María Bárbara Botello Santibáñez

Expediente 1112/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1112/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • María Bárbara Botello Santibáñez

Actuaciones

  1. Principal

    Informe justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese el informe justificado que rinde la autoridad responsable Juez de Control del Jugado de Oralidad Penal de la IV Región del Estado, con sede en esta ciudad, con el cual se da vista a las partes, por un término de ocho días previos a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Prueba. De conformidad en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida, admitida y desahogada dada su especial naturaleza el disco compacto (DVD), que acompañó al oficio de cuenta, dado que el mismo constituye una prueba documental en sentido amplio, sin perjuicio de hacer relación de éstas en la audiencia constitucional.

  2. Principal

    Desahogo de prevención. Admisión de la demanda. Con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 37, 107, 108, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo. IV. Requerimiento a las autoridades responsables y demás partes. Requiérase a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, que deberán rendir dentro del plazo de quince días, siguientes al en que reciban el oficio en el que se les solicita, en el que expresarán las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y al que deberán acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dichos informes, las cuales tendrán que ser completas, legibles y ordenadas en forma secuencial, apercibidas que de no rendir su informe, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; y se les impondrá en la sentencia, una multa de cien a mil unidades de medida y actualización, la que se graduará de acuerdo a la trascendencia que acarreé su omisión en este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 238 y 260, fracción II, del referido ordenamiento legal. Dese vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita para los efectos legales de su representación, en términos del artículo 5°, fracción IV de la Ley de Amparo. En cumplimiento a la determinación asumida el diecinueve de enero de esta anualidad en el cuaderno de varios 1/2023, en los términos ahí precisados, todas las notificaciones de carácter personal dirigidas a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, realícensele de manera electrónica al usuario que proporcionó para tal efecto; asimismo, otórguesele acceso al expediente electrónico en el presente juicio de amparo. Fecha de audiencia constitucional. Se señalan las diez horas con siete minutos del once diciembre de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Incidente de suspensión. Sin que resulte necesario ordenar su trámite en razón de que no fue solicitado expresamente; aunado a que el acto reclamado no se ubica en el supuesto del artículo 127, de la Ley de Amparo, para que este tribunal lo abra de oficio. Requerimiento a las autoridades responsables. Con fundamento en los artículos 27 fracción III, inciso b) y 244, de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades responsables, para que proporcionen el nombre completo y correcto, así como el último domicilio de las partes que integran el proceso del que emana el acto reclamado, apercibidas que de no cumplir con lo anterior, se les impondrá una multa consistente en cien unidades de medida y actualización. X. Se reserva emplazamiento de la parte tercera interesada. Ahora bien, en cuanto al emplazamiento de la parte tercera interesada, resérvese acordar lo conducente hasta en tanto la autoridad responsable cumpla con el requerimiento formulado en el párrafo que antecede. XI. Se exhorta a las partes. De conformidad con el artículo 263, fracción II, último párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se exhorta a las partes para que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, donde podrán enviar solicitudes, escritos, demandas, recursos y demás documentos correspondientes al trámite del asunto, mediante el uso de la firma electrónica, que funciona con FIREL y e.firma. Asimismo, se les solicita proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico, para los casos en que se estime necesaria una comunicación no procesal o su uso, con fundamento en el artículo 257, fracción I, del citado Acuerdo General. XII. Acuerdos generales. Luego, resulta un hecho notorio que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que los propios artículos 26, fracción II, inciso a) y b), 28 y 31, fracción I, de la Ley de Amparo, disponen que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que resulta innecesario que informen cada vez que reciban comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado el acuse de recibo. Por otra parte, conforme a la fracción III del numeral 26 y 29 de la Ley de Amparo, se comunica a las partes, en especial a las autoridades responsables, que la fecha de todo tipo de audiencias (constitucional e incidental) se notificará a través de lista, cuya consulta es fácil por medios electrónicos.

