María Candelaria González Pech y Otros.
Expediente 1155/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1155/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- María Candelaria González Pech y Otros.
- María Candelaria González Pech
Actuaciones
- Principal
HA CAUSADO ESTADO EL AUTO INDICADO
- Principal
Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio 121/2018 suscrito por la Fiscal Investigadora en Turno de la Agencia Décimo Primera del Ministerio Público, con sede en Progreso, Yucatán, mediante el cual acusa recibo del oficio 2512-II, en el que se le notificó la radicación del recurso de revisión interpuesto por el quejoso Luis Enrique Sarabia Cáceres e informa que lo recibió el veinte de septiembre del año en curso a las nueve horas con cincuenta minutos; asimismo, dicha autoridad manifestó que no se le ha notificado el oficio 2288-II que contiene copia certificada de la sentencia firmada el ocho de agosto de dos mil dieciocho; en tal virtud, se agrega a estos autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda y remítase a la autoridad oficiante copia certificada de dicha sentencia, para los efectos legales que corresponda. Notifíquese. Así lo acordó y firma René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante Alfonso Verduzco Hernández, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
I. ART. 27 FRACC I INCISO C DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. Mérida, Yucatán, nueve de octubre de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por María Candelaria González Pech, en contra de los actos que reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado y otra autoridad, presentada con siete copias y sin anexos. Ahora bien, en el caso lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo al advertirse una causal notoria y manifiesta de improcedencia. En efecto, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito examinará, ante todo, el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. De la lectura integral de la demanda, se advierte que la parte quejosa reclama de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho dictado en el toca 144/2018 de su índice, relativa al recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 530/2012 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual se aprobó la cesión del propiedad del predio rematado. Una vez determinado el acto reclamado por el promovente de amparo, quien esto resuelve estima se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, por no constituir la última resolución dictada para la ejecución de sentencia. En efecto, los referidos preceptos legales, establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de los sentenciados o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; ." Conforme a la normativa transcrita, para los efectos de la procedencia del amparo, la última resolución que se dicte en la etapa de ejecución, lo constituye aquella en la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente; por tanto, será hasta ese momento en el que se harán valer las violaciones cometidas en ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, cabe precisar que en el caso el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva ni un acto que pone fin al juicio, sino que el acto que se atribuye a la autoridad responsable, constituye un acto intermedio en el procedimiento de ejecución, por tanto, resulta que dicho acto no se ubica en el supuesto a que se refiere el artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues dicho acto no constituye la última resolución de dicho procedimiento. Para sustentar lo anterior se destaca que el mencionado párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, transcrito en líneas que anteceden, establece una limitación al plasmarse en el mismo la conjunción "o", para la procedencia del sumario constitucional, lo cual se traduce en la existencia de un enlace entre ambos supuestos. En efecto, de acuerdo a lo previsto por el párrafo segundo del numeral transcrito anteriormente, el juicio de amparo indirecto es procedente en el procedimiento de ejecución, cuando se dicta la última resolución, misma que constituye la que de forma definitiva: 1. La que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; o, 2. Las que ordenan el archivo definitivo del expediente. Sin embargo, en el caso no se cumple con los supuestos de procedencia que para el procedimiento de ejecución que dispone la Ley de Amparo, porque aún no se aprueba o reconoce el cumplimiento total de la sentencia, no se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento y mucho menos el archivo del expediente de origen y, por ende, se insiste, todavía no se dicta la última resolución, para efectos de la procedencia del amparo. Lo anterior encuentra su razón de ser porque el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, se apoya en el principio de economía procesal, que pretende evitar la proliferación o cadena interminable de juicios de amparo con motivo de diversas actuaciones suscitadas en el procedimiento de ejecución, esto es, evitar que las partes contendientes en un procedimiento de ejecución puedan agotar el juicio de amparo tantas veces como violaciones se cometan en dicho procedimiento, pues con ello se ocasionaría, por un lado, una constante interposición de juicios de amparo y, por otro, una injustificada demora en la conclusión definitiva del procedimiento respectivo; así, el propio legislador pretende que continúe la ejecución de la sentencia del juicio sin mayores trabas y que el afectado con las posibles violaciones que se cometan durante el mismo, al impugnar la última resolución dictada, pueda hacer valer tantas violaciones al procedimiento como estime que se hubieren cometido. En tales circunstancias, debe decirse que la resolución de tres de septiembre de dos mil dieciocho dictado en el toca 144/2018 del índice de la Sala Colegiada Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, relativa al recurso de apelación interpuesto por la quejosa en contra del auto de treinta de noviembre de dos mil diecisiete, dictado en el juicio extraordinario hipotecario 530/2012 del índice del Juzgado Segundo Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, en el cual se aprobó la cesión de propiedad del predio rematado, no es la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Es aplicable al caso, por identidad jurídica, la tesis XVII.1o.C.T.6 K (10a.) emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, publicada el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tribunales Colegiados de Circuito, Libro XX, Mayo de 2013, Tomo 3, Materia(s): Común, registro 2003470, página 1705, que dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE EMBARGO, PROMOVIDO DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de levantamiento del embargo, llevado a cabo dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de levantamiento de embargo, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio." También resulta aplicable por identidad jurídica, la tesis PC.I.C. J/65 K (10a.) del Pleno en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Plenos de Circuito, Jurisprudencia, Libro 52, Marzo de 2018, Tomo II, Materia(s): Común, Registro: 2016357, página 1691, del rubro y texto siguientes: "CESIÓN DE DERECHOS LITIGIOSOS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO SE IMPUGNA EN FORMA AUTÓNOMA LA RESOLUCIÓN QUE LA RECONOCE EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA, AL NO