María Belen Murrieta Zumuano

Expediente 222/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. 21 actuaciones registradas, la última del 11 de abril de 2022.

Datos del expediente

Expediente
222/2021
Año
2021
Actuaciones
21
Última actuación
11/04/2022

Partes del expediente

  • María Belen Murrieta Zumuano

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Visto el estado de los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa se inconformara contra la sentencia de veintitrés de marzo del año en curso, en la que se sobreseyó en el presente juicio; en consecuencia, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales. Sin que sea necesario computar el plazo para la interposición del recurso de revisión respecto a las autoridades señaladas como responsables, toda vez que no les produce agravio el sentido de la sentencia, en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En Agua Prieta, Sonora, a las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós, hora y fecha señaladas en autos para llevar a cabo la audiencia constitucional en el juicio de amparo **********, promovido por **********, en audiencia pública Enrique Hernández Miranda, Secretario del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, en funciones de Juez de Distrito, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo, y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, notificado mediante oficio CCJ/ST/309/2021, de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, quien actúa asistido de la secretaria Elena Marlene Martínez Mejía, la declaró abierta con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo, sin la asistencia de las partes o de persona alguna que las represente. Por tanto, se declara abierta la audiencia, la secretaria da lectura a la demanda de amparo y procede a efectuar una relación de las constancias que obran en autos, entre las que destaca: 1. El veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, se recibió el escrito de demanda promovida por ********** . 2. Previa prevención, en auto de uno de octubre de dos mil veintiuno , se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por **********, se solicitó a las autoridades responsables 1). Delegación Estatal Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social; 2). Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad de Agua Prieta, Sonora; 3). Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social, en esta ciudad; 4).Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 5).Dirección General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6). Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 7).Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 8). Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 9).Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 10).Dirección General Adjunta de Atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, las últimas seis con sede en la Ciudad de México, su respectivo informe con justificación; y se dio la intervención competente al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. 3. Luego, en auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno , se recibió el informe justificado rendido por los Directores Contenciosos adscritos a la Dirección General Contenciosa, en representación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; del Director General de Atención a Autoridades; y de los Directores Generales Adjuntos de Atención a Autoridades "A", "B", "C", "D" y "E", de la misma Comisión, con residencia en la Ciudad de México; con el cual oportunamente se ha dado vista a las partes; y, a la fecha, han trascurrido más de ocho días desde que se les notificó dicho acuerdo. En ese mismo auto, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Sonora". 4. Consecuentemente, en auto de cuatro de noviembre de dos mil veintiuno , se recibieron los informes justificados rendidos por el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Sonora, con sede en Ciudad Obregón, la encargada del despacho de la Subdelegación y la Jefa de Oficina para Cobros, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, con los cuales oportunamente se ha dado vista a las partes; y, a la fecha, han trascurrido más de ocho días desde que se les notificó dicho acuerdo. 5. En auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la ampliación de demanda de amparo. Asimismo, en dicho auto se declinó la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno con residencia en Hermosillo, Sonora, por considerar que el acto reclamado tiene ejecución en aquella ciudad. Del asunto le correspondió conocer al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien no aceptó la competencia declinada, por lo que, se remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, con la finalidad de que resolvieran el conflicto competencial suscitado. 