Maria Berta Bahena Lopez

Expediente 1375/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1375/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Maria Berta Bahena Lopez

Actuaciones

  1. Principal

    Juicio de amparo: 1375/20231375/2023. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con veinticinco minutos del veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, día y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en el presente asunto, en audiencia pública, Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia del juicio de amparo 1375/2023, promovido por ********************, por propio derecho, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, a fin de privilegiar la solución del conflicto, en armonía con el artículo 17 constitucional, no procede diferir la audiencia constitucional a pesar que el informe justificado no se hizo del conocimiento de la parte quejosa con ocho días de anticipación a la celebración de la misma, los cuales tiene para imponerse de lo manifestado por la autoridad responsable, pues esperar a que transcurra dicho término implicaría retardar el procedimiento innecesariamente en su perjuicio; ello, en virtud de que en este juicio se reclama la violación del artículo 8 constitucional ante la falta de respuesta a una petición dentro de un breve término, y al atender a lo manifestado por la quejosa en su demanda de amparo, es claro que ya conoce los antecedentes del acto reclamado, lo que no se opone a lo previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas documentales que ofreció la parte quejosa. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas antes señaladas, mismas que en su caso se tomarán en consideración al momento de emitir sentencia. Se cierra el presente periodo. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: Se da cuenta que ninguna de las partes formuló alegatos ni la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la audiencia y en vista de lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 1375/2023; y R E S U L T A N D O 1. Presentación de demanda de amparo. Por escrito presentado el cuatro de octubre de dos mil veintitrés, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el seis de octubre siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, por el acto reclamado siguiente: "IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAME. Consiste en la omisión por parte de la responsable, para dar contestación a mi solicitud de fecha 25 de septiembre de 2020, presentada ante oficialía de partes, recibida bajo el número de folio ******************** y una vez ejecutada, proporcionarme las copias solicitadas en dicha solicitud, ello en virtud de que la responsable ha agotado en demasía el plazo legal para atender mi derecho de petición. (.)" 2. Precepto constitucional que se estima violado. Artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de nueve de octubre de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, pidió a la autoridad responsable su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, no ordenó emplazar tercero interesado, al no advertir que le surgiera dicho carácter a persona alguna. Asimismo, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo el veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés, en los términos asentados en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 y 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el acuerdo general 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que se trata de un amparo promovido en contra de un acto omisivo, el cual carece de ejecución material y del que previno este juzgado. II. Fijación del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado en este juicio consiste en: Autoridad responsable Acto reclamado Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos. La omisión de contestar el escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, recibido con el folio ********************, en el cual la aquí quejosa solicitó se le expidieran en original hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario. III. Existencia del acto reclamado. Es cierta la omisión reclamada al Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, pues así lo manifestó el Director Jurídico y representante legal de dicho instituto, al rendir informe justificado. Además, su certeza se advierte en razón de que, al tener el carácter de acto omisivo el que se le imputa, en términos de los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, la carga de la prueba para justificar su inexistencia, corresponde a la autoridad responsable, en el sentido de acreditar que sí realizó la acción cuya omisión se le reclama (contestar la referida solicitud), pues este tipo de actos para ser existentes requiere únicamente que la parte quejosa demuestre que existe el deber de dicha autoridad de realizar tal conducta y que la autoridad esté en aptitud legal de atender lo solicitado, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro "ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO", en el entendido de que corresponde a la autoridad responsable la carga de probar lo fáctico en lo relativo a si incurrió o no en una conducta dilatoria. En ese sentido, para que se pueda considerar que la autoridad fue omisa en dar trámite y contestación a la solicitud de la quejosa, es necesario que se encuentre acreditado que dicha autoridad tuvo conocimiento de