  3. Principal

    Autorizado pretende desahogar prevención. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por Denny Giovani Méndez Pérez, autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo de la parte quejosa, a través del cual pretende dar cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de veinticinco de octubre del año en curso; sin embargo, con fundamento en el citado numeral y en la jurisprudencia que más adelante se transcribirá, dígasele que no ha lugar a tenerle por cumpliendo con la aludida exigencia. Lo anterior, en virtud a que el autorizado en términos amplios de dicho artículo, solo tiene facultades para realizar actos posteriores a la promoción del juicio de amparo o de su ampliación, ajenas a cuestiones que deban provenir directamente de la voluntad del quejoso, tales como el señalamiento de nuevas autoridades responsables y actos reclamados, así como la narración de antecedentes y formulación de conceptos de violación; por tanto, el ocursante no se encuentra facultado para promover en los términos que intenta, pues solo compete a la directa quejosa. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 1a./J. 50/2014 (10a.), de la Décima Época, visible en la página 210, Libro 9, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Agosto de 2014, del rubro y texto siguientes: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes." Lo anterior, teniendo en cuenta los razonamientos que derivan de la ejecutoria de donde derivó la citada tesis jurisprudencial, dado que el numeral 12 de la Ley de Amparo, efectivamente les confiere autorización para que realicen cualquier acto que sea necesario para la defensa del quejoso o del tercero interesado, pero una vez que la demanda constitucional se haya proveído. Se suma a lo anterior, el hecho de que en el presente asunto no se trata de alguno de los casos de excepción en los cuales cualquier persona puede presentar la demanda de amparo en nombre del directo agraviado, verbigracia, cuando se trata de menores de edad, incomunicación de la parte quejosa o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Ley Suprema; aunado a ello, se puede observar que el escrito inicial de demanda fue signado por María Bárbara Botello Santibáñez, por lo que se deduce que no se encuentra imposibilitada para cumplir con la prevención de mérito. En tales condiciones, requiérase de nueva cuenta a la peticionaria del amparo, para que cumpla con el requerimiento ordenado en auto preventivo; subsistiendo el apercibimiento decretado en el mismo. Il. Plazo para desahogo. Ahora bien, toda vez que en el auto de veinticinco de octubre pasado, se concedió a la parte quejosa el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surtiera efectos la legal notificación de dicho proveído, la cual se efectuó por medio electrónico el treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés, surtiendo efectos en la misma data, mientras que el ocurso que se provee fue presentado mediante la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito, el seis de los actuales, según su sello de recepción; esto es, en el día uno de cinco; por tanto, indíquese a la impetrante que cuenta con cuatro días para desahogar la prevención que le fue hecha, cómputo que se reanudará el día siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente auto se le practique. Como se señaló, resulta aplicable el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 2ª/J.106/2003, visible en la página 133, del Tomo XVIII, Noviembre de dos mil tres, Novena Época, publicada en el semanario Judicial de la federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AMPARO. ACLARACIÓN DE DEMANDA. SI LA PROMOCIÓN DE CUMPLIMIENTO SE PRESENTA ANTES DE TÉRMINO, EL JUEZ DEBE ACORDAR SI SE ACATÓ LA PREVENCIÓN, SEÑALANDO, EN SU CASO, LAS OMISIONES, PARA DAR OPORTUNIDAD AL PROMOVENTE DE SUBSANARLAS, PERO DENTRO DE AQUEL TERMINO." Finalmente, hágasele saber a la peticionaria del amparo que subsiste el apercibimiento decretado el veinticinco de octubre pasado, para el caso de incumplimiento.

