María Berta Alvarado Ramos

Expediente 720/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
720/2023
Año
2023
Actuaciones
5
Última actuación
22/09/2023

Partes del expediente

  • María Berta Alvarado Ramos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Puebla, Puebla, veintidós de septiembre de dos mil veintitrés. SENTENCIA CAUSA EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que la sentencia de TREINTA Y UNO DE AGOSTO DE ESTE AÑO, por la que este órgano de control constitucional determinó sobreseer en el amparo solicitado por la parte quejosa, no fue recurrida mediante el recurso de revisión procedente en términos del artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo; por consiguiente, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. INTEGRACIÓN DE CUADERNO ÚNICO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Glósese a los presentes autos, el cuaderno único del incidente de suspensión derivado del presente juicio de garantías, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Y SU DETINO Ésta se realiza en términos del acuerdo general del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que los artículos que se invocan en este apartado corresponden al acuerdo general citado. En virtud de que la información de este asunto no se ha determinado como reservada, con fundamento por lo dispuesto en los artículos 6, fracción I, y 14, se procede a la valoración documental del presente expediente, en los términos siguientes: 1. Expediente principal. Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15; por tanto, se declara que: Es DESTRUIBLE de conformidad con el diverso 20, fracción I), porque se sobreseyó en el presente juicio de amparo por todos los actos reclamados. Por ende, el presente expediente se conservará en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 20, párrafo tercero. Sin necesidad de requerir al quejoso que acuda a recuperar documentos originales dentro de los noventa días siguientes a la notificación de este acuerdo, puesto que no los exhibió. 2. Incidente de suspensión único. En relación al cuaderno incidental, es DESTRUIBLE de conformidad con el artículo 20, fracción III, del acuerdo general aludido, pues se negó la medida cautelar solicitada en forma definitiva, debiéndose conservar en este juzgado (archivo de trámite) por el término de tres años, y, una vez concluido este plazo, se procederá conforme a lo dispuesto en el ya citado artículo 20, párrafo tercero . ANOTACIÓN EN CARATULAS Por otro lado, se ordena hacer la anotación correspondiente en la carátula del expediente, de conformidad con lo establecido en el artículo 34 y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. DATOS PERSONALES Las partes no ejercieron el derecho de oponerse a la publicación de tales datos al hacerse pública la sentencia pese a que fueron prevenidas para ello. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Por lo expuesto y fundado, de conformidad con los artículos 63, fracción IV, 74 y 75 de la Ley de Amparo se, RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por ********************, contra los actos reclamados a las autoridades responsables, por los motivos expuestos en el considerando tercero. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando cuarto de este fallo. Notifíquese.

  3. Principal

    Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintitrés. CUMPLIMIENTO A LA PREVENCIÓN Agréguese a los presentes autos la diligencia de ratificación de firma que antecede, por medio de la cual los quejosos María Berta Alvarado Ramos y Enrique Alcaide Alvarado ratifican la firma que calza en su escrito presentado en este juzgado el veintiséis de julio del año en curso; en tales condiciones, se tiene a los quejosos dando cumplimiento a la prevención de veintisiete de julio del año en curso, visto lo anterior, se provee: IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO Como cuestión previa resulta pertinente precisar que del contenido íntegro de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama a diversos agentes del Ministerio Público la orden de búsqueda, aprehensión y detención. Debe puntualizarse que el Juez de Distrito está constreñido al análisis de la demanda, tal como lo impone el artículo 113 de la Ley de Amparo: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Ahora bien, la parte quejosa en su escrito inicial de demanda reclama la orden de búsqueda, aprehensión y detención a diversos agentes del Ministerio Público. De lo anterior es posible advertir que el acto reclamado señalado por la parte quejosa consistente en la orden de búsqueda, aprehensión y detención, está circunscrito en una orden de presentación con fines de investigación emitida para el quejoso, porque el objetivo de la presentación radica en obtener la entrevista de ésta en una carpeta de investigación. En efecto, las facultades legales de las autoridades ministeriales señaladas como responsables, permiten afirmar que estas sólo pretenden recabarle declaración al quejoso en una carpeta de investigación; y al tratarse de autoridades ministeriales, no puede visualizarse una orden de aprehensión porque esta corresponde en forma exclusiva a autoridades judiciales, sin que alguna hubiera sido señalada en la demanda. Por consiguiente, se arriba a la convicción de que los