Maria Benita Castellanos Andrade
Expediente 1858/2019 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1858/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 24/09/2019
Partes del expediente
- Maria Benita Castellanos Andrade
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, en razón de que la parte quejosa no recurrió en queja el auto de once de septiembre de dos mil diecinueve, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Orden de destrucción.Hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a la parte quejosa.
- Principal
Visto lo de cuenta, se advierte que la empresa de paquetería "ESTAFETA", no llevó a cabo la entrega del oficio 23182/2019/2019 y anexo, dirigido al Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Fiscalía General de la República; ya que el mismo fue rehusado por el destinatario, refiriendo que son "Muchas autoridades". Se estima pertinente girar atento exhorto con los insertos necesarios al Juez de Distrito en Materia Administrativa, en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de este órgano jurisdiccional haga entrega del citado oficio a la autoridad responsable Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría de Derechos Humanos; Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, de la Fiscalía General de la República, para que le notifique la interposición del recurso de revisión y remitirlo al Tribunal Colegiado para su debida substanciación.
- Principal
CITATORIO. POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO 1488/2018-II, Y SU ACUMULADO 1524/2018-II MARÍA FERNANDA REYNAGA ZARAGOZA, POR CONDUCTO DE SU ABOGADO PATRONO RICARDO ALONZO ÁLVAREZ FLORES, EL CONTENIDO DEL AUTO DE SEIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Vista la certificación de cuenta y toda vez que el suscrito tiene la obligación de velar por el cabal cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el que hoy resuelve se pronuncia en los términos siguientes: En la especie, de autos se advierte que el fallo protector dictado por este juzgador en que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, fue para los efectos siguientes: "1. Deje insubsistente la resolución reclamada de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, únicamente en la parte materia de análisis y, en su lugar, 2. Dicte otra en la que, con plenitud de jurisdicción, resuelva el incidente de excepción de pago y purgue los vicios apuntados en el presente fallo; además," Además, acorde a lo establecido por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la revisión interpuesta en el presente juicio de amparo, se modificó el tercer punto de los efectos de la referida ejecutoria, para quedar en los términos siguientes: "3. Se estime que la acreedora alimentaria y demandada incidentista MARÍA FERNANDA REYNAGA ZARAGOZA tiene derecho a percibir la pensión alimenticia correspondiente; sin embargo, ese derecho deberá condicionarse a que acredite, ya sea cuatrimestral o semestralmente, según sea el caso, el aprovechamiento de los estudios cursados, y se le aperciba conforme a los lineamientos fijados en esta ejecutoria, en el sentido de que de no acreditarlos, podrá cesar la obligación alimentaria a cargo de su padre." De las constancias remitidas por la Juez Cuarto en Materia Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte que realizó lo siguiente: Mediante acuerdo de doce de agosto de dos mil diecinueve (Ibídem, foja 296), la Juez responsable dejó insubsistente la resolución de cinco de diciembre de dos mil dieciocho, dictada en el juicio civil 852/2008 y, previo cumplimiento al requerimiento que se le realizó el quince de agosto de dos mil diecinueve (Ibídem, fojas 316 a 318), en su lugar, el veinte de agosto de dos mil diecinueve (Ibídem, fojas 325 a 344), emitió una nueva resolución en la que purgó los vicios apuntados en la ejecutoria de amparo relativo al incidente de excepción de pago y, además, al resolver el diverso de cancelación de pensión alimenticia, estimó que la acreedora alimentaria tiene derecho a percibir la pensión alimenticia respectiva y, por tanto, lo condicionó a que acreditara, según sea el caso, el aprovechamiento de los estudios cursados y la apercibió en el sentido que, de no acreditarlo, podrá cesar la referida obligación alimentaria. En vista de lo anterior, se estima que la ejecutoria de amparo ha quedado cumplida, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. Mediante escrito de registro 15498 (Ibídem, fojas 347 a 351), presentado por Luis Alfonso Alcalá Barbosa, abogado patrono del quejoso Fernando Reynaga González, en el juicio de amparo acumulado 1524/2018 (Ibídem, foja 38), realizó manifestaciones que, su decir, conllevan a establecer como no cumplida la ejecutoria de amparo, sin embargo, lo alegado es jurídicamente ineficaz para lograr su cometido, tal como se expondrá a continuación. El quejoso sostiene que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida con base, en síntesis, en lo siguiente: El Juez responsable, al dictar la resolución, omitió tomar en consideración la prueba documental relacionada como prueba número tres del ocurso presentado en julio de dos mil diecisiete que obra en foja 374 del expediente de origen, relativo a los recibos de nómina en que se advierten las cantidades que