María Berenice Cortés Contreras

Expediente 1042/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1042/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
30/10/2023

Partes del expediente

  • María Berenice Cortés Contreras

Actuaciones

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio a través del cual la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, remite la documental con la que acredita el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a la parte quejosa con dicho comunicado, para que dentro del plazo de tres días, computado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifieste lo que a su derecho convenga. Se apercibe a la parte quejosa que de no hacerlo, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos que fueron aportados por la autoridad responsable en cita. Notifíquese por lista y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.ORF

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, cuatro de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpusieran recurso de revisión contra la sentencia por la que se concedió la protección de la Justicia Federal en el presente juicio de amparo, sin que lo haya realizado. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Atento lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación que se le practique del presente auto, cumpla con la sentencia ejecutoriada de referencia, la cual se concedió para los siguientes efectos: "a) Verifique que se haya otorgado el término de ley a las partes para que formulen sus respectivos alegatos; b) De conformidad con los artículos 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordene la elaboración del proyecto de laudo, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; c) De no solicitar la práctica de otras diligencias, dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y d) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes". Con el apercibimiento que de no hacerlo se procederá de la forma siguiente: a. Se realizará el pronunciamiento respectivo; b. Se le impondrá una multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización de conformidad con las hipótesis que prevén los artículo 192 y 193 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 238 y 258 del propio ordenamiento, en el entendido que de continuar con la actitud contumaz, se le podrá imponer una diversa por mayor cantidad de acuerdo a las particularidades del caso concreto; y, c. Se remitirán los autos al tribunal colegiado a efecto de que determine lo que corresponda en torno al incidente de inejecución respectivo. Apoya lo anterior la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2007914, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada Angélica Estefanía Aponte Ayala, secretaria que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En Morelia, Michoacán, a las diez horas con treinta minutos del trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria adscrita a este órgano jurisdiccional, que autoriza y da fe, declara abierta la audiencia constitucional correspondiente al juicio de amparo 1042/2023, sin la comparecencia de las partes. Enseguida la secretaria da cuenta al juez con las promociones registradas con los números 15991 y 16094, atento a su contenido se acuerda: Enseguida la secretaria da cuenta al juez con el informe justificado que rinde la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, así como con el pedimento signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, con el cual se ordena proveer lo conducente en la etapa que corresponda dentro de la presente audiencia. Asimismo, da cuenta con la totalidad de constancias que obran en el expediente, de las cuales se advierte que se encuentra debidamente integrado y guarda estado para dictar sentencia. El juez provee: Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Por otro lado, se ordena hacer relación en la presente audiencia con el pedimento formulado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. Con fundamento en los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo, téngase por hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes. Abierto el periodo probatorio la secretaria da cuenta con la documental que adjuntó la parte quejosa a su demanda; el ofrecimiento de la instrumental de actuaciones, así como la presuncional en su doble aspecto, legal y humana; y con las constancias allegadas por la autoridad responsable a su informe justificado. Al respecto el juez acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por admitidas y desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza las probanzas aportadas por la responsable. Dado que no hay más medios de prueba pendientes por admitir ni por desahogar, se declara cerrado el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos la secretaria da cuenta con los formulados por la representante social adscrita a este órgano jurisdiccional. El juez acuerda: Con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por reproducidos los alegatos de referencia y se tiene por precluido el derecho de las partes para formularlos. Una vez cerrado el periodo de alegatos se da por concluida la presente audiencia y quedan los autos a la vista del juez para dictar sentencia. R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el nueve de agosto de dos mil veintitrés, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, del que por razón de turno tocó conocer a este juzgado, ******************** por conducto de su apoderado solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra el acto reclamado y la autoridad responsable