María Avelina Luna Maldonado

Expediente 67/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
67/2023
Año
2023
Actuaciones
4
Última actuación
21/04/2023

Partes del expediente

  • María Avelina Luna Maldonado

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado remite ejecutoria Glósese a los autos el oficio signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión celebrada el trece de abril de dos mil veintitrés, relativo al recurso de queja ***, en la que se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja." Notificación a las partes y anotaciones relativas a la ejecutoria de mérito. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes, y efectúense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal. Se decreta archivo del presente juicio. En virtud de lo antes expuesto y en atención a que no se encuentra escrito o promoción pendiente por acordar, se ordena archivar el presente expediente, como asunto totalmente concluido. Valoración documental. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente se ubica, en la hipótesis prevista en el artículo 21, párrafo primero, incisos d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales (vigente a partir del veintiséis de marzo de dos mil veinte); por tanto, es susceptible de destrucción. Destrucción del expediente principal. Por otra parte, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente proveído, destrúyase el expediente principal dentro del plazo indicado en el párrafo tercero del artículo 21 del citado acuerdo y remítase el acta de baja documental a la citada dirección. Relevancia documental. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, asimismo, no se trata de un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito ni se estableció jurisprudencia, no versa sobre materia agraria, además en el presente asunto no se emitió una sentencia en la que se haya integrado jurisprudencia o tesis aislada de los Tribunales de Circuito o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria su conservación. De la información reservada, documentos originales y billete de depósito, póliza o fianza alguna. Además, el presente asunto no contiene información reservada, no existen documentos originales presentados ni se exhibió billete de depósito, póliza o fianza alguna, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. Finalmente, se ordena guardar la presente determinación con nombre "V- COLEGIADO DECLARA INFUNDADA QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de febrero de dos mil veintitrés. Admisión de recurso. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado electrónicamente por el Actuario Judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos; mediante el cual informa que por acuerdo de dos de febrero actual, admitió el recurso de queja interpuesto en contra del auto que desechó la demanda de amparo, registrándolo con el número de expediente 45/2023. Al respecto, se tiene por hecho del conocimiento lo anterior, para los efectos legales a que hay lugar. Finalmente, se ordena guardar la determinación con nombre "V- COLEGIADO ADMITE QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiséis de enero de dos mil veintitrés. Parte quejosa interpone recurso de queja. Agréguese a los autos el escrito firmado por la parte quejosa, a través del cual interpone recurso de queja, en términos del numeral 97, fracción I, inciso a), de la ley de la materia, contra el auto de diecisiete de enero de dos mil veintitrés, en el que se desechó de plano su demanda. Medio de impugnación interpuesto. Atento a lo anterior, téngase por interpuesto el recurso de mérito, una vez que se encuentre debidamente integrado y en el plazo legal, ríndase el informe justificado sobre la materia de la queja y, además, remítase el escrito original de expresión de agravios de que se trata y una copia del mismo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, en Turno, para la substanciación del aludido medio de impugnación. Lo anterior, tiene sustento en la jurisprudencia 1a./J.26/2017, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 2017, Décima Época, Tomo I, visible en la página 570, cuyo rubro establece: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL." Instrucción especial a la Oficial Judicial "A". En ese sentido, en acatamiento a lo dispuesto por el artículo 73 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se comisiona a la Oficial Judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de los Expedientes, para que, ponga a disposición de la superioridad el expediente electrónico formado con motivo del sumario en que se actúa, en el que obran la totalidad de constancias que lo integran, a fin de que se pronuncie respecto de la admisión o desechamiento del aludido medio de impugnación, motivo por el cual no se ordena la remisión física de constancias. Finalmente se ordena guardar la presente determinación con el nombre "V- QUEJOSA INTERPONE QUEJA CONTRA DESECHAMIENTO", para su mejor consulta en el expediente electrónico. Notifíquese.