María Carmela Chávez Galindo

Expediente 1236/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1236/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
18/11/2020

Partes del expediente

  • María Carmela Chávez Galindo

Actuaciones

  1. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL

  2. Principal

    CITATORIO PRINCIPAL. DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO, POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA Y SE EMPLAZA A LA PARTE TERCERA INTERESADA EL AUTO DE NUEVE DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE SEÑALA: Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por remisión expresa del artículo 2 de este último ordenamiento, se acuerda: Desechamiento parcial de ampliación de demanda. Téngase por recibido el escrito de cuenta, mediante el cual la parte quejosa pretende ampliar su demanda de amparo y del análisis integral de su contenido, se advierte que, por una parte es improcedente, por lo que debe desecharse de plano, atendiendo a las siguientes razones. Es oportuno citar los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo: "Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De éstos se advierte que la demanda constitucional debe desecharse cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo. En relación con lo anterior, diversos Tribunales de la Federación, se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que a ésta se anexen. En tanto que, lo indudable resulta de tener la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo tal, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que allegaren las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, surgir sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y no pueda ser desvirtuado por ningún medio probatorio durante el juicio. Orienta lo anterior, el criterio de rubro, texto y datos de localización siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". Siempre que la causa de improcedencia no sea evidente en sí misma, debe el juzgador admitir y tramitar la demanda de garantías a efecto de dar oportunidad a las partes en el juicio de rendir los elementos de prueba que, por un lado, justifique el ejercicio de la acción y, por otro, que permitan al juez, en su momento procesal oportuno, pronunciar la resolución que en derecho corresponda, pues cuando el artículo 145 de la Ley de Amparo, establece que el juez de Distrito examinará ante todo el escrito de demanda, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de la misma, la desechará de plano, se está refiriendo a que el motivo de improcedencia de la demanda de amparo, debe ser tan claro y tan evidente que no deje lugar a dudas, es decir, tan notorio e indiscutible que sin necesidad de ulterior comprobación, surja a la vista haciendo inejercitable la acción constitucional." En ese sentido, el artículo 111 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: --- I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; --- II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. ---- En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda." Respecto a los actos reclamados esgrimidos en el primer y segundo punto del apartado correspondiente a "IV.-ACTO RECLAMADO." relativo a las autoridades que señaló como responsables Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco y Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado (antes conocida como Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco) de su ocurso de cuenta, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 111 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, en relación con los diversos 112 y 113 de esa ley, se desecha la ampliación de demanda que pretende realizar respecto de dichos puntos, con base en las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, del citado artículo 111 de la Ley de Amparo , como se indicó al inicio del presente auto, se observa que puede ampliarse la demanda cuando no hayan transcurrido los plazos para su presentación y cuando, con independencia de lo anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos nuevos de autoridad que guarden estrecha relación con los reclamados en la demanda inicial. En ese sentido, debe entenderse por "nuevo", de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, como: "recién hecho o fabricado", "que se percibe o se experimenta por primera vez", "distinto o diferente de lo que se antes había o se tenía aprendido". En ese sentido, el acto nuevo que tenga estrecha relación con lo inicialmente reclamado a que alude el citado precepto denota que la correspondencia de lo reclamado en el escrito inicial de demanda de amparo con lo que se aduzca en el de ampliación, debe ser muy cercana o ajustada y por ende novedoso a lo primeramente combatido (sin perder su estrecha vinculación), pues de lo contrario deberá desecharse éste, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, aplicado por analogía. Apoya lo anterior la jurisprudencia de rubro, texto y datos de localización siguiente: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE. La estructura procesal de dicha ampliación, que es indispensable en el juicio de garantías, se funda en el artículo 17 constitucional y debe adecuarse a los principios fundamentales que rigen dicho juicio, de los que se infiere la regla general de que la citada figura procede en el amparo indirecto cuando del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso, en el mismo se fundamente o motive el acto reclamado, o cuando dicho quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de actos de autoridad vinculados con los reclamados, pudiendo recaer la ampliación sobre los actos reclamados, las autoridades responsables o los conceptos de violación, siempre que el escrito relativo se presente dentro de los plazos que establecen los artículos 21, 22 y 218 de la Ley de Amparo a partir del conocimiento de tales datos, pero antes de la celebración de la audiencia constitucional." Del criterio citado se desprende que se estableció que la ampliación de la demanda de amparo es procedente cuando: a) Del informe justificado aparezcan datos no conocidos por el quejoso; b) En el mismo se fundamente o motive el acto reclamado; y, c) El quejoso, por cualquier medio, tenga conocimiento de nuevos actos de autoridad vinculados ineludiblemente con los reclamados. Así, expresamente se consideró que la ampliación de la demanda de amparo implica la adición o modificación por parte del quejoso de lo expuesto en el escrito original para que forme parte de la controversia que deberá resolver el Juez o Tribunal, cuya inclusión estima indispensable para que se dé una solución adecuada al conflicto que plantea. Asimismo, en tal criterio, se sostuvo que de no reconocerse esta posibilidad al gobernado, se vería imposibilitado para reclamar en el amparo tales actuaciones o incluir nuevos argumentos de los originalmente planteados en la demanda inicial en perjuicio de los intereses que tenga; sobre todo, en aquellos asuntos donde está vedado suplir la queja deficiente, de ahí que sea indispensable ponerlos en conocimiento oportuno del juzgador de amparo. En ese contexto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consideró que procede la ampliación de la demanda, en lo que ahora interesa, cuando el quejoso tenga conocimiento o se ostente sabedor de nuevos actos que estén estrechamente relacionados con los reclamados en la demanda constitucional original, es decir, cuando entre unos (novedosos) y otros (inicialmente reclamados) exista un vínculo ineludible, pues en este caso por economía procesal pueden ser reclamados en vía de ampliación para que se resuelvan en la misma sentencia. Pues bien, como ya se dijo en párrafos que anteceden, en la especie, el quejoso inicialmente reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón en el Estado de Jalisco y Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado (antes conocida como Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas del Estado de Jalisco), en síntesis, el auto de treinta de octubre de dos mil diecinueve dictado dentro del expediente 522/2017-B1 del índice de del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por medio del cual se hace efectivo el apercibimiento y se ordenó imponer una multa y su ejecución. Luego, del ocurso de cuenta se advierte que el quejoso pretende ampliar su demanda de amparo, por los mismos actos que ya reclamó en su demanda de amparo Por lo que, al contrastar el escrito de demanda de registro 26155 (admitido en auto de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve), con el ocurso de cuenta, este Juzgado de Distrito considera que, lo que se reclama en el primer y segundo punto de este último, no constituyen actos novedosos sino que son una reiteración de aquellos reclamados en el escrito primigenio. En efecto, pues lo previamente combatido en la demanda de amparo admitida en la actuación de veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve, y lo que hoy pretende reclamar, constituyen los mismos actos. De ahí que se trate de actos jurídicos idénticos, respecto de los cuales ya se admitieron. En esa tesitura, se enfatiza, el escrito de cuenta en realidad no constituye una ampliación de demanda por actos novedosos estrechamente relacionados con el primigeniamente impugnado, sino que versa sobre unos ya reclamados en el presente asunto. Consecuentemente, no es procedente tener a la parte quejosa ampliando la demanda de amparo por los puntos antes citados, por tanto, lo conducente es desechar la citada ampliación, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 111, 112 y 113 de la Ley de Amparo. Orienta lo anterior, por las razones que la informan, el criterio siguiente: "DEMANDA DE AMPARO, AMPLIACIÓN DE LA. OPORTUNIDADES PARA FORMULARLA. La demanda de garantías puede ampliarse dentro del término que establece el artículo 21 de la Ley de Amparo y otra posibilidad de hacerlo surge cuando al rendir el informe justificado las autoridades responsables manifiestan la existencia de actos distintos de los reclamados, de los cuales no tenía conocimiento el quejoso, o cuando hacen saber la participación de otras autoridades en la realización de los actos que se reclaman, porque, en ese caso, el conocimiento de los nuevos actos o de la participación de otras autoridades, por parte del afectado, tiene lugar en el momento en que se da vista con el informe justificado que contenga esos datos y, por ende, a partir de esa fecha le empieza a correr el término para ejercer la acción constitucional de amparo, ya promoviendo un nuevo juicio de garantías, ya a través de la ampliación de la demanda en trámite." Por otra parte, con fundamento en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 108, fracción III, contrario sensu, de la Ley de Amparo, también se desecha la ampliación de trato por lo que ve a la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, y únicamente se admite por