María Bertha Chiñas Valdivieso
Expediente 274/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 274/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 04/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- María Bertha Chiñas Valdivieso
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cuatro de agosto de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el plazo a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido el auto dictado por este Juzgado el dieciocho de julio de dos mil veintitrés, por el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO, lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Archivo y valoración documental. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. Ahora bien, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 34 (Orden de archivo), este Órgano Jurisdiccional determina la valoración respectiva en términos del artículo 20, fracción II (Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo citado, ni este juzgador así lo estima, atendiendo a la importancia del asunto; b) Es susceptible de destrucción; c) Transcurridos tres años de ordenado el archivo, procédase a su destrucción; d) Dentro de los treinta días siguientes a la destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase a la secretaria haciendo constar que en el presente asunto no obran documentos originales, conforme a la certificación de cuenta. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Solo para que obre. Agréguese, únicamente para que obre en autos, el oficio firmado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, toda vez que, dicho oficio y sus anexos fueron recibidos vía correo electrónico institucional y acordados el catorce de julio del año en curso. Sobreseimiento fuera de audiencia. Por otra parte, el artículo 61, fracción XXII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo; y (.)" Dicha causal de improcedencia exige los siguientes requisitos: 1.- Que el acto reclamado subsista, es decir, que no haya sido revocado o nulificado. 2.- Que dicho acto no pueda surtir efecto legal o material, por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo. Así, del estado de autos se advierte que la parte quejosa reclama en este juicio de amparo lo siguiente: El acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, dictado en el juicio contencioso administrativo 4684/19-15-01-5 de su índice, que desecha el recurso de queja por omisión en el cumplimiento de la sentencia administrativa, bajo el argumento de que mediante acuerdo de tres de octubre de dos mil veintidós, de oficio, se inició el procedimiento de cumplimiento de la sentencia definitiva, en términos de lo dispuesto por el artículo 58, fracción I, inciso a), de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Ahora, de las documentales remitidas por la autoridad responsable, deducidas del juicio de nulidad 4684/19-15-01-5, de su índice, con valor probatorio pleno en términos del artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que, en auto de cuatro de julio de dos mil veintitrés, la Sala responsable declaró cumplida la sentencia definitiva de veintitrés de octubre de dos mil veinte de origen, derivado de que el encargado de la Subdelegación de Prestaciones, de la Delegación Estatal Oaxaca, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, exhibió resolución de doce de abril de dos mil veintitrés, por la que liquidó a la quejosa María Bertha Chiñas Valdivieso, diferencias pensionarias por la cantidad de $482,964.91 (cuatrocientos ochenta y dos mil novecientos sesenta y cuatro pesos con noventa y un centavos, moneda nacional), cantidad que le fue transferida a la quejosa en la cuenta no. 012637012764262630, a su nombre, de la institución bancaria BBVA MEXICO, en el seis de junio de dos mil veintitrés. Por tanto, si bien es cierto el recurso de queja, de conformidad con el artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, tiene como finalidad asegurar el pleno cumplimiento de las sentencias dictadas por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; sin embargo, al haberse declarado cumplida la sentencia en el juicio de origen, la protección que en este juicio se concediera, carecería de efectos, en virtud de la modificación del entorno en que se emitió el acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 181/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, registro digital 173858, de rubro y texto siguiente: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. Además, toda vez que, la aludida causa de improcedencia es notoria, manifiesta e indudable, y no se causa ningún agravio a la parte quejosa, ni se le priva de defensa decretando el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional, podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido; máxime que se encuentra en la aptitud de controvertir la nueva resolución si es que a sus intereses no conviniere. Sirve de apoyo a lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 26/2002, visible en la página 386, tomo XVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Marzo de dos mil tres, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, competa e imparcial." En ese sentido, se deja sin efecto la hora y fecha señaladas para la audiencia constitucional (diez horas con cuarenta minutos del diez de agosto de dos mil veintitrés), en la medida de que es innecesario esperar que llegue dicha fecha para sobreseer en el presente asunto, dada la manifiesta e indudable causa de improcedencia del juicio de amparo, pues ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado de la resolución siempre sería en el mismo sentido, además de ser en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia en términos del artículo 17 de la Constitución General de la República. NOTIFÍQUESE; Y ELECTRÓNICAMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de julio de dos mil veintitrés. Informe justificado. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Magistrado Presidente de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con sede en la Ciudad de Oaxaca, mediante el cual, rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la responsable la que anexa, misma que se desahoga en atención a su naturaleza. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, siete de julio de dos mil veintitrés. Recepción de expediente. Por recibido el oficio y anexo de cuenta, procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa de este Decimotercer Circuito, con sede en Oaxaca de Juárez, al que acompaña el testimonio de la ejecutoria dictada en el recurso de queja en materia administrativo 152/2023 de su índice, interpuesto por el quejosa ..., contra el auto de veintidós de marzo del año en curso. Sin que haya lugar a acusar recibo, por así solicitarlo. Admisión. Toda vez que dicho Tribunal declaró fundado el recurso de queja, con fundamento en los artículos 103, fracción I de la Constitución Federal del País, 35, 37, 107, 108, 115, 117, 124 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por María Bertha Chiñas Valdivieso, contra actos de la Sala Regional del Sureste del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en la Ciudad de Oaxaca. Incidente de suspensión. Sin tramitarse el incidente de suspensión por no haberse solicitado. Requerimiento de informes. Pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del plazo de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, y acompañe copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, exponiendo las razones y fundamentos legales que estime pertinentes para sostener la constitucionalidad de los actos reclamados o la improcedencia de este juicio de amparo, las cuales deberán remitirse digitalizadas y físicamente, aunado a que se exhorta a que sean remitidas mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos de la fracción II del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Asimismo, la autoridad jurisdiccional acompañará un índice cronológico del desarrollo de la audiencia en la que se haya dictado el acto reclamado, en el que se indique el orden de intervención de las partes compareciente, Apercibidas que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se les impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, de ser cierto el acto reclamado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo en el expediente, del cual emanan los actos reclamados, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remitan las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibiéndolas que de no hacerlo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento en que se haga efectivo el medio de apremio, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 259 del mismo ordenamiento. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Intervención. Dese a la agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas documentales de la parte quejosa, las que anexó a su escrito de demanda inicial, mismas que se tienen por desahogadas en razón de su propia naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional respectiva. Respecto a la prueba instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana que ofrece la parte quejosa, llegado el momento procesal oportuno, este órgano jurisdiccional tomará en consideración la totalidad de las actuaciones del presente juicio y deducirá las presunciones que en su favor se aprecien. Emplazamiento a los terceros interesados. Se reserva dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 5°, fracción III, de la ley de la materia, hasta en tanto las autoridades responsables rindan su informe justificado. Protección de datos. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. Otras providencias. Finalmente, respecto del domicilio, autorizados, datos de contacto, habilitación de horas, uso de medios electrónicos, integración del expediente físico y electrónico y consulta del expediente electrónico; no es el caso realizar pronunciamiento al respecto, dado que en auto de radicación de veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se proveyó al respecto. NOTIFÍQUESE.
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