María Bertha Y/O Bertha Gordillo Díaz
Expediente 1230/2019 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1230/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 30/09/2019
Partes del expediente
- María Bertha Y/O Bertha Gordillo Díaz
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos y el cómputo que antecede, se advierte que la parte quejosa no dio cumplimiento a la prevención efectuada en proveído de doce de septiembre del presente año (fojas 11 a 14). No se soslaya que ********, quien se ostenta como apoderado legal de la parte quejosa ********, mediante escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, ante la oficialía de partes de este Juzgado, pretendió dar cumplimiento a la citada prevención (foja 16); sin embargo de su contenido se advierte que no desahogó la totalidad de los puntos requeridos en auto de doce de septiembre del año en curso (fojas 11 a 14). Lo anterior es así, pues manifestó que no cuenta con documento idóneo para acreditar su personalidad, debido a que el instrumento notarial respectivo está agregado en los autos del juicio de origen (foja 16). Asimismo, informó que la quejosa usa indistintamente el nombre de ****************, sin que dichas declaraciones sean suficientes para tener por cumplida la prevención de doce de septiembre de dos mil diecinueve (fojas 11 a 14), pues la prevención se le realizó entre otras cuestiones para que exhibiera documento idóneo para acreditar la personalidad con que se ostenta y que señalara el nombre correcto de la quejosa, con el cual se ostenta en el presente juicio de amparo; o bien, si utiliza ambos nombres de manera indistinta (******************), de ser así, debía acreditar con documento fehaciente; lo cual podría hacer, incluso, con la copia certificada del auto en el que se le reconoció dicho carácter en el procedimiento de origen. Cabe destacar, que el artículo 11 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto se tiene que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 114 de la Ley de Amparo, para que los exhiba, apercibido que de no hacerlo, se tendrá por no interpuesta la demanda. Lo anterior es así, pues la personalidad es un presupuesto procesal que debe quedar plenamente acreditada previo a la admisión de la demanda de amparo; y como únicas excepciones a esa regla se encuentran referidas a las materias penal y agraria, supuesto que en el caso no se actualiza. No es óbice que haya exhibido copia simple del escrito y acuerdo de diecisiete de septiembre de dos mil quince, dictado en el expediente *****, del índice de la sala responsable, pues, en primer lugar, no se observa quien es su representado en el juicio de origen; aunado a ello, al ser copia fotostática simple no puede corroborarse su autenticidad por sí sola, pues es simple reproducción; por lo cual, resulta insuficiente para demostrar ese presupuesto procesal. Si bien debe analizarse el escrito de demanda y sus anexos en su integridad, lo cierto es que, en el caso, el promovente del amparo no exhibió el documento idóneo con el que de manera fehaciente acredite la personalidad con la que se ostenta, esto es, como apoderado legal de la parte quejosa ****. En ese sentido, la garantía dispuesta por el artículo 17 constitucional, conforme a la cual la impartición de justicia debe ser pronta y expedita, obliga a considerar que en todos los juicios deben regir principios que orientados a satisfacerla, permitan a los gobernados un efectivo acceso a la jurisdicción, principios que evidentemente son aplicables al juicio de amparo, por cuanto éste se halla instituido por los artículos 103 y 107 del mismo ordenamiento fundamental, como el medio de control judicial de la constitucionalidad de los actos de las autoridades públicas en defensa de los derechos fundamentales de los gobernados. El contenido de estos principios adquiere matices propios tratándose del tema de la personalidad del promovente en el juicio de amparo, pues si bien es cierto que en todos los procedimientos la personalidad constituye un requisito de procedibilidad de la acción, también lo es que en dicho juicio, a diferencia de otros en donde el examen de la misma queda librado a la instancia de las partes que por vía de excepción deben provocar al órgano jurisdiccional para que la analice, corresponde al Juez de amparo analizarla considerando que la materia del debate no son intereses puramente privados, sino el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. La tramitación de un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, implica el empleo estéril de recursos materiales y humanos dispuestos para su tramitación y decisión, y causa perjuicios a las partes del proceso, que ven regida su situación por los proveídos dictados desde la admisión de la demanda hasta el momento en que se advierte la falta de personalidad del promovente -que podría ocurrir inclusive en la segunda instancia- con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, algunas de ellas altamente gravosas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato; además de que lesiona el sistema integral de administración de justicia en perjuicio de quienes no son parte en este juicio. La circunstancia de que el promovente no acompañe a su demanda el documento relativo a su personalidad o que exhiba uno insuficiente, debe considerarse como una irregularidad documental de la demanda, pues ha de observarse que ésta no es más que la expresión formal del acto por el cual una persona, en este caso en nombre de otra, excita la actividad jurisdiccional para la solución de un conflicto. Si la demanda es tal, resulta claro que al escrito en que ella conste, debe acompañarse, como requisito de admisión, el título que acredite la representación del promovente, es decir, la existencia del vínculo entre éste y quien sea el titular de los derechos que pretenden deducirse en el juicio. Si al escrito de demanda no se acompaña el documento que acredite la representación de quien la promueve, la misma no debe ser admitida a trámite pues falta satisfacer uno de sus requisitos de procedencia, sino que se precisa requerir al promovente para que lo haga dentro del plazo legal, apercibido de las consecuencias que derivarían de no hacerlo (como se hizo en auto de doce de septiembre de la anualidad en curso) -fojas 11 a 14-, pues con ello se evita dar curso a un procedimiento que puede conducir a un fallo de sobreseimiento cuyos efectos lesivos de los intereses del quejoso son evidentes, ya que se quedará sin la oportunidad de ser oído en defensa, y se crea un estado de seguridad jurídica que permite al promovente satisfacer de manera oportuna la carga procesal de acreditar su personalidad. Por tanto, toda vez que, conforme con lo dispuesto por el numeral 217 de la Ley de Amparo este juzgador se encuentra obligado a cumplir con las jurisprudencias que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas. Consecuentemente, en acatamiento a dicho criterio jurisprudencial, y dado que la omisión señalada en párrafos que anteceden, es indispensable para la admisión de la demanda que, a pesar de que se le previno en dos ocasiones, la parte quejosa se mostró renuente a desahogarlas, lo que implica desinterés de su parte para tramitar el juicio debidamente; en consecuencia, se hace efectivo el apercibimiento decretado en auto de doce de septiembre del presente año (fojas 11 a 14) y, con fundamento en el artículo 114 de la Ley de Amparo, se tiene POR NO PRESENTADA LA DEMANDA.
- Principal
se previene a la parte quejosa para que en el término de cinco dias de contestación a la prevención formulada en caso de no hacerlo se tendra por no presentada la demanda
- Principal
se previene a la parte quejosa, para que en el término de cinco dias de cumplimiento a la prevención, en caso de no hacerlo se tendra por no preentada la demanda.
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