María Bonifacia Salinas Vargas
Expediente 231/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 231/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango · Durango
Partes del expediente
- Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento de esta ciudad
- María Bonifacia Salinas Vargas
- Teresita de Jesús Ibarra Losoria
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Incidental
Durango, Durango, a treinta de junio de dos mil veintidós. En virtud de que el cuaderno original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración en un plazo de tres años, por encontrarse en el supuesto a que se refiere el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, en su oportunidad procédase a su depuración. Respecto al duplicado del incidente de suspensión, procédase a su destrucción en un plazo de seis meses, como lo establece el inciso a) de la fracción II del numeral 20, del citado Acuerdo General; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "depurable". Notifíquese.
- Principal
Durango, Durango, a treinta de junio de dos mil veintidós. De la certificación que antecede se advierte que a la parte quejosa le ha transcurrido el término que para promover el recurso de revisión en contra la resolución en la que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio de garantías que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que lo hubiere hecho; por tanto, con apoyo en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara ejecutoriada en sus términos; en su oportunidad archívense los autos. En virtud de que este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años, por encontrarse en alguno de los supuestos a que se refieren los incisos a), b) d), f), i) y j) del artículo 21 del Acuerdo General que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes generados por los órganos jurisdiccionales, ya que se considera que no tiene relevancia jurídica dado el sentido del fallo, y al no estar contenido en los dispositivos 15, 17 y 18 del citado Acuerdo General, en su oportunidad procédase a su destrucción; realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De acuerdo al numeral 35 del propio Acuerdo General, anótese en la carátula del expediente la leyenda "destruible". Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Durango, Durango, a seis de junio de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, en el que informa que el catorce de marzo del año en curso se celebró la audiencia de acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido dentro de la causa penal 1278/2018-CNPP, y se dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada María Bonifacia Salinas Vargas, y se ordenó cancelar cualquier resolución que pueda afectar su libertad personal, lo que justifica con las constancias y disco digital certificados que acompaña como complemento; y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los actos que se reclaman se atribuyen a autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Debido a las constancias allegadas por el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, se obtiene una causa de improcedencia manifiesta e indudable que amerita el sobreseimiento del presente juicio, sin necesidad de esperar a que sea pronunciado en la audiencia constitucional. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, consultable bajo el registro IUS 184572, o bien a foja 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, la quejosa María Bonifacia Salinas Vargas reclama del Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, la orden de comparecencia dictada en su contra dentro de la causa penal 1278/2018, y su ejecución por parte del Director General de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango. En sus informes justificados el Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento encargado del despacho reconoció que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte el Juez Décimo Tercero de Control declaró sustraída a la acción de la justicia a la imputada ***en la causa penal 1278/2018-CNPP, y ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública a través de la Policía Investigadora de los Delitos, a fin de que procediera a su búsqueda, localización y presentación ante ese Tribunal, pero el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se recibió un escrito del licenciado Fernando Ortega Silerio, en el que señaló que por mandato del Juez Primero de Distrito en el juicio de amparo 1539/2021 (actualmente bajo el número 231/2022, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito), se presentaba ante el Tribunal de Control y solicitó se fijara nueva fecha para dar continuidad al procedimiento, por lo que dicho juzgador señaló las once horas del veintiséis de enero de dos mil veintidós, pero no compareció la imputada porque según su defensor le manifestó que estaba contagiada de covid-19, por lo que se señaló como nueva fecha para tal efecto el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Posteriormente, con su oficio 1703/2022-CNPP, fechado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós el Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento informó que la imputada ya se había presentado ante ese Tribunal, lo que justificó con la certificación del disco versátil digital que acompañó. Además, en el oficio de cuenta T.C.E./120/2022, el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento hizo del conocimiento que el catorce de marzo de dos mil veintidós se celebró audiencia de acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido entre la imputada María Bonifacia Salinas Vargas y la víctima Teresita de Jesús Ibarra Lozoria, en la que se señaló fecha para cumplimiento, y derivado de ese acuerdo el Juez Décimo Sexto de Control dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada, y ordenó cancelar cualquier resolución que pudiera afectar su libertad personal, lo que justificó con la constancia y disco de audio y video certificados que acompañó. Por su parte el Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango negó el acto de ejecución que se le atribuye. Finalmente, por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós la licenciada Olga Fernanda Ortega Mejorado, autorizada de la aquí quejosa María Bonifacia Salinas Vargas manifestó que durante la secuela del procedimiento surgió una causal de improcedencia porque ya no existe el acto reclamado, debido a que en el incidente de suspensión se condicionó a la quejosa a que se apersonara ante el Tribunal requiriente, lo que se hizo, motivo por lo que se dejó sin efecto la resolución de sustracción a la justicia y su presentación por conducto de la fuerza pública, por lo que solicitó el sobreseimiento en este enjuiciamiento. De la anterior narrativa se obtiene que si bien el veinticuatro de febrero de dos mil veinte el Juez Décimo Tercero de Control declaró sustraída a la acción de la justicia a la imputada María Bonifacia Salinas Vargas dentro de la causa penal 1278/2018-CNPP, y ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública, sin embargo, ante la comparecencia de la imputada ante el Tribunal de Control en cumplimiento a la suspensión decretada en este juicio de amparo (antes 1539/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado), se dejó sin efecto ese mandamiento, incluso el catorce de marzo de la presente anualidad se celebró acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido entre la imputada y la víctima Teresita de Jesús Ibarra Lozoria, por lo que se dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada y se ordenó cancelar cualquier resolución que pudiera afectar su libertad personal. De manera que la orden de comparecencia controvertida cesó en sus efectos desde el momento en que se dejó sin efectos, de ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, lo que sin duda actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, Ibídem. Resulta aplicable la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y tres minutos del trece de julio de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE fuera de audiencia este juicio de amparo promovido por *** contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Notifíquese personalmente.
- Principal
Durango, Durango, a seis de junio de dos mil veintidós. Intégrese el oficio del Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, en el que informa que el catorce de marzo del año en curso se celebró la audiencia de acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido dentro de la causa penal 1278/2018-CNPP, y se dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada María Bonifacia Salinas Vargas, y se ordenó cancelar cualquier resolución que pueda afectar su libertad personal, lo que justifica con las constancias y disco digital certificados que acompaña como complemento; y. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Durango es legalmente competente para resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dado que los actos que se reclaman se atribuyen a autoridades que tienen su residencia dentro del territorio en que ejerce jurisdicción conforme al artículo cuatro, fracción XXV, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Debido a las constancias allegadas por el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, se obtiene una causa de improcedencia manifiesta e indudable que amerita el sobreseimiento del presente juicio, sin necesidad de esperar a que sea pronunciado en la audiencia constitucional. Tiene exacta aplicación la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 10/2003, consultable bajo el registro IUS 184572, o bien a foja 386, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En efecto, el ordinal 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; .". En interpretación de un numeral y fracción de idéntica redacción correspondiente a la vigente legislación de amparo la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó el criterio contenido en la jurisprudencia 2a. /J. 59/99, que puede ser consultada bajo el registro IUS 196820, o bien en la página 210, del Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Ahora bien, la quejosa María Bonifacia Salinas Vargas reclama del Juez Décimo Primero de Control y Enjuiciamiento del Primer Distrito Judicial del Estado de Durango, la orden de comparecencia dictada en su contra dentro de la causa penal 1278/2018, y su ejecución por parte del Director General de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango. En sus informes justificados el Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento encargado del despacho reconoció que el veinticuatro de febrero de dos mil veinte el Juez Décimo Tercero de Control declaró sustraída a la acción de la justicia a la imputada ***en la causa penal 