María Briseida Jacquez Espino
Expediente 718/2019 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 11 actuaciones registradas, la última del 8 de noviembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 718/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 08/11/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- María Briseida Jacquez Espino
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua; ocho de noviembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la resolución de veintiuno de octubre de dos mil diecinueve, en la cual se sobreseyó en el presente juicio de amparo, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales procedentes. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia. Luego, atento a la cuenta secretarial, se califica el juicio de amparo como susceptible de destrucción según lo dispuesto por la fracción II, del numeral vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con la fracción III, del punto vigésimo del invocado Acuerdo General 1/2009, para lo cual manténgase ligado. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con el segundo párrafo, de la fracción III, del invocado punto vigésimo primero del Acuerdo General en mención, el mismo es susceptible de depuración, por lo que deberán conservarse todas las resoluciones relativas a su otorgamiento. Entonces, una vez que transcurran tres años transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivo y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tal como lo dispone el numeral décimo octavo del Acuerdo General en comento. En atención a la certificación, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Además las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Además, el presente juicio de amparo constituye archivo reciente, carece de relevancia documental, no tiene valor jurídico y no obran documentos originales, en términos de los artículos noveno, décimo y décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 antes citado. Finalmente, toda vez que el incidente de suspensión derivado del presente expediente se encuentra clasificado como depurable, de conformidad con lo que establecen los artículos segundo, fracción XXVI, y cuarto del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, procédase a la separación de las constancias que deberán conservarse del referido cuaderno incidental. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ***********. Doy fe.
- Principal
Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; veintiuno de octubre de dos mil diecinueve. Visto para resolver el juicio de amparo 718/2019-V, promovido por ************* RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, ************* solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados a la Juez Octavo de lo Familiar por Audiencias, con residencia en esta ciudad y otras autoridades, a quienes les reclamó la orden de presentación y/o aprehensión y/o detención, así como su ejecución. SEGUNDO. Derechos Constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Tramitación de la demanda de amparo. Por proveído de veintiséis de septiembre del año en curso, se admitió a trámite el juicio el amparo 718/2019-V, se solicitaron los informes con justificación, se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal correspondiente y se señaló día y hora para celebrar la audiencia constitucional. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94 y 103 de la Constitución Federal, 35, primer párrafo, 37, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que se reclama un acto que tiene ejecución dentro del territorio donde ejerce jurisdicción este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Para dar cumplimiento al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se realiza la fijación del acto reclamado. En el caso, del análisis de la demanda, así como de las constancias que integran este juicio, se deduce que el quejoso reclama la orden de presentación y/o aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Para la fijación de los actos, se atiende al contenido de la Jurisprudencia VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIX, de abril de 2004, página 255, del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. La Juez del Juzgado Octavo de lo Familiar por Audiencias y la Agente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua adscrito a la Unidad Especializad en Delitos Patrimoniales, ambas con residencia en esta ciudad, al rendir sus informes justificados, negaron la existencia del acto reclamado consistente en la orden de presentación y/o aprehensión y/o detención, así como su ejecución. Por su parte, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte, con residencia en esta ciudad, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente requerido para ello, tal y como se desprende del acuse de recibo que obra a foja dieciocho del sumario; sin embargo, no es dable presumir la existencia del acto que se le reclama, en términos de lo dispuesto por el artículo 142 de la Ley de Amparo, toda vez que las autoridades señaladas como ordenadoras (Juez del Juzgado Octavo de lo Familiar por Audiencias y Agente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua adscrito a la Unidad Especializad en Delitos Patrimoniales, ambas con residencia en esta ciudad), negaron el acto reclamado y la autoridad omisa en su carácter de ejecutora, está imposibilitada para cumplir órdenes inexistentes. Lo anterior, sin que la parte quejosa haya aportado pruebas tendentes a desvirtuar tales negativas, razón por la cual, lo que procede es sobreseer en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece: 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: [.] IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y [.] Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 284, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, que estatuye: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 103 y 107 Constitucionales, 63, 74 y 75 de la Ley de Amparo en vigor, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por María Briseida Jacquez Espino, contra los actos y autoridades precisadas en el considerando tercero de esta resolución, por las razones expuestas en el mismo. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado ***************, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada ****************. Doy fe.