  4. Principal

    Prevención de la demanda. A efecto de estar en aptitud de acordar lo procedente, esto es, sobre la admisión de la demanda de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 112, 114, fracciones I, ll y IV, así como 108, fracción IV y V, todos de la Ley de Amparo, requiérase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente a aquél en que surta sus efectos la notificación de este proveído, por escrito, sin presentar ni formular nueva demanda y bajo protesta de decir verdad, se constriña a cumplir con lo siguiente: 1. Señale cuál es el acto que le reclama a la autoridad responsable, fiscal Especial para la Investigación de Delitos de Tortura de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. Lo anterior, toda vez que en el capítulo correspondiente al del acto reclamado únicamente expresa lo que le atribuye a la autoridad judicial; siendo omisa en referir el acto que le atribuye a la diversa potestad ministerial. 2. Aclare qué fue lo que se resolvió mediante la resolución de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés que tilda de inconstitucional. Dicho requerimiento se erige, pues en el apartado atinente al acto reclamado refiere que dicha determinación confirmó el no ejercicio de la acción penal dentro de la carpeta de investigación 101116-2020; empero, que en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, precisa que a través de esa resolución, el juez responsable confirmó la determinación de archivo, lo que deviene contradictorio y precisa ser aclarado. Requerimientos que resultan necesarios a fin de estar en posibilidad de fijar adecuadamente la litis constitucional. Para lo anterior, es aplicable la tesis XX.57 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 871, del Tomo III, de Marzo de 1996, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTIAS. 3. Indique, bajo protesta de decir verdad, la fecha y forma en que tuvo conocimiento del acto reclamado, esto es, si fue por medio de notificación personal, por notificación por lista, por estar presente en audiencia o diligencia, o bien, por algún otro medio. En el entendido de que la protesta peticionada deberá realizarlas únicamente la promovente, por ser un acto personalísimo que no puede ser satisfecho por persona diversa a aquélla, dada la responsabilidad penal que de dichas protestas pudiera derivarse. En apoyo a lo anterior, cabe invocar la jurisprudencia 2a./J. 88/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de tesis 40/2006-SS, visible en la página 348, tomo XXIV, Julio de 2006, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. LA MANIFESTACIÓN "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD" REQUERIDA EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY DE AMPARO, CONSTITUYE UN ACTO DE CARÁCTER PERSONALÍSIMO QUE SÓLO PUEDE REALIZAR QUIEN PROMUEVA LA DEMANDA." Se apercibe a la parte quejosa que, de cumplir con lo requerido en los puntos marcados con los número 2 y 3, pero no con lo exigido en el numeral 1, se admitirá la demanda únicamente en contra de la diversa potestad que señaló como responsable, con las consecuencias legales que ello implique; mientras que de ser omisa en desahogar las exigencias destacadas en los arábigos 2 y 3, se procederá conforme a los preceptos citados, y en su caso se tendrá por no presentada la demanda de amparo, con fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Asimismo, se hace saber a la parte promovente del amparo de los delitos en que incurren los quejosos cuando afirman hechos falsos u omiten aquellos que les constan en relación con el acto reclamado, de conformidad con el artículo 261 de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y [.]". Igualmente apercíbase a la parte quejosa para que al dar cumplimiento a lo anterior se conduzca con verdad, pues de advertirse durante la tramitación del juicio de amparo que manifestó hechos falsos u omitió datos en la demanda con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, se procederá a dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en términos del artículo 261 de la Ley de Amparo, el cual dispone que se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días, al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda se afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación con el acto reclamado. V. Domicilio y autorizados. Se tiene como domicilio de la quejosa para oír y recibir notificaciones el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, bajo el usuario (GIOVANNYCATALANFLORES); toda vez que dicho usuario se encuentra registrado con FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), por lo que satisface los requisitos exigidos en el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo que con fundamento en los artículos 26, fracción IV, 30, fracciones II y III, y 31, fracción III, de la Ley de Amparo, se autoriza que se lleve a cabo la notificación electrónica de las resoluciones que se dicten en el presente asunto y que ameriten notificación personal, por lo que ve a dicha quejosa. Asimismo, téngase como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Denny Giovani Méndez Pérez, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a Rómulo Giovanny Catalán Flores, por no contar con dicho registro. VI. Transparencia y acceso a la información. Con fundamento en el artículo 16 Constitucional, 2° párrafo, en relación con los diversos 66, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se comunica a las partes que las resoluciones que se emitan en el presente asunto están a disposición del público que lo consulte conforme al procedimiento de acceso a la información; así también el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, previa promoción en tal sentido. VII. Acuerdos generales. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental que en su caso se aperture, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo.

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