Maria Beatriz Gutiérrez Espadas
Expediente 591/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 11 actuaciones registradas, la última del 16 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 591/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 16/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Maria Beatriz Gutiérrez Espadas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Mérida, Yucatán, dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que para la parte a la que pudo haber causado perjuicio la sentencia dictada el veintiséis de mayo de dos mil veintitrés, le transcurrió el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia que SOBRESEYÓ en el presente asunto, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, previas las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 17, fracción III, inciso b), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de conservación, pues se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados a que se refiere el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por lo que hace al cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, el mismo es destruible, pues se declaró sin materia la medida cautelar solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción IV, del artículo 20 del Acuerdo General relativo, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado, a través del uso de la FIREL, el diecisiete de abril de dos mil veintitrés,******************** solicitó a favor de la directa quejosa ********************, el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama de las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Sub Secretario de la Policía Estatal de Investigación. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación en Delitos de Homicidio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Todos con residencia en esta ciudad. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación de la Agencia Número 23 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Con residencia en Kanasín, Yucatán. SEGUNDO. Suspensión de plano. En esa propia fecha, (diecisiete de abril de dos mil veintitrés), en atención a la naturaleza de los actos reclamados, se decretó la suspensión de oficio y de plano, ordenándose prevenir a la directa quejosa para que en el acto de la notificación o dentro del término de tres días, ratificara la demanda promovida a su favor, para lo cual se comisionó a uno de los actuarios adscritos a este Juzgado. TERCERO. Ratificación y admisión de la demanda. Una vez ratificada la demanda, mediante proveído de dieciocho de abril siguiente, se admitió a trámite, la que previamente quedó registrada con el número 591/2023-III-A; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; asimismo, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para conocer y resolver el presente juicio de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 49 y 61 fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos 3/2013 y 3/2015, emitidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Así, de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: La incomunicación, detención y/o retención de la directa quejosa. TERCERO. Inexistencia de actos. No es cierto el acto reclamado a las autoridades responsables Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 6245), al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializado en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 6483), encargado del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación (denominación correcta) (promoción 6319), Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad (registro 6388), todos con residencia en esta ciudad y Fiscal en Jefe, en turno, de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público en Kanasín, Yucatán (promoción 7619), consistente en la incomunicación de la directa quejosa, toda vez que así lo manifestaron en su respectivo informe justificado; sin que la parte quejosa aportara prueba alguna que desvirtuara dichas negativas. Además, no es cierto el acto reclamado al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos de Homicidio del Ministerio Público del Fuero Común del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad (registro 6388), consistente en la detención y/o retención de la directa quejosa. En tales condiciones, ante la negativa expresada por las citadas autoridades responsables respecto de los actos reclamados, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y por identidad de criterio la jurisprudencia 3102, que textualmente dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan ésta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán (promoción 6245), al Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación Especializado en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán (promoción 6483), encargado del Departamento Jurídico de la Subsecretaría de la Policía Estatal de Investigación (denominación correcta) (promoción 6319), y Fiscal en Jefe, en turno, de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público en Kanasín, Yucatán (promoción 7619), consistente en la detención y/o retención de la directa quejosa, pues así se advierte de sus informes justificados, y aun cuando los dos últimos nombrados lo negaron, a continuación hicieron manifestaciones que evidencian su certeza; lo que se corrobora con las constancias que remitieron. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." QUINTO. Análisis de las causales de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 814, visible en la página 553, correspondiente al Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con número de registro 394,770, que indica: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, la aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, que en lo conducente establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII.- Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 o 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;." Se afirma lo anterior, ya que de las constancias certificadas remitidas por las autoridades responsables, junto con sus informes, documentales públicas que alcanzan eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Se advierte que la directa quejosa ********************, fue detenida en diversos momentos y puesta a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad y del Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación de la Agencia Número 23 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, integrándose las carpetas de investigación G8/1974/2023 y P4-A4/000117/2023, respectivamente; esto es: Por cuanto hace a la primera carpeta de investigación (G8/1974/2023), en fecha quince de abril de la presente anualidad, la quejosa fue detenida por elementos de la Policía Estatal de Investigación y, puesta a disposición del Fiscal de la Unidad de Investigación y Litigación en Delitos Comunes de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y puesta en libertad el diecisiete de abril siguiente. Luego, con motivo de la segunda carpeta de investigación (P4-A4/000117/2023), en fecha diecisiete de abril de dos mil veintitrés, nuevamente fue detenida y puesta a disposición del Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación de la Agencia Número 23 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, el cual ordenó su libertad el dieciocho de abril siguiente. Finalmente, en esa propia data (dieciocho de abril de dos mil veintitrés), la quejosa fue detenida por el Comandante de Aplicaciones y Presentaciones, Detenciones Ministeriales y Custodia de la Policía Estatal de Investigación, quien el diecinueve de abril de dos mil veintitrés, la puso a disposición del Juez de Control del Segundo Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, con motivo del cumplimiento de una orden de aprehensión que se libró en su contra, dictada en la carpeta administrativa ********************, por su calidad de participé por el delito de homicidio calificado en grado de tentativa. Lo anterior, generó un cambio en su situación jurídica y, por tanto, que se actualice la causal de improcedencia en estudio, de ahí que deben considerarse consumadas irreparablemente las posibles violaciones relacionadas en este juicio. En efecto, dicha situación no hace posible realizar un análisis de los actos reclamados, pues no puede decidirse sobre su legalidad sin afectar la nueva situación jurídica en la que se encuentra la quejosa al haber sido puesta a disposición de una autoridad judicial, la cual decretó en su contra una orden de aprehensión. A más de que los actos reclamados no se encuentran dentro de alguna de las excepciones que contempla el párrafo segundo de la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, esto es, los numerales 19 y 20 constitucionales. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Séptimo Circuito, del siguiente rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y LA AUTORIDAD RESPONSABLE INFORMA QUE SE VINCULÓ A PROCESO AL IMPUTADO, CON INDEPENDENCIA DE LA MEDIDA PREVENTIVA DECRETADA RESPECTO DE SU LIBERTAD PERSONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, entre ellas, los artículos 16 y 19, se encuentra vigente para el Estado de Chihuahua, de acuerdo con el artículo tercero transitorio de dicho decreto. Ahora bien, de las modificaciones que éste generó en el sistema de justicia penal, se advierte una discrepancia de carácter conceptual entre el antes denominado "auto de formal prisión" y el actual "auto de vinculación a proceso"; sin embargo, si el juzgador libra una orden de aprehensión y después vincula al imputado a proceso penal, al igual que como acontecía con el auto de formal prisión, ese acontecimiento origina un cambio de situación jurídica, porque a pesar de la diferencia conceptual, ambas figuras jurídicas son semejantes en cuanto al fondo y efectos que producen para el imputado, en virtud del cúmulo de medidas cautelares que actualmente pueden decretarse en su contra, inclusive la prisión preventiva. En este sentido, cuando el acto reclamado consista en una orden de aprehensión y la autoridad responsable informe que se vinculó a proceso al inculpado, resulta inconcuso que la autoridad federal no puede decidir sobre el caso sin afectar la nueva situación a la que se sujeta el quejoso, cualquiera que haya sido la medida preventiva decretada respecto de su libertad personal, toda vez que la condición particular que guardaba antes de la ejecución de dicho mandamiento judicial motiva que queden consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas que asevera se cometieron al librarse la orden de captura y, por tanto, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo (artículo 73, fracción X, de la ley abrogada). En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 49, del Semanario Judicial de la Federación, Tercera Parte, materia común, que dice: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." SEXTO. Publicación de datos personales.Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales. Por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares; y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMO. Captura del fallo en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVO. Expedición de copias. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, a favor de la directa quejosa ********************, en contra de los actos que atribuye a las autoridades y por las razones precisadas en el considerando tercero de este fallo. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por********************, a favor de la directa quejosa ********************, en contra de los actos que atribuye a las autoridades precisadas en el considerando cuarto, por las razones señaladas en el diverso considerando quinto de la presente resolución. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando sexto de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando séptimo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese.