1278/2018-CNPP, y ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública a través de la Policía Investigadora de los Delitos, a fin de que procediera a su búsqueda, localización y presentación ante ese Tribunal, pero el diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno se recibió un escrito del licenciado Fernando Ortega Silerio, en el que señaló que por mandato del Juez Primero de Distrito en el juicio de amparo 1539/2021 (actualmente bajo el número 231/2022, del índice de este Juzgado Tercero de Distrito), se presentaba ante el Tribunal de Control y solicitó se fijara nueva fecha para dar continuidad al procedimiento, por lo que dicho juzgador señaló las once horas del veintiséis de enero de dos mil veintidós, pero no compareció la imputada porque según su defensor le manifestó que estaba contagiada de covid-19, por lo que se señaló como nueva fecha para tal efecto el dieciséis de febrero de dos mil veintidós. Posteriormente, con su oficio 1703/2022-CNPP, fechado el dieciséis de febrero de dos mil veintidós el Juez Décimo Sexto de Control y Enjuiciamiento informó que la imputada ya se había presentado ante ese Tribunal, lo que justificó con la certificación del disco versátil digital que acompañó. Además, en el oficio de cuenta T.C.E./120/2022, el Juez Segundo de Control y Enjuiciamiento hizo del conocimiento que el catorce de marzo de dos mil veintidós se celebró audiencia de acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido entre la imputada María Bonifacia Salinas Vargas y la víctima Teresita de Jesús Ibarra Lozoria, en la que se señaló fecha para cumplimiento, y derivado de ese acuerdo el Juez Décimo Sexto de Control dejó sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada, y ordenó cancelar cualquier resolución que pudiera afectar su libertad personal, lo que justificó con la constancia y disco de audio y video certificados que acompañó. Por su parte el Director de la Policía Investigadora de Delitos de la Fiscalía General del Estado de Durango negó el acto de ejecución que se le atribuye. Finalmente, por escrito presentado el dos de febrero de dos mil veintidós la licenciada Olga Fernanda Ortega Mejorado, autorizada de la aquí quejosa María Bonifacia Salinas Vargas manifestó que durante la secuela del procedimiento surgió una causal de improcedencia porque ya no existe el acto reclamado, debido a que en el incidente de suspensión se condicionó a la quejosa a que se apersonara ante el Tribunal requiriente, lo que se hizo, motivo por lo que se dejó sin efecto la resolución de sustracción a la justicia y su presentación por conducto de la fuerza pública, por lo que solicitó el sobreseimiento en este enjuiciamiento. De la anterior narrativa se obtiene que si bien el veinticuatro de febrero de dos mil veinte el Juez Décimo Tercero de Control declaró sustraída a la acción de la justicia a la imputada María Bonifacia Salinas Vargas dentro de la causa penal 1278/2018-CNPP, y ordenó su comparecencia por medio de la fuerza pública, sin embargo, ante la comparecencia de la imputada ante el Tribunal de Control en cumplimiento a la suspensión decretada en este juicio de amparo (antes 1539/2021, del índice del Juzgado Primero de Distrito en el Estado), se dejó sin efecto ese mandamiento, incluso el catorce de marzo de la presente anualidad se celebró acuerdo reparatorio de cumplimiento diferido entre la imputada y la víctima Teresita de Jesús Ibarra Lozoria, por lo que se dejaron sin efecto las medidas cautelares impuestas con anterioridad a la imputada y se ordenó cancelar cualquier resolución que pudiera afectar su libertad personal. De manera que la orden de comparecencia controvertida cesó en sus efectos desde el momento en que se dejó sin efectos, de ahí que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, lo que sin duda actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo vigente, que conlleva a decretar el sobreseimiento en este juicio de garantías fuera de audiencia con apoyo en el dispositivo 63, fracción V, Ibídem. Resulta aplicable la tesis II. 1o.C.T. 217 K, visible en la página 313, del Tomo XIV Octubre de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "INEXISTENCIA Y CESACIÓN DE EFECTOS CUANDO LO RECLAMADO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN A UN ESCRITO. Cuando lo que se reclama es la falta de contestación a un escrito formulado por el gobernado, entonces la inexistencia del acto reclamado provendrá o de que no existe la solicitud, o bien, que antes de interponerse la demanda ya se haya dado la respuesta por escrito a dicha solicitud; en cambio, si a la fecha de presentación de la demanda no se ha dado contestación a la solicitud del gobernado pero tal respuesta se produce con posterioridad, entonces no es dable concluir con la inexistencia del acto reclamado, sino con la improcedencia del juicio porque han cesado los efectos del acto negativo reclamado, en términos del artículo 73 fracción XVI de la Ley de Amparo". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las nueve horas con cincuenta y tres minutos del trece de julio de dos mil veintidós. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: ÚNICO. SE SOBRESEE fuera de audiencia este juicio de amparo promovido por *** contra los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Se tiene por hecha la notificación
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