María Beatriz Manzano Guzmán

Expediente 71/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic. 6 actuaciones registradas, la última del 22 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
71/2023
Año
2023
Actuaciones
6
Última actuación
22/03/2023

Partes del expediente

  • María Beatriz Manzano Guzmán

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    En veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en la oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 6179. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintidós de marzo de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio 486/2023-IV, procedente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, Nayarit, mediante el cual, informa que dicho tribunal se encuentra impedido legalmente para resolver el recurso de queja 624/2022; lo anterior, por ubicarse en la hipótesis prevista en el artículo 51, fracción VIII de la Ley de Amparo; de igual forma, comunica que dicho recurso junto con las copias certificadas de la presente incidencia fueron remitidas al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito con residencia en Tepic, Nayarit, para su conocimiento; de lo que se toma conocimiento. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    En veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, El suscrito secretario hace CONSTAR Y CERTIFICA: Que en el presente juicio sí se solicitó la apertura del incidente de suspensión. Doy fe. El secretario En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho con la certificación que antecede, así como con la promoción registrada en la oficialía de partes de este Juzgado con el número de folio 3603. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veintiuno de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa María Beatriz Manzano Guzmán, parte quejosa del presente juicio de amparo, mediante el cual, en cumplimiento a los requerimientos efectuados por este este órgano jurisdiccional en proveídos de diecinueve de enero y quince de febrero de dos mil veintitrés, desahoga la prevención. Desechamiento de demanda. Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda, en virtud de ser un todo, por lo que así debe interpretarse para armonizar los datos que contiene y fijar un sentido congruente con los elementos que la conforman, a fin de alcanzar una interpretación completa de la voluntad del promovente. Se advierte que la parte quejosa reclama a las autoridades señaladas como responsables, en esencia, lo siguiente: "Autoridades responsables: a) Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepic, con domicilio (.) b) Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Adolecentes, de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, con domicilio (.) c) Representante Legal de la empresa SERVIGRÚAS DE NAYARIT S.A. DE C.V. con domicilio en (.) Acto reclamado: Reclamo de las autoridades señaladas con los incisos a), b) y c) la falta absoluta fundamentación y motivación del cobro de servicios de grúa, arrastre y corralón o depósito o resguardo.". En ese contexto, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo en cuanto a lo reclamado a las autoridades, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, e actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como establece el precepto 113 de la Ley de Amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De la interpretación literal de dicho precepto, se advierte que la demanda de amparo debe desecharse de plano cuando se advierta un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Luego, debe tenerse en consideración que lo manifiesto de una causal de improcedencia, se da cuando ésta se advierte en forma patente y clara del análisis de la demanda. Por otra parte, lo indudable resultará de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia se actualiza en el caso concreto, de tal manera que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, se llegaría a la misma conclusión en el dictado de la sentencia. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. En segundo término, es importante mencionar que conforme con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia deben analizarse de oficio, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente. Ahora, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a examinar el escrito inicial de demanda a fin de determinar la procedencia o, en su caso, improcedencia del juicio. En la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo,2 ya que el peticionario no agotó el principio de definitivita en forma previa a acudir a esta instancia constitucional, al no promover contra el acto reclamado el juicio ordinario mercantil según la vía procedente. La citada porción normativa, recoge el principio de definitividad,3 que esencialmente obliga al justiciable a agotar los medios de defensa ordinarios que prevea la ley que rija el acto reclamado y que pudiera tener por efecto revocarlo, modificarlo o nulificarlo; en forma previa a la promoción del juicio de amparo. Este principio, encuentra justificación en que el amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra hechos definitivos, por lo que es imperativo para la parte agraviada acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le cause afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia Federal. Lo anterior salvo los casos de excepción que para el caso particular prevé la Ley de Amparo, que en esencia, se relacionan con el