MARIA BELEM GüEMEZ BUSTAMANTE
Expediente 303/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 303/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Tribunal Estatal de Conciliacion Y Arbitraje del Estado de Morelos
- MARIA BELEM GüEMEZ BUSTAMANTE
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial, de la que se advierte que el término de quince días a que alude el artículo 202 de la Ley de Amparo, ha transcurrido sin que la parte interesada hubiese manifestado inconformidad con la resolución que declaró cumplida la ejecución de la sentencia de amparo; en esas condiciones se declara firme el auto de veintiocho de julio de dos mil veintidós. En mérito de lo anterior, agréguese el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de depuración, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Sergio Arturo Godínez Vega, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, se advierte que precluyó la vista concedida a la parte quejosa mediante auto de ocho de julio de dos mil veintidós, para que manifestara lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento dado al fallo protector por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos; lo anterior, toda vez que del expediente se aprecia que la parte quejosa está debidamente notificada de dicho proveído, sin que realizara manifestación alguna al respecto. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, este Juzgado Federal procede a resolver si la sentencia está cumplida o no, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla: Al respecto, cabe destacar lo siguiente: Por sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a *************, contra el acto reclamado al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para el efecto de que la autoridad responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen." En consecuencia, el veinticuatro de junio de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia de amparo dictada por este Juzgado Federal; por lo que, en dicho proveído se requirió a la Junta responsable el cumplimiento al referido fallo protector. En cumplimiento a ello, la autoridad responsable exhibió copia certificada del laudo dictado el cinco de julio de dos mil veintidós, en el juicio laboral *******. Documentales a las que se les concede pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto en su artículo 2°. Consecuentemente, al advertirse de lo anterior, que la responsable emitió el laudo en el juicio laboral de origen, de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se estima que la sentencia de amparo ha quedado cumplida. Finalmente, hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos precisados en el artículo 202 de la Ley de Amparo. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes haya recurrido la sentencia de veinticinco de mayo de dos mil veintidós; atento a lo narrado, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución, en la que determinó en el único punto resolutivo conceder el amparo y protección de la justicia federal, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales; háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente auto, informe a este Juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias para acreditar lo anterior. En el entendido de que la sentencia se concedió para los efectos siguientes: ****En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Además, se instruye al actuario de la adscripción, para que dé cumplimiento a la notificación encomendada por medio de la presente determinación y proceda a subirla y vincularla al expediente electrónico, así como de cualquier otra diligencia de notificación pendiente de desahogo, o de vinculación, por tanto, en el supuesto de que no se hayan practicado, inmediatamente den cumplimento a lo encomendado, ello, a fin de que el expediente electrónico se encuentre debidamente integrado. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza y da fe.
- Principal
Vistos los autos del juicio de amparo 303/2022-III-B, promovido por ********************; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por demanda presentada el quince de marzo de dos mil veintidós en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, turnada y recibida ese mismo día en este órgano jurisdiccional, ********************, por conducto de su apoderado legal ******************** solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. SEGUNDO. Trámite. Por auto de dieciséis de marzo de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional; se solicitó el informe justificado, se ordenó dar vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, así como emplazar a la parte tercera interesada. Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia constitucional, al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste en: La omisión del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de emitir el laudo dentro del juicio laboral ******************** Apoya lo anterior, la jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado, pues así lo manifestó la autoridad responsable al rendir su informe justificado. Lo que se acredita además con la copia certificada de las constancias que remitió como complemento al informe justificado las cuales ameritan valor probatorio pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Estudio de las causales de improcedencia. La autoridad responsable aduce que no existe un agravio personal, material ni directo en la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Dicho argumento debe desestimarse, pues está estrechamente relacionado con el fondo del asunto. Lo sustentado en este considerando se apoya en la jurisprudencia P./J. 135/2001, con número de registro 187973, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." Con independencia de lo anterior, esta juzgadora no advierte que opere alguna causa de improcedencia. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. En suplencia de la queja, resultan esencialmente fundados los argumentos contenidos en los conceptos de violación, los cuales son suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Conforme a la interpretación sistemática de los artículos 1 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, integra los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Lo anterior ha sido determinado así, en la jurisprudencia 2a./J.192/2007, número de registro 171257, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." De esos principios destaca el relativo a justicia pronta el cual se traduce en la obligación de la autoridad encargada de su impartición, de administrarla dentro de los términos y plazos establecidos legalmente. Ahora bien, para sustentar lo fundado de los conceptos de violación es oportuno reproducir los artículos 115, 116, 117 y 119 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, los cuales norman el procedimiento laboral en el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos: "Articulo 115. El procedimiento ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje se iniciará con la demanda, que podrá ser escrita o verbal, la contestación se hará en igual forma y en una sola audiencia, previa conciliación, se dará contestación a la demanda, se desahogarán las pruebas, formularán alegatos y se dictará el laudo, salvo el caso en que sean necesarias diligencias posteriores. Artículo 116. A la demanda y a la contestación se acompañarán las pruebas en que se funden y los documentos que acrediten la personalidad. Artículo 117. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, dentro de las veinticuatro horas siguientes contadas a partir del momento en que reciba la demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia a que hace referencia el artículo 115, la cual deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes a los que se haya recibido la demanda. En el mismo acuerdo ordenará se notifique personalmente a las partes con diez días de anticipación a la audiencia cuando menos, entregando al demandado copia cotejada de la demanda. En la notificación se apercibirá al demandado que si no concurriere a la audiencia, se le tendrá por inconforme con todo arreglo conciliatorio, por contestada la demanda en sentido afirmativo y por perdido el derecho para ofrecer pruebas. Artículo 119. El Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje apreciará en conciencia las pruebas que le presenten las partes, sin sujetarse a reglas fijas para su actuación y resolverá los asuntos a verdad sabida y buena fe guardada, debiendo expresar en su laudo la consideración en que funda su decisión. El Tribunal está facultado y obligado a adoptar todas las medidas necesarias para el efecto de resolver los juicios en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda.". Como se observa, el procedimiento laboral ante el citado Tribunal Estatal es claro y breve, ya que el juicio se inicia con la demanda, la contestación se hace en igual forma, y en una sola audiencia, previa conciliación, se da contestación a la demanda, se desahogan las pruebas, se formulan alegatos y se dicta el laudo correspondiente; procedimiento y resolución que deberá efectuarse en un término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda. En el caso, el término referido para la tramitación y conclusión del juicio laboral del cual emana la omisión reclamada ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya emitido el laudo respectivo. Lo anterior, pues de lo relatado por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda, así como de las constancias que adjuntó al informe justificado la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: El juicio burocrático se instauró en el año dos mil quince. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintiuno, se hizo constar que no quedaban pruebas pendientes por desahogar, por lo que se ordenó dar vista a las partes. Con fecha veintinueve de marzo de dos mil veintidós, se certificó que el término de tres días otorgado por auto de tres de junio de dos mil veintiuno, previsto en el artículo 885 de la Ley Federal de Trabajo, había transcurrido, por lo que se declaró cerrada la instrucción y se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución en forma de Laudo. Las constancias descritas ameritan pleno valor probatorio en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Así, se concluye que el juicio de origen data del año dos mil quince y aún no se ha resuelto (dos mil veintidós), lo cual transgrede el numeral 17 constitucional que establece como características de la impartición de justicia, la gratiudad, prontitud y expeditez; violación directa que es considerada de ejecución irreparable y trasciende a los derechos de la parte quejosa. Ahora bien, no pasa inadvertido que el artículo 11 de la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, autoriza aplicar de forma supletoria al juicio burocrático, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y Ley Federal del Trabajo, sin embargo, dicha supletoriedad es aplicable en el caso. En cuanto a la institución jurídica de la supletoriedad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que es aplicable sobre una ley respecto de otra para integrar una omisión en la ley suplida o para interpretar sus disposiciones, en forma que se integren con normas o principios generales contenidos en otras leyes. Para que opere la supletoriedad es necesario que: El ordenamiento legal a suplir establezca expresamente esa posibilidad, indicando la ley o normas que pueden aplicarse supletoriamente, o que un ordenamiento establezca que aplica, total o parcialmente, de manera supletoria a otros ordenamientos; La ley a suplir no contemple la institución o las cuestiones jurídicas que pretenden aplicarse supletoriamente o, aun estableciéndolas, no las desarrolle o las regule de manera deficiente; Esa omisión o vacío legislativo haga necesaria la aplicación supletoria de normas para solucionar la controversia o el problema jurídico planteado, sin que sea válido atender a cuestiones jurídicas que el legislador no tuvo intención de establecer en la ley a suplir, y Las normas aplicables no contraríen el ordenamiento legal a suplir, sino que sean congruentes con sus principios y con las bases que rigen específicamente la institución de que se trate Precisado lo anterior, respecto de la Ley Federal del Trabajo destaca el artículo 885, el cual dispone: "Artículo 885. Al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, se dará vista a las partes por el término de tres días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieren y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales y se procederá conforme a lo que dispone el párrafo siguiente. En caso de que las partes, al desahogar la vista señalada, acrediten que alguna o algunas pruebas ofrecidas no se desahogaron, la Junta, con citación de las mismas, señalará dentro de los ocho días siguientes día y hora para su desahogo. Desahogadas las pruebas pendientes, las partes formularán alegatos dentro de las veinticuatro horas siguientes. Hecho lo anterior, el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los diez días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo, que deberá contener los elementos que se señalan en el artículo 840 de esta Ley." Conforme a la citada porción legal, desahogadas las pruebas y formulados los alegatos, o bien, una vez fenecido el plazo otorgado a las partes para ello sin que lo hubieran hecho, el secretario certificará que en el expediente no hay pruebas pendientes por desahogar y se dará a las partes un término de tres días para que se impongan de la certificación, apercibidas que de no hacerlo y hubiere pruebas pendientes de desahogo, se les tendrá por desistidas de las mismas; pero si se acredita que hay pruebas pendientes por desahogar, esto se llevará a cabo en un plazo de ocho días, a su conclusión, se otorgarán veinticuatro horas a las partes para alegar y entonces, procederá el cierre de instrucción y el turno de los autos para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, el cual deberá formularse dentro de los diez días siguientes. De lo anterior se obtiene que la Ley Federal del Trabajo prevé actuaciones diversas a las establecidas en la Ley del Servicio Civil para el trámite y resolución de los juicios laborales, destacando en el caso, que no se actualiza la supletoriedad por el punto III anterior, en tanto se advierte que el legislador local no tuvo la intención de establecer un cierre de instrucción previo al turno para el dictado del laudo respectivo, ni que éste se discutiera previamente; por el contrario, precisó que se deberá dictar en la única audiencia que -por regla general- deben tener los asuntos tramitados ante el Tribunal burocrático. Por su parte, la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, tratándose de los procedimientos ordinarios, no secciona la fase de dictado de laudo ni fija plazo para que el Tribunal lo dicte. Sin embargo, en el procedimiento especial para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores, la citada legislación federal sí fija términos para que el Tribunal dicte el laudo. En efecto, el artículo 127 Bis de la propia Ley, que regula el referido procedimiento especial, establece en su fracción III, dos términos para la emisión del laudo, uno por regla general y otro por excepción, como se aprecia enseguida: "Artículo 127 BIS. El procedimiento para resolver las controversias relativas a la terminación