todo gasto inútil que una parte ocasione a la contraria será a cargo de la primera, independientemente del resultado del juicio. Artículo 137. Para la condena en costas en caso de honorarios, se atenderá a los aranceles y cuando éstos no los regulen, entonces el juez oirá, para normar su criterio, a dos individuos de la profesión, arte u oficio de que se trate. Artículo 138. La condenación no comprenderá la remuneración del procurador o patrono, sino cuando fuere abogado titulado. Artículo 139. Cuando sean varias las personas o partes que pierdan, el Tribunal distribuirá entre ellas, proporcionalmente a sus respectivos intereses, el pago de las costas, cuyo importe se distribuirá entre las partes o personas que hayan obtenido sentencia favorable, también proporcionalmente a sus respectivos intereses. Artículo 140. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren declarado y se sustanciará el incidente con un escrito de cada parte resolviéndose dentro del tercer día. Artículo 141. Si la parte interesada no formula su liquidación, la contraparte puede solicitar se le requiera para ese efecto, apercibiéndosele que de no hacerlo, tal derecho pasará a la contraria". En principio, de los preceptos transcritos, se advierte que dicho ordenamiento legal asimila los términos "gastos" y "costas", al utilizarlos de manera indistinta, por lo que la cita de uno abarcará al del otro. También se observa, que cada parte será inmediatamente responsable de los gastos y costas que originen las diligencias que promueva; sin embargo, en ocasiones en la sentencia definitiva se puede condenar a una de las partes al pago de los gastos y costas de la contraparte. De ahí que, se diga que tanto la doctrina como la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, han sostenido que las costas tienen por objeto resarcir al litigante en cuyo favor se decrete de todos los gastos que hubiere hecho en el litigio en el que se vio obligado a comparecer. Ahora, se sostiene de constitucional el actuar de la alzada responsable, ya que contrario a lo alegado por la parte quejosa, fue correcto que en la reasunción de jurisdicción que efectuó, dejara de aprobar la cantidad que por concepto de gastos y costas propuso la parte aquí quejosa, respecto de los trabajos ejecutados pero que no implicarán una promoción verbal o escrita, con base en el argumento de que era carga de la recurrente detallar en la planilla respectiva tal aspecto. No debe perderse de vista que de una interpretación armónica de dicho numeral, se debe entender que los abogados podrán cobrar hasta el diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda, por las gestiones que faciliten la tramitación del negocio, y en general, por los trabajos que desempeñen y que no importen promoción verbal o escrita. Lo que de modo alguno per se puede llegar al extremo, como lo pretende la parte quejosa, de concebir que el citado numeral deja de imponer como carga a la parte relativa el detallar o acreditar cuáles fueron tales gestiones o trabajos, ya que el artículo citado en último lugar expresamente establece, en términos generales, que la determinación de la referida condena depende de los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita en el asunto. De modo que, para estar en aptitud de poder fijar el quantum de tal tipo de trabajos y/o gestiones, era necesario que la ahora quejosa acudiera a lo que establece la propia legislación arancelaria en el tema de los tipos de trabajos que se ejecutan por el abogado dentro de un juicio y el valor de éstos atendiendo a la etapa procesal en la que se realizan, la importancia técnica y la dificultad del negocio, más particularmente a lo dispuesto en el artículo 17 de la legislación arancelaria en consulta, que establece los honorarios que se causarán con motivo de los trabajos desempeñados por los abogados de acuerdo a las tarifas ahí establecidas. Por tanto, al formular la planilla de liquidación respectiva, la actora incidentista (aquí quejosa) tenía la obligación de detallar en ésta los trabajos ejecutados por el abogado y los gastos erogados con motivo de la tramitación del juicio, cuando se trataran de los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita alguna; ya que esos elementos son indispensables, porque, además, de dar oportunidad a la contraparte para que objete la relación de gastos y honorarios, permite al juzgador analizar si la planilla de regulación de costas se formuló acorde con las disposiciones del arancel antes mencionado, para así estar en aptitud de fundar y motivar adecuadamente su resolución. Por consiguiente, si la parte que obtuvo sentencia favorable se limita a solicitar el pago del diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda, por los trabajos desempeñados y que no importaron promoción verbal o escrita, sin especificar en qué consistieron éstos dentro de la liquidación que propuso, entonces, es evidente que dicha planilla relativa no se encontraba ajustada a las normas legales antes invocadas y, por ende, no debía ser aprobada en ese aspecto. Máxime que, se estima así, de tomar en cuenta que aun cuando la propia redacción del numeral 12 de la legislación arancelaria mencionada no refiere el cumplimiento de la exigencia anotada (esto es, del detalle de los trabajos así realizados para la causación de las costas ahí previstas); en modo alguno ello puede llegar al extremo de considerar, como lo sugiere la parte