- Incidental
Interlocutoria Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de octubre de dos mil diecinueve. Vistos, para resolver los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 718/2019-V, y; RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, **********, solicitó la protección de la Justicia Federal, así como la suspensión de los actos reclamados al agente de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales y otras autoridades, a quienes les reclamó las ordenes de aprehensión, presentación, detención o citación giradas en su contra, así como su ejecución. SEGUNDO. Tramitación del incidente. Mediante proveído de veintiséis de septiembre se dio apertura al incidente de suspensión, se solicitaron sus informes previos a las autoridades responsables y se señaló día y hora para celebrar la audiencia incidental, la cual se celebró al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente incidente de suspensión, en términos de los numerales 48 en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 125 y 128 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Inexistencia del acto reclamado. El Juez Octavo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, al rendir su informe previo, señaló que es parcialmente cierto el acto reclamado, pues en ese órgano jurisdiccional se encuentran radicados los juicios ordinarios familiares, 783/2019, promovido por ********** en contra de **********; y el diverso 1049/2049 promovido por ***********, en contra de **********. Sin embargo, dicha manifestación se encuentra desvirtuada, pues del escrito de demanda, se desprende que la quejosa señaló como actos reclamados las ordenes de aprehensión, detención, presentación y citación; y en la narrativa de hechos manifestó que se duele del citatorio que le fue enviado por el agente de la Fiscalía General del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales; por su parte, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, al rendir su informe previo indicó que efectivamente le fue entregado un citatorio a la quejosa. A su vez, la agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, en ausencia del agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales, negó la existencia de los actos que se le endilgan; de ahí que deban tenerse por no ciertos los actos que reclama la quejosa respecto a las ordenes de aprehensión, detención y presentación libradas en su contra. Sin embargo, en lo relativo a la orden de citación de que se duele la parte quejosa, aun ante la negativa de la autoridad, se tiene por cierta su existencia con base en las consideraciones que a continuación se expondrán. Por su parte, el Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Zona Norte, negó que esa autoridad tenga conocimiento que deba ejecutarse en la persona de la justiciable ordenes de aprehensión y detención; sin embargo, refirió que por lo que hace a las órdenes de presentación y citación, agentes de la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, se constituyeron los días diecinueve y veinticinco de septiembre del presente año, en el domicilio situado en la calle ***********, en esta ciudad, a fin de llevar a cabo las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos dentro de la carpeta de investigación 32775/2019, adjuntando al presente copias certificadas, entre otros, del citatorio suscrito por el agente de la Fiscalía General del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, dirigido a **********, a fin de que en su carácter de testigo se presentara en esas oficinas a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve. De ahí, que deban tenerse por existentes los actos que precisados han quedado con antelación, incluso la orden de presentación, pues tal como ha quedado asentado, fue la autoridad ministeriales quien giró un citatorio a la quejosa, acto que se analizará en el considerando siguiente. Por lo que con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, se niega la suspensión definitiva solicitada respecto de dichas autoridades, en lo relativo a las órdenes de aprehensión, detención y presentación, así como su ejecución. Sirve de apoyo a lo antes considerado la jurisprudencia 286, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 237, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, del Tomo VI, Materia Común, que estatuye: INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Como ha quedado precisado con antelación, el agente de la Fiscalía General del Estado adscrito a la Unidad Especializada en Delitos Patrimoniales, giró citatorio a ***********, a fin de que en su carácter de testigo se presentara en esas oficinas a las nueve horas con treinta minutos del veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, con el propósito de que se le realice una entrevista o declaración en el número único de caso 32775/2019. Por tanto se tiene por cierto el acto de que se duele la quejosa relativo a la orden de citación; así, se concede la suspensión definitiva solicitada, toda vez que la presentación ante el Representante Social, obtenida a través de la citación para ser entrevistada por el Ministerio Público, si bien, no tiene como propósito lograr su detención, sí tiene efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse el destinatario de la orden, porque limitan temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que se desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. De esta manera, procede el otorgamiento de la medida suspensional solicitada para que la quejosa comparezca a la diligencia que motiva su presencia y, de no existir alguna causa legal que lo impida debidamente justificada por el agente del Ministerio Público, éste le deberá permitir retirarse del lugar cuando concluya la diligencia para la que fue ordenada su presentación; lo anterior es así, porque de esta manera no se impide continuar con las diligencias de la indagatoria hasta que se culmine con la determinación que finalice esa etapa y se garantiza que la quejosa no sea detenida sin justificación legal. Para tales efectos, se establece como requisito de efectividad que: a) En el plazo de setenta y dos horas deberá otorgar garantía por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos moneda nacional), la que deberá exhibir ante este juzgado de