de los efectos del nombramiento de los trabajadores ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, se desarrollará en la siguiente forma: [.] III. Fijados los términos de la controversia y reunidas las pruebas que se hubiesen presentado con la demanda y la contestación, el Tribunal citará a una audiencia que se celebrará dentro de los quince días siguientes de recibida la contestación, en la que se desahogarán pruebas, se escucharán los alegatos de las partes y se dictarán los puntos resolutivos del laudo, que se engrosará dentro de los cinco días siguientes a la fecha de la celebración de la audiencia, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias para mejor proveer, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo y una vez desahogadas se dictará el laudo dentro de quince días." Como se ve, por regla general, desahogada la audiencia de pruebas y alegatos, el Tribunal dictará los puntos resolutivos del laudo y será engrosado dentro de los cinco días siguientes a la celebración de la audiencia. Por excepción, si desahogada la audiencia resulta necesaria la práctica de diligencias para mejor proveer, el Tribunal ordenará que se lleven a cabo y desahogadas que sean, el laudo será dictado dentro de quince días. En ese sentido, si bien dicho ordenamiento prevé un plazo para el dictado del laudo, ello es para un procedimiento especial, ajeno al que en ordinario se tramita conforme a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por lo cual tampoco se satisface el requisito III para que opere la supletoriedad, pues considerar lo contrario implicaría integrar la legislación en cita en aspectos que no se tuvo intención de establecer. Lo expuesto tiene apoyo, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 52/2005, de registro 178282 y rubro: "TRABAJADORES BUROCRÁTICOS LOCALES. LOS ARTÍCULOS 885 A 889 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SON APLICABLES SUPLETORIAMENTE CUANDO LA LEY LOCAL QUE REGULA EL PROCEDIMIENTO ESTABLECE QUE SE CONSTREÑIRÁ A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, CONTESTACIÓN Y CELEBRACIÓN DE UNA SOLA AUDIENCIA DE PRUEBAS, ALEGATOS Y RESOLUCIÓN (LEGISLACIONES DE CHIHUAHUA Y TAMAULIPAS)". En adición a lo anterior, no se actualiza el cuarto requisito para que opere la supletoriedad de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, toda vez que la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos en su artículo 119 contempla de manera clara el término máximo de seis meses a partir de la presentación de la demanda, para que el Tribunal resuelva el juicio; por lo tanto, no es posible aplicar los presupuestos procesales que regula el artículo 127 BIS de la ley burocrática federal, al procedimiento laboral burocrático que rige en el Estado de Morelos. Entonces, si la demanda laboral fue presentada en el año dos mil quince y desde el tres de junio de dos mil veintiuno, la autoridad responsable consideró no quedaban pruebas pendientes por desahogar, estaba en condiciones de emitir resolución en forma de laudo. Lo anterior se robustece con el acuerdo de cierre de instrucción dictado el veintinueve de marzo de dos mil veintidós en el cual la responsable ordenó turnar lo autos a proyecto de resolución en forma de laudo, sin que lo haya emitido. Por tanto, para resarcir la violación, la autoridad debe cumplir lo que la norma exige, esto es, dictar el laudo respectivo. En las relatadas circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. SEXTO. Efectos de la sentencia protectora. Ante la violación al derecho de la parte quejosa a recibir justicia pronta, con fundamento en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez que esta sentencia cause ejecutoria, el Tribunal responsable: Con libertad de jurisdicción, dicte de inmediato el laudo en el juicio laboral de origen. El efecto y el alcance de la sentencia de amparo, se fundan principalmente en la tesis aislada 2a.CV/2013 (10a.), con registro digital 2005150, de rubro siguiente: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. LOS ALCANCES POR LOS QUE SE OTORGUE LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL DEBEN DELIMITARSE EN FUNCIÓN DEL ACTO RECLAMADO Y EN CONSIDERACIÓN DE LA ETAPA PROCESAL EN LA QUE SE SITÚA DENTRO DEL PROCEDIMIENTO LABORAL (ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 45/2007)". Por tanto, la sentencia tiene por efecto que el Tribunal dicte el laudo correspondiente, con independencia de su sentido; a más que presumir que incurrirá en actos de omisión posteriores, implica desconocer la presunción de constitucionalidad de la que gozan los actos de autoridad. Por lo expuesto y fundado se; RESUELVE: ÚNICO. La justicia de la Unión ampara y protege a ******************** contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia, por los motivos y para los efectos señalados en las consideraciones quinta y sexta de este fallo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Ana Columba Contreras Martínez, Jueza Segunda de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Paulo Yair García Meza, Secretario que autoriza y da fe.
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