la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal, de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su titular el Director de Notificación y Ejecución Fiscal, así como por la Ejecutor Fiscal Hilda Erika Esquiveles Gómez adscrita a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco, pues de las constancias que obran a fojas 78 a 80 de autos, se advierte que los actos reclamados en el escrito de ampliación de demanda de cuenta únicamente son atribuibles a tales autoridades, no así a la Dirección de lo Contencioso de la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco. Admisión parcial Con fundamento en los artículos 103 y 107, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 117 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, por no advertirse en este momento causas de improcedencia que conduzcan al desechamiento, ni de incompetencia que impidan a este órgano jurisdiccional conocer de la demanda se admite a trámite la misma, únicamente respecto a los actos atribuidos a la Dirección de Notificación y Ejecución Fiscal, de la Secretaría de Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco a través de su titular el Director de Notificación y Ejecución Fiscal y a la Ejecutor Fiscal Hilda Erika Esquiveles Gómez adscrita a la Secretaría de la Hacienda Pública del Gobierno del Estado de Jalisco Incidente de suspensión. Toda vez que de la certificación de cuenta se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión del acto reclamado, en términos de los artículos 125 y 128, ambos de la Ley de Amparo, tramítese por cuerda separada y por duplicado el incidente de suspensión. Audiencia constitucional. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL está programada para las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE. Intervención a las partes del juicio de amparo. Autoridad(es) responsable(s). Informe. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) mencionada(s) con antelación, para que en el plazo de quince días rinda(n) informe justificado. Apercibida(s) que de no hacerlo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario y se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, prevista en el artículo 26, apartado B, párrafos sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, de acuerdo con lo establecido en el artículo 260, fracción II, de la ley citada. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Además, al rendir el informe de ley, deberá(n) citar el número de oficio con el cual se les notifica la admisión de la demanda. Informe de causas de sobreseimiento. Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 64 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que en caso de que tenga(n) conocimiento o que con su conducta provoque(n) la actualización de alguna causa de improcedencia o sobreseimiento, o bien, si sabe(n) que la parte quejosa ha promovido diverso juicio de amparo que pueda tener relación con el presente asunto y en qué órgano jurisdiccional se radicó, lo comunique(n) de inmediato a este Juzgado de Distrito en cualquier estado procesal que se encuentre el juicio de amparo, haciendo de su conocimiento que si no cumple(n) con esa obligación, se le(s) impondrá una multa equivalente a TREINTA unidades de medida y actualización; lo anterior, con fundamento en el artículo 251 del ordenamiento legal en cita. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $2,534.70 (dos mil quinientos treinta y cuatro pesos 70/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por treinta el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Requerimiento de expediente generador y constancias relacionadas con el asunto. Con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, se requiere a la(s) autoridad(es) responsable(s) para que remita(n) en el plazo de quince días las constancias que integran el expediente generador del acto reclamado o que sirvieron de apoyo para emitirlo, así como aquéllas que en su caso tuvieran relación con el presente asunto (en forma completa y legible, debidamente foliadas, rubricadas, entreselladas y signadas por funcionario público facultado para dicho cotejo), toda vez que resultan necesarios para resolver el presente juicio, con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior dentro del término señalado o de no informar las causas legales o materiales que se lo impidan se le(s) impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Consideraciones respecto de las notificaciones a la(s) autoridad(es) responsable(s). De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesado en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Apercibimiento a las autoridades. Hágase del conocimiento de la(s) autoridad(es) señalada(s) como responsable(s), que de conformidad con el artículo 28 fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, está(n) obligada(s) a recibir el(los) oficio(s) que con motivo de este juicio se le(s) dirija(n), por lo que en caso de negarse a recibirlo(s), con excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la(s) autoridad(es), se tendrá(n) por hecha(s) la(s) notificación(es) y será(n) responsable(s) de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que el(los) propio(s) oficio(s) contenga(n); en el entendido de que podrá(n) hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación, e incluso al domicilio correcto, al rendir el respectivo informe; o en su defecto mediante oficio; por tanto, de actualizarse la hipótesis anterior, el actuario judicial