María Berta Mora Torres

Expediente 509/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
509/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
11/09/2019

Partes del expediente

  • María Berta Mora Torres

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    V I S T O S los presentes autos, para resolver el juicio de amparo 509/2019, promovido por María Berta Mora Torres, contra actos Delegación Estatal de Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. R E S U L T A N D O PRIMERO. PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA. Mediante escrito presentado el treinta de abril de dos mil diecinueve ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en Morelia, Michoacán, remitido por razón de turno a este Juzgado Tercero de Distrito, al día siguiente hábil, María Berta Mora Torres, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto en contra del acto que precisó de la manera siguiente: "a).- La Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, por la aplicación de la UNIDAD Y MEDIDA DE ACTUALIZACIÓN (UMA), en mi pensión número 860713, otorgada por la Delegación Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado." En ese ocurso, la parte quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como vulnerados en su perjuicio los derechos humanos contenidos en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. DESECHAMIENTO. Mediante auto de tres de mayo del actual, este órgano jurisdiccional registró la demanda bajo el progresivo 509/2019 y en el mismo proveído determinó desechar de plano la demanda por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. TERCERO. RECURSO DE QUEJA. Inconforme con lo anterior la promovente interpuso recurso de queja, del cual, por razón de turno, correspondió conocer al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo de este Circuito, bajo el expediente 105/2019, medio de impugnación referido que fue resuelto por el anotado órgano pluripersonal en sesión de veintiocho de junio de dos mil diecinueve, en el sentido de revocar el acuerdo impugnado y, en su lugar, emitir otro relativo a la admisión de la demanda. CUARTO. ADMISIÓN Y TRÁMITE DEL JUICIO. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, mediante proveído de nueve de julio del año en curso, se admitió a trámite el libelo constitucional, se solicitó a la autoridad señalada como responsable su correspondiente informe con justificación y se ordenó dar la intervención que legalmente compete a la representación social adscrita a este órgano federal. Finalmente, en el día y hora señalados para tal efecto, tuvo lugar la audiencia constitucional dentro de este expediente, la cual se celebró al tenor del acta que antecede.; C O N S I D E R A N D O C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1o., fracción I, 37 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y los diversos 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el Acuerdo General 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en virtud de que se impugna un acto emitido por una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en el que este órgano federal tiene jurisdicción. SEGUNDO. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro. De igual forma, se invoca la jurisprudencia P./J. 40/2000 del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil. En ese tenor, de análisis integral de la demanda de amparo y demás constancias allegadas al sumario, se advierte que los actos reclamados por la parte quejosa, es el siguiente: La aplicación de la Unidad de Medida de Actualización (UMA) para la cuantificación de la pensión 860713, por parte del Delegado Estatal en Michoacán del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. No es cierto el acto atribuido a la autoridad señalada como responsable, por así haberlo manifestado al momento de emitir su informe justificado, además que, del contenido del propio informe, se corrobora dicha negativa, tal como se aprecia a continuación. En primer término debe señalarse que a la quejosa se le asignó una pensión por jubilación otorgada por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, Delegación Estatal en Michoacán, a partir del dieciséis de julio de dos mil siete, con número 860713. Como consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable afirma que cada año realiza un ajuste a la pensión otorgada, el cual se sustenta en el índice nacional de precios al consumidor, conforme a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente hasta el treinta y uno de marzo de dos mil siete, de tal suerte que a la fecha no se ha aplicado a la amparista para el ajuste de su pensión, la unidad de medida y actualización como lo afirma en la demanda de amparo. Lo anterior, lo corrobora la responsable con las copias certificadas referentes a la nómina electrónica que contienen los montos percibidos por la quejosa, así como la deducciones efectuadas, constancias a las que se les confiere valor probatorio conforme a los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles en aplicación supletoria a la Ley de Amparo (fojas 84 a 97). Ahora, del contenido del citado informe justificado se aprecia que, la responsable ha efectuado la actualización del monto por concepto de pensión a la quejosa con base en el índice nacional de precios al consumidor, en específico en la temporalidad que aduce la quejosa de dos mil dieciséis a dos mil diecinueve, como se demuestra