Maria Belen Chan
Expediente 1999/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1999/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Belen Chan
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
En Mérida, Yucatán, siendo las diez horas con diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, (...) V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo 1999/2023 del índice del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, promovido por ********************, contra actos de la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad. R E S U L T A N D O PRIMERO. Demanda de amparo El dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, recibió la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos de la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, todo lo actuado en él y sus consecuencias. (...) SÉPTIMO. Causas de improcedencia En términos del artículo 62 de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca de un juicio de amparo estudiará de oficio las causas de improcedencia, por ser de orden público, cualquiera que sea la instancia del juicio constitucional, lo aleguen o no las partes. En cumplimiento a lo estatuido en la ley, este Órgano de Control Constitucional no advierte la actualización de alguna causa de improcedencia que impida continuar con el análisis del acto reclamado. OCTAVO. Estudio de constitucionalidad del acto reclamado En el estudio del presente asunto, aunque en un orden diverso al escrito que los contiene, serán examinados los argumentos contenidos en la demanda de amparo, razón por la que es innecesaria su transcripción. Además, debido a que la materia del juicio que se resuelve reside en decidir sobre la legalidad o ilegalidad del emplazamiento al juicio de origen, el cual constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, de tal forma que su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, por lo que procede la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. La parte quejosa alega que no tuvo conocimiento del juicio de origen, por lo que no se respetó su derecho de audiencia, reconocido en el artículo 14 de la Constitución. Suplido en su deficiencia, es fundado el concepto de violación, ya que el emplazamiento no cumplió con las formalidades descritas en el Código de Comercio. En efecto, el emplazamiento es un acto procesal de trascendental importancia porque permite el cumplimiento del derecho de audiencia reconocido en el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual consiste en otorgar la oportunidad de defensa previamente a ser sometido a un procedimiento, que tenga como objeto privar de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento", para la determinación de sus derechos y obligaciones en controversias de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter, esto es, el respeto al derecho al debido proceso. Sobre el tema el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 47/95 de rubro: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO.", sostuvo que las formalidades esenciales del procedimiento son: (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; y, (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas y cuya impugnación ha sido considerada por la Primera Sala como parte de esta formalidad. Siguiendo esas directrices, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó la jurisprudencia 1a./J. 11/2014 (10a.), que dice: "DERECHO AL DEBIDO PROCESO. SU CONTENIDO." Ahora, el juicio natural se rigió conforme al Código de Comercio (última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación 28 de marzo de 2018, y última actualización por acuerdo expedido por la Secretaría de Economía publicada en el Diario Oficial de la Federación de 26 de diciembre de 2017), cuyos artículos 1061, 1392, 1393, y 1396 establecen las formalidades siguientes: Debido cercioramiento de que el domicilio a donde se constituye el fedatario corresponde a la persona buscada, indicando los medios de que se valga para ello, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten y describir los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como del demandado. Si a la primera búsqueda se encuentra presente el interesado, su representante, mandatario o procurador, se procederá a practicar la diligencia de manera personal, y de no ser así, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. De no esperar al fedatario, el emplazamiento se entenderá con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. Asimismo, el notificador deberá entregar cédula de notificación, la que tiene que contener: I. Fecha y hora en que se entrega, II. Clase de procedimiento, III. Nombre y apellidos de las partes, IV. Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia, V. Transcripción de la determinación que se manda notificar, VI. Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. Además de la cédula, debe entregarse copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda, entre ellos el RFC, la Clave Única de Registro de Población (CURP) tratándose de personas físicas, y de la identificación oficial del actor. Asentar las manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. El actuario debe identificarse ante la persona con quien entienda la diligencia y requerir a ésta a su vez para que se identifique, asentando el resultado. Debe levantarse acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de la persona con quien se hubiera entendido la notificación. Ahora, de las formalidades descritas, debe resaltarse la que obliga al actuario a entregar copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda. Sobre esa formalidad legal, en la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.) de la Primera Suprema Corte de Justicia de la Nación, deducida de la contradicción de tesis contradicción de tesis 107/2020, entre las sustentadas por el Pleno del Decimonoveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región; la Sala del Alto Tribunal determinó que para que el emplazamiento sea válido, el notificador debe describir las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Las consideraciones anteriores quedaron plasmadas en la jurisprudencia siguiente: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. (...) Concatenado a lo anterior, el treinta de marzo de dos mil veintidós, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, resolvió la contracción de tesis 263/2021, en la que consideró que en el emplazamiento de un juicio ejecutivo mercantil, el actuario o notificador deberá correr traslado (entregar copia) del Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y de la Clave Única de Registro de Población (CURP) de la parte actora, salvo que esta última no esté obligada a estar inscrita en dichos registros. Ello, dijo la Sala del Alto Tribunal, el artículo 1061, fracción V, del Código de Comercio, que establece los documentos que deberán acompañarse a la demanda (RFC y de la CURP), tiene por objeto dar certeza de los mismos, y dotar de agilidad y certeza jurídica a los procedimientos mercantiles, tal precepto debe interpretarse conjuntamente con el artículo 1394, que prevé lo relativo al emplazamiento y el deber de entregar copia de la demanda y tales documentos para procurar que la persona demandada ejerza plenamente su garantía de audiencia. Lo anterior, dio origen a la jurisprudencia 1a./J. 105/2022 (11a.) de rubro: "EMPLAZAMIENTO. EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL EL ACTUARIO O NOTIFICADOR DEBE CORRER TRASLADO AL DEMANDADO CON LA COPIA DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y DE LA CLAVE ÚNICA DE REGISTRO DE POBLACIÓN, COMO PARTE DEL CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EN MATERIA DEL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA." Es dable destacar que la aplicación de las jurisprudencias 1a./J. 39/2020 (10a.) y 1a./J. 105/2022 (11a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene efectos retroactivos, a pesar de que hayan emitido con posterioridad al inicio del juicio ejecutivo mercantil natural. Es así, porque conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior. Así, ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Entonces, la aplicación en el juicio de la jurisprudencias 1a./J. 39/2020 (10a.) y 1a./J. 105/2022 (11a.) emitidas por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no hubo un criterio obligatorio previo que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares. Ahora, en el particular, el notificador llevó acabo el emplazamiento el tres y cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. En la primera diligencia, la actuaria dejó citatorio para que la aquí quejosa lo esperara en el lugar en el que se constituyó al día siguiente. En la segunda, en lo que interesa, ante la desatención del citatorito por parte ********************, el notificador entendió la diligencia con su codemandado ********************, quien dijo ser esposa de la demandada, e hizo constar que entregó cedulas de notificación a las cuales anexó "dos juegos de copias simples de la demanda, del documento de la acción ejercitada (pagaré), así como los demás documentos exhibidos; debidamente cotejadas y selladas" Conforme a lo anterior, el emplazamiento que se revisa no cumplió con su finalidad de garantizar a la quejosa el pleno ejercicio a la defensa, pues la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a esta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento consiste en que el demandado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Así, en la diligencia de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, el notificador sólo hizo mención del pagaré en el que se sustentó la acción, sin describirlo. Asimismo, no indicó cuáles eran los otros documentos anexos, consistentes en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC), la Clave Única de Registro de Población (CURP), copia de cédula profesional y registro de litigantes. En ese panorama, si el actuario no describió los anexos con los que corrió traslado a la parte demandada, el emplazamiento no cumplió con los requisitos que son exigibles en términos del artículo 1069 Bis del Código de Comercio, interpretando conforme al artículo 14 Constitucional. Por ende, ante la deficiencia advertida, se considera que tal y como lo aduce la parte quejosa, el actuar de las responsables infringe el artículo 14 de la Constitución, en el sentido que transgredió en su perjuicio el derecho de audiencia y por sí, el de obtener una defensa adecuada, dentro de los autos del procedimiento judicial de origen; por lo tanto, debe concederse la protección constitucional solicitada. La protección constitucional debe hacerse extensiva a las consecuencias del emplazamiento, consistentes en todo lo actuado en el juicio, y los actos en ejecución de sentencia, al ser consecuencia de un acto declarado inconstitucional. NOVENO. Efectos de la protección constitucional En términos del artículo 77 de la Ley de Amparo, en la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo. En