María Bibiana Correa Cervantes
Expediente 473/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 473/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 21/09/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- María Bibiana Correa Cervantes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiuno de septiembre de dos mil veintidós. 1. Causa estado. De la certificación que antecede, se advierte que el quejoso, no interpuso recurso de inconformidad en contra de la determinación del nueve de agosto de dos mil veintidós, que declaró cumplida la ejecutoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 201 y 202 de la Ley de Amparo, se declara que la misma ha causado estado. 2. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este expediente, para lo cual se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar la demanda, resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que le otorga autoridad de cosa juzgada y la presente determinación, donde se declara el archivo definitivo. 3. Documentos originales. Finalmente, hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, quien da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, dieciocho de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee: Autoridad informa sobre cumplimiento de ejecutoria. Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad; a través del cual, en atención al requerimiento formulado en proveído de cuatro de julio del presente año, remite copia certificada de las últimas actuaciones de las que se desprende que con fecha veintiséis de mayo del dos mil veintidós, dictó acuerdo en el proveyó sobre la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte actora, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogadas el tres de marzo del año en curso, dentro del juicio ordinario laboral 3C 740/2019. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación de este acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga respecto del cumplimiento a la ejecutoria. Con el apercibimiento de que, en caso de no realizar manifestación alguna sobre el particular, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los documentos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Frenette Aronny Rodríguez García, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, cuatro de julio de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sentencia. Vista la certificación secretarial que antecede se advierte que ninguna de las partes impugnó dentro del plazo legal, la sentencia dictada el nueve de junio de dos mil veintidós, dentro del presente juicio, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia de la Unión a la parte quejosa; con fundamento en el artículo 77, último párrafo, de la Ley de Amparo, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la citada Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, para que en el plazo de TRES DÍAS siguientes a la notificación de este acuerdo, informen sobre el cumplimiento dado a la sentencia de amparo, que se traduce en: Pronunciar de inmediato el acuerdo en el provea sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que fueron ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada el tres de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 3C 740/2019, atendiendo a los plazos que señala el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, para su desahogo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá, una multa de cien valores diarios de la Unidad de Medida y Actualización (en el entendido de que la cuantía de dicha unidad será a la fecha de que incurran en la omisión), de conformidad con lo dispuesto por el artículo 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Federal, en relación con el segundo y tercer transitorio del Decreto que declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. De igual forma, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Osmar Iván Esparza Piñón, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
VISTOS los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 473/2022. RESULTANDO PRIMERO. El veintinueve de abril de dos mil veintidós, María Bibiana Correa Cervantes por conducto de su apoderado, presentó demanda de amparo indirecto contra actos de autoridad: En la misma, la quejosa narró los antecedentes del caso y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. En este sentido, consideró violado en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Por acuerdo de tres de mayo de dos mil veintidós, se admitió la demanda de amparo, se solicitó a la autoridad responsable rindiera su informe justificado; se dio la intervención legal que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación; y, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es competente para conocer y resolver el juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En atención a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar el acto reclamado. De la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad: La omisión de dictar acuerdo de admisión o desechamiento de pruebas, dentro del expediente 3C 740/2019. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado manifestó ser cierto el acto que se le reclama, toda vez que no ha emitido el acuerdo de pruebas. En efecto, de las constancias que anexó a su informe justificado, se advierte que, la última actuación es del tres de marzo de dos mil veintidós, relativa a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas; sin embargo, en el punto III, reserva el acuerdo de admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas por las partes. Lo anterior se corrobora con las constancias que en copia certificada remitió del expediente 3C 740/2019, con su informe de ley, las cuales tienen pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2º. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. Las partes no alegan causales de improcedencia, ni esta juzgadora advierte de oficio la actualización de alguna, por tal motivo, procede analizar los conceptos de violación. QUINTO. Examen constitucional de los actos reclamados. La parte quejosa sustancialmente arguye que la Junta Laboral viola flagrantemente su derecho fundamental de impartición de justicia pronta y expedita contemplado en el artículo 17 de la Constitución Federal, ya que es omisa en administrar justicia en los plazos y términos que fija la Ley Federal del Trabajo, puesto que dio tramite al juicio ordinario laboral 3C 740/2019 y el tres de marzo de dos mil veintidós, a las once horas se desahogó la audiencia de ofrecimiento de pruebas y hasta la fecha la responsable no le ha notificado el acuerdo de admisión. El motivo de discrepancia es fundado. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora bien, conviene señalar que los artículos 686 y 878, fracción VIII, de la Ley Federal del Trabajo, aplicables al momento en que fue promovido el juicio natural de donde emana el acto reclamado, en lo medular disponen que el proceso del trabajo se sustanciará en los términos previstos en la ley; que al concluir el periodo de demanda y excepciones, se citará a la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, que tendrá verificativo dentro de los diez días siguientes. Por otra parte, del contenido de los artículo 880 y 883 de la Ley laboral, en lo medular disponen que una vez ofrecidas las pruebas por parte del actor y demandado, relacionadas con los hechos controvertidos, las partes podrás ofrecer nuevas pruebas, en relación con las ofrecidas por su contraparte, así como aquéllas que tienda a justificar las objeciones de su contraria, por una sola vez; concluido el ofrecimiento, la junta resolverá inmediatamente sobre su admisión y desechamiento, pudiendo reservar dicho pronunciamiento para los cinco días siguientes. En el mismo acuerdo de admisión, se señalará fecha y hora para la celebración de la audiencia de desahogo de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los diez días siguientes, debiendo dictar las medidas necesarias para lograr su desahogo, asimismo, girar los oficios y exhortos necesarios para recabar informes solicitados por las partes. Cuando no sea posible desahogarlas en una sola audiencia, en el mismo acuerdo se señalarán los días y horas para ello, periodo que no excederá de treinta días. En esas condiciones, de las manifestaciones que bajo protesta de decir verdad realizó la quejosa en su escrito inicial de demanda, constatadas con las documentales que allegó la autoridad responsable, se advierte que el tres de marzo de dos mil veintidós, se llevó a cabo la celebración de la audiencia prevista por el artículo 880 de la Ley Federal del Trabajo, en su etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas; diligencia en la cual la responsable se reservó proveer sobre la admisión o desechamiento de las pruebas ofrecidas; sin que se advierta que al día de hoy haya realizado el pronunciamiento correspondiente. En esa temática, la reserva sobre la admisión o desechamiento de pruebas que realizó la responsable, es mayor al plazo de cinco días otorgado en el artículo 880 de la Ley del Trabajo. Además, de que no ha señalado fecha para el desahogo de las pruebas, mismo que debe ser establecido dentro del término que establece el artículo 883. En ese sentido, ha transcurrido un término excesivo para ello, lo que se traduce en la paralización del juicio, ya que al no pronunciar el acuerdo en que admita o deseche las pruebas ofrecidas en la audiencia de tres de marzo de dos mil veintidós, el proceso laboral no puede continuar por sus etapas subsecuentes; lo cual resulta en la paralización del procedimiento y violación al derecho fundamental de justicia pronta y expedita. En ese contexto, es evidente que la Junta responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En consecuencia, al resultar fundado el concepto de violación aquí estudiado, lo procedente es conceder la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos del amparo. La Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta Ciudad, deberá: Pronunciar de inmediato el acuerdo en el provea sobre la admisión o desechamiento de las pruebas que fueron ofrecidas en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas desahogada el tres de marzo de dos mil veintidós, dentro del juicio ordinario laboral 3C 740/2019, atendiendo a los plazos que señala el artículo 883 de la Ley Federal del Trabajo, para su desahogo. Lo anterior, a fin de restituir a la impetrante en el goce de la garantía individual violada, de conformidad con el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo. Con relación al pedimento formulado por la Ministerio Público, el mismo se encuentra debidamente atendido con lo plasmado en el presente fallo; ello desde luego, con entera independencia de que resulte innecesario pronunciarse expresamente al respecto, pues constituye sólo una manifestación u opinión de una de las partes del juicio sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la presente ejecutoria. Por compartirse se cita en lo sustancial el siguiente criterio: "MINISTERIO PÚBLICO. SU PEDIMENTO NO OBLIGA EN EL JUICIO DE AMPARO. El juzgador constitucional no está obligado en la sentencia que pronuncia, a acoger el sentido del pedimento del Ministerio Público, toda vez que conforme al artículo 5o. de la Ley de Amparo, la representación social es parte en el juicio de garantías, por lo que tal pedimento constituye sólo una manifestación sujeta a la apreciación que del acto reclamado se haga en la propia sentencia, como lo establece el artículo 78 de la misma Ley Reglamentaria." SÉPTIMO. Transparencia. En términos de lo previsto en los artículos 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborarse la versión pública de esta resolución, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. OCTAVO. Captura de la sentencia. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 191 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se ordena la captura de la presente sentencia en el módulo correspondiente del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a María Bibiana Correa Cervantes, contra los actos reclamados de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta Ciudad, para los efectos que quedaron precisados en el considerando sexto. SEGUNDO. En términos de lo previsto en el considerando séptimo, al elaborarse la versión pública de esta sentencia, suprímase la información legalmente considerada como reservada, confidencial o referente a datos personales. TERCERO. De conformidad con el último considerando, se ordena la captura de esta sentencia en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, Katia Orozco Alfaro, ante la secretaria Frenette Aronny Rodríguez García, con quien actúa y da fe.
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