al citar el porcentaje correspondiente a cada año referente al índice nacional de precios al consumidor en relación a la cantidad percibida. Bajo esa tesitura en el caso específico opera la reversión de la carga de la prueba a la quejosa, a quien le correspondía desvirtuar el contenido del informe y las constancias que lo soportan, es decir, debía demostrar que la responsable sí aplicó la Unidad de Medida y Actualización en su pensión jubilatoria, para cuantificarla. Aspecto que a juicio de este órgano jurisdiccional no se logró satisfacer, pues de la documental consistente en la determinación sobre concesión de la pensión, sólo se justifica, como ya se dijo, que la obtuvo a partir del dieciséis de julio de dos mil siete; en tanto que de los recibos de pago que adjuntó a su libelo constitucional, no se aprecia con claridad ni de manera indiciaria, que la responsable aplica la Unidad de Medida y Actualización, para cuantificar la pensión, como lo aseveró la quejosa al promover el amparo, y, finalmente la copia de su credencial de elector tampoco le genera beneficios que pretende pues no acredita su dicho con ésta. Por lo que, es dable afirmar, que contrario a lo afirmado por la quejosa, no quedó demostrado que la autoridad responsable haya aplicado a su esfera jurídica y en específico para determinar el monto o el aumento anual a su pensión jubilatoria, la unidad de medida y actualización; de ahí que, deba tenerse por inexistente el acto de autoridad reclamado por el impetrante de amparo. Por tanto, al no demostrarse la existencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo de conformidad a lo previsto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Sin que en el presente sea dable tomar en consideración el criterio vertido en el juicio de amparo 123/2019 del índice del Juzgado Segundo en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dado que al margen de que se trata de un criterio emitido por un diverso órgano jurisdiccional que no vincula a esta potestad federal, lo cierto es que en el caso no se encuentra demostrada la existencia del acto de autoridad reclamado en el presente juicio constitucional. Al respecto se invoca, la jurisprudencia que enseguida se transcribe: Época: Octava Época Registro: 227634 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989 Materia(s): Común Tesis: VI. 2o. J/20 Página: 627 "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. Amparo en revisión 185/88. Hugolino González Méndez y otros. 23 de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Patlán Origel. Amparo en revisión 313/88. Pascual Espinoza Palma. 11 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 414/88. María Isabel Zárate Romero. 4 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Jorge Núñez Rivera. Amparo en revisión 420/88. José Ruperto Anaya Pérez. 12 de enero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Rojas. Secretario: Vicente Martínez Sánchez. Amparo en revisión 208/89. Enrique Flores Rojas. 4 de julio de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez.". Finalmente, en virtud del sentido del presente fallo, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, sin que ello pueda ser considerado como una negación de justicia, pues así lo obliga la ley y jurisprudencia aplicable al caso. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia que se transcribe a continuación: Tesis: VI. 1o. J/23 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Octava Época 226555 Tribunales Colegiados de Circuito Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989 Página 252 Jurisprudencia (Común) "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio. Amparo en revisión 103/88. Mayolo Caro Arenas y otro. 3 de mayo de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 308/88. Angel Argimiro Campos Córdova. 18 de octubre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Manuel Acosta Tzintzun. Amparo en revisión 346/88. Socorro Valencia Martínez. 16 de noviembre de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretaria: Irma Salgado López. Amparo en revisión 6/89. David Castillo Velázquez y otro. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partida. Secretario: Martín Amador Ibarra. Amparo en revisión 139/89. Godeleva Sánchez Gómez. 23 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Ponente: Eric Roberto Santos Partido. Secretario: Martín Amador Ibarra.". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por María Berta Mora Torres, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, asistido de Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza.- Doy fe.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, catorce de agosto de dos mil diecinueve. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra trascurriendo el término de ocho días que establece el artículo 117 de la Ley de Amparo para que las partes se impongan del contenido del informe justificado acordado en proveído de uno de los actuales; en consecuencia, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el licenciado Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, encargado del despacho por ministerio de ley, con motivo del primer periodo vacacional concedido al titular de este órgano jurisdiccional, en términos del oficio CCJ/ST/2924/2019, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante el licenciado Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza. Doy Fe.JLL