se descontaban a la parte quejosa en el juicio de amparo 1488/2018, por concepto de educación de la acreedora alimentaria. Los argumentos antes sintetizados son jurídicamente ineficaces, al tener presente que el segundo de los efectos para los cuales se concedió la protección constitucional solicitada (Ibídem, fojas 162 vuelta a 163), consiste, en lo que interesa, en: "[.] A efecto de evidenciar las violaciones formales aducidas por el aquí quejoso y para una mayor claridad, se procederá a su estudio en el mismo orden al que fue propuesto en los conceptos de violación respectivos. Del análisis de la interlocutoria reclamada, en lo que respecta a la excepción de pago (fojas 565 a 573 del cuaderno de pruebas 1/11), se advierte que en el inciso c) del capítulo de pruebas del actor incidentista, se hace relación de la documental siguiente: '[.] c).- Documental pública, que hizo consistir en las actuaciones del presente juicio en donde se aprecia que se presentaron recibos de nómina del cual se advierten las cantidades que se descontaban por concepto de educación de su hija, mismos que se valoraron en la sentencia definitiva, a fojas 113 y 113 vuelta [.]' (sic). Sin embargo, del análisis del considerando VI, relativo a la procedencia o improcedencia del incidente planteado -de excepción de pago- no se advierte que la autoridad responsable haya considerado dicha documental, tal como acertadamente aduce el quejoso, pues, al efecto, en la relación de los comprobantes de pago que se exhibieron en copias simples (Ibídem, foja 570 vuelta) no se hace alusión de la referida prueba documental. [.]." De acuerdo a lo anterior, es evidente que el sustento del segundo de los efectos de la ejecutoria de amparo, en lo que interesa, versa en la omisión de la responsable de pronunciarse respecto a la documental consistente en las actuaciones del juicio de origen respecto a los recibos de nómina de los que se advierten las cantidades que se le descontaban, al quejoso Fernando Reynaga González, por concepto de educación de su hija Fernanda Reynaga Zaragoza, y que se valoraron en la sentencia definitiva. En otras palabras, el vicio formal detectado en el fallo protector, en lo que interesa, requería únicamente que la autoridad se pronunciara respecto a la referida documental a fin de subsanar dicho vicio; empero, nada se determinó, en dicha ejecutoria, en el sentido de cómo debía valorarse esa probanza. A lo anterior cobra especial relevancia, lo establecido en la interlocutoria de veinte de agosto de dos mil diecinueve (Ibídem, fojas 325 a 344), con la que se da cumplimiento a la ejecutoria de amparo y en la que, en lo que interesa (Ibídem, foja 326 vuelta), se advierte que la autoridad responsable subsanó el vicio formal antes destacado pues, al efecto, se pronunció respecto a la documental antes aludida. Luego, si bien es cierto que el quejoso el juicio de amparo acumulado 1524/2018, -mediante el ocurso que se atiende- pretende que dicha valoración tenga un efecto en la relación de pagos inserta en dicha interlocutoria (Ibídem, fojas 331 vuelta y 332), más cierto es, que ello ya no es propio de la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario. Se afirma lo anterior, al tener presente que en la ejecutoria de amparo nada se indicó respecto a la valoración que, de la referida documental, debía realizar la juez responsable, pues ello, en todo caso, quedó comprendido en la plenitud de jurisdicción que se le otorgó en el segundo de los puntos de los efectos del fallo amparatorio. De ahí que lo alegado en el escrito que se atiende resulte ineficaz para establecer un defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada 2a. XXIX/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Materia(s): Común, Página: 847, Registro: 164586, que establece: "INCONFORMIDAD POR DENUNCIA DE REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. SON INOPERANTES LOS ARGUMENTOS ENCAMINADOS A ALEGAR VICIOS DE LEGALIDAD DE LA RESOLUCIÓN EMITIDA EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA, EN DONDE SE RESERVÓ A LA RESPONSABLE LIBERTAD DE JURISDICCIÓN. Conforme al artículo 108 de la Ley de Amparo, la materia de la inconformidad por denuncia de repetición del acto reclamado consiste en examinar la legalidad de la resolución del Juez de Distrito o del Tribunal Colegiado de Circuito que declara infundada dicha repetición, analizando si la autoridad responsable, en un nuevo acto, reiteró los vicios de inconstitucionalidad advertidos en la ejecutoria protectora, con el objeto de garantizar el respeto a las sentencias de amparo revestidas de la firmeza de cosa juzgada. En consecuencia, los planteamientos tendentes a controvertir la resolución emitida en cumplimiento a la sentencia amparadora, en donde se reservó libertad de jurisdicción a la responsable, deben declararse inoperantes, al constituir temas ajenos a la inconformidad y susceptibles de control a través de otros medios legales."
- Principal
Ténganse por recibidos los telegramas que remiten la Directora General Adjunta de Evaluación, de Control Procedimental y de Amparos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Presidente de la República y del Secretario de Hacienda y Crédito Público; Requerimiento.
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