María Carlota Aramburo Camacho

Expediente 1330/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1330/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María Carlota Aramburo Camacho

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    A las nueve horas del dos de octubre de dos mil veintitrés, y por no haberse presentado a oír notificación personal, se tiene por hecha a la parte quejosa MARÍA CARLOTA ARAMBURO CAMACHO, la notificación a través de lista de la determinación de veintidós de septiembre del año en curso, de conformidad con los artículos 27, inciso c) y 29 de la nueva Ley de Amparo.

  2. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos que guarda el presente juicio, se desprende que de las constancias remitidas por la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, relativas al juicio laboral 661/2014, del índice del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, se desprende que el tres de agosto de dos mil veintitrés, se llevó a cabo la diligencia de ejecución de laudo, de la cual se advierte que el Ayuntamiento Constitucional de Compostela, Nayarit, parte demandada en dicho juicio -aquí tercer interesada-, informó estar en condiciones a fin de reinstalar a la parte quejosa, lo cual llevaría a cabo el dieciocho de septiembre del año en curso, una vez autorizado por el pleno del cabildo para su ejecución. Por tanto, con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que en el término de tres días, informe si se ejecutó lo señalado en el párrafo que antecede, dentro del juicio laboral 661/2014, de su índice, así como remita las constancias que lo acrediten, así como todo lo actuado con posterioridad, las cuales deberán encontrarse completas, ordenadas, legibles y debidamente certificadas o autenticadas, es decir, encontrarse foliadas, rubricadas y entre selladas. Apercibida que de no cumplir con lo ordenado se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización, en términos del "Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo". 1 . Notifíquese; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, a treinta y uno de julio de dos mil veintitrés. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y en acatamiento a los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violentados, en términos de lo establecido en la sentencia dictada; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de Rentas y Director Jurídico Contencioso, ambos de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia protectora, resulta necesario precisar los efectos para los que se concedió el amparo a la parte quejosa y cotejarlos con las gestiones realizadas por las autoridades responsables para dar cumplimiento a la sentencia protectora. Así, se tiene que, mediante sentencia de seis de marzo de dos mil veintitrés, este Juzgado de Distrito, por una parte determinó sobreseer y por otra, conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal a la parte quejosa HÉCTOR NOEL FUERTES GARCÍA, para los siguientes efectos: 9.1. Efectos respecto al artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano de Nayarit. 1. El artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, emitida para el ejercicio fiscal dos mil veintidós, que prevé el costo por inscripción de documento público, sea desincorporado de la esfera jurídica de la parte quejosa, tanto en el presente como en el futuro. 2. El Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, en el ámbito de su competencia, devuelva a la parte quejosa el remanente de los $8,178.70 (ocho mil ciento setenta y ocho pesos 70/100 moneda nacional), sin relevarlo de la obligación de enterar la cuota fija mínima de $300.00 (trescientos pesos 00/100 moneda nacional) (fracción II), por el pago del concepto de inscripción de documento público, con sustento el artículo 20, fracción II, de la Ley de Ingresos del Estado declarada inconstitucional, que ampara el recibo de pago que exhibió, lo que hará en los términos siguientes:................................ 9.2 Efectos respecto de los artículos 11, 12 y 13 de la Ley de Ingresos para el Estado Libre y Soberano del Estado de Nayarit. ...... 7.3 Devolución con su debida actualización. 1. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver, así como las cantidades pagadas por impuestos adicionales, deberán ser debidamente actualizadas. Lo anterior, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que la parte quejosa sea restituida en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarles las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquéllos cubrieron al Fisco en aplicación del precepto declarado inconstitucional, con el propósito de darle su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que la contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. Sin que sea necesario requerir a las diversas responsables "Gobernador Constitucional del Estado de Nayarit y Congreso del Estado de Nayarit", para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, toda vez que la autoridad responsable requerida para restituir a la parte quejosa en el goce del derecho violado es la señalada en párrafos anteriores. Se establece lo anterior, ya que las autoridades legislativas o reglamentarias, no realizan los actos de aplicación de las normas, por lo que resultaría ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en su proceso de creación, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), ya que no implica por parte de éstas la realización de un acto concreto en el cumplimiento al fallo protector, ni están obligadas a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general.(.)". Inconforme con dicha resolución la autoridad responsable Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit interpuso recurso de revisión por lo que, mediante auto de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se le tuvo por interpuesto dicho recurso. Luego, mediante auto de nueve de noviembre dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, informó que en autos del amparo en revisión 506/2023, confirmó la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, desecho el recurso interpuesto; por lo que causó ejecutoria la sentencia de amparo. Por tanto, al haber adquirido firmeza la sentencia de amparo, se requirió a la autoridad responsable RECAUDADOR DE RENTAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL ESTADO DE NAYARIT, para que, en el término de tres días, informara sobre su cumplimiento. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por el Recaudador de rentas y el Director Jurídico Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado de Nayarit, se cumple con dicha sentencia, se cuenta en autos con las siguientes constancias: Por medio del oficio registrado con el folio 18672, el Director Jurídico de lo Contencioso de la Secretaría de Administración y Finanzas, informó haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa, haciendo del conocimiento que el seis de julio de dos mil veintitrés, realizó la transferencia bancaria a nombre de la parte quejosa HÉCTOR NOEL FUERTES GARCÍA y para demostrarlo, remitió copia de la referida transferencia bancaria que obra en autos del expediente en que se actúa, del que se advierte que realizó lo siguiente: Adjuntó copia de la transferencia bancaria a nombre de los quejosos HÉCTOR NOEL FUERTES GARCÍA y de la que se advierte que le devolvió la cantidad de $13,513.95 (trece mil quinientos trece pesos 95/100 moneda nacional), por los conceptos precisados en la sentencia concesoria de que se trata. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días a partir de su debida notificación, manifestara lo que a su interés conviniera con relación al cumplimiento del fallo protector y se le apercibió que de no hacer pronunciamiento alguno, con apoyo en la ejecutoria de amparo y demás actuaciones que obran en el sumario, este juzgado se pronunciaría en relación con el cumplimiento al fallo protector; en ese sentido la parte quejosa, fue omisa en pronunciarse al respecto. Por tanto, se procede a corroborar si la cantidad devuelta al justiciable, se encuentra debidamente actualizada, en ese sentido, se destaca que el monto de la cantidad erogada por la parte quejosa, por inscripción de documento público, más los impuestos, previstos en los artículos 11, 12 y 13, de la citada ley, que prevén, respectivamente, los impuestos para fomento a la educación, la asistencia social y para la Universidad Autónoma de Nayarit, que debía ser devuelta con su correspondiente actualización es:............................ Lo anterior, arroja la cantidad $12,376.97 (doce mil trescientos setenta y seis pesos 97/100 moneda nacional) como numerario que debía ser actualizado, conforme el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit.1 Al respecto, y dado lo establecido por dicho ordinal, para calcular la actualización del pago efectuado por la parte quejosa a la que se concedió el amparo, debe atenderse a los meses inmediatos anteriores al del pago realizado por el quejoso (enero de dos mil veintitrés), y el de la devolución de dicho pago con su actualización realizado por la autoridad responsable (julio de dos mil veintitrés); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. En ese sentido, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de Junio de dos mil veintitrés, entre el índice para el mes de diciembre de dos mil veintidós (al ser los meses inmediatos anteriores a los de la devolución del pago con su actualización realizado por la autoridad ....... En consecuencia, al multiplicar dicho factor de actualización por la cantidad a devolver ordenada en la sentencia $12,376.97 (doce mil trescientos setenta y seis pesos 97/100 moneda nacional), se obtiene el monto de dicha contribución actualizada a la fecha de su pago, debió ser, $12,546.85 (doce mil quinientos cuarenta y seis pesos 85/100 moneda nacional). Así, de las constancias que obran en autos, se aprecia que la responsables, desincorporaron de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos declarados inconstitucionales. Además, se devolvió a la parte quejosa la cantidad de $13,513.95 (trece mil quinientos trece pesos 95/100 moneda nacional). No pasa inadvertido que la autoridad responsable recaudadora, debía devolver a la parte quejosa la cantidad de $12,546.85 (doce mil quinientos cuarenta y seis pesos 85/100 moneda nacional); sin embargo, reintegró la cantidad de $13,513.95 (trece mil quinientos trece pesos 95/100 moneda nacional), es decir, se entregó a la quejosa un excedente de $ 967.1 (novecientos sesenta y siete pesos 1/100 moneda nacional). Pese a esto, se estima que la concesión otorgada a la parte quejosa se encuentra cumplida, toda vez que se entregó la totalidad del monto descontado por la aplicación de los preceptos inconstitucionales y si bien, a la peticionaria se le hizo entrega de una cantidad excedente, ello ya no es materia del análisis de cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, pues en todo caso, quedan a salvo los derechos de la autoridad recaudadora para hacer las gestiones necesarias a fin de requerirle esa cantidad que entregó de más, en los términos que las leyes determinen. Por tanto, a través de las constancias que obran en autos, documentales públicas a las que se otorga pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en términos del arábigo 196 de la ley de la materia, esto es, sin exceso ni defecto, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Por otra parte, dado que la sentencia de amparo fue debidamente cumplida, de conformidad con el artículo 196, párrafo cuarto de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de expedientes conservables, artículo 17, fracción III, inciso a), se establece que este expediente ES CONSERVABLE, toda vez que se concedió el amparo. En consecuencia, una vez transcurridos tres años, transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental. Finalmente, del estado de autos, se advierte que la parte quejosa, al momento de presentar su demanda de amparo, exhibió diversas copias certificadas; en consecuencia, se le requiere para que acuda dentro del término de noventa días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación personal del presente proveído, para la devolución de los documentos exhibidos en el expediente, apercibiéndole que en caso de no hacerlo, dichos documentos tendrán el mismo destino que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables y al Ministerio Público de la Federación. Así lo proveyó y firma Roberto Díaz Villarreal, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación que del artículo 161 del mismo ordenamiento, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco realizó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de conformidad con el oficio de autorización CCJ/ST/3322/2023, de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante Luz Alejandra Laveaga Astorga, Secretaria que autoriza y da fe. Xochitl

  4. Principal

    En trece de julio de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con el estado procesal que guarda el presente incidente de suspensión. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, trece de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal pendiente de resolverse ni diligencias pendientes; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. Ahora bien, conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio de dos mil veintitrés, específicamente en lo relativo al capítulo sexto de expedientes destruibles, artículo 20, fracción III, se establece que el original de este incidente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN1 , toda vez que se negó la medida cautelar solicitada; debiéndose conservar en las instalaciones del juzgado por el término de tres años, contados a partir del presente proveído y una vez transcurrido dicho lapso y concluido el procedimiento a que alude el párrafo tercero del aludido numeral, se transferirá a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. 1 Artículo 20. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: I. Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados; II. Expedientes en los que se haya dictado una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; III. El original del cuaderno relativo al incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados. (.) 16/05/24 21:26:16 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.03.16.92 MARIA FERNANDA BARAJAS GUERRA Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante María Fernanda Barajas Guerra, secretaria que autoriza y da fe.

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