actos reclamados en la demanda, convergen a la figura de la orden de presentación emitida por una autoridad ministerial, bajo las reglas del sistema penal acusatorio previstas en el artículo 129 y demás del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, debe indicarse que una orden de presentación emitida por autoridad ministerial no implica en sí misma la restricción de la libertad, pues dicha restricción únicamente se genera con la aprehensión, la detención en flagrancia, la prisión preventiva o la pena, que constituyen figuras jurídicas distintas a la presentación. Máxime que la actuación de la autoridad ministerial al emitir una orden de presentación no contraviene lo dispuesto por el artículo 20 de la constitución federal, porque la orden de presentación se emite con el propósito de que el indiciado comparezca ante el fiscal investigador, sin que ello implique la obligación de que declare, pues al encontrarse ante el Ministerio Público, siempre puede manifestar su voluntad de abstenerse de declarar. Además, con la orden de presentación, lejos de coartarse algún derecho al indiciado, se estima que la autoridad investigadora satisface los derechos constitucionales de audiencia y defensa, porque al requerirle que se presente a ser entrevistado en la carpeta de investigación, aquella puede conocer el nombre de su acusador, así como de las personas que hubieran testificado en su contra, la naturaleza y causa de la acusación. Incluso se le da la oportunidad al imputado de exponer lo que a su derecho corresponda, y obtener todos los datos que solicite para su defensa y consten en las actuaciones de la carpeta de investigación, con lo que de considerarlo conveniente, estará en posibilidad de ofrecer las pruebas de descargo. De lo que resulta patente que una orden de presentación ministerial no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, porque en realidad corresponde a un acto de investigación legítimo, dado que todo ciudadano está obligado a comparecer ante el Ministerio Público que integre una carpeta de investigación, sin que ello implique una afectación a la libertad personal porque de considerarlo así, se llegaría al extremo de entorpecer la obligación de investigar los hechos criminosos, aun cuando ello es de orden público. Más aún, de considerar que la presentación para recabar entrevista puede ser un acto ilegal, se contravendría lo dispuesto por el artículo 21 de la constitución federal, dado el interés de la sociedad en que el Ministerio Público cumpla su función investigadora a fin de que se persigan y castiguen los delitos. Conforme a lo anterior, respecto a la orden de búsqueda, presentación, comparecencia, citación, investigación, arraigo o aprehensión reclamada al agente del Ministerio Público se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción III, inciso b), ambos de la Ley de Amparo, que respectivamente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: :. III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de: b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De los preceptos legales transcritos se desprende que tratándose de actos emitidos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, el amparo indirecto sólo procede cuando los efectos de esos actos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, si sus consecuencias son susceptibles de afectar inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado, que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales o los tratados internacionales, como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones, la propiedad, etcétera, porque esta afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una resolución definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En cambio, los actos respecto de los cuales no procede el amparo indirecto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, interpretada a contrario sentido, no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado; actos que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable, por lo que cuando se logra este objetivo primordial, tales efectos o consecuencias se extinguen en la realidad de los hechos, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica; de ahí que respecto de ellos el amparo biinstancial es improcedente. Es aplicable al por analogía respecto, la jurisprudencia siguientes: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE. PRESENTA. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO. CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS" En la especie, el acto reclamado no es de imposible reparación, debido a que como se dijo la orden de presentación emitida por el agente del Ministerio Público señalado como autoridad responsable no constituye un acto restrictivo de la libertad personal, sino únicamente constituye un acto de investigación Máxime que la regulación de la orden de presentación, traducida en un acto de investigación de la autoridad ministerial, ni siquiera está prevista en el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales , el cual regula las formas en que un imputado debe comparecer ante un juez de control. Así como que de la lectura de las fracciones I y II del precepto legal antes citado, es posible establecer que la presentación de la persona investigada en la carpeta, incluso ante