Maria Beatriz Aispuro Barraza

Expediente 449/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 54 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
449/2020
Año
2020
Actuaciones
54
Última actuación
04/05/2023

Partes del expediente

  • Maria Beatriz Aispuro Barraza
  • Magistrado de la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa.
  • Secretario de Seguridad Poblica Y Transito Municipal.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 54.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Actuario adscrito a la Sala Regional Zona Centro del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en el cual remite copia certificada del auto de veinte de abril del año en curso, a través del cual, la Magistrada Instructora de dicho Tribunal, acusa recibo del oficio por el que se le hizo del conocimiento que se declaró por cumplida la sentencia dictada en autos.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el término para que la parte quejosa se inconformara contra el proveído de ocho de marzo del año en curso, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de garantías, transcurrió del trece de marzo al cuatro de los corrientes, sin que se manifestara en el término que establece el artículo 202 párrafo primero, de la Ley de Amparo; por ende, se tiene por consentido el citado acuerdo. ARCHIVO Por otro lado, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en el artículo 214 del citado ordenamiento legal, aplicado a contrario sensu, se ordena el ARCHIVO DEFINITIVO de este expediente como totalmente concluido; háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo. En consecuencia, toda vez que el presente asunto no se considera de relevancia documental, y en acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación; se procede a determinar su destino legal. Lo anterior, pues en su artículo 18, fracción I, inciso b) y segundo párrafo, se prevé que los expedientes relativos al juicio de amparo en los que se haya negado o concedido la protección constitucional son susceptibles de depuración; ello, pasado el término de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido. Asimismo, en su ordinal 20, fracción II, inciso a), prevé que, una vez que cumplan seis meses de archivo como asunto concluido, son susceptibles de destrucción los expedientes judiciales, consistentes en duplicados siempre que se cuente con el original; además, en el diverso inciso c) del numeral 21, refiere que el original del cuaderno relativo al incidente de suspensión será destruible en un plazo de tres años, siempre que se haya negado respecto de todos los actos reclamados. Hipótesis en la que se ubica el expediente toda vez que en este juicio de amparo, por una parte se sobreseyó en el presente juicio de amparo y por otra se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal y, fue promovido incidente de suspensión en el cual se negó la medida precautoria por todos los actos reclamados. Por tanto, una vez que transcurran tres años de concluido, es susceptible de depuración el presente expediente, y de destrucción el cuaderno original del incidente de suspensión; mientras que el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, transcurrido el plazo de seis meses a que se ha hecho referencia; esto, previa acta que se elabore para constancia.

  3. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en el expediente en que se actúa no obra constancia de la que se advierta que las autoridades responsables hayan quedado debidamente notificados del proveído de ocho de marzo del año en curso, en el que se declaró por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Por tanto en obvio de dilaciones procesales, reexpídanse los oficios 5210/2023, 5211/2023 y 5212/2023, para los efectos legales a que haya lugar.

  4. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante proveído de veintitrés de febrero del año en curso, se ordenó dar vista a la parte quejosa con las constancias remitidas por los Actuarios adscritos a la Sala Regional Zona Centro y Sala Superior, ambos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, en cumplimiento a la resolución constitucional emitida por este Juzgado de Distrito, para que en el término de tres días manifestara lo que a su derecho conviniera, apercibida que de no hacerlo, este órgano jurisdiccional resolvería de oficio si la sentencia está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto o si hay imposibilidad para cumplirla, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Amparo; sin que se pronunciaran al respecto, como se advierte de la certificación de cuenta. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado, y se procede a resolver, si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. La protección constitucional se otorgó a fin de que la autoridad responsable Sala Regional Zona Norte del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, realizara lo siguiente: "- 1) Siguiendo los lineamientos trazados en el presente fallo, deberá continuar con el procedimiento de ejecución hasta su última consecuencia; lo que implica requerir por una sola ocasión más a las autoridades demandadas para que den cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada el diez de agosto de dos mil dieciocho en el juicio administrativo 953/2016-IV, apercibiéndolas en caso de incumplimiento con la medida de apremio que considere adecuada al caso en concreto conforme a la conducta contumaz que han desarrollado las autoridades demandadas en el procedimiento de ejecución del juicio de origen; en el entendido de que si las demandadas incumplen a ese requerimiento, la responsable deberá aplicar el medio de apremio con el que hayan sido apercibidas." Con la finalidad de cumplir lo anterior, la autoridad responsable efectuó lo siguiente: - El veinte de enero de dos mil veintitrés, emitió un acuerdo en el que, en atención a lo manifestado por la parte actora, en el que reconoce haber recibido el pago retroactivo por concepto de pensión por viudez y por el equivalente una casa de interés social, tuvo por cumplida la sentencia dictada en el expediente 953/2016-IV de su índice y ordenó el archivo del citado expediente como asunto total y definitivamente concluido, y Por acuerdo de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, informa que en sesión de Pleno de veintisiete de enero de dos mil veintitrés, la Sala Superior de dicho Tribunal, dejó sin materia el incidente de destitución de servidor público y ordenó el archivo del cuadernillo auxiliar. En tales condiciones, del análisis comparativo realizado, entre los efectos para los que se concedió la protección constitucional y los actos llevados a cabo por la autoridad responsable para cumplimentar la sentencia concesoria, esto es, que las autoridades responsables dieran cabal cumplimiento a la sentencia definitiva dictada en el juicio de origen, como quedó precisado, se colige que la ejecutoria se cumplió, atento a que realizó lo que se indicó en la misma. Por tanto, de conformidad con lo previsto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se declara cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio. EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DE AMPARO Sin que se advierta exceso o defecto en el dictado de la resolución que acata el fallo protector, en términos de lo establecido en el segundo párrafo del artículo 196 de la ley de la materia. VISTA A LAS PARTES En esas circunstancias, con fundamento en el artículo 202, primer párrafo, de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a las partes para que, dentro del plazo de quince días, contado a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo, en el entendido que de no hacerlo así, se tendrá por consentida.

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