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, uno de agosto de dos mil diecinueve. REMITE INFORME JUSTIFICADO. Con vista a las partes agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el apoderado legal de la delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde informe justificado en el presente juicio de amparo, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo. PRUEBA DOCUMENTAL. Con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable envía como sustento de su informe justificado, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. SE SEÑALA DOMICILIO Y DELEGADOS. Se tiene a la autoridad en cita señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que menciona en su oficio de cuenta; y designando como delegados de su parte, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, actuando con Alfredo Montoya Revilla, Secretario que autoriza.- Doy fe.*lsm.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de julio de dos mil diecinueve. LLEGADA DE AUTOS. Agréguese a los presentes autos y acúsese recibo del oficio número T-V-866, signado por la Secretaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio autorizado de la ejecutoria de veintiséis de junio de dos mil diecinueve con engrose de cinco de los actuales, pronunciada dentro del recurso de queja administrativa 105/2019, interpuesto por la quejosa María Berta Mora Torres. Acúsese recibo. Hágase del conocimiento de las partes para los efectos conducentes, que el tribunal de alzada, por mayoría de votos resolvió: ÚNICO. "Es FUNDADO el recurso." Realícense las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. En acatamiento a lo ordenado por el superior y en términos de lo previsto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII, y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 110, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Jorge García Salazar, por propio derecho, contra actos de la Delegación Estatal del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad. FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio. INFORME JUSTIFICADO. Pídase informe justificado a la autoridad responsable, con apoyo en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, quien deberá rendirlo dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio en el que se le solicite. Asimismo, deberá acompañar en el término señalado las constancias necesarias para apoyar su informe en copia certificada completa y legible, en términos del arábigo 260, fracción II de la ley de la materia, así como remitir archivo electrónico del acto reclamado, esto último conforme la circular 5/1995 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, además de presumirse cierto el acto reclamado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. Se autoriza el envío del informe solicitado vía fax, al número 01 44 33 22 69 60 extensión 1152, con la precisión que de hacerlo por este medio, será innecesario se emita vía postal, excepto cuando se deban enviar constancias que sustenten el acto reclamado. Requiérase a la autoridad responsables para que informe si la parte quejosa, ha tramitado diverso juicio de amparo en contra del acto reclamado dentro del expediente de origen, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa en los términos de los párrafos precedentes, en relación a los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIONES A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Se ordena notificar a la autoridad responsable únicamente la presente determinación, así como aquéllas que resulten trascendentes dentro del procedimiento, conforme el contenido de la jurisprudencia 2a./J. 176/2012, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, de conformidad con el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo. SE AUTORIZA LA CONSULTA VÍA ELECTRÓNICA. Con apoyo en el artículo 3 de la Ley de Amparo, se autoriza a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la consulta del expediente en que se actúa vía electrónica, bajo el usuario "pepin"; por tanto, se comisiona al encargado del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), a fin de que realice las gestiones necesarias; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Resérvese el emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos el informe de la autoridad responsable. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Sin que proceda ordenar la formación del incidente de suspensión, por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. ADMISIÓN DE PRUEBAS. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, desde este momento se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dada su propia y especial naturaleza, las documentales que se acompañan a la demanda de amparo, sin perjuicio de hacer relación de las mismas en el acto de la audiencia constitucional. Por otro lado, respecto de la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, ténganse por hechas las manifestaciones que realiza, respecto de lo cual se hará relación al momento de la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO A LAS PARTES. Se requiere a las partes que de tener conocimiento de la actualización de alguna causa de improcedencia, lo informen a este juzgado a la brevedad posible. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Gerardo Ortiz Pérez de los Reyes, Juez Tercero de Distrito en el Estado, quien actúa con Esperanza Fuentes Reyes, Secretaria que autoriza y da fe.- Doy fe.

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