un juez, donde habrá de formularse imputación en su contra, por sí sola, no es un acto que afecte la libertad personal del gobernado, al tratarse de una simple comunicación del juez a solicitud del Ministerio Público, de requerir la presencia del investigado para el desarrollo de una audiencia en la que se formalizará la investigación seguida en su contra y se formulará la imputación respectiva. Por consiguiente, los actos consistentes en la orden de presentación con fines de investigación y su consecuente ejecución, constituyen actos dentro de un procedimiento que no afectan la libertad personal del quejoso, conforme al artículo 107, fracción III, inciso b), a contrario sensu, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que interesa, la tesis jurisprudencial 1a./J. 78/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada a foja 239, del Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con el epígrafe: "SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO ORAL. CONTRA EL AUTO QUE ORDENA LA CITACIÓN DEL INVESTIGADO A LA AUDIENCIA INICIAL, ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO [INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 93/2013 (10a.)]" Sin que obste a la conclusión anterior el hecho que también reclama orden de aprehensión, sin embargo, tal acto es propio de autoridades jurisdiccionales, no así de las que señala como responsables; de ahí que en nada influya ese señalamiento. En consecuencia, por ser notorias e indudable la improcedencia que se observa, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ésta última interpretada a contrario sentido, SE DESECHA PARCIALMENTE LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE PROVEE. ADMISIÓN Con fundamento en los artículos 103 fracción I, 107 fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal, 1° fracción I, 33, fracción IV, 35, párrafo primero, 107, 108, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite respecto de la autoridades y actos siguientes: AUTORIDAD ORDENADORA: JUEZ DE CONTOL DE CHOLULA, PUEBLA. AUTORIDADES EJECUTORAS: SECRETARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA COMISARIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE TLALTENANGO, PUEBLA ACTO RECLAMADO: ORDEN DE BÚSQUEDA, APREHENSIÓN Y DETENCIÓN APERTURA DE INCIDENTES Con fundamento en el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese por separado el incidente de suspensión por así haberse solicitado y fórmese el expediente único. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA Y CUATRO MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, para la celebración de la audiencia constitucional. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia constitucional en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. Lo anterior en concordancia con el criterio sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.), visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVI de enero de 2013, tomo 2, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS". Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar. REQUERIMIENTO DE INFORMES Con fundamento en los artículos 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, mediante oficio requiérase el informe justificado a la autoridad responsable, quien deberá rendirlo dentro del plazo de quince días siguiente, al en que reciba el oficio correspondiente, al que acompañaran, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyar dicho informe, las cuales deberán ser ordenadas, foliadas, rubricadas, legibles y completas, incluyendo los registros audiovisuales que contengan las audiencias correspondientes, desde luego, siempre y cuando el acto reclamado sea cierto. Apercibidas las autoridades antes mencionadas, que con independencia de presumirle ciertos los actos reclamados, en caso de no cumplir con lo ordenado con antelación, sin causa justificada, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 117, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, también se le impondrá una multa de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; lo anterior, con fundamento en los artículos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, se exhorta a la autoridad responsable para que realice los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación y, a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, remita su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado En el entendido que de no hacerlo de esta manera, también le serán recibidos de forma física en la oficialía de partes de este órgano jurisdiccional, sito: Dirección: calle 23 Poniente # 2509, colonia Los Volcanes, Puebla, Puebla, C.P. 72410, en días hábiles de lunes a viernes en horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En su caso, en el buzón judicial, ubicado en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, en un horario de las ocho horas con treinta minutos a las veintitrés horas con cincuenta y nueve minutos, en días hábiles. De igual forma, se hace del conocimiento de las autoridades responsables foráneas que pueden remitir su informe justificado y constancias que justifiquen la emisión del acto reclamado, por vía electrónica, a fin de dar continuidad e integrar con celeridad en esa forma el presente expediente. La dirección de correo electrónico es la siguiente: Correo electrónico oficial: 5jdo6ctop@correo.cjf.gob.mx Debiendo confirmar su recepción al teléfono Directo: 01(222) 2 37 7660, en un horario de las nueve con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. En la inteligencia que en el supuesto excepcional de que tal informe y constancias relativas -como discos ópticos u otro tipo de anexos-, no puedan remitirse electrónicamente, la recepción física se hará en la Oficialía de Partes para este juzgado federal. Se habilita al actuario judicial para que notifique de manera electrónica los oficios derivados del presente asunto a través de correo electrónico institucional o interconexión a las autoridades responsables con residencia fuera de la ciudad de Puebla, levantando la razón de confirmación correspondiente; y, para el caso de existir imposibilidad para ello, previa certificación, sin mayor acuerdo, proceda a notificarlo por correo certificado. INTERVENCIÓN LEGAL AL REPRESENTANTE SOCIAL DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la citada Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, dése la intervención legal que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita ANGÉLICA PALACIOS ZÁRATE, con acceso al expediente electrónico con el nombre de usuario "ANGELICAPALACIOS", y a través del mismo, notifíquesele electrónicamente este acuerdo, así como aquellas resoluciones que ameriten notificársele personalmente, ello porque así lo solicitó mediante escrito presentado electrónicamente el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, agregado al expediente Varios 1/2023 de este juzgado federal, lo que se invoca como un hecho notorio. En el entendido que el acceso al expediente electrónico es una herramienta que le permite allegarse de la demanda y demás actuaciones. EMPLAZAMIENTO A LA PARTE TERCERA INTERESADA Se reserva el emplazamiento de la parte tercera interesada hasta en tanto obre en autos el informe justificado de la autoridad responsable y de las constancias que acompañe al mismo se advierta la existencia de dicha parte. Con independencia de lo anterior, se requiere al juez responsable para que, en caso de existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra de la parte quejosa, en el improrrogable término de veinticuatro horas, siguientes a la notificación del presente proveído, informe a este Juzgado Federal: 1.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de los Fiscales o agentes del Ministerio Público que solicitaron orden restrictiva de libertad, o formularon imputación o intervienen en el proceso penal instruido en contra de la aquí parte quejosa. 2.- El nombre, dirección, correo electrónico y teléfono de las personas a quienes les revista el carácter de víctimas u ofendidos en el proceso penal instruido en contra del citado quejoso, así como los datos de localización de los profesionistas que funjan como asesores jurídicos. Lo anterior, a fin de que puedan ser emplazados al presente juicio de amparo con el carácter que les corresponde. En el entendido que de no existir causa penal o carpeta judicial administrativa instruida en contra del quejoso, es innecesario atender el plazo previsto en este apartado y, tal inexistencia, deberá manifestarla al rendir su informe justificado. Apercibido que de incumplir con lo ordenado en este apartado, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los artículos 237 y 259 de la Ley de Amparo. CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme el artículo 64, párrafo primero de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que tan pronto como se actualice una causal de sobreseimiento, lo manifiesten a este órgano jurisdiccional; apercibidas que de no hacerlo así, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 251 de la referida ley, se les impondrá una multa de TREINTA VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, que tenga al momento en que se emite el presente proveído, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 123, apartado A, fracción VI, párrafo primero constitucional, en relación con el Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. EXHORTO A LAS PARTES Por otra parte, con fundamento en el artículo 263, fracción II, último párrafo, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se exhorta a las partes, para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea y realicen los trámites correspondientes para obtener la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación. Así mismo, conforme al artículo 55 del ACUERDO GENERAL 12/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REGULA LA INTEGRACIÓN Y TRÁMITE DE EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y EL USO DE VIDEOCONFERENCIAS EN TODOS LOS ASUNTOS COMPETENCIA DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES A CARGO DEL PROPIO CONSEJO, dígasele a las partes que podrán solicitar que se le realicen las notificaciones electrónicas de las resoluciones judiciales, en términos del artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo y, para ello, es indispensable que manifiesten expresamente la solicitud para recibir notificaciones electrónicas a través de una promoción impresa, electrónica o, cuando la ley aplicable lo prevea, vía comparecencia, en el asunto de que se trate, dirigida al órgano jurisdiccional donde se tramita, en la que señalen el "Nombre de Usuario" que crearon al registrarse en el Portal. En caso que se solicite la autorización de notificación electrónica para personas diversas a la parte solicitante, también deberá señalar sus "Nombres de Usuario". Para mayor información pueden seguir los pasos que se informan en la liga siguiente: https://www.cjf.gob.mx/documentos/cartelFirel.pdf En tanto que la tramitación de la firma electrónica "Firel" la pueden hacer en el sitio: https://www.firel.pjf.gob.mx e incluso puede descargar la aplicación para hacer el trámite correspondiente en su teléfono móvil si éste opera con plataformas "Android" o "iOS". PRECISIÓN DE AUTORIDADES RESPONSABLES EJECUTORAS Luego, con fundamento en el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que establece como obligaciones del quejoso, entre otras, la de señalar con precisión las autoridades responsables ejecutoras -tema sobre el que no opera la suplencia de la queja, como se advierte del artículo 79 de la Ley de la Materia-, se apercibe a la parte quejosa que si las autoridades responsables ejecutoras no existen con la denominación que indica en su demanda, sin mayor trámite se tendrán por inexistentes en este juicio, suspendiéndose toda comunicación con las mismas y, en su oportunidad se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o bien, corrija el señalamiento en la denominación de las autoridades responsables, a instancia de la parte quejosa, tomando en consideración que le corresponde a la misma estar al pendiente de la tramitación de su asunto. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS En aras de una impartición de justicia pronta, completa e imparcial, como lo ordena el artículo 17 constitucional; para los casos en los que en el presente juicio de amparo se deban realizar notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento a las partes y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, en términos de los artículos 21, párrafo tercero y 26, fracción I, ambos de la ley de la materia, previa razón que se asiente por el actuario, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarios para efectuarlas, haciendo de su conocimiento que en caso de no poder llevar a cabo cualquiera de las notificaciones encomendadas al día siguiente del auto en que se ordene la misma, éste deberá asentar todas y cada una de las razones que justifiquen la dilación en su diligenciación. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente en conformidad con los preceptos 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 11, fracción VI, 16 y 68, éste último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace del conocimiento de las partes que este órgano al emitir la sentencia respectiva y con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión pública, protegiendo aquella considerada legalmente como confidencial o reservada. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y VÍA ELECTRÓNICA A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO ADSCRITA A ESTE JUZGADO.

  4. Incidental

    Puebla, Puebla, ocho de agosto de dos mil veintitrés. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN En cumplimiento a lo ordenado por auto de esta fecha dictado en el juicio de amparo número 720/2023, promovido por *********** por derecho propio, contra los actos que reclama del JUEZ DE CONTROL DE LA REGIÓN JUDICIAL CENTRO PONIENTE, CON SEDE EN CHOLULA, PUEBLA y otras autoridades; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 125, 128, 138, 140 y 147 de la Ley de Amparo y el artículo 264 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, tramítese el incidente de suspensión, formándose únicamente el expediente original. Únicamente, respecto de los actos reclamados a las autoridades responsables siguientes: Juez de Control de Control de Cholula, Puebla. Secretario de Seguridad Pública del Estado de Puebla. Comisario de Seguridad Pública del Municipio de Tlaltenango, Puebla. Lo anterior, toda vez que en el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, se desechó parcialmente la demanda de garantías respecto de los actos consistentes en la orden de búsqueda, aprehensión y detención reclamados a los agentes del Ministerio Público ahí señalados. AUDIENCIA INCIDENTAL Se fijan para la celebración de la audiencia Incidental las diez horas con quince minutos del catorce de agosto del año en curso. NOTIFICACIÓN EN CASO DE DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA INCIDENTAL Se hace del conocimiento a las partes que para el caso de que se llegue a diferir la celebración de la audiencia incidental en el día y hora señalados para tal efecto, dicho auto con fundamento en la fracción III, del artículo 26 de la Ley de Amparo, se les notificará por medio de lista, incluida a la autoridad responsable y aquellas que tengan el carácter de tercero interesado, ello atendiendo a que se trata de un acuerdo de los considerados de trámite y tomando en consideración que, quien interviene como parte en el presente procedimiento jurisdiccional adquiere la carga procesal de estar al pendiente de su substanciación, para así estar en posibilidad de impugnar oportunamente aquellas actuaciones o resoluciones que, en todo caso, pudieran perjudicarles. .... NOTIFÍQUESE.

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