quejosa, que tal regulación de costas en el rubro indicado habrá de efectuarse a favor de la parte vencedora de un asunto de manera sistemática, es decir, de forma automática sin necesidad de acreditación alguna, ya que la voluntad del legislador en este aspecto se encuentra acotada cuando utiliza la locución "hasta" para el cobro de costas que se refiere. Y, en esa virtud, la cuantificación que de las costas deban hacerse cuando se trate de las gestiones que los abogados hubieren realizado para expeditar la substanciación de un negocio (asunto), habrán de ser pormenorizadas y demostradas con la finalidad de que proceda su cobro "hasta" por el diez por ciento sobre los honorarios fijados para la demanda. Sin que importe en contrario, como lo apunta la parte impetrante, la posible ausencia de exhaustividad por parte de la alzada responsable en analizar el punto de agravio hecho valer en este mismo respecto, pues al margen de la falta o no de pronunciamiento en este respecto, en modo alguno ello impone la obligación a este juzgador federal a conceder el amparo solicitado habida cuenta que a nada práctico se conduciría, si como se vio, no se llegaría a otra conclusión que la explicada en líneas procedentes, máxime que la justificación dada en ese tenor en el acto reclamado se entiende suficiente para motivar la no aprobación de la planilla de liquidación planteada por la quejosa, en el rubro analizado. De ahí que resulte infundado el concepto de violación así analizado. En otro aspecto, la parte quejosa también alega que fue incorrecto que la Sala responsable sólo tomara en cuenta en la liquidación de gastos que planteó, doce notificaciones personales practicadas en el juicio, y no así las ciento catorce que había cuantificado, bajo la premisa de la transcendencia de las primeras al haber sido practicadas de manera personal, pues considera que tal afirmación deviene dogmática en tanto carece de fundamento y motivo alguno, aunado al hecho de que con ella se despoja de sentido a aquéllas que no fueron personales y que sí se practicaron. El concepto de violación así reseñado deviene fundado pero a la postre insuficiente para otorgar la protección federal. Se explica. De lo que pudiera inferirse que se causarán honorarios por concepto de costas por cada una de las notificaciones que en un procedimiento jurisdiccional se practicaren, sin que de la propia redacción se pudiera desprender alguna distinción entre las notificaciones así practicadas, esto es, si se tratasen de notificaciones personales, por lista, por cédula, por edicto u otras de las contempladas en la legislación adjetiva civil de la materia y fuero. Y, en esa medida, aunque es fundado el alegato así esgrimido por la parte quejosa, en cuanto a que fue incorrecto lo realizado por la Sala responsable en el acto reclamado, cuando para la aprobación de las costas en el rubro indicado distinguió entre los tipos de notificaciones acaecidas en el natural, atendiendo al principio general de derecho que reza "donde la ley no distingue, al juzgador no le es dable distinguir"; no debe perderse de vista que tal circunstancia a la postre es insuficiente para que las impetrantes obtengan la protección federal. Se estima así, habida cuenta que al igual que en el aspecto anteriormente analizado, aquéllas dejaron de demostrar en su planilla de liquidación el detalle de las notificaciones que pretendían ser contabilizadas para los efectos de la determinación de las costas generadas, en la medida de que a pesar de que para ello sólo haya precisado que debían tomarse en cuenta ciento catorce de las que aparecían practicadas en el natural; no debe perderse de vista que tampoco, en esa contabilización, podía dejarse de lado que las que se tomarían en cuenta serían aquellas que implicarán la intervención o comparecencia de los abogados que hubieren generado la realización de trabajos. En otras palabras, si bien la redacción del numeral mencionado en modo alguno realiza una distinción del tipo de notificación que habrá de ser materia de cuantificación en las costas a determinar, ello no significa que en las mismas se deban englobar todas aquellas suscitadas en el juicio, si como lo previene el propio numeral 17, éstas se ven acotadas a aquéllas que hayan implicado trabajos desempeñados por los abogados. De lo que se sigue, que si la parte ahora quejosa dejó de precisar en la planilla de liquidación analizada en segunda instancia por la alzada responsable, las notificaciones practicadas en el natural que implicaron la intervención de su abogado por virtud de haber comparecido al recinto judicial de origen a que le fueran practicadas, o a aquéllas que por virtud de su realización implicaron un actuar del profesionista que designó para impulsar el procedimiento; es claro que ante esa omisión la Sala tampoco pudo estar en la aptitud de proceder a su contabilización. Sin que en la presente resolución, este juzgador federal pueda emitir pronunciamiento respecto al análisis de cada una de las notificaciones a que aluden las quejosas dentro de la planilla de liquidación de origen, y por consecuencia de su contabilización en materia de costas; en la medida que de realizarse se estaría sustituyendo en el ejercicio de las atribuciones de las autoridades responsables al convertirse en una ulterior instancia revisora, a pesar de que el juicio de amparo no constituye una instancia más en el procedimiento de origen, sino un medio