María Briseida López Terreros

Expediente 2003/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 13 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2003/2018
Año
2018
Actuaciones
13
Última actuación
26/02/2019

Partes del expediente

  • María Briseida López Terreros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 104 a 105), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinticuatro de enero de la presente anualidad (foja 107), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de junio del año en curso (fojas 49 a 66), se determinó conceder a la quejosa *** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $19,565.44 (diecinueve mil quinientos sesenta y cinco pesos, con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), de los cuales $8,994.00 (ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos moneda nacional), corresponde al concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y $3,134.99 (tres mil ciento treinta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos moneda nacional), corresponden al concepto de "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número dieciocho mil trescientos cuarenta y siete, del protocolo a cargo de la Notario Público Número Veintiocho, el licenciado Marco Antonio Carrillo Rincón, con residencia en Xalisco, Nayarit (fojas 10 a 19), que se pagó el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ni el cobro por el Registro de Poderes de Cualquier Clase por $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos moneda nacional), que se indicaron el formato de pago (foja 8), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dichos conceptos. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $19,565.44 (diecinueve mil quinientos sesenta y cinco 44/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) por cuota fija mínima, así como *** por cobro de cancelación de inscripción y $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos) por cobro de registro de poderes de cualquier clase, toda vez que no reclamó la inconstitucionalidad de estos dos conceptos; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del año que transcurre (fojas 87 a 88), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa la cantidad de $18,044.72 (dieciocho mil cuarenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional), a través de la transferencia bancaria realizada en veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo que, mediante proveído de nueve de enero del año actual (fojas 89 y 90), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que la cantidad devuelta por la autoridad responsable no se encontraba actualizada en términos de la ejecución de amparo; por tanto, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector, esto es, le reintegrara al quejoso la cantidad de $831.87 (ochocientos treinte y un pesos 87/100 moneda nacional) por concepto de actualización y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso proveído de veintiuno de enero del año en curso (foja 100), se tuvo por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó que la parte quejosa no se había presentado a recibir el cheque expedido a su favor con motivo de la actualización ordenada en la sentencia; por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición de dicha parte, la cantidad por concepto de actualización consistente en $831.87 (ochocientos treinte y un pesos 87/100 moneda nacional), sin que pueda cancelarlo al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada (fojas 104 a 105), comunicó la forma en que dio cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de garantías, que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa. Mediante proveído de veinticuatro de enero de la presente anualidad (foja 107), se dio vista a la parte quejosa con el oficio mencionado con antelación, para que en el plazo de tres días indicara lo que a su interés legal conviniera, apercibida que de no hacer manifestación alguna, este Órgano Jurisdiccional, de oficio, resolvería sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que revelaran las constancias de autos. Por consiguiente, con fundamento en el dispositivo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo aquí expuesto, en lo conducente, la tesis número 2ª/CXIV/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Publicada en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Octubre de mil novecientos noventa y siete, página cuatrocientos catorce, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Por sentencia dictada dentro del presente sumario constitucional, el once de junio del año en curso (fojas 49 a 66), se determinó conceder a la quejosa *** el amparo y protección de la Justicia de la Unión, para los efectos siguientes: "1. Desincorporar de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el artículo 21, fracciones I y XVIII de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los dispositivos 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal, esto es, para que las autoridades responsables no le apliquen en el presente ni en el futuro, tales preceptos legales, hasta que no se modifique la normativa de mérito. (.) 