AFECTAR DERECHOS SUSTANTIVOS. Conforme a los artículos 2029 y 2030, tanto del Código Civil para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México, como del Código Civil Federal, la cesión de derechos litigiosos comprende la transmisión de los derechos de la relación materia de la controversia y, en consecuencia, de la posición procesal del cedente, lo cual puede acontecer, incluso, una vez concluido el juicio, pues no existe disposición legal que lo limite. Así, en la etapa de ejecución de sentencia, el cesionario no adquiere una mera expectativa del derecho que previamente correspondía al cedente, pues éste ya fue declarado en el juicio, por lo cual, lo que adquiere es la facultad para exigir el cumplimiento de lo sentenciado; por ello, la resolución que reconoce la cesión de esta clase de derechos en la etapa de ejecución sólo podría afectar derechos adjetivos, en sede jurisdiccional, ya que permite al cesionario realizar cualquier gestión con el objeto de obtener el cumplimiento de la condena, lo cual guarda relación con la cosa juzgada y, además, porque el ejecutado se encuentra en condiciones de cumplir su condena ante la autoridad judicial, con independencia de la persona que ostente la calidad de acreedor. Por tanto, dicha resolución no es impugnable a través del juicio de amparo indirecto de forma autónoma, sino que para ello, el ejecutado sólo podrá hacerlo una vez que se emita la última resolución en el procedimiento de ejecución de sentencia, cuando se apruebe el cumplimiento total de lo sentenciado o se declare la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o que ordene el archivo definitivo del expediente, en términos de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, tomando en cuenta que no existe afectación a derechos sustantivos, porque aunque se demostrara que la cesión no debió reconocerse, no se generan consecuencias que restrinjan al ejecutado, en forma actual, el ejercicio de un derecho fundamental (como la vida, la propiedad, la posesión, la integridad personal, los derechos de familia, los atributos de la personalidad, etcétera). En todo caso, si al impugnarse la resolución referida a través del juicio de amparo conjuntamente con la última dictada en el procedimiento de ejecución, se determina que resultó fundada la oposición del ejecutado a la cesión de derechos litigiosos, la consecuencia sería declarar su invalidez y reponer el procedimiento a partir de dicha violación para que la autoridad judicial ejecute la sentencia, pero ahora en favor del cedente." Así, los razonamientos expuestos con antelación, ponen de relieve lo manifiesto de la causal de improcedencia del juicio constitucional, la cual resulta indudable habida cuenta de que en opinión del que esto acuerda, no obstante que se admitiera la demanda de mérito y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. Sirve de orientación la tesis número J/11XVII.2o., del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, visible en la página 648 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Enero de 1999, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El artículo 145 de la Ley de Amparo, precisa que el Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; debiendo entenderse por motivo manifiesto e indudable, en los términos que precisa el citado artículo, que éste debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador, y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio." En consecuencia de lo expuesto en líneas precedentes, y con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo promovida por María Candelaria González Pech, por actualizarse la causal de improcedencia del juicio constitucional, prevista en fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción IV, interpretado en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo. Lo antes sustentado en modo alguno contraviene el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, consagrados en artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual establece que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Sin embargo, el principio "pro homine" y el control de convencionalidad, si bien deben ser aplicados por todos los juzgadores en el ámbito de su competencia, no implica que se deba ejercer aún en contra de los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia de las acciones intentadas, en este caso del juicio de amparo. Tiene aplicación al caso la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Décima Época, página 530, del rubro y texto siguiente: "PRINCIPIO PRO PERSONA. NO ES FUNDAMENTO PARA OMITIR EL ESTUDIO DE LOS ASPECTOS TÉCNICOS LEGALES EN EL JUICIO DE AMPARO. Si bien es cierto que el artículo 1o., párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de forma que se favorezca de la manera más amplia a las personas, también lo es que la aplicación de este principio no puede servir como fundamento para omitir el estudio de los aspectos técnicos legales que puedan actualizarse en el juicio de amparo. Lo anterior es así, toda vez que la interpretación pro persona se traduce en la obligación de analizar el contenido y alcance de los derechos humanos ante la existencia de dos normas que regulan o restringen el derecho de manera diversa, a efecto de elegir cuál será la aplicable al caso concreto, lo que, por un lado, permite definir la plataforma de interpretación de los derechos humanos y, por otro, otorga un sentido protector a favor de la persona humana, pues la existencia de varias posibles soluciones a un mismo problema, obliga a optar por aquella que protege en términos más amplios, lo que implica acudir a la norma jurídica que consagre el derecho de la manera más extensiva y, por el contrario, al precepto legal más restrictivo, si se trata de conocer las limitaciones legítimas que pueden establecerse a su ejercicio. En consecuencia, la utilización de este principio, en sí mismo, no puede ser invocado como fundamento para ignorar el cumplimiento de los requisitos de procedencia en el juicio de amparo." También sirve de orientación en lo atinente, el criterio aislado 1a. CCLXXV/2012 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 525, del rubro y texto siguiente: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano." Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones en este asunto, el señalado en su escrito de demanda y como su autorizado a Leonardo E. Basto Martín, en los términos amplios que señala el artículo 12 de la Ley de Amparo y respecto a Silvia G. Osorio Peña, en términos de la parte final del segundo párrafo del citado numeral, en virtud de que no acredita ante este Juzgado Federal, ni en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, de conformidad con los artículos del 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintidós de noviembre de dos mil trece, estar debidamente autorizados para ejercer la profesión de licenciado en derecho o abogado como lo exige el citado artículo 12 de la Ley de la materia; sin embargo, en el momento que pretendan ejercer alguna de las facultades amplias a las que refiere dicho precepto, verifíquese si están inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Consejo de la Judicatura Federal, y de ser así, podrán realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos de la autorizante. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante la secretaria licenciada Bereniz Cortés Sandoval, quien autoriza y da fe.
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