- Incidental
ANTECEDENTES PRIMERO. Solicitud de la suspensión. En la correspondiente demanda de amparo, ********************, a favor de la directa quejosa ********************, solicitó la suspensión definitiva de los actos reclamados a las siguientes autoridades: Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán. Sub Secretario de la Policía Estatal de Investigación. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación en Delitos Comunes con Detenido de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación en Delitos de Homicidio de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Todos con residencia en esta ciudad. Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación de la Agencia Número 23 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán. Con residencia en Kanasín, Yucatán.. SEGUNDO. Apertura de los cuadernos incidentales. Por acuerdo dictado el dieciocho de abril de dos mil veintitrés, emitido en el juicio principal, se ordenó tramitar por separado el incidente de suspensión, y en cumplimiento a ello, se abrieron los presentes autos mediante proveído de esa propia fecha, se ordenó notificar a las partes, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. TERCERO. El veinticinco de abril de dos mil veintitrés, tuvo verificativo la audiencia incidental, únicamente respecto a las autoridades locales y se difirió respecto a la diversa foránea: Fiscal en Jefe de la Unidad Especializada en Investigación y Litigación de la Agencia Número 23 de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, cuya audiencia se llevó a cabo conforme al acta que antecede. CONSIDERANDO PRIMERO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por la fracción I, del artículo 146 de la Ley de Amparo, se procede a fijar de manera clara y precisa los actos reclamados por la parte quejosa, los cuales hace consistir esencialmente en: La detención y/o retención de la directa quejosa, por violación a los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14, 16 y 22 Constitucionales. SEGUNDO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público en Kanasín, Yucatán (denominación correcta), pues aun cuando los negó al rendir su informe previo, se desvirtúa dicha negativa atendiendo a que posteriormente, realizó manifestaciones que evidencian su existencia. Cobra aplicación, por analogía, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 391, Tomo XIV-julio, Octava Época del semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." TERCERO. Pronunciamiento en cuanto a la medida suspensional solicitada. A fin de resolver acerca de la suspensión definitiva de los actos reclamados solicitada, conviene señalar las documentales remitidas por el Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público en Kanasín, Yucatán, junto con su informe justificado rendido en autos del expediente principal del cual deriva el presente incidente de suspensión,. Lo anterior, atendiendo a que constituyen un hecho notorio para este órgano jurisdiccional, a las que se les confiere pleno valor probatorio de conformidad con los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte: Que la directa quejosa ********************, fue detenida el diecisiete de abril de dos mil veintitrés, por elementos de la Policía Estatal de Investigación, por su probable participación en la comisión de hechos delictuosos; y, posteriormente, puesta a disposición de la mencionada autoridad ministerial, integrándose la carpeta de investigación ********************. Asimismo, el dieciocho de abril siguiente, la aquí quejosa fue puesta en libertad por parte de las autoridad ministerial, con relación a la carpeta de investigación de mérito. Lo que resulta suficiente para declarar sin materia el presente incidente de suspensión, pues al haberse reclamado la detención y retención de la directa quejosa, con motivo de la posible comisión de hechos posiblemente delictuosos, cuando ésta fue puesta en libertad con motivo de dicha indagatoria, es evidente que ya no es posible pronunciarse respecto de la suspensión de los actos que reclamó de dicha autoridad. Al caso, se invoca la tesis jurisprudencial sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 285, del Tomo XXV, Junio de 2007, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 172215, que dice: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, los órganos jurisdiccionales pueden invocar hechos notorios aun cuando no hayan sido alegados ni demostrados por las partes. Así, los titulares de los órganos jurisdiccionales pueden válidamente invocar como hechos notorios las resoluciones que hayan emitido, sin que resulte necesaria la certificación de las mismas, pues basta con que al momento de dictar la determinación correspondiente la tengan a la vista." Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos 125, 128, 144, 146, 215, 216 y 217 de la Ley de Amparo, se: RESUELVE: ÚNICO. Se DEJA SIN MATERIA la suspensión definitiva solicitada por ********************, respecto de los actos reclamados a la autoridad responsable foránea Fiscal en Jefe en turno de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público en Kanasín, Yucatán, por las razones expuestas en el considerando tercero de esta interlocutoria. Notifíquese vía electrónica y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de mayo de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se acuerda: agréguese a estos autos para los efectos legales correspondientes, el informe justificado rendido por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado de Yucatán, con residencia en Kanasín, y anexo que acompaña. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes y relaciónense en la audiencia constitucional. Notifíquese y cúmplase.
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