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diecisiete de enero de dos mil veintitrés. Recepción de demanda Téngase por recibido el escrito de demanda presentado por ********************, por propio derecho, contra actos de la Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese expediente, háganse las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que se automatice el libro electrónico respectivo y regístrese bajo el número 67/2023. En el entendido que, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado el catorce de octubre de dos mil veintidós, la integración del expediente físico se limitará a las constancias que el mismo dispone, a efecto de privilegiar el expediente electrónico, respecto del cual se ordena verificar su correcta integración. Análisis de la demanda. Acorde con un análisis minucioso e intelectivo de las consideraciones plasmadas en la demanda de amparo, se advierte que los actos que se pretenden controvertir no deben sujetarse al análisis constitucional en la vía indirecta de manera inmediata, pues esta se promovió en contra de la autoridad responsable y acto reclamado siguiente: Autoridad responsable. Agente del Ministerio Público adscrita al Centro de Justicia para Mujeres del Estado de Morelos Precisión del acto reclamado. El acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós por virtud del cual se determinó no ejercer acción penal, ordenando el archivo temporal de la carpeta de investigación CJM01/121/2022. Desechamiento. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia, la desechará de plano; por tanto, a continuación se realiza el pronunciamiento correspondiente. En primer lugar, conviene señalar que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver diversos precedentes, estableció que por "motivo manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los documentos que se anexen a tales promociones; mientras que el "motivo indudable" resulta de que se tenga la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate efectivamente se actualiza en el caso, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento, no sería factible obtener una convicción diversa. Sirve de apoyo la siguiente jurisprudencia I.13o.A. J/6, con registro 180663, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XX, Septiembre de 2004, visible en la página 1631, de rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO". Ahora, en el caso en concreto, tomando en consideración lo reclamado por la quejosa, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso numeral 20, inciso c), fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el numeral 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales; que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. El precepto 61 de la ley en cita en su fracción XXIII, establece la improcedencia del juicio de amparo en los demás casos que deriven de alguna disposición contenida en la Constitución Federal o de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte el artículo 20, apartado "C", fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, indica: "Artículo 20. [.] C) De los derechos de la víctima o del ofendido, [.] VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño." Asimismo, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece: "Artículo 258. Notificaciones y control judicial Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Precisado lo anterior, se advierten los siguientes aspectos: Las decisiones y omisiones Ministerio Público, entre ellas, la determinación del no ejercicio de la acción penal, es susceptible de ser impugnada ante el juez de control. El juez de control convocará a una audiencia, en la cual se podrá dejar sin efectos decisión del Ministerio Público, así como ordenarle reabrir la investigación y continuar con la prosecución penal. La porción normativa referida donde indica que las "decisiones del Ministerio Público sobre el archivo temporal, abstenerse de investigar y no ejercicio de la acción penal, así como de otras omisiones durante la investigación, en los casos en que no esté satisfecha la reparación del daño, podrán ser impugnadas ante el juez de control", se traduce en la potestad para agotar el medio de impugnación innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penal en contra de las determinaciones destacadas. Es decir, ese derecho al tener su génesis en lo dispuesto por el inciso "C" fracción VII, del artículo 20 Constitucional, se debe considerar como la prerrogativa para impugnar cierto tipo de determinaciones del Ministerio Público en la integración de la carpeta de investigación, lo cual engloba dos aspectos: El derecho del gobernado para agotar ese medio ordinario de defensa. La obligación de la autoridad (juez de control), respecto la admisión y decisión en definitiva de la queja. Ahora, los medios de impugnación son los instrumentos legales a través de los cuales se corrigen los errores cometidos tanto en el curso de un procedimiento como en el dictado de la resolución de un asunto, el más común es el recurso. La doctrina señala que el recurso es la institución jurídica mediante la cual la persona física o moral, presuntamente afectada por una resolución jurisdiccional o administrativa, la impugna ante la propia autoridad o bien ante una diversa, al considerar que le causa los agravios que haga valer, concluyéndose con una nueva resolución confirmatoria, revocatoria o modificatoria de la resolución impugnada. Así, los recursos constituyen una especie dentro de los medios de impugnación, que se interponen ante la autoridad mediante un trámite específico, para subsanar las omisiones, excesos, defectos y en general, cualquier error; se someten a determinadas formalidades fijadas en la ley para dar certeza, procurar el equilibrio procesal y dar seguridad jurídica. Por tanto, el recurso es un medio de impugnación que se interpone contra una resolución pronunciada en un proceso ya iniciado, con el objeto de que dicha resolución sea revocada, modificada o anulada. Cabe agregar que al margen de la manera como el legislador aluda o designe a un "recurso" o a la acción de interponerlo (verbigracia: inconformarse, recurrir, etcétera) debe considerarse que lo relevante para determinar si se está en presencia de dicha figura jurídica es el hecho de que a través de la misma se pueden revocar o modificar los efectos jurídicos de la resolución impugnada. Así, la queja prevista en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, constituye un instrumento a través del cual el quejoso puede reclamar las omisiones atribuidas al Ministerio Público, por lo cual, en los términos expuestos, constituye un auténtico "recurso" en sentido procesal, al tenor de una interpretación sistemática y funcional de los precepto ante mencionado en relación con los diversos artículos 129, 212, 213, 214, 2162 del compendio normativo en cita, comprende también los actos u omisiones del Ministerio Público derivadas de su facultad investigadora que tengan como efecto paralizar tal función, pues a través de ello el juez puede efectuar un control de la legalidad en la actuación -positiva o negativa- del Ministerio Público de la función investigadora. Por lo tanto, si la quejosa reclama el acuerdo de tres de noviembre de dos mil veintidós por virtud de cual se determinó no ejercer acción penal, ordenando el archivo temporal de la carpeta de investigación CJM01/121/2022, sin agotar previamente el medio de impugnación ordinario, es patente que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la constitución federal, pues es un derecho fundamental el impugnar las omisiones, el no ejercicio de la acción penal y determinaciones que el ministerio público emita dentro de la carpeta de investigación. En relatadas circunstancias, con la finalidad de armonizar el nuevo sistema de justicia penal, que busca que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido, se concluye que las omisiones atribuidas al Agente del Ministerio Público son impugnables en la vía jurisdiccional ordinaria, ante el Juez de control, en términos del referido artículo 258; y que por tanto, es obligatorio agotar ese medio de impugnación, previo a promover el juicio de amparo indirecto, el que precederá, en todo caso, contra la resolución que emita la autoridad judicial, sin que opere algún supuesto de excepción al principio de definitividad. Pues se estima que de lo contrario, se impondría al quejoso un mayor gravamen o dilación, pues en términos de la legislación ordinaria, en audiencia el Juez de control resolvería lo conducente, en tanto que acudir directamente al juicio de amparo implica la tramitación de un juicio constitucional biinstancial, con la dilación que ello conlleva lesionando con esto el artículo 17 de la Constitución Federal, para llegar, eventualmente, al mismo resultado. De lo que se colige que el Ministerio Público tiene la obligación de llevar a cabo una investigación objetiva y actuar con la debida diligencia garantizando el respeto a los derechos de las partes, y para controlar su legalidad el esquema procesal del sistema acusatorio prevé que se pueden impugnar diversas determinaciones y omisiones en esa fase de investigación, ante el juez de control pues la Constitución Federal facultó a éste para conocer de impugnaciones de esa índole. Sirve de apoyo a las consideraciones antes vertidas tienen sustento en la tesis jurisprudencial 1a./J. 27/2018 (10a.) aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 45, agosto de 2018, Libro 57, Tomo I, materia penal, número de registro 2017641 del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y establecen lo siguiente: "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LAS OMISIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO EN LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, SON IMPUGNABLES ANTE EL JUEZ DE CONTROL A TRAVÉS DEL MEDIO DE DEFENSA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 258 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. Los artículos 20, apartado C, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 109, fracción XXI, del Código Nacional de Procedimientos Penales, otorgan a la víctima u ofendido de un delito, el derecho a impugnar ante autoridad judicial, las omisiones del Ministerio Público en sus funciones de investigación, en los términos previstos en ese Código. Asimismo, el artículo 16, párrafo décimo cuarto, de la Constitución General, prevé que los jueces de control tienen encomendada la tarea de resolver en forma inmediata y por cualquier medio, las solicitudes de medidas cautelares, providencias precautorias y técnicas de investigación de la autoridad que requieran control judicial; además, deben garantizar los derechos de los indiciados y de las víctimas u ofendidos, cuidando que la actuación de la parte acusadora sea apegada a derecho; esto es, les corresponde resolver las diligencias que requieran control judicial, en forma acelerada y ágil, así como realizar las audiencias procesales preliminares al juicio conforme a los principios del sistema acusatorio. Por otra parte, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales prevé la posibilidad de impugnar las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal, esto es, en general se trata de actuaciones del Ministerio Público que tengan como efecto paralizar, suspender o terminar una investigación. En este sentido, bien puede entenderse que las omisiones del Ministerio Público en la etapa de investigación encuadran en este supuesto, ya que dicha conducta supone la paralización de su función investigadora. Así, de la interpretación sistemática y funcional de los artículos citados, se obtiene que la víctima u ofendido pueden impugnar ante el juez de control las omisiones de la autoridad ministerial derivadas de su facultad investigadora, a través del medio de defensa innominado previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, puesto que la finalidad de que el juez de control revise las decisiones u omisiones del Ministerio Público, que definen el curso de una indagatoria es que, al estimar que su actuación es ilegal, debe conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos presuntamente delictivos." Por otro lado, el juicio de amparo es un medio extra ordinario de defensa con requisitos y supuestos específicos para su procedencia, por lo que no basta con que la parte quejosa manifieste que feneció el terminó que la ley le confiere para la interposición del recurso ordinario respectivo; pues ante dicha circunstancia encuadra el supuesto de actos consentidos contra los cuales es improcedente el juicio de amparo, como se establece en el artículo 17 de la Ley de Amparo, al ser extemporáneo. Conclusión. Por lo expuesto, es claro que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracciones XX y XXIII, de la ley de amparo, en relación con el numeral 20, inciso "C", fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, motivo por el cual se desecha de plano la demanda promovida por ********************. Transparencia y acceso a la información pública. Con fundamento en los artículos 1 al 23; 113; 68, fracción I y 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, se comunica a las partes que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona; en la inteligencia que de existir alguna oposición, este órgano jurisdiccional como sujeto obligado realizará el trámite respectivo para determinar si dicha oposición puede surtir efectos y se omitirá la publicación de los datos personales en las listas de notificación que se publiquen. Asimismo, se hace del conocimiento a las partes, que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de mayo del año antes citado, en el entendido que, conforme sus artículos segundo y tercero transitorios, únicamente en cuanto hace a materia de datos personales y archivo, se actuará conforme a la normatividad hasta ahora existente, es decir, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce; ello, hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva. Consulta del expediente vía internet. Se hace saber a las partes que pueden consultar el presente juicio de amparo en la página de internet www.cjf.gob.mx en el apartado "SERVICIOS", elegir la liga "CONSULTA DE EXPEDIENTES", a continuación, elegir el 18º Circuito-Morelos; seleccionar el Órgano Jurisdiccional "Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Morelos" y, finalmente, ingresar el número de expediente. Adicionalmente, se les informa que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través de la página del Consejo de la Judicatura Federal, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario. Para obtener el nombre de usuario, deben realizar lo siguiente: Registrarse en el sitio de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir estos pasos: 1. Llenar el formulario, proporcionar nombre completo, domicilio, correo electrónico y contraseña preferida. 2. Revisar su correo electrónico y confirmar el registro dando clic al enlace que aparecerá en el mensaje. 3. Imprimir la solicitud para consultar el expediente electrónico. 4. Presentar la solicitud ante el órgano jurisdiccional federal que conozca del expediente de amparo y esperar que la solicitud se acuerde favorablemente. 5. Hecho lo anterior, el usuario estará listo para utilizar el portal de Consulta de Expediente Electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal. Actuación electrónica como eje rector en la tramitación de expedientes. En ese sentido, se exhorta a las partes dentro del presente asunto para que, de ser posible y tomando en consideración la contingencia sanitaria, transiten a la tramitación de su asunto mediante el esquema de "juicio en línea", consultable en el portal del propio Consejo de la Judicatura Federal https://www.cjf.gob.mx/, esto para que en lugar de presentar promociones en forma física o por escrito, lo hagan electrónicamente desde el Portal de Servicios en Línea, mediante el uso de la firma electrónica que comprende la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL" y a la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL"), proporcionando el nombre del usuario. En la inteligencia que, quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico de este juicio de amparo y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Domicilio procesal. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en su demanda de amparo, en la inteligencia que de ser incierto el domicilio o inexacto, sin ulterior acuerdo se le notificarán por lista las subsecuentes, aún las de carácter personal, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Autorizados restringidos En atención a lo dispuesto por el artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tienen por autorizados con facultades restringidas a la persona indicada, en razón de que no acredita tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 al 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Reglamenta la Organización y Funcionamiento del propio Consejo. Medios especiales de comunicación Con fundamento en lo dispuesto en el numeral 257 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, se tienen por señalados como formas especiales de contacto para entablar comunicaciones no procesales el correo electrónico y número telefónico que solicita y, excepcionalmente, procesales en caso de no contar con acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea, los cuales podrán ser utilizados por los actuarios de la adscripción para establecer contacto, en caso de que lo estimen necesario, siempre y cuando levanten razón de ello. Habilitación de días y horas inhábiles. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa.

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