examen de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, auto de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; cuando se trate de persona extraña al procedimiento; o, cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA SATISFACCIÓN DE ESTE PRINCIPIO PRESUPONE LA CARGA PROCESAL DE LAS PARTES DE ESTAR AL PENDIENTE DEL PROCEDIMIENTO EN EL QUE INTERVIENEN PARA IMPUGNAR OPORTUNAMENTE LA ACTUACIÓN QUE PUDIERA PERJUDICARLES. Quien interviene como parte en un procedimiento jurisdiccional adquiere la obligación, en defensa de su propio interés, de vigilar su debida prosecución, independientemente del señalamiento del domicilio para oír y recibir notificaciones, justamente a fin de estar en posibilidad de impugnar oportunamente, haciendo uso de los medios legales ordinarios de defensa, aquellas actuaciones que podrían perjudicarle, por ejemplo, a través del incidente de nulidad de actuaciones promovido contra aquellas notificaciones que, en su concepto, se verificaron indebidamente o no se realizaron, ya que sobre el particular la Ley de Amparo señala que el juicio de control constitucional será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales respecto de las cuales la ley conceda algún medio de defensa dentro del procedimiento por virtud del cual puedan ser nulificadas, lo que permite sostener que para cumplir con esa obligación procesal las partes deben dar diligente seguimiento o vigilancia al juicio en el que participan para así advertir oportunamente las ilegalidades que lo pudieran viciar y poder impugnarlos por los medios ordinarios, pues de no hacerlo incumplen con el principio de definitividad exigido para la ejercitabilidad de la acción de amparo.". De lo transcrito se coligen cuatro reglas a fin de que se actualicen los supuestos de la fracción XX del numeral 61 de la Ley de Amparo, tratándose de la materia administrativa, a saber: 1) Que en contra del acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa que pueda nulificar, modificar o revocar el acto reclamado y que la ley respectiva regule a ese acto de manera específica, aludiendo expresamente a él, debiendo colmar todas las determinaciones que contenga, así como las consecuencias que produzca en el ámbito jurídico del gobernado; 2) Que dicho recurso se encuentre establecido en una ley formal, es decir, expedida por el órgano legislativo competente; 3) Que la ley que establezca el recurso o que rija el acto, no exija mayores requisitos que los previstos para el otorgamiento de la suspensión definitiva en el amparo; y 4) Que el plazo no sea mayor que el que establece la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión provisional. En efecto, las reglas que se destacan consagran que el juicio de amparo en materia administrativa resulta improcedente, cuando contra el acto reclamado proceda un recurso o medio ordinario de defensa susceptible de nulificar, revocar o modificar dicho acto, sin exigir mayores requisitos que los previstos en la Ley de Amparo para el otorgamiento de la suspensión definitiva. Cierto, el principio de definitividad que rige al juicio de amparo en materia administrativa encuentra su justificación en el hecho de que al tratarse de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el promovente debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente, que en esencia, se relacionan con el examen de aspectos de constitucionalidad de leyes y la proposición, en exclusiva, de violaciones directas a la Constitución Federal. Ello es así, porque los medios ordinarios de defensa son instituidos en las leyes para que los afectados los hagan valer, y sólo en el caso de no obtener resolución favorable a sus intereses se abre el medio extraordinario de defensa que es el juicio de amparo. Lo anterior, porque si se pasan por alto estas consideraciones derivadas del principio de definitividad, las partes afectadas por actos administrativos no tendrían la carga de plantear sus defensa o recursos ante la autoridad responsable, a fin de que ésta agote las facultades que le competen, pues de lo contrario, el amparo se convertiría en un recurso ordinario y el juez de amparo suplantaría las facultades de la administración pública, lo cual no es permitido conforme a la técnica del juicio de amparo. De ahí la importancia de que las partes interesadas, antes de acudir al juicio de amparo, deban agotar los recursos ordinarios o medios de defensa que la ley que rija el acto reclamado prevea para tal efecto. ...... "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "LEYES QUE RIGEN LOS ACTOS" A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XV, DE LA LEY DE LA MATERIA...... Ahora bien, en el caso, se advierte que la parte quejosa señala actos reclamados relacionados con la prestación de un servicio de grúa, arrastre, salvamento y se determine un cobro justo y justificado, por los servicios prestados de la permisionaria "SERVIGRÚAS NAYARIT, S.A. DE C.V.", a la plataforma, con placas de circulación RFN-59-58, marca CHEVROLET, tipo MERIVA, serie 93CXE75R54C102131, modelo 2004, por el siniestro vehicular que refiere aconteció. Ahora, debe decirse que contra esos actos reclamados procede el juicio ordinario mercantil, atendiendo a la relación y naturaleza comercial que se rige en el motivo de disenso, más aún al tratarse de una relación entre particulares. Esa prestación de servicios es de naturaleza comercial, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1049, y 75, fracciones VIII y XXV del Código de Comercio, los cuales establecen lo siguiente: Artículo 1049. Son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir las controversias que, conforme a los artículos 4o., 75 y 76, se deriven de los actos comerciales." "Artículo 75. La ley reputa actos de comercio: (...) VIII.