siguiente: Autoridad responsable: Junta Especial número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Acto reclamado: La omisión de dictar el laudo respectivo dentro del expediente laboral 5A-2275/2020, dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Segundo. Admisión. Por auto de diez de agosto del año dos mil veintitrés, se admitió a trámite la presente demanda de amparo, registrándose en el libro de gobierno con el número III-1042/2023-O, se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, la intervención legal que le compete; se pidió el informe justificado a la autoridad responsable; se fijó fecha para la audiencia constitucional y ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes: C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este juzgado es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 de la Constitución General de la República; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; pues la parte quejosa reclama actos omisivos de una autoridad que reside en el ámbito territorial donde este juzgado ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I de la Ley de Amparo, este juzgador procede a precisar el acto reclamado, para lo cual es necesario tomar en cuenta la demanda de garantías en su integridad, atento a lo dispuesto en la jurisprudencia número 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." En cumplimiento al precepto y jurisprudencia de referencia, en la especie, el acto reclamado consiste en: La omisión de dictar el laudo respectivo dentro del expediente laboral 5A-2275/2020, dentro del plazo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Tercera. Certeza del acto reclamado. La Presidenta de la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad al momento de rendir su informe justificado, manifestó que es cierto el acto que se reclama. Ahora bien, de las constancias que remitió dicha autoridad se advierte que por auto de dieciocho de diciembre de dos mil veinte, se radicó la demanda de dio origen al juicio laboral 5A-2275/2020 Documental que tiene valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º. Asimismo, de los antecedentes de la demanda de amparo se aprecia que la quejosa señaló bajo protesta de decir verdad que el seis de marzo de dos mil veintitrés, la responsable certificó que dentro del expediente laboral de origen no quedaban pruebas pendientes por desahogar. Cuarta. Procedencia. Como en la especie las partes no hacen valer ninguna causa de improcedencia y dado además, que este Juzgado no advierte la existencia de alguna de ellas que deba ser analizada de manera oficiosa, se procede al estudio de la cuestión planteada en el presente contradictorio. Quinta. Estudio. Se advierte como derecho humano vulnerado el consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo expresado en los conceptos de violación que estimó conducentes la parte quejosa, los cuales se tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias y por no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. Es aplicable al respecto, la jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 830 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Los conceptos de violación formulados resultan fundados como a continuación se expondrá: En el análisis de los conceptos de violación, este Juzgado de Distrito atiende al principio de mayor beneficio implícito en el artículo 77 de la Ley de Amparo, conforme al cual deben abordarse aquéllas cuestiones que trasciendan a la plena restitución en el goce de la garantía individual violada, a fin de garantizar a la parte quejosa, con la mayor amplitud posible, el acceso real, completo y efectivo a la administración de justicia tutelada en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, el artículo 17 Constitucional, el cual establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. La violación a ese derecho se manifiesta a través de un acto negativo u omisión en sentido estricto, que tiene dos vertientes: La primera, que es la que en el caso nos interesa, consiste en que la autoridad no desarrolle el juicio dentro de los términos y plazos previstos legalmente, esto es, que no lo siga diligentemente, sino con dilación o demora. La segunda, implica que la autoridad nada provea o deje de hacer lo conducente para la marcha del juicio a la tramitación del procedimiento respectivo. La Ley Federal del Trabajo, aplicable al caso, prevé lo siguiente: "Artículo 18. En la interpretación de las normas de trabajo se tomarán en consideración sus finalidades señaladas en los artículos 2o. y 3o. En caso de duda, prevalecerá la interpretación más favorable al trabajador". "Artículo 685. El proceso del derecho del trabajo será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y conciliatorio y se iniciará a instancia de parte. Las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso. (...)". "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley. (.)". De la anterior transcripción se advierte que el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma de uno de mayo de dos mil diecinueve, instituye que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. Ahora bien, de los antecedentes del juicio laboral ya narrados se aprecia que la junta responsable, desde el seis de marzo de dos mil veintitrés, la responsable certificó que dentro del expediente laboral de origen no quedaban pruebas pendientes por desahogar y a la fecha no se ha dictado el laudo respectivo, faltando así al derecho humano de administración de justicia pronta al no tramitar el juicio de origen en los plazos y términos previstos en la ley en cita, cuando lo correcto debió ser que emitiera éste dentro de los diez días siguientes, al auto que declare cerrada la instrucción dentro del juicio laboral de origen, conforme a lo dispuesto por el artículo 885 de la Ley Federal del Trabajo. Todo lo anterior, trae como consecuencia la dilación del trámite del juicio de origen. En tal virtud, asiste razón a la parte quejosa al referir que al dilatar la responsable los procedimientos correspondientes a la tramitación del juicio laboral de origen, vulnera en su perjuicio el artículo 17 Constitucional; por tanto, está demostrado que la junta responsable originó retardo en el mismo. Al respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en el sentido de que la omisión o el retardo de la autoridad en la tramitación y resolución del juicio actualiza la violación al derecho a la impartición de justicia pronta, lo cual afecta a todo el procedimiento, pues éste se configura por una serie de actos y etapas concatenadas o unidas entre sí, que se van desarrollando una tras otra en forma lógica y sistematizada para la consecución de un resultado que consiste en la emisión del laudo que dirima la controversia planteada. Asimismo, el máximo tribunal determinó que aun cuando el retraso o la omisión se concreten respecto de actos o etapas previas y específicas, ello trasciende a todo el procedimiento o juicio, porque una vez salido de sus cauces legales, ya no podrá desarrollarse dentro de los plazos y términos originalmente previstos, pues dada la necesaria conexión de los actos procesales, el que éstos se efectúen tardíamente o no se realicen, desfasa el ámbito temporal en que los subsecuentes actos deben desplegarse y, por tanto, los tiempos en que la controversia debe quedar resuelta. En consecuencia, está demostrada la violación de derechos humanos, por tanto, procede conceder a la parte quejosa el amparo y la protección de la Justicia Federal para que la junta responsable una vez que cause ejecutoria la presente resolución realice lo siguiente: a) Verifique que se haya otorgado el término de ley a las partes para que formulen sus respectivos alegatos; b) De conformidad con los artículos 886, 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo; ordene la elaboración del proyecto de laudo, el cual deberá formularse dentro del plazo de diez días; en su momento, entregar copia del proyecto de laudo a los miembros de la junta responsable; c) De no solicitar la práctica de otras diligencias, dentro del plazo de cinco días, citar a los miembros de la junta para la discusión y votación del proyecto de laudo dentro de los diez días siguientes; y d) Una vez aprobado el proyecto, elevarlo a la categoría de laudo y firmarlo de inmediato, mandando notificar a las partes. Sexta. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 3°, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisan los preceptos 22 y 59, párrafo segundo, de la ley referida, atento a los numerales 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: Primero. Por las razones expresadas en la quinta consideración de esta resolución, la Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad; para los efectos indicados en la parte final de dicha consideración. Segundo. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese por lista y mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo resolvió y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido de la licenciada María Victoria Sánchez Méndez, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, diez de agosto de dos mil veintitrés. Vista la cuenta precedente, acúsese recibo del oficio que remite la actuaria del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el original del juicio de amparo ********************, un tomo de pruebas y testimonio de la ejecutoria de trece de julio de dos mil veintitrés, en la revisión civil ********************, de la que se advierte que se confirmó la sentencia recurrida en la que se negó la protección constitucional en el juicio en que se actúa. En consecuencia, resulta innecesario glosar a los autos el cuaderno que se formó con motivo de la remisión del expediente original al Tribunal Colegiado, por lo que se ordena destruir desde ahora el mismo, previa integración al juicio de las constancias originales que obren en éste, toda vez que el principal ya fue devuelto a este juzgado y dicho cuaderno no se considera de antecedentes al contar con los autos originales. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 17, fracción lll, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de conservación dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. Igualmente, con fundamento en el artículo 17, fracción III inciso b), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de conservarse, ya que se concedió la medida cautelar solicitada. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, consérvese el juicio y cuaderno original del incidente y transfiéranse a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establece el Acuerdo General antes mencionado. Finalmente, devuélvase al Magistrado de la Cuarta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, las documentales que anexó dentro del juicio de amparo en que se actúa, las cuales anexó como complemento a su informe justificado, mismas que obran en un tomo de pruebas, lo anterior, por ser innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades respectivas. Así lo acordó y firma el Maestro en Amparo José Ramón Rocha González, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.

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