extraordinario de defensa que tiene por objeto ejercer un control constitucional sobre la resolución reclamada, a fin de determinar si viola o no derechos fundamentales y, por ende, no podría reexaminarse si la responsable, al emitir el fallo reclamado, transgredió éstos por el hecho de omitir el análisis de aspectos que no fueron propuestos por las partes respectivas. Así tampoco, por otro lado, menos aún puede considerarse eficaz el diverso argumento de las quejosas, en el sentido de que la Sala responsable dejó de explicar el porqué no resultaba aplicable en el estadío procesal de origen lo dispuesto en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Querétaro, en cuanto a los tipos de notificaciones que se pueden producir dentro de un procedimiento jurisdiccional; pues se itera, a pesar de lo fundado de su aserto, el mismo es insuficiente para conceder la protección federal a su favor, si como se vio, en la planilla de liquidación que propuso en el natural dejó de explicar porqué las ciento catorce notificaciones que cuantificó se encontraban dentro del supuesto de causación de costas, previsto en el artículo 17 fracción V de la legislación arancelaria en consulta. De ahí que, el concepto de violación así analizado devenga ineficaz para los efectos de la presente resolución. Se suma a la ineficacia de los motivos de disenso esgrimidos arriba determinada, en cuanto a los temas de la inaprobación de los rubros de la planilla de liquidación propuesta por la parte quejosa, relacionado con el monto de las notificaciones producidas en el juicio así como del de las gestiones realizadas por los abogados que no implicaron promoción verbal o escrita; el hecho de que al no haberse resuelto en el fondo por la alzada responsable tales aspectos, implícitamente dejó a salvo los derechos de la parte interesada para que los haga valer en la vía, forma y oportunidad previstas para ello con la finalidad de que pueda ser analizada su aprobación, por tratarse de aspectos imprecisos e irresueltos de la planilla de liquidación propuesta primigeniamente por las aquí quejosas. Por lo que ve al último motivo de disenso, atinente en esencia a que fue incorrecto que la Sala responsable dejara de cuantificar en su liquidación las cosas causadas con motivo del recurso de apelación que conoció aquélla en el toca civil *****, bajo la premisa de que no se emitió condena en segunda instancia en éste; pues considera que el medio de impugnación que le dio origen fue substanciado de forma previa al dictado de la sentencia definitiva del natural, y en esa medida, su tramitación y resolución fue necesaria para obtener el resultado del juicio, y aunque en dicha segunda instancia no se hubiere hecho condenación en costas, tampoco se dijo que se hacía una absolución a la parte perdidosa en ese respecto, de suerte que el mismo debe ser contabilizado en las costas propuestas. A juicio de este juzgador, no asiste la razón a la parte quejosa en el aspecto alegado. Esto es así, porque es de explorado derecho que en los procedimientos jurisdiccionales en que se encuentra la facultad del operador jurídico de emitir condenación en materia de gastos y costas, la misma no se contempla de forma alguna para ser aplicada con posterioridad a la resolución que las pudo haber causado, dado que es en dicha resolución en donde se deben resolver todos los puntos controvertidos o aspectos relacionados con la conclusión de ésta y las resultas de las reclamaciones. De suerte que si tal tipo de condena no se efectúo en el momento correspondiente, el derecho que pudo así haber nacido no puede hacerse valer en distinto estadío procesal, pues de realizarse tal condena en distinta resolución, se alteraría una cuestión de fondo, al tratarse de un derecho que nace por actualizarse la obligación de su pago en el supuesto específico y por tanto, no es procedente proceder a la cuantificación de una condena de ese tipo si previamente la misma no fue contemplada alegándose omisión de la alzada en segunda instancia de hacerlo así como de emitir un pronuncimiento absolutorio en ese respecto, ya que ello, debió ser controvertido en su momento. De tal manera, que si como en el acto reclamado ocurrió, la Sala responsable sostuvo que cuando se resolvió el toca civil ***** de su propio índice, no se hizo condenación alguna en costas de esa segunda instancia, por más que se constituyera en un medio de impugnación planteado y resuelto de manera previa al dictado de la sentencia definitiva dictada en el natural, ello en modo alguno hacía procedente aprobar la cuantificación que de su promoción propuso la parte quejosa, porque se insiste, en su resolución no se efectuó la condenación respectiva de gastos y costas por su tramitación, pues se insiste, es en esa propia determinación donde debe fijarse la posición que las partes habrán de tener en relación a las costas, sin que haya oportunidad de que esto se haga con posterioridad. Por lo que ante la falta de condenación de ese rubro en el recurso de apelación invocado por la quejosa (que diera origen al toca civil *****), al no haberse hecho una condenación en costas a la parte perdidosa del mismo y ello no fue controvertido por la parte interesada en la vía forma previstas en la legislación procesal correspondiente, el derecho a recibirlas o por los menos a controvertir su falta de condenación se encuentra precluido, y en esa medida, se constituye en verdad legal