2. Asimismo, para que el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, devuelva al quejoso única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de $280.00 (doscientos ochenta pesos 00/100 M.N.) respecto de la cantidad de $19,565.44 (diecinueve mil quinientos sesenta y cinco pesos, con cuarenta y cuatro centavos moneda nacional), de los cuales $8,994.00 (ocho mil novecientos noventa y cuatro pesos moneda nacional), corresponde al concepto de "INSCRIP. DOCUMENTO PUBLICO O PRIVADO" y $3,134.99 (tres mil ciento treinta y cuatro pesos, con noventa y nueve centavos moneda nacional), corresponden al concepto de "INSCRIP. PRESTAMO HIPOTECARIO", junto con los diversos conceptos de fomento a la educación, asistencia social y Universidad Autónoma de Nayarit, respecto del instrumento público número dieciocho mil trescientos cuarenta y siete, del protocolo a cargo de la Notario Público Número Veintiocho, el licenciado Marco Antonio Carrillo Rincón, con residencia en Xalisco, Nayarit (fojas 10 a 19), que se pagó el cuatro de septiembre de dos mil dieciocho. Cabe precisar, que dentro de la cantidad a devolver, no se encuentra el cobro de cancelación de inscripción $148.00 (ciento cuarenta y ocho pesos moneda nacional), ni el cobro por el Registro de Poderes de Cualquier Clase por $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos moneda nacional), que se indicaron el formato de pago (foja 8), documental que exhibió la parte quejosa a su demanda de amparo; toda vez que la accionante de garantías no reclamó la inconstitucionalidad de dichos conceptos. (.) 3. De igual modo, deberá considerarse que la cantidad remanente a devolver deberá ser debidamente actualizada, toda vez que tratándose de las sentencias de amparo que declaran la inconstitucionalidad del pago de derechos por servicios registrales, a efecto de que el quejoso sea restituido en el pleno goce del derecho fundamental violado, conforme a lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley de Amparo, las autoridades fiscales correspondientes se encuentran obligadas a reintegrarle las cantidades de dinero, debidamente actualizadas, que aquél cubrió al fisco en aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales, con el propósito de darles su valor real al momento en que aquélla se efectúe y para que el contribuyente reciba una suma equivalente a la que hubiera tenido en su patrimonio de no haber realizado el pago del impuesto. De lo transcrito se colige, que los actos que debían realizar las autoridades responsables aludidas en párrafos que antecede, para cumplir con dicha sentencia, eran los siguientes: A). Se desincorporara de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en el numeral 21, fracción I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit, para el ejercicio fiscal del año dos mil dieciocho, en relación con los ordinales 11, 12 y 13, del mismo ordenamiento legal; y B). Devolver la cantidad de $19,565.44 (diecinueve mil quinientos sesenta y cinco 44/100 moneda nacional), restándole la cantidad de $280.00 (doscientos ochenta pesos) por cuota fija mínima, así como *** por cobro de cancelación de inscripción y $595.00 (quinientos noventa y cinco pesos) por cobro de registro de poderes de cualquier clase, toda vez que no reclamó la inconstitucionalidad de estos dos conceptos; asimismo, el referido monto debía ser actualizado. En cumplimiento a ello, mediante oficio y anexos presentados en la oficialía de partes de este juzgado el ocho de enero del año que transcurre (fojas 87 a 88), el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que realizó la devolución a la parte quejosa la cantidad de $18,044.72 (dieciocho mil cuarenta y cuatro pesos 72/100 moneda nacional), a través de la transferencia bancaria realizada en veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Por lo que, mediante proveído de nueve de enero del año actual (fojas 89 y 90), se analizó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de mérito y se determinó que ésta no se encontraba cumplida, toda vez que la cantidad devuelta por la autoridad responsable no se encontraba actualizada en términos de la ejecución de amparo; por tanto, se le requirió de nueva cuenta, a efecto de que diera total cumplimento con el fallo protector, esto es, le reintegrara al quejoso la cantidad de $831.87 (ochocientos treinte y un pesos 87/100 moneda nacional) por concepto de actualización y remitiera las constancias que así lo acreditaran. En atención de lo anterior, mediante diverso proveído de veintiuno de enero del año en curso (foja 100), se tuvo por recibido el oficio signado por el Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, residente en esta ciudad, por conducto de su delegada, mediante el cual con el fin de dar cumplimiento al fallo protector, informó que la parte quejosa no se había presentado a recibir el cheque expedido a su favor con motivo de la actualización ordenada en la sentencia; por lo que se le requirió a la citada parte procesal para que compareciera ante el ente responsable a recoger el aludido título de crédito, bajo apercibimiento que de no hacerlo se analizaría sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en autos, sin que haya dado cumplimiento a lo anterior. Por tanto, es evidente que con ello se ha restituido a la parte quejosa en el goce de las garantías individuales violadas, en términos del numeral 196 de la Ley de Amparo; motivo por el que debe concluirse, que lo procedente es declarar que el fallo protector dictado en el presente juicio de amparo, ha quedado cumplimentado. No pasa inadvertido para esta juzgadora, que del análisis de las pruebas aludidas, no se aprecia que el promovente del amparo haya acudido ante la autoridad responsable a fin de que le hicieran entrega del cheque emitido en cumplimiento al fallo protector; sin embargo, ello no resulta impedimento para tener por cumplida la ejecutoria de mérito, pues sólo bastará que la peticionaria de garantías acuda hacer efectivo el cobro del título nominativo, a fin de recuperar la suma por concepto de la actualización del impuesto reclamado; en la inteligencia, que dicho ente deberá tener a disposición de dicha parte, la cantidad por concepto de actualización consistente en $831.87 (ochocientos treinte y un pesos 87/100 moneda nacional), sin que pueda cancelarlo al haberse tenido por cumplida la sentencia dictada en autos. Es aplicable, la tesis III.3º.A.52 A, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Novena Época, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, mayo de dos mil cinco, página mil cuatrocientos cincuenta y uno, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:*** Entonces, con fundamento en lo que dispone el párrafo cuarto del aludido arábigo de la Ley de la materia, en relación con el diverso 214, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como asunto totalmente concluido; hágase las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno respectivo. En acatamiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en cuyo punto vigésimo primero, del capítulo quinto, prevé que son susceptibles de depuración o destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es depurable. Se dice lo anterior, ya que se ubica en las fracción IV, del citado punto vigésimo primero del capítulo quinto, pues en el presente juicio de amparo se concedió el amparo y protección de la justicia federal; carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de cinco años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de depuración, previa acta que se elabore para constancia y anotación que se realice en el libro de gobierno, a excepción de la demanda de garantías y la sentencia emitida en el presente juicio, las cuales deberán conservarse de conformidad con la fracción antes citada. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada de la responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa María Briseida López Terreros no se ha presentado a recibir el cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, según se observa del anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, a fin de que le haga entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el ******************** (fojas 49 a 66), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE ENERO DE DOS MIL DIECINUEVE. Se tiene por recibido el comunicado de cuenta suscrito por Karla Marvelly Gudiño Dena, en su carácter de delegada de la responsable denominada Recaudador de Rentas de la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, a través del cual refiere que la quejosa María Briseida López Terreros no se ha presentado a recibir el cheque puesto a su disposición con motivo de la actualización ordenada en la sentencia amparadora, no obstante de encontrarse debidamente notificado para tal efecto, según se observa del anexo que acompaña. En ese tenor, de conformidad con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición expresa de su artículo 2°, dése vista a la parte quejosa con el líbelo de cuenta y anexo, así como requiérasele, para que dentro del término de tres días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, comparezca ante las oficinas de la Dirección General Jurídica de la Secretaría de Administración y Finanzas, con sede en esta ciudad, a fin de que le haga entrega del cheque emitido en cumplimiento a la sentencia dictada el ******************** (fojas 49 a 66), dentro de los autos del juicio biinstancial en que se actúa; asimismo, deberá informar al día siguiente hábil en que transcurra el término otorgado, si ya le fue entregado el título nominativo de que se trata. Bajo apercibimiento que de no hacerlo dentro del lapso concedido, este órgano jurisdiccional, con apoyo en la ejecutoria de mérito y demás constancias que obran en autos se pronunciará en relación con el cumplimiento de referencia, sin tomar en consideración las manifestaciones que se hagan en forma extemporánea. Resulta aplicable por analogía, la tesis III.3º.A.52 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página mil cuatrocientos cincuenta y cinco, Tomo XXI, correspondiente al mes de mayo del dos mil cinco, Materia Administrativa, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que literalmente dice: "**."

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