ese contexto, si bien es cierto que la protección de la Justicia Federal solicitada por la falta de llamamiento a juicio de uno de los litisconsortes, no tiene el alcance de dejar insubsistentes los llamamientos a juicio de aquellos que no acudieron al amparo. Así, en la especie, el tercero interesado demandó a diversas personas; sin embargo, no se advierte la existencia figura del litisconsorcio pasivo necesario, por lo que el efecto de la concesión sólo puede beneficiar a los demás codemandados al dejarse insubsistente la sentencia, ya que es ilegal existencia de dos sentencias firmes y ejecutables. En otras palabras, como consecuencia de la concesión de amparo, quedará insubsistente la sentencia emitida por la Jueza responsable respecto del codemandado; sin embargo, quedarán firmes las determinaciones adoptadas respecto del codemandado que no acudió al juicio de amparo, como las de tenerle en rebeldía, por perdido su derecho para ofrecer pruebas y formular alegatos, pronunciamiento que deberá realizarse al llevar a cabo cada una de las etapas procesales en las que corresponda su desahogo. Lo anterior en términos de la jurisprudencia 1ª.J.72/2011, de la Primera Sala del Máximo Tribunal, de rubro: "LITISCONSORCIO PASIVO. LA CONCESIÓN DE AMPARO A UNO DE LOS LITISCONSORTES PARA EL EFECTO DE SER EMPLAZADO AL JUICIO, NO TIENE EL ALCANCE DE DEJAR INSUBSISTENTES LOS EMPLAZAMIENTOS DE LOS DEMÁS LITISCONSORTES Y ORDENAR SU NUEVO LLAMAMIENTO A JUICIO." visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, libro I, octubre de 2011, registro 160821. En ese tenor, la concesión de amparo será para los efectos siguientes: A. Únicamente respecto de ********************, se deberá dejar insubsistente el emplazamiento y todo lo actuado dentro del juicio ejecutivo mercantil ********************, incluido el embargo de la parte alícuota del predio ********************, de la calle ******************** de la colonia ********************, Mérida, inscrito en el folio electrónico ********************. B. Con excepción del auto de radicación, reponga el procedimiento para, en su caso, ordenar nuevamente el emplazamiento de ********************. Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 74, 75 y 77 y de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a ********************, contra actos de la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, con residencia en Mérida, y otra autoridad, consistente en el emplazamiento al juicio ejecutivo mercantil, todo lo actuado en él y sus consecuencias, por las razones expuestas en el penúltimo considerando y para los efectos precisados en el último punto de esta resolución. NOTIFÍQUESE
- Principal
Mérida, Yucatán, seis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a estos autos el informe justificado rendido por la Jueza Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con dicho informe y hágase relación del mismo al celebrarse la audiencia constitucional. Atendiendo a que la autoridad oficiante, anexó a su informe copia certificada del juicio ejecutivo mercantil 1300/2018 de su índice, constante de ciento cuarenta y siete fojas, fórmese UN LEGAJO con dichas constancias, sin que las mismas se digitalicen y formen parte del expediente electrónico en atención a su voluminosidad para formar el expediente electrónico, quedando a disposición de las partes para su consulta en la secretaría de este órgano jurisdiccional, con fundamento en los artículos 22, último párrafo y 23, del punto Cuarto, relativo al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Se notifica por lista de estrados a la parte quejosa ******, la determinación de 30 de octubre de 2023, con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, mismo que refiere: Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que hasta la presente fecha no obra en autos el informe justificado requerido al Juez Segundo Mercantil del Primer Departamento Judicial del Estado de Yucatán, y que se encuentra transcurriendo el término concedido para rendir el mismo, toda vez que fue notificado el cinco de octubre de dos mil veintitrés. En relación con lo anterior, también se advierte que mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad se declararon inhábiles los días diecinueve a veintinueve de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, virtud a que la fecha de audiencia constitucional se encontraba señalada para las once horas con quince minutos del veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo llevarse a cabo. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las diez horas con diez minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este asunto. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable no ha acreditado la devolución de las cantidades que se erogaron con motivo de la boleta de infracción con folio 730343. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo vigente; requiérase a la Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, por última vez, para que dentro del término de tres días siguientes al en que se le notifique este acuerdo, cumpla con la ejecutoria de amparo. Apercibida que de no cumplir, se le impondrá una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia de que los autos se remitan al Tribunal Colegiado de Circuito, para el trámite de inejecución, en términos de lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 192 de la Ley de la materia. NOTIFÍQUESE.
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