6. En consecuencia, en proveído de once de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial administrativo 14/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el que se resolvió que este juzgado federal es legalmente competente para conocer del sumario constitucional que se atiende. Así mismo, certifico que el término para interponer recurso de queja contra el auto de trece de diciembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se tuvo por no presentada la ampliación de la demanda de amparo, transcurrió en exceso, y hasta el día hoy no se recibió promoción alguna a través de la cual se hubiera interpuesto el medio de impugnación en cita. A lo anterior, el secretario en funciones de Juez acuerda: se tiene por hecha la lectura de la demanda y la relación de las constancias que obran en autos, por rendidos los informes justificados de las autoridades responsables, constancias que serán tomadas en consideración en el momento de resolverse el presente juicio de amparo. Por otro lado, con relación a la certificación de cuenta, el suscrito juzgador advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de queja, dentro del término legal contra el auto trece de diciembre pasado, mediante el cual se tuvo por no presentada la ampliación de la demanda de amparo; en consecuencia, se declara que HA CAUSADO ESTADO dicho proveído, con apoyo en los numerales 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Sin más constancias que deban relacionarse, se abre el período probatorio, el secretario da cuenta con las documentales que anexó la parte quejosa a su escrito inicial de demanda ; así como con las constancias que adjuntaron a su informe justificado la encargada del despacho de la Subdelegación y la Jefa de Oficina para Cobros, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en esta ciudad, (un legajo de pruebas). El secretario en funciones de Juez acuerda: con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas las pruebas en comento, mismas que serán tomadas en consideración en el momento de dictarse sentencia, acorde con las reglas que regulan la valoración de los elementos de convicción. No habiendo pruebas pendientes de proveer se cierra este período. Enseguida, se abre el período de alegatos. El secretario da cuenta que las partes no los formularon; por su parte, el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito no presentó pedimento alguno en ese sentido; por lo que se cierra el período de alegatos. Acto continuo, al no haber pruebas ni escritos pendientes de acordar ni pruebas por desahogar, encontrándose debidamente integrado el presente asunto, se procede a dictar la resolución correspondiente. Vistos; para resolver, los autos del juicio de amparo 222/2021, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, promovido por **********, contra actos de la Delegación Estatal Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social y otras autoridades, y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno , en la Oficialía de Partes de este Juzgado Noveno de Distrito en el Estados de Sonora, **********, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos siguientes: "III.- AUTORIDADES QUE SE SEÑALAN COMO RESPONSABLES: 1. La Delegación Estatal Sonora del instituto Mexicano del Seguro Social. 2. La Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con residencia en Agua Prieta, Son. 3. La Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Son. 4. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 5. La dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 6. La Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 7. La Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 8. La Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 9. La Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. 10. La Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. IV.- ACTOS RECLAMADOS. De las autoridades antes mencionadas en los puntos del número 1 al 3 del capítulo que precede, se reclama la emisión en contra de la quejosa de la orden u oficio mediante el cual determina el aseguramiento y/o congelamiento y/o embargo de sus cuentas bancarias. Por otra parte, a las responsables antes aludidas se le reclama también la emisión y notificación a la (sic) autoridades ejecutoras señaladas en los números del 4 al 8 del capítulo que antecede, del oficio mediante el cual le ordenan a las ejecutoras de referencia el aseguramiento, bloqueo o embargo en contra de la parte quejosa respecto a sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesas de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que la quejosa fuere fideicomitente o fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional. De las autoridades mencionadas en los puntos 4, 5, 6, 7 y 8 del capítulo que antecede, se reclama la ejecución del oficio u orden a través de la cual se determinó el aseguramiento, embargo, congelamiento o bloqueo en contra de la hoy impetrante de amparo respecto a sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósitos de valores en administración y fideicomisos en que la quejosa fuere fideicomitente o fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional." Actos que consideró violatorios de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En auto de veinticuatro de septiembre de dos mil veintiuno, se radicó la demanda bajo el número **********; y se le previno para que se precisara el específico acto que le reclamaba a las autoridades responsables 1Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y 2Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. TERCERO. En auto de uno de octubre de dos mil veintiuno, se tuvo por recibido el escrito de la quejosa, en el que manifestó: "[.] se les reclama la ejecución del oficio u orden a través de la cual se determinó el aseguramiento, embargo, congelamiento o bloqueo en contra de la hoy impetrante de amparo respecto a sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesa de dinero, depósitos de valores en administración y fideicomisos en que la quejosa fuere fideicomitente o fideicomisario, en la parte que jurídicamente le corresponda, incluyendo todo saldo que tenga a su favor por cualquier concepto, existentes en todas y cada una de las instituciones de crédito y de las casas de bolsa a nivel nacional." Se admitió a trámite la demanda de amparo en comento; se solicitó a la autoridad responsable su respectivo informe con justificación; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. CUARTO. En auto de veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, se requirió a la quejosa para que manifestara si era su deseo señalar como nueva autoridad responsable al "Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Sonora". En ese sentido, el veinticinco de noviembre siguiente, se tuvo por recibido el escrito signado por la quejosa, en el que pretendió ampliar la demanda de amparo, empero, se le previno para que manifestara bajo protesta de decir la verdad, los hechos y abstenciones que constituían el acto reclamado. En acuerdo de trece de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por no presentada la ampliación de la demanda. QUINTO. En auto de trece de diciembre pasado, se declinó la competencia para conocer del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en turno con residencia en Hermosillo, Sonora, por considerar que el acto reclamado tiene ejecución en aquella ciudad. Del asunto le correspondió conocer al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Hermosillo, Sonora, quien no aceptó la competencia declinada, por lo que, se remitió el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, en turno, con residencia en Hermosillo, Sonora, con la finalidad de que resolvieran el conflicto competencial suscitado. En consecuencia, en proveído de once de febrero del año en curso, se tuvo por recibida la ejecutoria pronunciada en el conflicto competencial administrativo 14/2021, por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Quinto Circuito, en el que se resolvió que este juzgado federal es legalmente competente para conocer del sumario constitucional que se atiende. SEXTO. Finalmente, previos diferimientos, la audiencia constitucional, tuvo verificativo, conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. 1. Este Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Agua Prieta, es competente para resolver el presente juicio de amparo, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 33 fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo en vigor; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en concordancia con los Acuerdos Generales 03/2013 y 3/2021, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; debido a que los actos reclamados tienen ejecución dentro de la jurisdicción que ejerce este juzgado federal. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. 2. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene el acto reclamado, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." 3. En atención a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia constitucional a impugnar lo siguiente: Autoridades responsables ordenadoras: 1Delegación Estatal Sonora del instituto Mexicano del Seguro Social; 2Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con residencia en Agua Prieta, Sonora; 3Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora. Acto reclamado: i. La emisión de la orden u oficio, que determinó el aseguramiento, congelamiento o embargo de sus cuentas bancarias, en específico la determinada con el número **********contrato **********, cliente ********** de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México (BANAMEX). ii. El oficio mediante el cual se ordena a las ejecutoras el aseguramiento, bloqueo o embargo en contra de la parte quejosa respecto a sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesas de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que la quejosa fuere fideicomitente o fideicomisario. Autoridades responsables ejecutoras. 4Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 5Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "A", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 7Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 8Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 9Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 10Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Acto reclamado: La ejecución de la orden u oficio de aseguramiento, congelamiento o embargo de cuentas bancarias a su nombre. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. 4. Ante todo conviene establecer que, por razón de método, en principio debe analizarse si los actos reclamados en verdad existen, habida cuenta que de no resultar ciertos, devendría innecesario proseguir con el estudio tanto de la procedencia del amparo, como del fondo del asunto, puesto que no existiría materia para efectuarlo . 5. Las autoridades responsables 1Delegación Estatal Sonora del instituto Mexicano del Seguro Social; 2Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con residencia en Agua Prieta, Sonora; 3Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 4Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 5Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 7Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; negaron el acto que se les imputa, de suerte que no es a ellas a quien corresponde expresar razonamiento alguno que justifique esa manifestación , ni prueba que demuestre que el acto atribuido es inexistente; por el contrario, recae sobre la parte quejosa la carga de acreditar que es verídico lo reclamado. 6. Porque sucede que el acto reprochado implica un actuar positivo, ya que se traduce en un hacer y, por tanto, ante la negativa de las autoridades responsables, la parte solicitante de la tutela federal debe desvirtuarla, como es dable colegir del enlace de los 63, fracción IV, 117 y 124 de la Ley de Amparo; el primero, al prever como motivo de sobreseimiento la inexistencia del acto reclamado, derivado del hecho de que en la audiencia constitucional no se pruebe su existencia; el segundo, considerándose sus párrafos tercero y quinto al aludir tanto a la obligación del quejoso de justificar la inconstitucionalidad del acto reclamado, como a la posibilidad que éste tiene de desvirtuar el contenido informe justificado y el último precepto, precisamente al prever la mencionada audiencia . 7. Pues bien, del análisis del presente sumario no se advierte que la parte quejosa hubiese allegado prueba alguna tendente a desvirtuar la comentada negativa y, en consecuencia, encaminada a probar la existencia de lo controvertido, no obstante que, según se vio, a ella corresponde acreditar tal cuestión. 8. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado al 1Delegación Estatal Sonora del instituto Mexicano del Seguro Social; 2Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con residencia en Agua Prieta, Sonora; 3Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 4Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "B", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 5Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "C", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 6Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "D", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; 7Dirección General Adjunta de atención a Autoridades "E", de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 9. Acerca de lo expresado cobra exacta aplicación la jurisprudencia 284 del tomo II, volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-Septiembre 2011, que dispone: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". CUARTO. Existencia de los actos reclamados. 10. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado. 11. Resulta aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia 278 sustentada por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." 12. Certeza que se corrobora con la copia certificada del procedimiento administrativo de ejecución, que remitió como apoyo a su informe justificado; documental que tiene valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. 13. Cobra aplicación, la jurisprudencia 226 emitida por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, página 153, cuyo rubro es: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO". 14. Por su parte, la autoridad responsable 4Dirección de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de los Directores Contenciosos de dicha Comisión, al rendir su informe justificado, negaron la existencia del acto reprochado; sin embargo, realizaron manifestaciones que evidencian su certeza, pues al efecto refirieron que la citada autoridad, en términos del artículo 44, fracciones I, II y último párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibió y transmitió el oficio **********, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Sonora, por el monto del crédito fiscal ahí solicitado. 15. Además, para tales efectos giró los oficios **********al **********, a fin de que las instituciones financieras correspondientes materializaran las instrucciones de la autoridad ordenadora. 16. Por lo anterior, se desvirtúa la negativa de la citada autoridad responsable, y se tienen por ciertos los actos que se le reclaman. 17. Resulta aplicable la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, localizable en la página 391, tomo XIV, julio de 1994, octava época, del Semanario Judicial de la Federación, de texto y rubro siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe". 18. De igual forma, resulta cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Dirección de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no obstante que, al rendir su informe justificado negó la existencia de lo reprochado, sin embargo, dicha manifestación se desvirtúa con la documental que anexó la autoridad Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, de la que se desprende que el veintiuno de enero de dos mil trece, libró oficio al Director de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la finalidad de embargar las cuentas a nombre de la justiciable. QUINTO. Análisis de procedencia. 19. Previo al estudio del fondo del asunto, deben examinarse las causales de improcedencia del juicio, sea que las invoquen las partes o se adviertan de oficio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, atento a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Primera causa de improcedencia. 20. En primer término, el suscrito juzgador advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, artículo 61, en relación con el numeral 5, fracción II, párrafo primero -interpretado en sentido contrario- y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables". 21. En primer término, el artículo 5° de la Ley de la materia, establece que la autoridad responsable en el juicio de amparo, es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado. 22. Asimismo, el artículo 108 de la legislación invocada dispone que, entre los requisitos que debe cumplir una demanda de amparo, se encuentra el relativo a señalar a la autoridad responsable que emitió el acto reclamado. 23. La correlación de esos enunciados jurídicos en conexión con los alcances de las formalidades esenciales del procedimiento, nos llevan a la conclusión de que la autoridad responsable constituye uno de los sujetos principales que integran la relación jurídica procesal en un juicio constitucional. 24. De ahí que para la debida integración de la litis del juicio de amparo, la parte quejosa necesariamente debe señalar a la autoridad responsable que emite o ejecuta el acto reclamado, a fin de que se le emplace y, de esa manera, se encuentre en condiciones de defender la constitucionalidad de su actuar. De lo contrario, esto es, si no se satisface ese requisito no podrá examinarse la constitucionalidad del acto reclamado al no conformarse adecuadamente la litis constitucional, lo cual ineludiblemente conducirá al sobreseimiento del juicio de amparo. 25. Ahora bien, en el caso, la quejosa reclamó: a. La emisión de la orden u oficio, que determinó el aseguramiento, congelamiento o embargo de sus cuentas bancarias, en específico la determinada con el número ********** contrato ********** cliente ********** de la institución bancaria denominada Banco Nacional de México (BANAMEX). b. El oficio mediante el cual se ordena a las ejecutoras el aseguramiento, bloqueo o embargo en contra de la parte quejosa respecto a sus cuentas de inversión, contratos, cheques, cajas de seguridad, mesas de dinero, depósito de valores en administración y fideicomisos en que la quejosa fuere fideicomitente o fideicomisario. 26. Actos que atribuyó a las autoridades responsables ordenadoras 1Delegación Estatal Sonora del instituto Mexicano del Seguro Social; 2Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con residencia en Agua Prieta, Sonora; 3Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora. 27. Al rendir su informe justificado, únicamente la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, aceptó la existencia de lo reprochado, empero, el acto que se le reclama será analizado más delante. 28. Por su parte, la autoridad responsable 4Dirección de Atención a Autoridades "A" de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de los Directores Contenciosos de dicha Comisión, al rendir su informe justificado, refirieron que la citada autoridad, en términos del artículo 44, fracciones I, II y último párrafo del Reglamento Interno de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, recibió y transmitió el oficio **********, de treinta de septiembre de dos mil diecinueve, emitido por el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Sonora, por el monto del crédito fiscal ahí solicitado 29. Además, para tales efectos giró los oficios ********** al **********, a fin de que las instituciones financieras correspondientes materializaran las instrucciones de la autoridad ordenadora. 30. Por tanto, se requirió a la quejosa para manifestar si era su deseo ampliar su demanda de amparo respecto a esa autoridad, bajo el apercibimiento que de no hacerlo se continuaría el juicio únicamente con lo que indicó inicialmente en su demanda. 31. Lo que intentó la quejosa en escrito presentado el veinticuatro de noviembre de dos mil veintiuno, empero, en auto de veinticinco siguiente, se le requirió para que manifestara bajo protesta de decir la verdad, los hechos y abstenciones que constituían el acto reclamado, y para tal efecto se le otorgó un término de cinco días; no obstante, no desahogó la citada prevención, por lo que, en auto de trece de diciembre pasado, se tuvo por no presentada la ampliación del líbelo constitucional, quedando firme en esta fecha. 32. En ese sentido, si la quejosa no señaló como responsable al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Delegación Sonora, quién emitió la orden de aseguramiento de la cuenta bancaria mediante el oficio **********, es razonable concluir que no puede examinarse la regularidad constitucional del acto reclamado, al no quedar debidamente integrada la litis constitucional, por lo que al actualizarse la causa de improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 5º, fracción II, párrafo primero interpretado a contrario sensu y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, conduce a la decisión de decretar el sobreseimiento en el juicio constitucional con apoyo en el artículo 63, fracción V, de la ley de la materia. Segunda causa de improcedencia. 33. Ahora bien, con relación al acto reclamado a la Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, el suscrito juzgador considera actualizada la causa de improcedencia establecida en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud de que la quejosa no agotó el principio de definitividad. 34. El artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". 35. En ese sentido, el referido numeral consigna la causa de improcedencia que establece la obligación de los gobernados de agotar en primer término la jurisdicción ordinaria para combatir un acto, con la finalidad de que sea la autoridad que conoció del juicio de origen, la que se pronuncie en primer lugar respecto del caso concreto, siempre y cuando conforme a la ley ordinaria, se suspendan los efectos del acto, sin exigir mayores requisitos que la Ley de Amparo, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido. 36. Este principio es indicativo de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa a través de la protección de los derechos humanos, de modo que, para acudir a él es necesario interponer en la vía ordinaria procedente los recursos o medios ordinarios de defensa que procedan. 37. Así, tenemos que, en contra de los actos reclamados, procede un medio de defensa legal, por medio del cual pueden ser modificado, revocado o nulificado; y, en el caso, la parte quejosa no cumplió previamente con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. 38. En efecto, el recurso o medio de defensa legal que debe tener a su alcance el peticionario de amparo, para impugnar el acto de una autoridad administrativa, es algún recurso ordinario, por virtud del cual se pueda revocar, nulificar o modificar éste, lo que quiere decir que no cualquier medio de defensa en su terminología "lato sensu" (sentido amplio), cuyo concepto comprende medios de defensa ordinarios y extraordinarios, que se deje de interponer, conduce necesariamente a la conclusión de que se pueda actualizar esta causal de improcedencia. 39. Establece, además, como excepciones al principio de definitividad ahí consagrado las siguientes: a) Cuando la Ley que rija el acto reclamado exija mayores requisitos que la Ley de Amparo para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido; b) Cuando el acto reclamado carezca de fundamentación; c) Cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución; d) Cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. 40. De lo antes expuesto se tiene que para actualizar la causa de improcedencia en estudio es necesario que: a) El acto reclamado sea emitido por una autoridad distinta de los tribunales administrativos, judiciales o del trabajo. b) Contra ese acto proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto, revocar, modificar o confirmar el acto reclamado. c) El medio ordinario de defensa prevea la suspensión de la ejecución el acto impugnado y que para su concesión no se prevean mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo. d) No habrá obligación de agotar el medio ordinario de defensa cuando el acto reclamado carezca de fundamentación o se reclamen violaciones directas a la Constitución. 41. Ahora bien, en el caso, ello se actualiza de la siguiente manera: Calidad de Autoridad distinta a los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo. 42. El primero de los requisitos se encuentra satisfecho, ya que la autoridad responsable Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, no forma parte de los tribunales judiciales, administrativos o de trabajo, sino que se trata de una dependencia cuyas funciones son eminentemente administrativas o fiscalizadoras; de ahí que, se colme el primer requisito en comento. Procedencia de un medio ordinario de defensa. 43. En relación con el segundo de los requisitos consistente en que contra el acto reclamado proceda un medio ordinario de defensa previsto en la ley formal y material, que pueda tener por objeto revocar, modificar o confirmar el acto reclamado, éste también se encuentra satisfecho, tal y como enseguida se expone. 44. En el caso, la parte quejosa debió promover el juicio contencioso administrativo federal o el recurso de revocación, antes de intentar el juicio de amparo. 45. Para demostrar dicha afirmación debe destacarse en primer término lo establecido por los artículos 116, 117 y 120 del Código Fiscal de la Federación y 2 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con el numeral 3, fracción II, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa que disponen: Código Fiscal de la Federación: "Artículo 116.- Contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal, se podrá interponer el recurso de revocación. Artículo 117.- El recurso de revocación procederá contra: I. Las resoluciones definitivas dictadas por autoridades fiscales federales que: a). Determinen contribuciones, accesorios o aprovechamientos. b). Nieguen la devolución de cantidades que procedan conforme a la Ley. c). Dicten las autoridades aduaneras. d). Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia fiscal, salvo aquéllas a que se refieren los artículos 33-A, 36 y 74 de este Código. II. Los actos de autoridades fiscales federales que: a). Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se alegue que éstos se han extinguido o que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a la indemnización a que se refiere el artículo 21 de este Código. b) Se dicten en el procedimiento administrativo de ejecución, cuando se alegue que éste no se ha ajustado a la Ley, o determinen el valor de los bienes embargados. c). Afecten el interés jurídico de terceros, en los casos a que se refiere el artículo 128 de este Código. [.] Artículo 120.- La interposición del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de acudir al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Cuando un recurso se interponga ante autoridad fiscal incompetente, ésta lo turnará a la que sea competente." Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo. "ARTÍCULO 2o.- El juicio contencioso administrativo federal, procede contra las resoluciones administrativas definitivas que establece la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. [.]" Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. "Artículo 3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] II. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos, en que se determine la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación; [.]" 46. De los preceptos transcritos se advierte, en lo que aquí resulta de interés, que el recurso de revocación y el juicio contencioso administrativo proceden contra las resoluciones dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales autónomos en las que se determina la existencia de una obligación fiscal, se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidación, lo cual incluye el mandamiento en el que se ordena la inmovilización de cuentas bancarias del contribuyente con la finalidad de hacer efectivo un crédito fiscal. 47. Al respecto la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 361/2014 sostuvo que si bien anteriormente el juicio de amparo indirecto era procedente contra la inmovilización de cuentas bancarias, ello derivó del hecho en que en esa época (noviembre de dos mil diez) el numeral 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo exigía mayores requisitos para conceder la suspensión del acto que los previstos por la abrogada ley reglamentaria de los preceptos 103 y 107 de la Constitución Federal. 48. Adujo que el cumplimiento del principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto es un mandato constitucional de observancia obligatoria que exige aplicar las excepciones contenidas en la ley de manera estricta. 49. Así, señaló que, si la regla de la definitividad exige legítimamente que se agoten los recursos ordinarios antes de acudir a la jurisdicción constitucional, será necesario que dichos medios cumplan con determinados requisitos que tienen que ver con la existencia, idoneidad, efectividad y oportunidad de los recursos. 50. Por lo anterior, sobre el tema que nos ocupa, el máximo tribunal del País precisó que el artículo 116 del Código Fiscal de la Federación establece que, contra los actos administrativos dictados en materia fiscal federal se podrá interponer el recurso de revocación; mientras que el artículo 117, de la misma norma establece la regla general de procedencia del tal recurso. 51. Además, la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó que la inmovilización de cuentas bancarias es un acto susceptible de ser impugnado a través del recurso de revocación en los términos y plazos precisados; no obstante, al tomar en cuenta que el dispositivo 120 del Código Fiscal de la Federación apuntaba que dicho medio ordinario de defensa carecía de obligatoriedad y que su ejercicio era opcional y en tal medida no era exigible para el gobernado, lo cierto era que el inconforme tiene expedita la vía ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 52. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 18/2015 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2008718, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II, página 1377, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS. CONTRA EL ACTO QUE LA DECRETA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. De los artículos 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en su texto reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre de 2010, 116, 117, 120, 121 y 127 del Código Fiscal de la Federación, deriva que el acto que decreta la inmovilización de cuentas bancarias puede impugnarse en forma optativa a través del recurso de revocación, o bien, del juicio contencioso administrativo y que, en ambos casos, puede solicitarse la suspensión de tal acto, sin mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. En esta línea, una vez dictada la sentencia en el procedimiento contencioso administrativo, puede promoverse el juicio de amparo en la vía uniinstancial." 53. Luego, si el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa que dentro de las reglas para su procedencia se encuentra el principio de definitividad que establece que la acción constitucional únicamente es procedente en contra de actos definitivos, es decir, aquéllos respecto de los cuales no existe algún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual pudieran ser modificados o revocados, entonces se deben agotar los recursos que contemple la ley ordinaria y sean idóneos para modificar o anular el acto; además, el hecho de que el acto reclamado en el amparo indirecto sea de imposible reparación no determina por sí mismo una excepción a las exigencias de procedencia del juicio de amparo. 54. En este contexto, en la especie se actualiza la hipótesis de improcedencia invocada, ya que la autoridad responsable ordenadora solicitó la inmovilización de las cuentas bancarias de la quejosa en virtud de la existencia de diversos créditos fiscales, tal y como se constata de las copias certificadas que remitió como apoyo a su informe justificado. 55. Acto que puede ser combatido a través de los medios de defensa ordinarios; esto es, a través del recurso de revocación o del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde puede solicitarse la suspensión de los actos impugnados sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo. Igualdad de requisitos para conceder la suspensión. 56. Respecto al tercer requisito consistente en que el recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no exija mayores requisitos para conceder la suspensión, éste también se encuentra satisfecho. 57. En efecto, no se está en el caso de alguna excepción al principio de definitividad a que se refiere el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, pues la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, no señala mayores requisitos que la diversa normatividad de amparo, para conceder la suspensión de los actos reclamados. 58. Al efecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2011289, consultable en la Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 28, marzo de 2016, Tomo II, página 1194, cuyo texto y rubro son del tenor siguiente: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria." Falta de fundamentación y motivación o violaciones directas a la constitución. 59. Sin que en el caso específico se actualice la excepción al principio de definitividad consistente en que la orden de inmovilización de cuentas bancarias carezca de fundamentación, dado que para considerar tal circunstancia debe existir ausencia absoluta y no indebida o insuficiente de la cita de las normas en que se basa la autoridad para emitir el acto reclamado, dado que la autoridad responsable expuso los fundamentos y los motivos por los cuales ordenaba la inmovilización de las cuentas bancarias. 60. Asimismo, en el caso concreto tampoco se actualiza el supuesto de excepción al principio de definitividad consistente en que en la demanda de amparo se hayan alegado únicamente violaciones directas a la Constitución Federal. 61. En efecto, si bien en la demanda la parte quejosa alegó que el acto reclamado vulnera en su perjuicio el artículo 16 de la Constitución Federal, lo cierto es que sus manifestaciones son insuficientes para demostrar que el acto vulnere directamente derechos fundamentales tutelados por la Constitución porque pretenden demostrar aspectos de legalidad del acto impugnado. 62. Aunado a ello, es preciso destacar que tampoco se advierte que la parte impetrante de derechos humanos reclame la inconstitucionalidad de alguna ley o bien, que se esté en presencia de algún acto de los prohibidos por el artículo 22 Constitucional ni esta autoridad federal advierte algún otro elemento del que se pueda inferir que se surte algún caso de excepción al principio de definitividad. 63. Lo anterior, pues no es óbice que la quejosa señaló desconocer el procedimiento de donde derivó la orden de aseguramiento de las cuentas bancarias, asimismo, bajo protesta de decir la verdad, refirió que no ha sido notificada legalmente de algún oficio emitido por la responsable en donde se hayan determinado créditos fiscales. 64. No obstante, de las constancias que remitió la autoridad responsable Oficina para Cobros del Instituto Mexicano del Seguro Social Agua Prieta, con sede en Agua Prieta, Sonora, como apoyo a su informe justificado, se desprende que, contrario a lo referido por la justiciable en su demanda de amparo, sí fue notificada de los créditos fiscales que le fueron fincados, inclusive obran plasmadas firmas bajo su nombre. 65. En ese sentido, como se sostuvo en los párrafos que anteceden, a la quejosa no le asiste el carácter de tercero extraño, pues como se vio, sí le fueron notificadas las cédulas de liquidación por omisión en el pago de sus contribuciones como ente patronal, por lo que ya tenía conocimiento que se habían determinado en su contra créditos fiscales que de no cubrirlos, se harían efectivos mediante el procedimiento administrativo de ejecución; lo cual así aconteció. 66. En las relatadas condiciones, al encontrarse demostrada la causal de improcedencia contemplada en la fracción XX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio en términos del artículo 63, fracción V del propio ordenamiento legal por lo que hace a los actos aquí estudiados. 67. Por ello, no es posible examinar la constitucionalidad del acto combatido, al surtirse la causal de improcedencia mencionada, en atención a la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aplicable por identidad jurídica, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." 68. Sobreseimiento que se hace extensivo a las autoridades responsables ejecutoras, al no haber reclamado los actos por vicios propios. 69. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********, contra las autoridades y por los motivos señalados en los considerandos tercero y quinto, de esta resolución.

  3. Principal

    Se recibe testimonio de ejecutoria dictada en el conflicto competencial **/*** suscitado por el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Sonora y el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Sonora. Se señala fecha para audiencia constitucional a las nueve horas del veintitrés de marzo de dos mil veintidós

  4. Principal

    Con esta fecha se tiene por notificada a la parte quejosa el auto de once de febrero de dos mil veintidós.

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