María Beatriz Garfias Parra

Expediente 618/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 5 actuaciones registradas, la última del 21 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
618/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
21/02/2022

Partes del expediente

  • María Beatriz Garfias Parra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Ensenada, Baja California, veintiuno de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días hábiles para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra del proveído dictado el veinticinco de enero de dos mil veintidós, que sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado; en consecuencia, háganse las anotaciones en el libro que corresponda y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo vigésimo primero inciso a), del Acuerdo General de diecinueve de febrero de dos mil veinte, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinte de febrero de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberá seguirse los lineamientos establecidos en los artículos vigésimo segundo y vigésimo tercero del propio Acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberán comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días a recoger los documentos originales que hayan aportado al procedimiento, con el apercibimiento de que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Se ordena marcar en la carátula de este expediente la leyenda "destruible" que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo vigésimo primero del Acuerdo mencionado.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO, SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO DEL AVISO DEJADO EL VEINTIOCHO DE ENERO DEL AÑO EN CURSO, EN EL DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA MARÍA BEATRIZ GARFIAS PARRA, Y SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTICINCO DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE DICE: "...Ensenada, Baja California, veinticinco de enero de dos mil veintidós. Vista, la certificación secretarial que antecede, se advierte que la quejosa María Beatriz Garfias Parra, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada y actuario adscrito a dicha junta; consistente en la omisión de efectuar los emplazamientos de la parte demandada Dialigh de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Manuel Saracho, Edgar Ceseña Álvarez, María del Pilar Martínez Sandoval y Quien Resulte Propietario y/o Responsable de la Fuente de Trabajo, dentro del expediente 231/2021, promovido por la aquí quejosa. En ese contexto, agréguense a los autos para que obren como correspondan los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada y su actuario, ambas con residencia en esta ciudad; y constancias que acompaña, relativas a los emplazamientos de la parte demandada Dialigh de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Manuel Saracho, Edgar Ceseña Álvarez, María del Pilar Martínez Sandoval y Quien Resulte Propietario y/o Responsable de la Fuente de Trabajo, efectuados el ocho y nueve de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del expediente 231/202, de donde emanan los actos reclamados. Atento a lo anterior, quien suscribe advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado...". Ello, en virtud de que el acto reclamado en este juicio constitucional se hizo consistir en la omisión de la responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, de efectuar los emplazamientos de la parte demandada Dialigh de México, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable, Manuel Saracho, Edgar Ceseña Álvarez, María del Pilar Martínez Sandoval y Quien Resulte Propietario y/o Responsable de la Fuente de Trabajo, dentro del expediente 231/2021. De esta manera, es claro que para los efectos del amparo el acto reclamado ha cesado en sus efectos y, por consiguiente la posible violación de derechos alegada, al no advertirse que prevalezca algún efecto del acto tildado de inconstitucional, actualizándose de esta manera la hipótesis de la Jurisprudencia establecida por Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a página treinta y ocho, Tomo IX del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época, cuyo contenido íntegro es el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, es aplicable al caso, por identidad jurídica sustancial, la jurisprudencia 2a./J. 205/2008, derivada de la contradicción de tesis 164/2008-SS, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aprobada en sesión privada del tres de diciembre del dos mil ocho, que, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Aunado a lo anterior, la actualización de la causa de inejercitabilidad del juicio de amparo promovido se erige en el caso de manera manifiesta e indudable, ya que a nada práctico conduciría la tramitación del presente medio de control constitucional, debido a su propia naturaleza excepcional y práctica, si los efectos que podrían lograrse con el mismo han sucedido al haber quedado reestablecidas las cosas al estado que guardaban antes de la violación alegada, de ahí que de continuar el trámite del mismo, se afectaría la naturaleza jurídica de éste, sin poder concretarse los efectos de la concesión que, en su caso, se llegara a otorgar. En consecuencia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V del citado ordenamiento legal. Es aplicable al respecto la jurisprudencia 36/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 469, del tomo IX, Mayo de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta cuyo rubro y texto es el siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA QUE CONCEDIÓ EL AMPARO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. QUEDA SIN MATERIA AUNQUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE NO HAYA NOTIFICADO LA CONTESTACIÓN, YA QUE EL QUEJOSO TENDRÁ CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO A TRAVÉS DE LA NOTIFICACIÓN DE LA EJECUTORIA. Cuando se concede la protección federal por violación al derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional, determinándose que la autoridad responsable debe dictar el acuerdo que proceda y comunicarlo al interesado, ha de considerarse cumplida la ejecutoria si la autoridad contestó por escrito la petición que le formuló el quejoso e intentó notificarle sin éxito, o aun cuando éste haya tenido conocimiento del oficio en la etapa de ejecución del juicio de amparo por medio del Juez de Distrito, o bien, si la autoridad responsable acredita en forma directa ante la Suprema Corte de Justicia el acatamiento dado a la ejecutoria con la documentación oficial que así lo demuestre; consecuentemente debe declararse sin materia el incidente de inejecución sin prejuzgar sobre el debido cumplimiento dado a la sentencia protectora de garantías, encontrándose a salvo los derechos del quejoso para, en su caso, hacer valer los medios de defensa que tenga a su alcance. Sin que para ello sea obstáculo la circunstancia de que no obre en autos la constancia de notificación a la parte quejosa, de los oficios de las autoridades ni el acuerdo del Juez de Distrito en relación al cumplimento del amparo, toda vez que el quejoso tendrá conocimiento de su contenido al notificársele el fallo de la Suprema Corte, lo que le permite estar en aptitud de hacer valer los medios de defensa correspondientes". Por tanto, se deja sin efecto el día y la hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional; comuníquese lo anterior a la autoridad señalada como responsable y hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo..."

  3. Principal

    Notifíquese personalmente

  4. Principal

    Ensenada, Baja California, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de la que se advierte que, la audiencia constitucional se encuentra programada para el día de hoy; sin embargo, mediante auto de dos de diciembre del presente año, se solicitó el informe justificado a las autoridades responsables Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California y actuario de dicha junta. Asimismo, a la fecha se encuentran gozando de su segundo periodo vacacional del año, el cual comprende del trece de diciembre de dos mil veintiuno al cuatro de enero de dos mil veintidós, como se advierte del oficio 179-sg, que obra en el expediente administrativo relativo a las vacaciones de las autoridades; por lo que a la fecha se encuentra transcurriendo el plazo para que dichas autoridades rindan su informe justificado. Atento a lo anterior, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan para su celebración las diez horas del uno de febrero de dos mil veintidós.

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