- Las empresas de trasportes de personas o cosas, por tierra o por agua; y las empresas de turismo. (.) XXV. Cualesquiera otros actos de naturaleza análoga a los expresados en este código. (.) En caso de duda, la naturaleza comercial del acto será fijada por arbitrio judicial.". Por arribar a ello y derivado de esos numerales, se parte de la base de que la relación comercial respecto a la prestación de servicios de transporte vehicular mediante grúas, arrastre y salvamento vehicular encuadra en las hipótesis prevista en las fracciones VIII y XXV del artículo 75 del Código de Comercio y, por ende, que los derechos y obligaciones generados por dicha prestación de servicios son de naturaleza comercial, mas no civil, además que el numeral 1049 de ese ordenamiento legal, establece que son juicios mercantiles los que tienen por objeto ventilar y decidir una controversia derivada de un acto de comercio, por tanto, es Inconcuso que la vía procedente para dirimir un conflicto derivado de ese tipo de contratos no es la civil, sino la mercantil, pues para determinar la naturaleza de éste, no debe tomarse en cuenta si los contratantes acordaron la aplicación de determinadas disposiciones de un código civil, ni tampoco el tipo de acción que se ejerce, sino el acto jurídico en sí mismo, así como las leyes que lo rigen. En consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes a que se ha hecho referencia, deben decidirse, se reitera, en la vía ordinaria mercantil, conforme al numeral 104, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que prevé la competencia de los tribunales de la Federación para conocer de todas las controversias del orden civil o mercantil sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales, así como que cuando sólo se afecten intereses particulares, a elección del actor, podrán conocer de aquéllas los Jueces y tribunales del orden común. ......................... "ENERGÍA ELÉCTRICA, CONTRATO DE SUMINISTRO DE. LA VÍA PARA EXIGIR SU CUMPLIMIENTO ES LA MERCANTIL Y NO LA CIVIL (ARTÍCULO 75, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE COMERCIO)........................... "SUMINISTRO. LA VÍA PROCEDENTE PARA DIRIMIR UN CONFLICTO DERIVADO DE DICHO CONTRATO ES LA MERCANTIL Y NO LA CIVIL. ....................Si se parte de la base que el contrato de suministro es un .................. "SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE TORREÓN-MATAMOROS, COAHUILA. AL REALIZAR EL COBRO DE LOS DERECHOS POR LOS SERVICIOS QUE PRESTA, CON FUNDAMENTO EN EL DECRETO POR EL QUE SE CREÓ, NO TIENE EL CARÁCTER DE AUTORIDAD RESPONSABLE PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. Cuando el organismo operador mencionado realiza el cobro de los derechos por los servicios que presta, con fundamento en los artículos segundo y décimo quinto del Decreto No. 301 por el que se creó, publicado en el Periódico Oficial Número 70 del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza el 31 de agosto de 1993, no tiene el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, ya que no actúa en una relación de supra a subordinación, pues sus actos derivan de un contrato comercial o de adhesión celebrado con un particular, donde el clausulado se rige por la voluntad de las partes. Así, el acto de aplicación de los preceptos señalados está vinculado con la autoridad que emitió los recibos de pago, derivados directamente de dicho contrato; de ahí que se actualice la causal de improcedencia prevista en los artículos 1o., fracción I, 5o., fracción II y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo.". En consecuencia, se considera que contra los actos reclamados por la parte quejosa en la demanda de amparo, procede el proceso judicial en la vía ordinaria mercantil, ante un tribunal de la federación (Juzgado de Distrito) o los Jueces y tribunales del orden común, a elección del actor, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 104, fracción II de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1049 y 75, fracciones IV, XI y VXV, del Código de Comercio, de manera que el promovente debe agotar el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, antes de acudir a esta instancia constitucional, dejando al margen aquellos casos en que se reclame una norma de observancia general, en cuyo supuesto, la procedencia se rige por lo dispuesto para el amparo contra leyes. De tal suerte, que si antes de promover el juicio de amparo, el accionante no interpuso el juicio citado, a través del cual pudo haber sido modificado, revocado o nulificado el acto reclamado; entonces no se satisface el principio de definitividad que hace procedente al juicio constitucional únicamente respecto de aquellos actos que no sean susceptibles de revocación, modificación o invalidación mediante algún recurso o medio de defensa legal, por lo que es evidente que se actualiza la causa de improcedencia en comento. ..................... "RECURSOS ORDINARIOS, CASOS EN LOS QUE DEBEN AGOTARSE, ANTES DE ACUDIR A LA VÍA CONSTITUCIONAL. ........................ "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. ...................... En consecuencia, con base en lo establecido en el numeral 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda, por notoriamente improcedente. Aunado a que no pasa inadvertido el hecho que la parte quejosa pretenda atribuir la calidad de autoridad responsable a la empresa permisionaria de grúas denominada "SERVIGRÚAS NAYARIT, S.A. DE C.V.", pues contrario a lo que señala, quien aquí determina, considera que no le resulta el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo. Ello tiene relación con lo establecido por la fracción II del artículo 5° de la Ley de Amparo, se refiere a las características que debe tener un ente para ser considerado autoridad responsable como aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Así, debe precisarse que las relaciones del Estado descansan sobre una dualidad subjetiva, es decir, entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídica política y sus órganos de autoridad por un lado y el gobernado por el otro (relaciones de supra a subordinación). La relación jurídica de supra a subordinación debe tener como características: unilateralidad, coercitividad e imperatividad. Establecido lo anterior, debe decirse que el juicio de amparo únicamente es procedente respecto de actos de autoridad que violen los derechos humanos de los gobernados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la persona que, con fundamento en una norma legal, puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue situaciones jurídicas que afectan la esfera legal de los gobernados, sin necesidad de acudir a los órganos jurisdiccionales ni tomar en consideración el consenso de la voluntad del afectado. .......................... "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe tenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades.". De igual forma, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que las notas distintivas de los actos de autoridad son las siguientes: A) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de "supra a subordinación" con un particular; B) Que la relación tenga su nacimiento en la norma legal que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio resulta irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de donde emana; C) Que emita actos unilaterales por virtud de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera jurídica del particular; y, D) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales, ni precisar del consenso de la voluntad del afectado. ..................... "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. ....................... Circunstancias que impiden a este órgano jurisdiccional analizar la constitucionalidad del acto que les pretende reclamar al ente jurídico que atribuye la acción. De igual forma, por lo que respecta a las autoridades responsables Titular de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad Municipal de Tepic, y Agente del Ministerio Público adscrito a la Agencia Especializada en Adolecentes, de la Fiscalía General del Estado de Nayarit, sin que sea necesario realizar pronunciamiento alguno, toda vez que como se desprende de las constancias que integran el presente juicio de amparo, el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, conoce el juicio de amparo 765/2022-III, promovido por la aquí quejosa contra los actos que aquí les reclama a dichas autoridades; asimismo, señaló para el verificativo de la audiencia constitucional el ocho de febrero del presente año; lo anterior para los efectos legales conducentes. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Sergio Alberto Ramírez Ponce, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    En veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés, se da cuenta al Juez con la promoción registrada en oficialía de partes de este juzgado federal con el folio 3963. Conste. El Rincón, municipio de Tepic, Nayarit, veinticuatro de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, mediante el cual informa que la información contenida en el oficio 3989/2023 de este índice no guarda relación con el amparo en revisión 936/2022 de su estadística; al respecto téngasele por informado lo anterior y de una revisión de los autos se advierte que la comunicación aludido debió ser dirigida al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en Tepic, en el amparo en revisión 936/2022, por tanto a fin de evitar mayores dilaciones reexpídase a la autoridad correcta el oficio 3989/2023, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Omar Osvaldo Ruiz Silva, Secretario que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Por lo antes expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 156 y 67 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO. Es infundado el incidente de daños y perjuicios interpuesto por......................., en el juicio de amparo 769/2022 y su acumulado 846/2022-VII, por las razones expuestas en el considerando tercero. SEGUNDO. Suprímanse los datos sensibles que contenga la presente resolución, en términos del último considerando. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables; y háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resolvió y firma Javier Arturo Herrejón Cedeño, Juez Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, ante Martín Narváez Sosa, Secretario que autoriza y da fe.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, con residencia en el Rincón, Municipio de Tepic · 6,724 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano