María Carina Rodríguez Paredes

Expediente 647/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2015.

Datos del expediente

Expediente
647/2015
Año
2015
Actuaciones
16
Última actuación
22/09/2015

Partes del expediente

  • María Carina Rodríguez Paredes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el proveído de veintiocho de agosto del año en curso, en el que este Juzgado sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara firme dicho proveído. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión, deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho punto; mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este Juzgado. Por consiguiente, toda vez que el presente juicio se sobreseyó, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En relación al cuaderno original del incidente de suspensión, será susceptible de depuración una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción III, párrafo segundo, del citado acuerdo, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, por lo que, se deberán conservar todas las constancias relativas al otorgamiento de la medida; lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en diciembre 2012, específicamente en su capítulo: "JUZGADOS DE DISTRITO. VALORACIÓN DE LOS EXPEDIENTES AUXILIARES Y JUDICIALES, DE CONFORMIDAD CON EL AGC 1/2009", subtítulo: "EXPEDIENTES QUE CORRESPONDE CLASIFICAR COMO DEPURABLES O DESTRUIBLES POR LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE CONFORMIDAD CON EL PUNTO VIGÉSIMO PRIMERO"; por tanto, mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental para mejor resguardo. En virtud de lo anterior, como resulta innecesario que obre en autos el tomo de prueba que la autoridad responsable adjuntó como justificación a su informe, devuélvansele al Juez Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. Solicítese acuse de recibo. Finalmente, en vista de que las partes omitieron manifestar si están o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente, aparezcan sus datos personales, con fundamento en el artículo octavo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se les tiene aceptando que se publiquen dichos datos.

  2. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el veintiséis de agosto del año en curso, en contra de la quejosa **********, dentro del proceso penal 65/2015 de su índice. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal 65/2015, de la estadística del Juzgado Único Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el veintiséis de agosto del año en curso, la Juez de la causa dictó la resolución de término constitucional en el proceso penal 65/2015 de su índice, en la que determinó decretar auto de formal prisión en contra de la impetrante **********, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor **********. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  3. Principal

    POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIOCHO DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE A LA TERCERA INTERESADA: Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Único Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual, con fundamento en el artículo 64 de la Ley de Amparo, remite copia certificada del auto de plazo constitucional dictado el veintiséis de agosto del año en curso, en contra de la quejosa María Carina Rodríguez Paredes, dentro del proceso penal 65/2015 de su índice. Ahora, de las referidas constancias que remite el a quo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de documentos expedidos por un servidor público en ejercicio de sus funciones, se desprende que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del numeral 61 de la ley de la materia que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud de cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando por vía de amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, exclusivamente la sentencia de primera Instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente." Del artículo anterior se obtiene que el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los siguientes supuestos: a) Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio. b) Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo. c) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo. d) Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. En el caso concreto, los supuestos descritos con antelación, y que derivan del mencionado artículo 61, se encuentran satisfechos, como a continuación se verá: I. La orden de aprehensión reclamada emana del proceso penal 65/2015, de la estadística del Juzgado Único Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato. II. Con posterioridad a la presentación de la demanda, exactamente el veintiséis de agosto del año en curso, la Juez de la causa dictó la resolución de término constitucional en el proceso penal 65/2015 de su índice, en la que determinó decretar auto de formal prisión en contra de la impetrante María Carina Rodríguez Paredes, al considerarlo probable responsable en la comisión del delito de violación cometido en agravio de la menor Esmeralda Pérez Hernández. III. En virtud de ello, no es posible decidir sobre la constitucionalidad de la orden reclamada, sin afectar la nueva situación jurídica, por lo que las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión deben considerarse consumadas de un modo irreparable. IV. Existe autonomía entre la orden reclamada y la nueva resolución, por cuanto la primera se rige por lo que establece el artículo 16 constitucional, mientras que la segunda en lo que dispone el numeral 19 del propio cuerpo legal; es decir, la resolución de plazo constitucional puede subsistir con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de aquélla.

  4. Principal

    Agréguese en autos el oficio signado por el Juez Penal de Partido con sede en Apaseo el Grande, Guanajuato, mediante el cual informa que el veinticuatro de los actuales, la quejosa, compareció ante el juzgado de su adscripción y le fue tomada su declaración preparatoria En ese sentido, atendiendo a que se podría desprender la actualización de una causal de improcedencia prevista en los numerales 61 y 63 de la Ley de Amparo, con apoyo en el artículo 75, párrafo tercero de dicha legislación, requiérase a la autoridad oficiante, para que dentro del término de tres días legalmente computado, informe el estado procesal que guarda el proceso penal 65/2015 de su estadística, y en caso de que se haya dictado auto de término constitucional por lo que hace a la solicitante del amparo, remita copia certificada legible y debidamente sellada, rubricada y cotejada de dicha determinación, o bien, manifieste el impedimento que tuviere. Lo anterior, bajo apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá como medida de apremio una multa equivalente a cincuenta días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 237, en relación con el 259 de la legislación en consulta.

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