Maria Brito Salgado

Expediente 360/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
360/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
19/04/2022

Partes del expediente

  • Maria Brito Salgado

Actuaciones

  1. Principal

    CÚMPLASE.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 353/2021-III, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de abril de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida el mismo día en este órgano jurisdiccional, ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de un acto del Congreso del Estado de Morelos y otra autoridad. SEGUNDO. Trámite. El dieciséis de abril de dos mil veintiuno, se radicó la demanda con el número 353/2021-III y se desechó. El Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, conoció del recurso de queja interpuesto en contra el anterior proveído, bajo el toca 185/2021 y por ejecutoria de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, lo resolvió fundado. Por auto de ocho de octubre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado y se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, y del análisis integral de la demanda, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión del Congreso del Estado de Morelos, así como de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, de dar respuesta a los escritos de trece de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de noviembre de dos mil veinte. Encuentra apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. En términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto reclamado a las autoridades responsables, pues no obstante encontrarse debidamente notificadas del auto por el que se les requirió su informe justificado, fueron omisas en rendirlo. Lo anterior, admiculado con las documentales que la parte quejosa anexó en fotocopia a su escrito inicial de demanda, consistentes en: Acuse del escrito de trece de diciembre de dos mil diecinueve, dirigido a los diputados del Congreso del Estado de Morelos, con sello de recepción por parte del "PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MORELOS", en esa misma data, por el que solicitó la tramitación de su pensión por jubilación. Acuse del escrito de fecha quince de octubre de dos mil veinte, dirigido a la Presidenta de la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos, con sello de recepción el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, por parte de "CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS LIV LEGISLATURA COMISIÓN DE TRABAJO PREVISIÓN Y SEGURIDAD SOCIAL", por medio del cual exhibe diversas constancias para el efecto de que sean tomadas en consideración al momento de dictaminar su solicitud de pensión. Medios de convicción que obran en fotocopia simple, sin embargo, tienen valor probatorio indiciario en virtud de que si bien, por regla general la copia fotostática simple carece de valor probatorio, en el caso dichos medios robustecen su fuerza probatoria al ser admiculados con la presunción de certeza de los actos reclamados a las autoridades responsables, lo cual es suficiente para tener por ciertos los actos que se les reclaman. Cobra aplicación la jurisprudencia I.3o.C. J/37 de rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES. VALOR PROBATORIO DE LAS, CUANDO SE ENCUENTRAN ADMINICULADAS CON OTRAS PRUEBAS". Asimismo, funda lo anterior la tesis 2a. CXLI/97, de rubro: "ACTOS NEGATIVOS ATRIBUIDOS A UNA AUTORIDAD. SI SU EXISTENCIA REQUIERE DE PREVIA SOLICITUD, AL QUEJOSO CORRESPONDE DEMOSTRAR QUE LA FORMULÓ." CUARTO. Estudio de los conceptos de violación. Al no existir causales de improcedencia hechas valer por las partes o que se adviertan de oficio por este juzgado, se procede al estudio de fondo del asunto. El concepto de violación se estima fundado y suficiente para otorgar el amparo y protección de la justicia federal. La parte quejosa aduce que la responsable viola en su perjuicio el derecho humano que consagra en su favor el artículo 8º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque no han dado respuesta a sus escritos presentados el trece de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, mucho menos notificado la decisión correspondiente; lo que se traduce en una transgresión al derecho de petición. Es preciso señalar que el derecho de petición es uno de los derechos públicos subjetivos que nuestra constitución consagra a favor de los gobernados, siendo el juicio de amparo el medio de defensa instituido para su salvaguarda. Ahora bien, el artículo 8 Constitucional a la letra menciona: "Artículo 8. Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario." Así, el derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuyo titular es el gobernado en general, significa la facultad de ocurrir ante cualquier autoridad a formular una solicitud o instancia por escrito que adopta específicamente el carácter de petición administrativa, acción, recurso, etcétera, por virtud de la cual el Estado y sus autoridades, es decir, sus funcionarios y empleados tienen como obligación el dictar un acuerdo escrito a la solicitud que el gobernado les eleve, el cual debe serle dado a conocer en breve término. Bajo ese contexto, el derecho de pedir surgió, por tanto, como la potestad de acudir a las autoridades del Estado con el fin de que éstas intervengan para hacer cumplir la ley, con la correlativa obligación de las autoridades de dictar un acuerdo escrito a la solicitud o petición que el gobernado les eleve, aunado a que la respuesta que recaiga debe darse a conocer en breve término al solicitante. Deriva de lo anterior, que el derecho de petición, tanto en virtud de su origen como en atención a su naturaleza de derecho público subjetivo consagrado, supone su manifestación en una relación entre gobernante y gobernado, pues la petición se dirige a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que resulta indispensable que la petición se eleve al servidor público en su calidad de autoridad, en una relación de supra a subordinación entre gobernante y gobernado, para que surja el derecho público de este último a que se le dé contestación por escrito y esté en posibilidad de acudir al juicio de amparo contra la transgresión de este derecho en caso de que no se cumpla la obligación correlativa de la autoridad que supone este derecho. Por consiguiente, la naturaleza de la relación existente entre el gobernado y el servidor público es preponderante para la existencia del derecho de petición consagrado en el artículo 8 de la Constitución Federal, en la medida en que es necesario que la relación jurídica entablada sea de supra a subordinación y de esta manera la autoridad esté obligada a dar contestación a la petición formulada por el gobernado y proceda el juicio de amparo ante la omisión relativa de la autoridad, como medio de salvaguarda de las derechos humanos. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 42/2001, de rubro: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD." Así, es dable también precisar que el derecho de petición contenido en el artículo 8 constitucional, se conforma a su vez de diversas subgarantías o subderechos que le dan contenido, y derivan de las diferentes conductas a acatar por parte de las autoridades ante quienes se presente una petición por escrito, en forma pacífica y respetuosa, a saber, las siguientes: 1. De dar respuesta por escrito a la petición formulada por el gobernado, de tal modo que el juicio de amparo promovido al respecto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, y la pretensión del quejoso consistirá en obligar a la autoridad responsable a que actúe en el sentido de contestar lo solicitado, es decir, emita un acto positivo subsanando la omisión reclamada; 2. De que la respuesta sea congruente con lo solicitado por el gobernado, de tal forma que el juicio de amparo promovido en este caso, parte del supuesto de que se conoce el fondo de la contestación recaída a su solicitud, ya sea porque se impuso de ella con anterioridad a la presentación de la demanda de amparo y formuló conceptos de violación en su contra, o porque se le dio a conocer durante el trámite del juicio de amparo; y, 3. De dar a conocer la respuesta recaída a la petición del gobernado en breve término, la promoción del juicio de amparo en este supuesto versará sobre un acto de naturaleza omisiva, con la pretensión de obligar a la responsable a notificar en breve término la respuesta recaída a la petición desconocida por el quejoso, con la posibilidad de que en el propio juicio de amparo el quejoso pueda ampliar la demanda inicial en su contra, o de ser conforme a sus intereses, promueva un diverso juicio constitucional en contra del fondo de lo respondido. Por su puntual aplicación, se invoca la Jurisprudencia VI.1o.A. J/54 (9a.), de rubro: "PETICIÓN. LA GARANTÍA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 8o. CONSTITUCIONAL SE CONFORMA DE DIVERSAS SUBGARANTÍAS QUE LE DAN CONTENIDO, Y QUE DEBEN CONSIDERASE POR EL JUEZ DE DISTRITO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN A DICHO DERECHO." En ese sentido, de autos se desprende que la parte quejosa presentó ante el Congreso del Estado de Morelos un escrito el trece de diciembre de dos mil diecinueve, por el que solicitó la tramitación de su pensión por jubilación; asimismo, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio, presentó diverso escrito por medio del cual exhibió diversas constancias para el efecto de que sean fueran tomadas en consideración al momento de dictaminar su solicitud de pensión, sin que a la fecha se haya dado respuesta ni notificado la decisión de tales autoridades. Bajo este escenario, se constata la violación al derecho de petición consagrado por el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que la parte quejosa formuló su petición en los términos indicados por el mencionado precepto, es decir, por escrito, de manera pacífica y respetuosa, circunstancia que obliga a las responsables a dar una respuesta congruente y en breve término, además de hacérsela saber de manera indubitable al gobernado. En ese orden de ideas, está comprobado que la promovente del amparo presentó sendos escritos ante el Congreso del Estado de Morelos y ante la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social del propio órgano legislativo, el trece de diciembre de dos mil diecinueve y diecisiete de noviembre de dos mil veinte, respectivamente, sin que a la presente fecha se le haya dado a conocer la respuesta correspondiente, mucho menos notificado; omisión que contraviene con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que dicho precepto establece la obligación de contestar por escrito la citada petición, así como darle a conocer al solicitante su respuesta, todo lo cual debe hacerse en los plazos y términos que señalan las leyes. De ahí que se otorgue el amparo y protección a la Justicia de la Unión a la quejosa. En relación a la conclusión alcanzada, se precisa que no pasa inadvertido que para responder sobre el fondo de lo solicitado por la quejosa, el Congreso del Estado de Morelos turne la petición para su trámite a diversa autoridad, como la Comisión de Trabajo, Previsión y Seguridad Social del Congreso del Estado de Morelos sin embargo, en el derecho de petición se incluye la obligación de informar el trámite dado a la petición cuando es turnada a diversa autoridad para su atención, lo que en el caso está obligado el Congreso del Estado a comunicar a la quejosa. QUINTO. Efectos del amparo. Se concede el amparo y protección de la justicia federal a ********************, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, las autoridades responsables, en el respectivo ámbito de su competencia. Den respuesta congruente en forma fundada y motivada a las peticiones presentadas por la parte quejosa, referentes a la tramitación de su pensión por Jubilación, y se lo notifiquen. En el entendido que la concesión del amparo en los términos apuntados no prejuzga sobre la procedencia o no, de la solicitud formulada, por lo que sus efectos son única y exclusivamente para que las autoridades responsables, en pleno uso de sus atribuciones y facultades, resuelvan de inmediato lo que consideren pertinente en relación con los escritos elevados a su consideración y los notifique a la quejosa. Resulta aplicable la tesis 3a. XXXIV/92, de rubro: ""PETICION. EL DERECHO RELATIVO NO IMPLICA QUE LAS AUTORIDADES LA RESUELVAN EN UN DETERMINADO SENTIDO.". SEXTO. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo y el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en aplicación supletoria al diverso 2 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario adscrito, lleve a cabo las notificaciones a las partes en el presente juicio; lo anterior, a efecto de propiciar el adecuado y ágil despacho de los asuntos. Por lo expuesto y fundado se resuelve; ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones cuarta y quinta de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe, hoy veintinueve de marzo de dos mil veintidós, en que las labores de este juzgado así lo permitieron.

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