levantará acta circunstanciada al respecto, sin perjuicio de que se les imponga una multa equivalente a CIEN días unidades de medida de actualización, lo anterior con fundamento en el artículo 245 de la Ley de Amparo. Medida de apremio que equivale a la cantidad de $8,449.00 (ocho mil cuatrocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 moneda nacional), la cual se obtiene de multiplicar por cien el valor de la Unidad de Medida y Actualización, siendo este de $84.49 (ochenta y cuatro pesos 49/100 moneda nacional). Habilitación de días y horas. Ahora, para el adecuado despacho de los asuntos, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente asunto; ello, de conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. Devolución de documentos. De ser el caso de que así lo soliciten las partes, se les anticipa que no se devolverán los documentos exhibidos y que con posterioridad alleguen las partes en original o copia certificada, en virtud de que los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, establecen que los documentos pueden ser objetados por las partes, y que estos no podrán devolverse hasta en tanto no precluya el derecho de objetarlos, mientras no se haya resuelto definitivamente el punto relativo a las objeciones que se hayan formulado, o bien, mientras el juicio de amparo no haya sido resuelto definitivamente. Sin embargo, se hace de su conocimiento que tienen expedito el derecho para solicitar copias certificadas de las documentales exhibidas o, en su caso, una vez que haya causado ejecutoria este asunto soliciten la devolución de los documentos mediante nueva promoción. Es aplicable la jurisprudencia de rubro: "DOCUMENTOS. SU OBJECIÓN PUEDE FORMULARSE ANTES O EN EL MOMENTO DE LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL". Consulta vía internet del expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. En ese sentido, para otorgar la autorización y/o el acceso al sistema de consulta electrónico, las partes y/o su representante legal deberá solicitarlo por escrito y por única ocasión en el expediente principal. Cabe destacar que si la parte quejosa solicitó la consulta del expediente electrónico, esa petición se entiende autorizada siempre y cuando haya proporcionado un usuario que se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y pertenezca a las personas que en términos de los artículos 5, 9, 12 y 24 de la Ley de Amparo, se encuentren legitimados para intervenir electrónicamente en el juicio. Integración del expediente electrónico. Hágase del conocimiento de las partes que no formarán parte del expediente electrónico las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, deba guardarse sigilo en relación a una o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar; asimismo, con fundamento en el artículo 6° de los lineamientos para la integración del expediente judicial y su modalidad electrónico emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el uno de octubre de dos mil catorce, a prudente arbitrio de este juzgador, no serán digitalizados los documentos públicos o privados ni copias simples o certificadas que como anexos incluyan las partes en sus oficios o promociones, las cuales quedarán a disposición de éstas en el expediente impreso, lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. En ese sentido, con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, y toda información relacionada, con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a los actuarios, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad, con las salvedades señaladas en el párrafo que antecede. Expedición de copia simple o certificada. En obvio de mayores dilaciones procesales y a efecto de agilizar el procedimiento, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se ordena la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial, sin que sea necesario que medie promoción por escrito, previa petición verbal al secretario y toma de razón que por su recibo obre en autos para constancia legal, por conducto de las personas que cuenten con facultades para ello, pues solo a éstas les serán entregadas. Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, verbigracia, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. Es aplicable, en lo conducente, la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, Marzo de dos mil nueve, página dos mil ochocientos cuarenta y siete, de rubro: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA.". Información reservada o confidencial. En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que en términos de los numerales 1, 9 y 16 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, pero las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos personales. En el entendido de que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la omisión de manifestar el consentimiento o la oposición para la publicación de sus datos personales, no exime a este Juzgado de suprimirlos en las sentencias, resoluciones y constancias que obren en el presente expediente y que, en su caso, sean requeridas vía solicitud de acceso a la información, protegiendo así la privacidad y la vida íntima de los ciudadanos. Lo anterior, conforme al criterio 1/2011 emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Notifíquese personalmente a la parte quejosa y al agente del Ministerio Público de la adscripción, así como por oficio a la(s) autoridad(es) responsable(s).

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