la misma, pues sólo de esa forma se puede considerar que la obligación de contestarla es existente, tal como dispone el criterio de la Segunda Sala de nuestro tribunal constitucional, con registro 265314, de rubro "PETICIÓN, DERECHO DE. ABSTENCIÓN DE LAS RESPONSABLES A ACCEDER A UNA SOLICITUD. DEBE SOBRESEERSE CUANDO NO SE DEMUESTRA QUE LA AUTORIDAD CONOCIÓ LA SOLICITUD." Precisamente, la amparista demostró que se recibió su solicitud con el original del escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en el que obra el sello de recibo de dicha dependencia con el folio ********************, al que se le concede valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 197 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, pues se encuentra corroborado con la afirmación que la autoridad responsable realizó en su informe justificado, en el que aceptó que recibió el escrito. Aseveraciones y documental que se estiman suficientes para acreditar la existencia de la omisión reclamada; pues de ellas es posible advertir que la quejosa sí presentó el escrito de solicitud, del cual no se aprecia respuesta alguna. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues al no establecer un plazo específico la Ley de Amparo para reclamar un acto omisivo y éste producir, por su propia naturaleza, consecuencias jurídicas que se renuevan día con día, el plazo para impugnarlo se actualiza mientras persista. V. Procedencia del juicio de amparo. Las causas de improcedencia del juicio de amparo son una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes; en el caso, éstas no hicieron valer alguna de ellas y no se advierte de oficio su actualización, por tanto, se procede al estudio del fondo del asunto. VI. Estudio del concepto de violación. En el concepto de violación la quejosa señala que la omisión de respuesta a su solicitud presentada ante la autoridad responsable el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, recibida con el folio ********************, vulnera su derecho de petición previsto en el artículo 8 constitucional, debido a que la autoridad responsable ha sido omisa en responder, no obstante que tal solicitud la realizó por escrito y de manera respetuosa, pues a la fecha en que presentó la demanda habían transcurrido más de tres años sin que existiera algún tipo de respuesta, ya sea para otorgar lo solicitado o para informar el impedimento o negativa. Es fundado el concepto de violación, porque efectivamente la autoridad responsable no ha dado respuesta a la petición de la quejosa ni le ha notificado ésta. Lo anterior, porque el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho público subjetivo de petición a favor de todas las personas, que básicamente consiste en que a cualquier solicitud que realicen ante los funcionarios y empleados públicos, en su calidad de ente de gobierno, éstos deben emitir una contestación. En ese sentido, tanto la persona al formular su solicitud, como la autoridad al contestarla, deben cumplir determinados requisitos que también precisa el texto constitucional, a saber: i) en cuanto a la solicitud, ésta debe realizarse por escrito, de manera pacífica y respetuosa; y ii) por lo que se refiere a la contestación, debe hacerse por escrito de la autoridad a quien se haya dirigido la petición, ser congruente con lo solicitado y además, debe darse a conocer al peticionario en breve término; y, aunque la norma fundamental no establece qué tiempo comprende ese breve término, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo definió como "aquél en que racionalmente puede estudiarse una petición y acordarse". En el caso, la quejosa presentó escrito el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, en el que obra el sello de recibo de dicha dependencia con el folio ********************, a través del cual solicitó se le expidieran en original hoja de servicios, constancia de evolución salarial y carta de certificación del salario, sin que obre en autos respuesta alguna ni mucho menos su notificación, no obstante que la quejosa señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como documentos. Así, resulta que la autoridad responsable transgredió el derecho de petición de la quejosa, pues a la fecha en que se presentó la demanda de amparo y la data de la presente sentencia, han transcurrido más de tres años desde que se presentó el escrito de mérito sin que se advierta que la autoridad responsable haya emitido respuesta. Lo cual se considera más allá de un término razonable para haberlo hecho, pues aunque no hay disposición expresa que contenga un plazo para que la autoridad conteste las peticiones que se le hacen; lo cierto es que el estudio, para efecto de contestar la petición, se constriñe únicamente a acordar lo contenido en ella, con independencia de que pueda iniciar algún procedimiento distinto o no, que por sí amerite substanciarse en un plazo determinado. Sin que se inadvierta que la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, por conducto del Director Jurídico, en su informe justificado señaló haber recibido el escrito de solicitud de la quejosa, pero que ésta dejó transcurrir tres años sin que hubiere asistido a las instalaciones que ocupa dicha unidad administrativa a solicitar la respuesta y sin que hubiere insistido en obtener la contestación, pues esa circunstancia no justifica el deber que tiene la autoridad de contestar la petición que le fue formulada en breve término. Ello, porque una vez recibida la solicitud, la autoridad responsable se encuentra obligada a emitir respuesta, sin que sea obligatorio para la aquí quejosa gestionar la contestación, pues es la autoridad la que se encuentra obligada a emitir un pronunciamiento en breve termino, sin que demostrara en este juicio que lo hubiere hecho, máxime que la aquí quejosa en el escrito de solicitud señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, así como documentos. Asimismo, al momento de rendir informe justificado la autoridad responsable no remitió documentación alguna de la que se desprenda que ha dado algún trámite a dicho escrito o que esté realizando las acciones conducentes para dar una respuesta a la petición de la quejosa en el sentido que estime conducente, de ahí lo fundado del concepto de violación en estudio. En consecuencia, lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal para los efectos señalados en el considerando siguiente. VII. Efectos de la concesión. Con fundamento en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se especifica que la concesión del amparo es para el efecto de que la autoridad responsable Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia, realice lo siguiente: Con plenitud de atribuciones, de manera congruente y completa, dé contestación al escrito que presentó la quejosa el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, recibido en la Dirección Jurídica del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos con el folio ********************, y le notifique tal respuesta; remitiendo a este juzgado de Distrito las constancias que así lo acrediten. En el entendido de que lo anterior no obliga a la autoridad responsable a resolver en determinado sentido respecto de lo solicitado, pues cuenta con libertad de atribuciones para tal efecto. Así, con fundamento en los artículos 73 al 77 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a ********************, contra la omisión reclamada a la autoridad responsable precisada, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en la parte última de esta sentencia. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe. La secretaria Erika de la Cruz Uribe certifica: que la presente resolución se emitió en la fecha precisada en párrafos que anteceden, la cual coincide con la programada para la celebración de la audiencia constitucional desarrollada en términos del acta respectiva, y se firma en el horario asentado en la firma electrónica correspondiente por virtud de la carga de trabajo del juzgado y en que así lo permitieron las labores de este órgano jurisdiccional. Doy fe. (Firmado electrónicamente) veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a sus autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes, el informe justificado que rinde el Director Jurídico y Representante Legal del Instituto de la Educación del Estado de Morelos; con su contenido dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Además, con apoyo en el ordinal 9 de la ley de la materia, se tienen como delegados de la autoridad responsable a los profesionistas que designa y, conforme a lo que establece el numeral 26, fracción II, de la legislación en consulta, se tiene por señalado como domicilio procesal el que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, quien autoriza y da fe. La secretaria Seidy Lizbeth Salgado González, CERTIFICA: Que la promoción de cuenta así como el acuerdo que se dicta, se encuentran debidamente integrados en el expediente electrónico del asunto al rubro citado. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, nueve de octubre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Vista la demanda de amparo promovida por ********************contra actos del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, por tanto, se provee como sigue: Integración de expediente electrónico. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, fórmese el expediente electrónico relativo al presente asunto. De conformidad con el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos remitidos físicamente a este asunto, deberán digitalizarse e incorporarse al expediente electrónico a través del uso de la firma electrónica. En el entendido de que aquéllos que por su volumen, protección a la integridad del documento o protección a datos personales que no puedan ni deban digitalizarse, quedarán a disposición de las partes en el expediente físico o en los cuadernos auxiliares que se generen y que se encuentran bajo resguardo en la secretaría de este juzgado, en términos de los artículos 22 y 23 del citado Acuerdo General 12/2020 Del mismo modo, se hace del conocimiento de las partes que, en términos del artículo Sexto Transitorio del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, toda la documentación recibida por vía electrónica o generada electrónicamente, constará únicamente en el expediente electrónico, sin que deba imprimirse ni agregarse al expediente físico, de acuerdo con la fracción III, del numeral 3º del referido Acuerdo General 12/2020; asimismo, el expediente físico que se genere, contendrá únicamente las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación que se generen de la misma manera, de conformidad con el ordinal 22 del mismo ordenamiento. En términos de la fracción XII del numeral 3 del Acuerdo General 12/2020, serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes; en tanto que los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, no obstante, los mismos tendrán validez, a pesar de que no integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico. Supervisión del registro diario. Con fundamento en el artículo 185 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la supervisión del registro diario de movimientos del presente expediente, que asegure la permanente actualización y veracidad de la información, estará a cargo del secretario de juzgado asignado del presente asunto. Exhortación a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del mencionado Acuerdo General, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL12 y con e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o se estime necesario su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del mismo Acuerdo General. Registro de demanda. Regístrese con el número progresivo que le corresponda en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Admisión de demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, fracción I, 6, 20, 33, 35, 107, 108, 115, 116, 117, 118 y demás relativos de la Ley de Amparo, se ADMITE a trámite la demanda de amparo. Audiencia constitucional. Se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. Requerimiento de informe justificado. Pídase a la autoridad responsable su INFORME JUSTIFICADO, que deberá rendir dentro del plazo de QUINCE DÍAS, debiendo acompañar copia certificada completa y legible de las constancias que lo apoyan y con la anticipación que permitan el conocimiento del mismo a la parte quejosa, al menos ocho días antes de la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional; con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o no manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa de cien a mil valores diarios de unidades de medidas de actualización, en términos de los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 260, fracción II de la Ley de la Materia. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad que de conformidad con el artículo 71, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, podrán celebrar convenios de interconexión, intercomunicación, colaboración o para compartir desarrollos tecnológicos, con este órgano jurisdiccional para el trámite de todos los asuntos competencia del Poder Judicial de la Federación, para la consulta de expedientes y notificaciones de manera electrónica, así como para la colaboración relacionada con las estrategias de gobierno de datos, gobernanza digital, transformación digital y e-Justicia. En la inteligencia que de remitirlo a través del sistema de interconexión, ya no será necesario enviarlo vía ordinaria. En el entendido que para facilitar el envío de los anexos al informe que debe rendir la autoridad responsable, se pone a su disposición un disco versátil [formato DVD], para que en este sea cargada la información digital de los anexos conducentes y colaborar así al ahorro de insumos que en la actualidad son ocupados para el fotocopiado de la información que apoya el referido informe, además de que se facilite a las partes la consulta de dicha información, por los medios tecnológicos utilizados en el expediente electrónico. Terceros interesados. Por el momento, no se advierte alguna persona a la que le asista el carácter de tercero interesado, en términos del artículo 5, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no ha lugar a emplazar a nadie con ese carácter; sin perjuicio de que con posterioridad surja alguno. Incidente de suspensión. Sin que haya lugar a formar el cuaderno incidental, toda vez que no fue solicitado por la parte quejosa. Ministerio Público Federal. Dese la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, a quien de conformidad con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de la Materia, le asiste el carácter de parte, corriéndole traslado con la copia simple de la demanda presentada. Obligación de informar causas de sobreseimiento. Se hace saber a las partes que, en términos del artículo 64, de la Ley de Amparo, tienen la obligación de informar a este Tribunal Federal si durante la tramitación de este juicio de amparo, sobreviene alguna causa de sobreseimiento, y de ser posible deberán acompañar las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientos valores diarios de la unidad de medida de actualización, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238, primera parte y 251 de la Ley de la Materia. Requerimiento sobre juicios relacionados. A efecto de mejor proveer, requiérase a la autoridad responsable para que informe si tiene conocimiento de algún juicio de amparo que se relacione con el acto reclamado en este juicio promovido por las mismas partes en el proceso natural o constitucional, y que se trate de actos que deriven del mismo procedimiento de donde emerge el acto reclamado o que se refiera a los mismos hechos, lo anterior a efecto de evitar el dictado de resoluciones contradictorias. Pruebas. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza la documental que anexa, sin perjuicio de su relación en la audiencia constitucional que se celebre, así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano. Domicilio de la parte quejosa y autorizados. Se advierte que la parte quejosa señaló para oír y recibir notificaciones un domicilio físico y que a su vez autorizó expresamente que las mismas se le realizaran de forma electrónica. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 35, 36, 37 y 38 del Acuerdo General 12/2020 del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza al promovente la consulta del expediente electrónico y las notificaciones vía electrónica [por así haberlo solicitado expresamente], siempre y cuando se realice con el usuario que proporciona y se encuentre registrado en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, de forma alternativa, o bien, en caso de que dichas notificaciones no puedan realizarse electrónicamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado calle ******************** en el entendido de que bastara con una notificación por alguno de dichos medios - electrónica o en domicilio físico-, para tener por notificada a la parte quejosa. Asimismo, se tiene por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesionista ********************, así como las demás personas que propone únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, por así haberlos propuesto. Autorización de copias. Se hace del conocimiento de las partes que con fundamento en el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél; y cuando éstas incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente Asimismo, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos a efecto de que puedan digitalizar las constancias que integren los autos, en el entendido de que ello deberá asentarse en el expediente; con la precisión de que en todo momento deberá privilegiarse la protección de datos o información que obre en el juicio de amparo en que se actúa conforme a la normativa. Habilitación de horas y días inhábiles. Asimismo, a fin de privilegiar la impartición de justicia pronta, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Notificación de diferimientos. De igual manera, se instruye a los referidos servidores públicos para que los posibles diferimientos de audiencias los notifiquen a las partes (con excepción de los quejosos privados de su libertad) por medio de lista que fijen en los estrados de este juzgado de Distrito, aun a la autoridad responsable. Lo anterior, toda vez que dicha actuación no se estableció en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo; por tanto, resulta suficiente que se comunique en términos del artículo 29 de la citada ley. De las sanciones. Por otro lado, se hace saber a las partes que además de la disciplina y el cumplimento a las determinaciones judiciales que deben observar en el juicio de amparo, los artículos 261 y 262 de la Ley de Amparo tipifican como delitos conductas específicas cometidas en la sustanciación del mismo y son del tenor siguiente: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad; II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo; III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra; IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo." Transparencia y acceso a la información pública. Se comunica a las partes que a este expediente le son aplicables las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete. Por lo que los datos personales y sensibles que en su caso se integren, quedan sujetos a lo establecido en los artículos 1°, 3°, fracciones IX y XVII, 5°, 22, fracciones IV y V, 25 y 31 de la legislación en cita; ello debido a que dichos datos solo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurídica; asimismo, serán protegidos por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la Elaboración de Versiones Públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6°, 73, fracciones II y V y 113, fracción V de la última ley referida, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Titulo Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados. En la inteligencia que la falta de oposición conlleva a su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se apliquen sin supresión de datos conforme a lo señalado en artículo 21 de la última ley en cita. También, se señala a las partes que en el caso de ofrecer documentales, deberán precisar si contienen información de carácter reservada o confidencial. Digitalización y expediente electrónico. De conformidad con el artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena la creación del expediente electrónico y la digitalización de las promociones, documentos, autos y resoluciones para su debida integración, excepción hecha de las constancias que prevé el artículo 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo. Asimismo, se le hace saber al Secretario que autoriza y da fe que, acorde al fundamento citado, es su obligación dar fe del cumplimiento de lo aquí ordenado. Captura completa del expediente en el sistema electrónico del Consejo. , el cabal cumplimiento al nuevo esquema de integración del expediente Se instruye al personal encargado de la tramitación de este juicio de amparo y al oficial judicial "A" a cargo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes electrónico conforme a los lineamientos del Acuerdo General que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como eje rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, así como del expediente físico en los términos señalados en este proveído y en el citado Acuerdo. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Erika de la Cruz Uribe, que autoriza y da fe.

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