distrito, en cualquiera de las formas permitidas por la Ley; b) Asimismo, deberá comparecer ante el Representante social de la indagatoria, dentro de los tres días siguientes al en que surta efectos la notificación de esta resolución, a efecto de que desahogue todas y cada una de las diligencias en la carpeta de investigación. c) De igual forma, deberá presentarse ante dicha Autoridad cuantas veces sea citada, y en caso de inasistencia el Representante social deberá informarlo a este Juzgado de amparo para que se revoque la concesión de la suspensión decretada. Se apercibe a la quejosa que en caso de no cumplir con los requisitos fijados en los aludidos incisos b) y c), se hará efectiva la garantía otorgada en favor del erario federal. Sustenta la anterior determinación, por analogía, la jurisprudencia 1a./J. 109/2011 (9a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, décima época, Libro I, de Octubre de 2011, materia penal, página 1059, del siguiente tenor: ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. SI BIEN NO TIENE LOS ALCANCES DE UNA ORDEN DE DETENCIÓN, AFECTA TEMPORALMENTE LA LIBERTAD DEAMBULATORIA DE LA PERSONA. La comparecencia ante el agente del Ministerio Público, obtenida a través del cumplimiento de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, si así lo estima conveniente, si bien es verdad no tiene como propósito lograr su detención, no menos cierto es que, dados sus efectos restrictivos del espacio al cual habrá de sujetarse al indiciado, se limita temporalmente su derecho a la libertad, ya que una vez cumplida, ésta finaliza al instante que el Ministerio Público desahoga la diligencia que motiva su presencia, y es hasta ese momento en que -de no existir alguna causa legal que lo impida-, podrá retirarse del lugar para regresar a sus actividades cotidianas y, por tanto, es evidente que sí se afecta la libertad deambulatoria de la persona involucrada. Sin que sea óbice a lo anterior el hecho de que haya transcurrido la fecha de la citación con el objeto de que la quejosa se apersone ante la autoridad ministerial para declarar en torno a los hechos materia de investigación, puesto que no debe considerarse como un acto consumado, ya que lo anterior no implica que el acto reclamado dejara de existir o el objeto de éste, ya que si fuera así, la sola llegada de la fecha daría por extinguida la facultad de la autoridad ministerial de citar al gobernado en una indagatoria, pues el verdadero objeto de la citación no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, sino en obtener la comparecencia de la persona ante la autoridad ministerial para que conozca los hechos que se investigan y, de ser el caso, rinda su declaración. Por las razones que informa se cita la jurisprudencia 1a./J. 33/2013, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común Penal, página 622, de la Décima Época, registro 2004270, que a la letra dice: ORDEN DE LOCALIZACIÓN Y COMPARECENCIA DE UN TESTIGO DE CARGO. NO OPERA LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO, SI DURANTE LA INSTRUCCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE ACTUALIZA EL DÍA SEÑALADO PARA EL DESAHOGO DE LA DILIGENCIA DE INTERROGATORIOS. Si el testigo de cargo incurre en desacato a los requerimientos formulados por la autoridad judicial para el efecto de desahogar la prueba testimonial, el juez de la causa estará facultado para emplear alguna medida de apremio para hacer cumplir su determinación, como por ejemplo, acudir al auxilio de la fuerza pública, hasta que dicha diligencia se lleve a cabo. De ahí que sea factible concluir que el verdadero objeto de una orden de localización y presentación de un testigo no consiste en que tenga lugar una diligencia en fecha y hora determinadas, pues si esto fuera así, la sola llegada de esa fecha daría por extinguida la facultad del oferente de la prueba y del juez para obtener el desahogo de la prueba; el objeto es obtener la comparecencia de una persona para que desahogue el interrogatorio formulado por el inculpado, a fin de tutelar su derecho a la defensa y cerrar la instrucción. De este modo, la situación jurídica del quejoso creada a partir del acto reclamado es la de ser considerado un testigo que ha incurrido en rebeldía para comparecer a juicio, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse en la esfera jurídica del gobernado, que consisten en aplicar una medida judicial de apremio hasta obtener el desahogo de un interrogatorio; todo lo cual legitima al quejoso para acudir al juicio de amparo y obtener, en su caso, una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE PRIMERO. Se niega a **********, la suspensión definitiva respecto a los actos reclamados consistentes en las órdenes de aprehensión, detención y presentación, por los motivos expuestos en el considerando segundo de esta interlocutoria. SEGUNDO. Se concede a la parte quejosa la suspensión definitiva en lo relativo a la orden de citación, en base a las consideraciones esgrimidas en el considerando tercero, para lo cual la promovente deberá observar los requisitos de efectividad estipulados. Notifíquese. Lo resolvió y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, siete de octubre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos el informe justificado rendido por parte de la autoridad responsable, la Agente del Ministerio Público adscrita a la Coordinación Regional de la Fiscalía de Distrito Zona Norte en ausencia del Agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en la Investigación de los Delitos Patrimoniales; como dispone el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el contenido del informe en mención, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés jurídico convenga. Lo anterior, considérese en la celebración de la audiencia constitucional, de conformidad con el numeral 124 de la legislación en cita. Por último, con fundamento en los artículos 9 y 28 de la Ley de Amparo, téngase a la autoridad oficiante, designando como delegados a las personas que indica y señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su informe. Notifíquese. Lo proveyó y firma el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciado **********, ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.
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