inatacable. Lo anterior es así, a efecto de mantener un equilibro entre las partes, que éstas estén en igualdad de condiciones y sobre todo para que exista certeza jurídica, pues no es posible modificar alguna determinación en perjuicio de uno de los contendientes, si no es a través de los medios legales correspondientes. De ahí que devenga ineficaz el concepto de violación que sobre el particular esgrimió la quejosa, pues se itera, al no haberse condenado al pago de gastos y costas con motivo de la substanciación del recurso de apelación que originó la formación del toca civil ****, es inconcuso la improcedencia de su contabilización en la planilla de liquidación que planteó aquélla en el asunto de origen, dado que se insiste, la controversia de su procedencia o improcedencia debió efectuarse en la fase respectiva, y al no haberse efectuado, la inexistencia de condenación alguna en ese tenor se considera firme, y por consecuencia, no es dable se contabilizada dentro del rubro de gastos y costas a determinar en la planilla propuesta. No pasa inadvertido para este juzgador federal, el hecho de que la Sala responsable al emitir la decisión mediante la cual resolvió el multicitado toca civil *****, omitiera absolver textualmente a la parte perdidosa del mismo, respecto al pago de gastos y costas de esa instancia tramitada; de tomar en cuenta que la falta de pronunciamiento en ese respecto, en modo alguno tiene el alcance de constituir un derecho a la parte aquí impetrante en cuanto a su cobro. Se insiste así, porque en temas como el de trato, el Alto Tribunal ha sostenido que para su causación y posterior cobro, es necesario que los mismos deben contenerse dentro de la condena en costas que se imponga; por lo que si en el caso de origen al momento en que se resolvió ese toca civil no se efectuó, ello en modo alguno puede hacer variar el sentido de esa decisión, esto, entenderse como impuesta en ese tenor, pues la parte a quien dicha omisión le perjudica la debió recurrir, lo que, en el caso, no aconteció, ya que, como se reseñó en líneas que anteceden, dicha resolución no fue controvertida por la parte vencedora del mismo a través de algún medio de defensa. De modo que si la Sala responsable incurrió en alguna omisión en el tema de trato y ésta no fue recurrida por la parte relativa, correcto o no, lo resuelto es cosa juzgada, y por tanto, aunque medie la petición de su contabilización de quien estima debió hacerse, tal condenación no puede entenderse impuesta de forma implícita, y por ende, ser cuantificada en ejecución de sentencia; en tanto que, como se dijo, constituye una simple expectativa de derecho de una de las partes. Cabe destacar que la exigencia a las partes de combatir los acuerdos y/o resoluciones a través de la interposición del recurso correspondiente, constituye un derecho fundamental previsto en la Constitución Federal y en los tratados internacionales, que implica la existencia de mecanismos o medios de defensa procesales destinados a garantizar una verdadera aplicación imparcial e igualitaria de la justicia, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para asegurar el acceso a aquéllas y en ese sentido, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental, pues como ya se dijo, son mecanismos de defensa para garantizar una verdadera aplicación de la justicia. En las relatadas condiciones, ante lo ineficaz de los argumentos planteados por la parte quejosa en contra de la resolución reclamada, dictada en el toca civil *****y su acumulado ****, de veinticinco de octubre de dos mil diecisiete, del índice de la Segunda Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro; lo procedente es negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión que se solicitó. Negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, por no haberse reclamado por vicios propios, sino que su inconstitucionalidad se hizo derivar de la resolución que debe ejecutar, la que, como se expuso en párrafos precedentes, no fue demostrada. En mérito de lo expuesto, fundado y motivado, y con apoyo, además en los artículos 1°, fracción I, 61, 63, 64, 73 a 75 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *****, por su propio derecho y en representación de la menor de edad de iniciales **** en el presente juicio instado contra el actos y las autoridades que precisados quedaron en el considerando segundo de este fallo, con base en las razones expuestas en la consideración última de esta sentencia. Notifíquese personalmente".

  4. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que mediante proveído de doce de enero de dos mil dieciocho, se dio vista a las partes con el informe justificado rendido por el Juez Quinto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Querétaro, determinación que se notificó por lista al quejoso al día hábil siguiente, de lo que se sigue que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo para que las partes se impongan del contenido del aludido informe. En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a que las partes estén en posibilidad de ejercer de manera eficaz su defensa, se difiere la celebración de la audiencia constitucional programada para el día de hoy y en su lugar se fijan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO, para su verificativo. Notifíquese.

Quedan 9 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,679 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano